Mon, 3 Mar 2003 19:55:09 -0000
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INFORME SOBRE LA SITUACION EN COLOMBIA
Colombia 3-3-03

Desde los inicios de la crisis de Irak y la puesta en marcha nuevamente de
las históricas pretensiones del Imperio sobre el petróleo y la vida de los
pueblos árabes, el mundo libertario y las organizaciones internacionales de
derechos humanos y solidarias enfocaron, como era de esperarse, todas sus
energías para evitar la guerra y fomentar la solidaridad con el Pueblo
iraqui, no con el dictador ni el estado iraqui Saddan Hussein . Sin embargo,
se han olvidado temporalmente, de la guerra que vivimos los colombianos y
colombianas contra el imperio, vecino y tan cercano que no hay necesidad de
grandes despliegues de tropas ni acuerdos y negociaciones para la instalación
o paso de material bélico, ni desacuerdos en el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, ni siquiera un veto de ninguno de los miembros permanentes
del famoso Consejo de “inseguridad” de la ONU. No se ha escuchado
la voz de
Francia. Alemania o Bélgica, solicitando al gobierno estadounidense no seguir
enviando tropas y todo tipo de armas de destrucción masiva... que dejan como
resultado 30.000 muertos al año. ¡¡No olvidar la tragedia de Colombia!!, un
país donde la soberanía ya es un recurso natural escaso y casi agotado pero
donde abunda la represión y la impunidad. Incluso la violencia ha tocado a
los mismos representantes del Estado, como señala el Informe de la Oficina de
Derechos Humanos de Naciones Unidas “Los homicidios selectivos, los
atentados, los secuestros, las múltiples amenazas por parte de las Auc, las
Farc, y el Eln contra alcaldes, diputados, concejales y personeros ha
limitado la posibilidad de que cumplan con su respectiva labor”
Igualmente
durante el año 2002 las FARC incrementaron su accionar y aumentaron
gravemente las consecuencias contra la población civil, así lo señala Human
Rights Watch en su informe sobre Derechos Humanos en Colombia del año
2002: “Las FARC-EP aumentaron los ataques contra civiles, entre ellos
cientos
de alcaldes y funcionarios locales. “Nuestra consigna es no dejar
funcionar a
los representantes del Estado” en ninguno de los departamentos
anunciaron los
guerrilleros en junio. El 5 de junio, pistoleros de las FARC-EP asesinaron al
alcalde de Solita, en el departamento sureño de Caquetá (...)Durante los
primeros diez meses de 2002, las FARC-EP emplearon bombas de cilindros de gas
en más de 40 ataques contra ciudades y pueblos, que causaron víctimas
mayoritariamente civiles” El incremento del Paramilitarismo durante
estos
últimos meses no tiene precedentes, Respecto al Informe que presente Estado
sobre su “lucha” contra los grupos paramilitares, Human Rights
Watch señala
en el citado Informe una aparente paradoja: “El gobierno registró más
enfrentamientos entre sus tropas y los paramilitares, y más detenciones de
presuntos paramilitares, que en años anteriores. No obstante, los
paramilitares parecían más numerosos y con más poderío militar que nunca.
Afirmaron contar con más de 10.000 miembros armados y entrenados, una cifra
que ni el gobierno ni otras fuentes rebatieron” . Al amparo de la
investidura
que el Congreso le otorgo al presidente Uribe llamadas “Estado de
Conmoción
Interior” se aprobó el Decreto 2002 donde el gobierno ha creado las
“zonas de
rehabilitación” para consolidar sus políticas militares pero que han
dejado,
según, las organizaciones internacionales de derechos humanos un saldo
trágico, especialmente en el departamento de Arauca. En este sentido, de
acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados –ACNUR-, Arauca es uno de los departamentos en donde más se
ha
intensificado el enfrentamiento armado en los últimos meses, junto con Norte
de Santander, Cesar, Chocó y Putumayo, lo cual repercute en un mayor número
de desplazamientos; aunque según ACNUR estos flujos migratorios en su mayoría
se dan al interior del país, se ha registrado un incremento en el cruce de
fronteras. Tal situación ha llevado a que esta Oficina haga un llamado a los
países fronterizos, para que otorguen acceso a los colombianos que huyen .
Paradójicamente, el gobierno nacional creo estas zonas para “proteger a
la
población civil”, sin embargo, desde el momento del incremento masivo
de las
fuerzas armadas a la zona, se han incrementado los desplazamiento forzados de
personas y las muertes selectivas, Según las declaraciones recibidas desde
mediados de 2001 por la población desplazada, frente a las declaraciones
recibidas en periodos anteriores, la población desplazada en Arauca se ha
incrementado en un 300% desde mediados de dicho año, principalmente desde
noviembre de 2001 . Cabe anotar que no todas las personas desplazadas
declaran tal condición por miedo a ser encontrados por quienes los
desplazaron o por desconocimiento de las acciones que deben realizar frente
al Estado, una vez han sido desplazados, por tal razón la recepción de
denuncias no manifiesta la totalidad de la población desplazada y en
consecuencia el incremento pudo haber sido más alto. En el mes de febrero
de 2002, se movilizaron alrededor de 35.000 campesinos del departamento de
Arauca quienes exigían principalmente el cumplimiento de Acuerdos previamente
establecidos con el Gobierno nacional, relativos a la realización de
investigaciones sobre violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al
Derecho Internacional Humanitario en Arauca; la creación de una Comisión de
Investigación de Crímenes contra los Derechos Humanos; la presencia de un
delegado permanente del Comité Internacional de la Cruz Roja; la presencia de
un Procurador Delegado para las fuerzas militares y una visita In Loco de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Colombia es Estado Parte en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre Derechos Humanos desde el
31 de julio de 1973. El Estado colombiano reconoció, por un tiempo
indefinido, la jurisdicción y competencia de la Corte y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- órganos de protección de
derechos
humanos, el 21 de junio de 1985. El artículo 63 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, establece en su numeral 2: “En caso de extrema
gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a
las personas, la Corte en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las
medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que
aún no están sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la
Comisión”. El Artículo 25 del Reglamento de la Comisión
Interamericana de
Derechos Humanos, en su numeral 1 señala que “en caso de gravedad y
urgencia
y toda vez que resulte necesario de acuerdo a la información disponible, la
Comisión podrá a iniciativa propia o a petición de parte solicitar al Estado
de que se trate, la adopción de medidas cautelares para evitar daños
irreparables a las personas”. El numeral 4 establece que “el
otorgamiento de
tales medidas y su adopción por el Estado, no constituirá prejuzgamiento
sobre el fondo de la cuestión”. Durante el año 2000, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos decretó para Colombia once medidas
cautelares. En 2001 fueron otorgadas 14 y en 2002 se decretaron 19 medidas.
Lo importante de esta medidas, para el caso colombiano, es que a diferencia
de las medias cautelares que otorga la Comisión en otros países que son
básicamente para proteger personas, individuos, las medidas decretadas por la
Comisión en el caso colombiano protegen comunidades enteras, sindicatos,
organizaciones, algunas de ellas con sedes en todo el país, sectores
sociales, etc.. Este hecho es un indicador que nos permite evaluar de la
gravedad de la situación colombiana. Frente a la situación de las mujeres en
el conflicto la Defensoría del Pueblo, declaró en su informe del año 2000 que
las mujeres, quienes por lo general se encuentran en mayor condición de
vulnerabilidad, continuaron siendo gravemente afectadas por la violencia,
especialmente en las zonas de guerra. La Defensoría del Pueblo también anotó
una falta de programas gubernamentales para enfrentar estos problemas. Las
líderes feministas de las organizaciones políticas y campesinas en varias
regiones son objeto de persecución, amenazas, tortura y ejecuciones. La
violencia intrafamiliar, el acoso sexual, y el asesinato de las mujeres
siguió siendo un problema serio en todo el país. Más del 30% de los miembros
de la FARC son mujeres. Varios observadores han criticado el uso de
combatientes mujeres en las organizaciones guerrilleras como esclavas
sexuales En la Segunda Conferencia Mundial de los Derechos Humanos (Viena
1993) y en diferentes conferencias, convenciones y declaraciones, las
Naciones Unidas han enfatizado en que los Derechos Humanos de las mujeres
también hacen parte de los Derechos Humanos, razón por la cual deben ser
protegidos y garantizados por el Estado. Sin embargo, las mujeres han sido
objeto de violaciones constantes a los Derechos Humanos en detrimento de su
condición de mujeres, es así como la violación y la tortura se han convertido
en una práctica constante del conflicto armado colombiano. Igualmente las
mujeres en gran parte han sido objeto de desplazamiento forzado, la magnitud
de tal hecho se evidencia con la cantidad de mujeres desplazadas, que según
ACNUR oscila entre el 49% y el 58% del total de la población desplazada en el
País ; las mujeres desplazadas se enfrentan a múltiples formas de
discriminación. Otro grupo que registra una alto grado de vulnerabilidad en
medio del conflicto son los menores de 18 años, pues junto con las mujeres,
son el blanco de las acciones de los grupos al margen de la ley, en algunas
ocasiones el conflicto armado forma parte de su vida cotidiana, como lo
demuestra la declaración de un menor que estuvo vinculado a un grupo armado
al margen de la ley “Desde pequeño para uno un tiroteo es normal,
cuando
matan a alguien es común y corriente”. Las conclusiones presentadas
por la
Comisión Colombiana de Juristas, una de las organizaciones de derechos
humanos con mayor legitimidad en Colombia, en su informe de enero de 2003 son
muy ilustrativas: “El curso que ha tomado la situación de derechos
humanos en
el país es alarmante. Son muchas las detenciones arbitrarias, las
persecuciones judiciales y los allanamientos contra defensores y defensoras
de derechos humanos y contra la población civil (....) Las instancias de
protección de los derechos humanos y la comunidad nacional e internacional
deberían intervenir para que se dejen de cometer estas arbitrariedades y se
reparen los derechos de las víctimas” La dinámica del conflicto
armado ha
dejado como víctimas ya no a los miles y miles de colombianos y colombianas,
sino a miembros del sistema de inteligencia estadounidense, tres militares
detenidos y un combatiente muerto, luego de ser derribada la nave donde
viajaban realizando labores de inteligencia, dicho por la misma presa del
imperio. El rugir del Imperio se escucho en todo en continente
americano “rescataremos a nuestros ciudadanos”. Entonces
decidieron enviar
inicialmente 150 marines, igual que en Filipinas después del 11 de septiembre
donde inicialmente el gobierno del Imperio envió 350 hombres, hoy hay casi
8000 hombres armados y apertrechados para durar allí más de dos años. ¿Una
posibilidad remota? Hay quienes piensan que una posible intervención militar
de los marines norteamericanos podría ser la solución definitiva a este
conflicto, así lo han señalado peridistas como Antonio Caballero, "Le dicen a
uno: Con esos satélites de observación que tienen los gringos, y esos cohetes
inteligentes, lo único que hay que hacer es localizar en la selva al "Momo
Jojoy" y a Tirofijo" y mandarles un cohetazo. Y santo remedio. O si no, que
nos invadan", en estos momentos algunos sectores políticos y empresariales
piensan en una acción tipo marines para resolver con el exterminio lo que se
han negado a negociar en un proceso sincero de paz, Caballero agrega, "Y
menos cierto aún es que los gringos vayan a sacarles las castañas del fuego a
los ineptos responsables del establecimiento colombiano. "Son amigos
nuestros, Son gente como uno", dicen, ilusionados. Pero eso tampoco es
verdad. Más amigo de ellos era el Sha de Persia, mejor inglés hablaba
Ferdinando Marcos de Filipinas, el general Mobutu del Congo había hecho un
posgrado en West Point. Y a todos los cambiaron cuando, por ineptos, ya no
les servían." . El concepto "Vietnamización" del conflicto colombiano
vuelve nuevamente a estar en la agenda de las preocupaciones de los 44
millones de colombianos decentes que no queremos esta guerra, es más no solo
no la queremos, sino la odiamos. Mirando con más detenimiento la posibilidad
de una intervención militar por parte de los marines, surgen reflexiones
interesantes, la opinión de Jesse Helms, que es la opinión de un sector
importante de la derecha norteamericana, respecto a la Corte Penal
Internacional, frente a la decisión estadounidense de mantenerse fuera del
tratado de Roma. Uno de los argumentos de Mr. Helms es que el Tratado de Roma
es un documento peligroso, uno de los crímenes que contempla es el
de "agresión", que fue incorporado a pesar de no existir acuerdo sobre su
definición. Agrega el Sr. Helms "Debemos tener claro que a los ojos de la
Corte habría crimen de agresión cuando los Estados Unidos emprenda una acción
militar en defensa de sus intereses nacionales, salvo que EE.UU. soliciten y
obtengan el permiso de la Corte" La argumentación no deja lugar duda, al
considerar que los intereses nacionales estadounidenses están por todo el
mundo cualquier acción militar en este sentido es incuestionable. Continua
Jesse Helms "Esta Corte pretende someter a juicio la política de seguridad
nacional de los Estados Unidos. ¿Pueden Uds. Imaginar lo que hubiera ocurrido
si este tribunal hubiera estado funcionando durante la invasión
estadounidense de Panamá?, ¿o la de Granada?, ¿o el bombardeo de Trípoli?. En
ninguno de estos casos los EE.UU. solicitaron permiso de Naciones Unidas para
defender nuestros intereses". Ya en 1995 Noam Chomsky denunciaba,
“...
Colombia recibe cerca de la mitad de la asistencia militar que los Estados
Unidos distribuye en el hemisferio, incrementada durante la administración
del presidente Clinton, quien se hizo con los fondos de emergencia cuando el
presupuesto del Pentágono no permitía su aumento” . Hoy ocho años
después en
2003, Colombia es el tercer país en recibir ayuda militar del Imperio para
luchar contra el “terrorismo”.... que los otros países o grupos
hacen contra
el corazón del Imperio, porque el “terrorismo” que el Imperio
hace contra el
resto de la humanidad son acciones legitimas y validas consideradas
“acciones
o guerras preventivas”. Desde luego la muerte de los tres miembros
del
programa de inteligencia estadounidense no tiene ni remoto parecido con el
asesinato de los tres cooperantes norteamericanos que venían desarrollando
una labor de apoyo solidario a las justas reivindicaciones del Pueblo
indígena U´wa, crimen realizado también por la FARC, pero las voces del
Imperio son similares: “venganza, venganza, venganza y las voces de los
tiranos colombianos son iguales: “invasión, invasión, invasión”
Chomsky
declaró en su intervención en el Foro Social Mundial de Porto Alegre en enero
de 2003 “El estado más poderoso de la historia ha proclamado, bien
claro y en
voz alta, que se propone dirigir el mundo mediante el uso de la fuerza, la
dimensión sobre la cual detenta la supremacía” Como su fuera poco el
gobierno ultraderechista del Presidente Uribe le propone al pueblo colombiano
la aprobación de un “Referendo” que pretende legitimar la
imposibilidad de
llevar a los estrados judiciales a los cientos de políticos corruptos que han
saqueado el erario publico, es decir, los que nos han robado a todos y todas.
Se eliminan las Personerías Municipales, única entidad defensora de los
derechos humanos de los ciudadanos en los mas alejados y remotos municipios
del país. Pero además y de la manera mas cínica, luego de hacer aprobar en el
Congreso un plan infame de impuestos y nuevos IVA, pretende que los
colombianos y colombianas le aprobemos nuevos impuestos, especialmente
destinados para la guerra y disminución de la inversión social. El referendo
es la culminación del Ajuste Fiscal impuesto por el FMI, congelación de
salarios, congelación del gasto público que afectara gravemente la educación,
la salud, seguridad alimentaría, vivienda, empleo, protección ambiental y
generará procesos de recesión económica., en fin, el referendo es un acto de
lesa humanidad contra el pueblo Colombiano. Algunas de las organizaciones
libertarias de Cali, Medellín y Bogota hemos hecho causa común con muchos
sectores críticos del país, organizaciones sociales y comunitarias,
sindicatos, organizaciones de derechos humanos, para impulsar la
“Campaña de
Abstención al Referendo”, desde luego, cada organización que hace parte
de la
Campaña tiene sus intereses, nosotros los nuestros: No creemos en el sistema
de representación si no en la construcción de una democracia directa y
autogestionaria. La Campaña ha puesto en peligro la aprobación del
Referendo, es más, sectores de los partidos tradicionales, resentidos por que
el nuevo gobierno no los llamo a hacer parte del festín, han mostrado su
simpatía por las tesis abstencionistas, desde luego ellos son harina de otro
costal. La AIT conciente de esta realidad ha emitido varias resoluciones y
acuerdos sobre la urgencia de impulsar una Campaña masiva sobre la situación
que viven los organizaciones sociales y sindicales colombianas: Solamente
entre junio del 2001 y febrero del 2003 han sido asesinados 219 lideres
sindicales, han sido acusados y enjuiciados por su actividad; han sido
allanados por agentes del Estado las sedes de la Asamblea Permanente de la
Sociedad Civil por la paz, las sedes regionales de la Central Unitaria de
Trabajadores de Colombia –CUT -, han sido detenidos y procesados los
líderes
de la Unión Sindical Obrera, han sido amenazados los miembros de las
organizaciones de antiguos insurgentes hoy reinsertados a la vida civil. En
el caso de nuestra organización, hemos tenido que cerrar la sede donde
funcionabamos porque en tres ocasiones fueron rotos los vidrios de las
ventanas, se hicieron mas frecuentes las llamadas amenazantes, se recibieron
dos sufragios con la frase “¡mueran los sapos y traidores a la patria!
” ,
además, en los allanamientos realizados en el mes de noviembre y diciembre en
la Universidad Nacional de Colombia fueron abiertos a la fuerza algunos de
los casilleros donde guardábamos materiales de difusión, los cuales
decomisaron. Nuestro grupo, ya mermado anteriormente, ha quedado muy reducido
ya que algunos compañeros han tenido de refugiarse, temporalmente, en otras
zonas del país. Por favor no se olviden de la tragedia de los colombianos y
colombianas, recuerden que la lucha contra el Imperio debe ser global y en
varios frentes. Saludos Libertarios y antimilitaristas
AMIGOS DE LA AIT - COLOMBIA

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