El comandante del regimiento “Coraceros” ha informado que este año el contingente de conscriptos se ha completado totalmente con voluntarios, sin necesidad de incorporar a filas a nadie de manera obligatoria. Esa parece haber sido la tónica general en las unidades militares del país. Esta situación contrasta profundamente con la que se vive en España, donde ya no existe el servicio militar obligatorio y las Fuerzas Armadas han iniciado un plan de profesionalización total. El problema es que no hay españoles que deseen servir en el Ejército ni siquiera a cambio de un salario y el ministro español de Defensa, Federico Trillo, tuvo que plantear hace un par de semanas que dada “la escasa vocación militar que muestran los españoles” será necesario integrar en las Fuerzas Armadas a inmigrantes, preferiblemente aquellos que procedan de países latinoamericanos. Nos puede resultar chocante ver a un batallón de ecuatorianos o salvadoreños en el Ejército español, pero resulta perfectamente coherente con el cambio de doctrina que España adoptó pasando del ejército de conscripción al profesional. Hasta hace unos años, el Ejército español respondía al concepto de “pueblo en armas” implantado por la Revolución Francesa y que es el mismo que sigue Chile. Se trata de una visión que vincula estrechamente la soberanía popular con la defensa: el ciudadano tiene la obligación de servir en la defensa nacional coincidiendo con la asunción de sus derechos como ciudadano. Mientras existió, el servicio militar español fue una cosa seria. Toda la población masculina pasaba, sin excepción, por los cuarteles. No se escapaba nadie, a diferencia de lo que ocurre habitualmente en Chile donde las Fuerzas Armadas no tienen capacidad para admitir a todo el contingente o son víctimas de los subterfugios que buscan quienes desean librarse del servicio. Posteriormente, el Gobierno español aceptó la objeción de conciencia de aquellos que sintiéndose pacifistas preferían realizar una prestación social sustitutoria en lugar de cargar armas. Pronto se vio que en muchos casos la prestación social sustitutoria no era más que una excusa para eludir la obligación de servir al Estado. Finalmente, el Gobierno de derecha de José María Aznar ha puesto fin al servicio militar y a la prestación social, y ha profesionalizado las Fuerzas Armadas. El ejército profesional es heredero directo de los ejércitos de mercenarios que existieron mayoritariamente desde la época feudal hasta bien entrado el siglo XIX. El ejército británico, por ejemplo, siempre ha sido profesional y en sus filas sirven soldados de diversas nacionalidades. Los derechos del ciudadano en Gran Bretaña no surgen del contrato social de la Revolución Francesa, sino de una relación clientelar anterior: el pago de tributos al rey o al señor feudal que a su vez se obligaba a prestar protección al vasallo. La experiencia española es muy interesante porque no hay una certeza absoluta de que el ejército profesional pueda caber coherentemente en un marco legal que no es anglosajón. La sensación que desprende el asunto es que una sociedad con altos niveles de bienestar se siente incómoda distrayendo parte de su tiempo en servir al Estado y prefiere pagar por no hacerlo. En fin, cada país es libre de adoptar el criterio que mejor le acomode. Lo interesante de este debate es hay cuestiones doctrinarias de fondo en él. Y reflexionando en torno a ella se pueden sacar conclusiones interesantes. En Chile,  el servicio militar hace mucho tiempo que dejó de ser coherente con sus bases ideológicas revolucionarias e iluministas. Se ha transformado casi en un elemento asistencial, destinado a absorber a personas que de otro modo estarían cesantes o que no cuentan con recursos para aspirar a una educación superior. Hace mucho tiempo que ningún hijo de familia acomodada se ha vestido de conscripto, por lo que no es una institución igualitaria. La famosa “mili” española sí lo era y de hecho muchos altos cargos de poderosas empresas sirvieron en su momento a las órdenes del que ahora es el portero de su edificio. Era, en ese sentido, un poderoso elemento de igualitarismo y cohesión social y no tanto de unificación patriótica. Lo que tenemos, en consecuencia, es que hay cientos de jóvenes chilenos que cada año se presentan a servir en las Fuerzas Armadas, mientras otros no lo hacen. Por lo tanto, si nos situamos en la óptica de la Revolución Francesa, bien podríamos entender que mientras unos han cumplido con sus obligaciones, otros las han eludido. Como el servicio militar generalizado es imposible por una simple cuestión de infraestructuras, lo lógico no es universalizarlo, pero sí discriminar positivamente a aquellos que lo han realizado y que han entregado un plus de sus mejores años al servicio del Estado a cambio, prácticamente, de la ropa y la comida. En ese sentido parece perfectamente lógico que ciertas reparticiones del Estado favorezcan el acceso a los puestos de funcionarios a quienes han cumplido con el servicio militar otorgándoles mayor valor a sus currículums en igualdad de condiciones con otra persona que no lo haya hecho. Del mismo modo, sería estimulante para los conscriptos (y de paso para las propias Fuerzas Armadas) que se creara un sistema formal de acceso a la educación técnica o superior para aquellos que han realizado el servicio militar. La fórmula para articular esta iniciativa va desde preferencias a la hora de obtener becas o créditos fiscales o idear convenios y sistemas de pasarelas con instituciones educativas. Mientras Chile no cambie conscientemente de doctrina militar y permanezca en el camino de un Estado democrático y de derecho se está perpetuando una situación injusta puesto que hay ciudadanos de dos categorías distintas: los que hacen el servicio y los que no. Así, el Estado está adquiriendo una deuda con aquellos jóvenes que cumplen su servicio militar (por muy voluntarios que sean) y lo lógico sería compensar sus esfuerzos de alguna manera.

Discriminación positiva para el servicio militar