Después de ocho años de trámite legislativo, la Ley sobre Libertades de Opinión e Información y el Ejercicio del Periodismo, vulgarmente conocida como Ley de Prensa, ha sido aprobada en la cámara de Diputados tras el veto presidencial que reactivó su paso por el Congreso. De no ser porque al menos cuatro restricciones a la libertad de prensa -que clamaban al cielo por injustas y desorbitadas- van a desaparecer, esta ley bien podrían guardársela el Gobierno y las cámaras en las faltriqueras. Tanto el texto que ha sobrevivido como la discusión desarrollada vuelven a hacer bueno el axioma de que “la mejor ley de prensa es la que no existe”. El primer borrador de este proyecto lo conocí en 1995. Me lo mostró, con gran entusiasmo, un periodista chileno que pensaba que por este trabajo debían ponerle una medalla al mérito. Cuando vio mi alarma ante el hecho de que alguien abriera la caja de Pandora y enredara aún más el panorama legal de la prensa en Chile, se dio cuenta de que la condecoración no se la iba a poner yo. Sin duda era mejor proceder a la derogación de los artículos que obstaculizan la acción de la prensa que dictar una nueva normativa. La idea de legislar fue una concesión del ex presidente Patricio Aylwin, a quien se le convenció de la necesidad de retribuir al gremio periodístico por su significación en la recuperación de un régimen democrático. Como siempre ocurre, confluyeron en el proceso una multiplicidad de intereses. Pero la responsabilidad de que se lanzara la iniciativa pertenece única y exclusivamente a ese coro de periodistas oficiales, de ayer y de hoy, acostumbrados a medrar a la sombra de los políticos, que arrastran sus posaderas de jefatura en jefatura de prensa y que tienen a gala estar afiliados al círculo de periodistas de algún partido político. Otro organismo que no puede eludir su responsabilidad, aunque ahora critique parcialmente la ley porque no le concedió los privilegios que buscaba, fue el Colegio de Periodistas, institución fantasmal y de dudosa representatividad que tiene el mérito de diluir en su inoperancia colectiva el respeto que merecen algunos de sus miembros individualmente considerados. Y he aquí que nos encontramos ante este imbunche de Ley de Prensa, llamado a recordarnos que hasta los mejores propósitos se tuercen por el camino. No es preciso poner la ley ante rayos X para darse cuenta de dónde han metido mano el presidente, el Senado, la cámara baja, los jueces, los periodistas y las empresas. El texto legal es incoherente, no tiene una filosofía clara que lo uniforme respecto a las libertades en juego y en su parte penal -que es la menos criticable porque se limita a levantarnos cuatro controles policiales- sigue siendo un compendio de la Ley de Abusos de Publicidad (que derogará) y del Código Penal. El gran ausente en esta ley es el ciudadano y eso debería avergonzar a los responsables de su elaboración. Sólo desde la perspectiva del ciudadano, que es el auténtico depositario del derecho a la información y de la libertad de opinión, se puede edificar una ley democrática. Como magro consuelo, tras ocho años de tramitación, alguien en el gobierno de Ricardo Lagos se dio cuenta de esto y el veto presidencial introdujo en el artículo 1º una pequeña mención a los ciudadanos: “Se reconoce a las personas el derecho a ser informadas sobre los hechos de interés general”. Confórmense ustedes con esa línea mezquina y genérica, y limítense a votar disciplinadamente en las próximas elecciones. Porque el derecho a la información y  la libertad de opinión pueden pertenecer a los periodistas, a las empresas, a los políticos, a los jueces, a las autoridades militares y eclesiásticas, pero nunca a los ciudadanos. Y es el ciudadano el titular original del derecho, mientras que los periodistas y los medios de comunicación no somos más que sus representantes vicarios. Desgraciadamente hay muchas otras liberalidades e imprecisiones en la normativa como su exagerada intromisión en la organización profesional y administrativa de los medios de comunicación, su absoluto desprecio hacia los avances tecnológicos (los medios en Internet no existen), su falta de rigor a la hora de describir los métodos de trabajo y los productos periodísticos o su incapacidad para discriminar entre medios absolutamente privados (prensa, Internet, TV por cable) y medios que utilizan bienes comunes como el espacio radioeléctrico (radio y TV analógica y digital). Y hay cuestiones críticas, como la asignación de la publicidad regional a medios locales que es una medida lógica, pero que se convierte en un artículo timorato si consideramos que no hay una sola mención a la forma y criterios con que el Estado chileno adjudica sus campañas publicitarias o de comunicación, capítulo que siempre está sometido a escrutinio en democracias más avanzadas, sobre todo cuando hablamos de la nada despreciable cantidad de cuatro millones de dólares anuales. Se dirá que la ley recoge el secreto profesional del periodista, pero éste ya existía en el mismo Código Penal y aunque el periodismo dejó de estar taxativamente protegido por esa norma, la jurisprudencia siguió reconociéndolo. Otro avance que podía haberse introducido era la cláusula de conciencia, la cual queda apenas esbozada en un artículo en el que se sanciona la manipulación de un texto firmado, aspecto que no refleja exactamente la famosa cláusula. Parece que nadie se molestó en pensar que ese acto configura o un delito de suplantación de personalidad o de falsificación de documento privado y menos acudieron a analizar los párrafos concomitantes que incluye la Ley del Derecho de Autor. Hay tantas leyes en Chile que es inevitable que los delitos comiencen a repetirse. No se puede pasar por alto tampoco el gran logro de mi gremio, los periodistas. Buscando restablecer la colegiatura obligatoria y la restitución de unos privilegios que malgastaron en el pasado, el Colegio de Periodistas ha conseguido que la ley defina quienes somos periodistas. Dice el texto legal: “Son periodistas quienes estén en posesión del respectivo título universitario reconocido válidamente en Chile, y aquellos a quienes la ley reconoce como tales”. Perfectamente se podría haber recogido la definición de la Real Academia que dice que periodista es "la persona que, profesionalmente, prepara o presenta las noticias en un periódico o en otro medio de difusión". Pero no. Era necesaria una definición restrictiva, no fuera a ser que a un historiador, médico o abogado con gusto por las letras se dedicara al periodismo. Así se ha contentado a un Colegio medroso y a 37 escuelas que, con muy honrosas excepciones, apenas son cajas recaudadoras de las ilusiones de unos jóvenes. Esta demanda muestra también un profundo desconocimiento del cambiante panorama profesional. Hay que favorecer la formación universitaria, pero no cegarse ante el hecho de que las nuevas tecnologías han puesto muchos contenidos informativos en manos de personas que han tenido formaciones técnico-profesionales y no de rango universitario. Para ellos se reserva el apelativo de “comunicadores sociales”, seguramente una casta inferior según la ley. Afortunadamente, el único efecto práctico del intenso "lobby" del Colegio de Periodistas es que la ley obligará al Estado a contratar a periodistas con todas las de la ley y no a comunicadores sociales. Y como es sabido por todo el mundo, el mejor periodismo, el más libre, el más independiente y el más cabal que hay en el mundo es el que se ejerce en la Administración de un Estado. Es una pena que sea más propio llamarlo relaciones públicas que periodismo.

El imbunche de la Ley de Prensa