Decía Lincoln que "se puede engañar a mucha gente, poco tiempo; se puede engañar a poca gente, todo el tiempo; pero no se puede engañar a toda la gente todo el tiempo". Y parece que los hechos van dándole la razón.

La historia es simple y escandalosa. Chile decidió gastar unos 366 millones de dólares en comprar dos nuevos submarinos. Varios países hicieron ofertas. La Armada de Chile concluyó su evaluación en diciembre de 1996 y preseleccionó el submarino Scorpene, fabricado por un consorcio hispano—francés. En segundo lugar quedó la oferta alemana como alternativa. Según una versión de la Armada, todo el año 1997 se destinó a las últimas evaluaciones y a la redacción del contrato de compra. El 12 de diciembre de 1997 se anuncia la firma del contrato con el consorcio formado por la Empresa Nacional Bazán de España (hoy Izar Construcciones Navales) y la Dirección de Construcciones Navales (DCN) de Francia.

En mayo de 1998, una compañía llamada Seapoint Enterprises, cuyos propietarios se esconden en el secreto y la opacidad que ofrece el paraíso fiscal de la isla de Jersey, firmaron un contrato con Bazán por el cual recibieron casi 3 millones de dólares por una actividad no especificada relacionada con la venta de los submarinos.

Un portavoz de Bazán intentó justificar el pago el lunes pasado y entró en contradicciones. Primero dijo que se contrató a Seapoint para "sondear la voluntad real" de los chilenos de comprar los submarinos. Cuando se le hizo ver que los pagos se realizaron cinco meses después de que los submarinos ya fueran adjudicados por el Gobierno chileno, el portavoz cambió su argumento y dijo que "se les contrató después de haber ganado el concurso para contrarrestar una feroz campaña de prensa en Chile contra nuestros submarinos auspiciada por los competidores alemanes derrotados".

Lo que está claro es que Bazán consideraba que sin la participación de Seapoint Enterprises no le hubiera sido posible quedarse con el contrato de los submarinos chilenos. Por eso los contrató y les pagó. Es razonable pensar que, por tratarse de un consorcio a partes iguales, la DCN francesa también haya realizado un contrato similar con Seapoint. Hablamos entonces de casi seis millones de dólares.

¿Y quiénes se esconden detrás de Seapoint Enterprises? De momento no se sabe. Y esto es frustrante, porque no hay que ser ningún genio para darse cuenta de que, dado el monto de lo que cobró, sus servicios deben haber sido fundamentales para que Chile le adjudicara los submarinos a Bazán y DCN. Podemos deducir que la gente que está detrás de Seapoint tienen la capacidad de garantizar y hacer cosas que, en principio, uno pensaba que sólo podían hacer la Armada y el Gobierno de Chile, o sea, los compradores.

Desgraciadamente, Seapoint, radicada en la isla de Jersey, es inescrutable. La dirección a la que remite Bazán corresponde en realidad a una compañía llamada Mourant & Co, uno de los tantos bufetes que ofrecen consultoría financiera y legal para operar en paraísos fiscales. Sus portavoces se escudan en la confidencialidad y el secreto para no dar ningún detalle sobre la compañía.

Pero no tardaremos mucho en saberlo, porque las democracias, afortunadamente, tienen mecanismos para desenmascarar a los inescrupulosos que se van enriqueciendo con dinero público.

La punta de este iceberg ha surgido gracias a la eficacia del Tribunal de Cuentas español, el equivalente a nuestra Contraloría General de la República. El Tribunal tiene la obligación de fiscalizar todas las cuentas de las empresas públicas. Cuando los inspectores revisaron la contabilidad de Bazán de 1998, encontraron el pago de 546 millones de pesetas (3 millones de dólares de la época) a Seapoint. Fue tal la sorpresa sobre la elevada cantidad gastada en un contrato sin más detalles que así lo reflejaron en su informe: "Servicios exteriores por 546 millones de pesetas de cuyo contenido se deduce que es de intermediación mercantil. Sólo contiene el contrato suscrito entre las partes y los justificantes de pago, sin que la sociedad haya aportado ninguna otra información que permita analizar debidamente el expediente".

La oposición socialista española cogió al vuelo el tema y se apuntó un primer tanto: el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué dijo que "estamos hablando de un contrato de tremenda importancia, de una magnitud muy considerable y, por lo tanto, creo que a nadie puede extrañarle que pueda haber algún tipo de comisión por determinadas operaciones".

Piqué habló de "comisiones" sobre un contrato de 60.000 millones de pesetas (unos 330 millones de dólares al cambio de hoy), pero el portavoz de Bazán aclaró expresamente que no se trataba de comisiones, sino de una prestación de servicios. Al margen de la contradicción, el ministro español de Exteriores, con la temeridad que le caracteriza, dio carta de naturaleza a una actividad éticamente reprochable en el comercio mundial que es el cobro de comisiones por tráfico de influencias que después se enmascaran como servicios de intermediación. Precisamente el defensor de las comisiones tenía que ser Josep Piqué, quien enfrenta un proceso judicial en España por supuestas irregularidades que implican créditos del Estado a una empresa privada y que ha mostrado una moralidad bastante relajada, sobre todo a la hora de pagar impuestos.

El pago de comisiones para conseguir adjudicaciones ha llegado a ser tan elevado en la Unión Europea, EEUU y Japón que en los países europeos ha ido surgiendo una movimiento en favor de establecer unas mínimas normas éticas en el comercio mundial. Sobre todo cuando uno de los clientes es un gobierno que debe velar por la correcta utilización de los fondos públicos.

Porque al final, esos 3 millones de dólares (o 6 millones si DCN también pagó) los tuvieron que pagar todos los chilenos a través de sus impuestos en vez de haber servido para reducir la factura de los dos submarinos.

Pero hay personas como Piqué que piensan que es de ingenuos participar limpiamente en una adjudicación y que es necesario pagar comisiones a quien sea necesario para asegurarse un contrato.

Sea como sea, alguien ha actuado mal en esta operación de los submarinos. Si, como dijo el portavoz de Bazán, Seapoint se encargó de contrarrestar una campaña de prensa adversa a sus intereses, habrá que ver cuáles medios de comunicación o líderes de opinión chilenos fueron neutralizados y de qué manera. Si lo que se hizo fue sondear la voluntad de los chilenos para comprar los submarinos, deberá señalarse cómo lo hizo y que voluntades pulsó. Por último, si lo que hizo fue utilizar a Seapoint como intermediador, deberá estudiarse si pagó en exceso o se atuvo a la ley de la oferta y la demanda.

Para todo ello es preciso conocer la identidad de los responsables de Seapoint y sus fundadores. Yo tengo mis candidatos, y tengo la intuición de que todos los caminos de Seapoint conducen a las costas chilenas. Y si no, ya lo veremos, porque en las próximas semanas, Bazán deberá entregar a la oposición española, toda la documentación que se le ha reclamado.
Piratas en los submarinos chilenos