| Una hora antes de que senadores y diputados iniciaran una loca carrera para aprobar en tiempo récord una reforma de la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios que salvara las candidaturas de la Democracia Cristiana, doña María Estelvina Muñoz Vargas, una humilde madre de 54 años, fallecía a bordo de un pequeño bote en el canal de la isla de Tenglo, a pocos metros del muelle desde el cuál podía ser trasladada al hospital de Puerto Montt. La cadena solidaria de sus vecinos, que la llevaron a primera hora de la mañana en una carreta hasta la playa y que buscaron un bote para cruzar el estrecho canal, no sirvió de nada. La vida de doña María Estelvina se apagó cuando su hijo y los demás ocupantes casi podían tocar la orilla salvadora. La buena voluntad de los habitantes de Tenglo no sirvió para nada, porque aunque estén a la vista de la capital regional, no tienen una mísera lancha rápida que les permita cruzar el canal y ni hablar de un puente. A mil kilómetros de allí, diputados, senadores y miembros del Tribunal Constitucional protagonizaban su propia cadena solidaria para sacar adelante la reforma presentada por el Gobierno que consistía en aplazar, mediante una argucia verbal, las elecciones parlamentarias del 11 de diciembre hasta el día 16. La crisis que hizo que todas estas instituciones mostraran una desacostumbrada eficiencia tuvo un origen insólito. Por un error administrativo de los responsables de la Democracia Cristiana, al parecer una veintena de sus 65 candidatos (las cifras difieren) no entregaron un mandato a su directiva mediante escritura pública, como estipula la ley. Una irregularidad incomprensible al tratarse de un trámite más sencillo que conseguir un bono del Fonasa o que timbrar unas boletas en el Servicio de Impuestos Internos. Como esta vez la DC prefirió agotar el plazo para la presentación de las candidaturas, cuando se dieron cuenta del error ya no había tiempo para enmendarlo. Tras un primer momento de estupor, en que el presidente de la DC Ricardo Hormazábal intentó negar el error y estuvo confiado en que el Servicio Electoral pasaría por alto el defecto mirándolo con buena voluntad, se llegó a la terrible conclusión de que, en diez días, la DC podía ver impugnadas algunas o todas sus candidaturas. El resto es conocido. Se estudiaron varias fórmulas, pero finalmente quedó claro que la única que ofrecía garantías era la reforma de la ley de votaciones. Pero así como daba seguridades, también exponía ante la opinión pública todas las miserias de la clase política. Y el martes 17, en un ejercicio de calistenia institucional, la cámara de Diputados, el Senado y el Tribunal Constitucional, hicieron horas extraordinarias para sacar adelante el proyecto para salvar a la DC, cosa que se consiguió el miércoles con la publicación de la norma en el Diario Oficial. Con esta jugarreta, la DC tuvo hasta el jueves pasado para oficializar sus candidaturas. Es verdad que un error formal de un partido político metió a la clase política en una crisis mayúscula. Es cierto, también, que la impugnación de las candidaturas del que hasta ahora es el partido más votado suponía un enorme déficit democrático en las elecciones de diciembre. Pero también es cierto que el impacto en la opinión pública ha sido muy negativo, puesto que ésta ya sospechaba que los políticos dan prioridad a sus asuntos y no a los de los ciudadanos y han obtenido una buena prueba de ello. Si ya existía una difícil relación entre políticos y ciudadanía, ahora ésta se encuentra bajo mínimos. Que el problema tuviera mala solución no debería obstar para que las autoridades y los políticos, que son los primeros responsables en cautelar la solidez y legitimidad de nuestras instituciones, no midan con exactitud el nefasto alcance de lo sucedido y el daño que han causado a nuestra todavía inmadura democracia. En primer lugar, el imperio de la ley ha quedado profundamente devaluado. Por lo visto la ley se aplica con distintas varas de medir y cuando estorba, se cambia, dependiendo, eso sí, de la categoría y condición de quien ha vulnerado la norma. Unos poderes legislativo, ejecutivo y judicial acomodaticios son malos para un Estado de Derecho, pues socavan la ley y prefiguran la autocracia o el despotismo. Si mal no recuerdo fue esta misma Concertación de Partidos y casi los mismos protagonistas quienes, en otros tiempos, reconocían rápidamente los feos rasgos de una dictadura. Por eso se opusieron rotundamente a las leyes ad hoc. Fue así como se cuestionó el articulado transitorio de la Constitución hecho a imagen y semejanza del general Pinochet y otras numerosas leyes dictadas por los militares y sus colaboradores, como la famosa “Ley Canessa”. Pues ahora tenemos la “Ley Hormazábal”, manufacturada a la medida de las chapuzas de la Democracia Cristiana. En segundo lugar, las autoridades han puesto de manifiesto que sólo se mueven con agilidad cuando el tema afecta su forma de vida. Desgraciadamente, nunca hemos visto al Gobierno, al Congreso y al Tribunal Constitucional actuar con tanta celeridad cuando se trataba de cautelar otros intereses nacionales. No ha ocurrido, por ejemplo, cuando se han descubierto manejos fraudulentos de fondos públicos, indemnizaciones escandalosas y ni siquiera cuando se descubrió el famoso agujero de Codelco. Nada de eso se ha resuelto en nueve horas que es el tiempo que les tomó aprobar la modificación de la ley. Por último, el apoyo de la UDI a la reforma, saludada por el oficialismo como un gesto de Estado, también ha conseguido extender la especie de que los políticos son un gremio que se mueve exclusivamente por sus intereses de grupo, lo cual es legítimo en cierto tipo de asociaciones, pero no entre personas que son mandatarios de sus electores. A ello se suma la muy chilena convicción de que aquí se han intercambiado favores que aún no somos capaces de avizorar. La evidencia de que se enviarían estos tres humillantes y antidemocráticos mensajes a la ciudadanía es la que motivó que el presidente Lagos recibiera con rabia y frustración la noticia de que iba a tener que sacrificar parte de su capital político promoviendo una salvación impresentable ante la opinión pública. Le debe doler al jefe de Estado que, hasta el momento, la crisis institucional más grave de su mandato no haya sido un “ejercicio de enlace”, un “boinazo”, ni la detención de Pinochet, sino la que originó la torpeza burocrática de un partido. ¿Signo de los tiempos? ¿Se habrá acabado la tan mentada transición chilena? ¿Habrá empezado la era de las chapuzas políticas? ¿De los "boinazos" de Hormazábal? Sin duda se trata de un escenario excelente para enfrentarse a una campaña electoral en medio de una crisis de la participación cívica. Este año el padrón electoral será más pequeño que en la última elección. O sea, se inscribe menos gente que la que fallece estando registrada. Lo ocurrido no entusiasmará a los jóvenes que no han querido apuntarse en los registros y que rondan ya el millón y medio de personas. Eso es malo para Chile y para su democracia. Y con relación a los inscritos, está claro que los partidos confían en que de aquí a cinco meses la gente se habrá olvidado de esto. Veremos. Quizás la lección es que ha llegado la hora de una renovación profunda de los actores políticos, algunos de los cuales llevan dando la lata 40, 50 ó 60 años. Lo que es patente es que entre la clase política y los ciudadanos se ha abierto un abismo y se han separado tanto las aguas que Moisés y el pueblo de Israel podrían transitar por ese atajo sin mojarse los pies. Quizás en el canal de Tenglo es donde tenían que haberse abierto las aguas para que doña María Estelvina hubiera conseguido llegar con vida hasta un hospital sorteando así la falta de infraestructuras, el desinterés y el poco respeto para con el pueblo que hemos tenido que soportar, abochornados, estos días |
| El "boinazo" de Hormazábal |
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