16122001

La única vez que el príncipe Felipe de Borbón, heredero de la Corona de España, se ha referido pública y oficialmente a su relación sentimental con la modelo noruega Eva Saanum ha sido para informar a los españoles de que ésta se ha terminado.

Desde que se conociera que Felipe de Borbón salía con la joven modelo, una tupida red de intereses comenzó a orquestar una campaña en contra de Saanum. La mayoría de los enemigos de un posible matrimonio se declaraban fieles monárquicos de toda la vida. Y es que para los que somos hijos de repúblicas, las dinastías reinantes y los cortesanos que viven a su sombra, tienen usos y costumbres que desconocemos.

La batalla organizada entre partidarios y detractores de un posible compromiso entre el príncipe y la modelo ha durado meses y ha sido tan extemporánea que al final terminaba por poner de manifiesto el anacronismo que supone la institución monárquica en sociedades democráticas basadas en la soberanía popular.

Los monárquicos recalcitrantes se oponían con un argumento aparentemente impecable: el príncipe no podía casarse con una plebeya porque una norma dictada por su antecesor Carlos III establecía que todo aquél miembro de la dinastía que realizara un “matrimonio desigual” -con una persona de rango inferior- debía ser apartado inmediatamente de la línea sucesoria.

Esta norma, conocida como la pragmática de Carlos III, sirvió para asegurar los derechos sucesorios del actual rey, ya que gracias a ella su padre, don Juan, quien no era el primogénito de Alfonso XIII, se convirtió en jefe de la Casa Real y transmisor de los derechos dinásticos, ya que sus hermanos mayores (los tíos de Juan Carlos I) se casaron con plebeyas.

La consecuencia lógica, según los monárquicos, es que los derechos de Felipe de Borbón podían verse cuestionados si se casaba con una plebeya al no estar clara la derogación de la famosa pragmática.

Otro grupo que se declaraba monárquico, se mostraba a favor de la boda, argumentando que la época en que los príncipes se casaban con “profesionales” de la monarquía y sin amor había tocado a su fin.

Pero si los matrimonios reales sin amor habían llegado a su fin, también había llegado la monarquía. Muchos españoles afirmaban, no sin ironía, que si el príncipe quería casarse como cualquier ciudadano común, lo que debía hacer era convertirse en un ciudadano común y abdicar de su alto cargo.

La gran mayoría de la población era indiferente a la boda real y le importaba un comino que la futura reina de España fuera modelo, plebeya, hija de divorciados y noruega. Tal indiferencia, sin embargo, no se compadece con el enorme interés que despertó el viernes el anuncio de la ruptura de una relación sentimental que nunca había sido anunciada.

El problema que queda latente es que la opinión pública piensa firmemente que las presiones de los cortesanos sobre el príncipe han tenido éxito y de que éste ha tenido que canjear sus sentimientos por la estabilidad institucional. Alguien decía el viernes que tras esta decisión “el príncipe ha madurado definitivamente”. La madurez, como se ve, sólo es elogiada cuando se trata de adaptarse a los convencionalismos existentes.

Don Felipe de Borbón ha probado el primer trago amargo que produce ser el continuador en un mundo moderno de una institución anacrónica. Su padre, el rey Juan Carlos I, ha demostrado una gran habilidad para acrecentar el poder de la monarquía por la vía de la legitimidad por la eficacia. Su consagración se produjo cuando abortó el golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Gracias a eso, ha logrado que muchos españoles con simpatías republicanas se declararan si no monárquicos, al menos “juancarlistas”. El desafío del príncipe, ahora, es convertirlos en “felipistas”.