29042001

Cuenta el británico Nigel West en su libro The Secret War for the Falklands (La guerra secreta por las Malvinas), publicado en 1998, que los principales servicios de inteligencia del mundo fueron incapaces de anticipar que Argentina invadiría las islas Malvinas en abril de 1982. Algo parecido a lo que sucedió en 1990 cuando fueron incapaces de prever la invasión de Kuwait por parte de Irak.

Chile no fue una excepción. Tan sólo cuatro días antes de la acción militar, el general Pinochet tuvo sobre su mesa un informe que advertía de una inminente invasión de las islas Malvinas. El documento llevaba fecha de 3 de marzo de 1982 y había tardado 27 días en llegar a su despacho. La razón era simple: en la reunión mensual de inteligencia celebrada el 1 de marzo se consideró la hipótesis de una invasión, pero el jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante Ronald McIntyre, la descartó por descabellada. Sin embargo, un empleado civil no lo creyó así y en tres días reunió suficiente información como para tomar en serio la hipótesis, pero su informe no mereció la consideración de sus superiores hasta que la invasión ya era evidente.

Según West, ése fue el único documento de un servicio de inteligencia mundial que consideró con precisión la invasión y su fecha. Tenía el mérito de basarse en información abierta, conocida por todo el mundo, lo cual habla de la perspicacia y talento de su autor. Este era un analista civil, subteniente de la Armada en reserva, ex estudiante de Veterinaria y profesor de Ciencia Política que se encargaba de los asuntos argentinos en la Dirección de Inteligencia de la Defensa Nacional. Su nombre: Emilio Meneses Ciuffardi.

Meneses, muy probablemente, es el mejor analista de defensa que ha dado Chile en los últimos 30 años. No se trata de ningún “cucalón” que se ha caído por la borda y su acierto a la hora de vaticinar la invasión de las islas Malvinas es ya legendario.

Por eso, su macizo artículo publicado en El Mercurio del 11 de marzo de 2001, reclamando mayor transparencia y criticando el proceso de adquisición de aviones F-16 por parte de la FACh, no podía pasar inadvertido e hizo que muchas personas situadas en puestos importantes sintieran que se les movía el suelo. Algo parecido ocurrió hace unos años cuando Meneses se opuso a la adquisición de submarinos franceses por parte de la Armada en el llamado proyecto “Tridente”.

Pocos días después de publicarse el artículo sobre los aviones F-16, Emilio Meneses fue acusado por su colega Felipe Agüero Piwonka, quien ahora trabaja en la Universidad de Miami, de haberlo torturado en el Estadio Nacional en septiembre de 1973. Agüero contó su historia a la revista Cosas y no reveló el nombre de Meneses, pero sí lo hizo en una carta dirigida al jefe de éste, Alfredo Rehren, director del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, que se filtró al diario electrónico El Mostrador.

Meneses admitió que como reservista de la Marina fue llamado a filas el 11 de septiembre de 1973 y destinado al Estadio Nacional para interrogar y clasificar detenidos. Pero niega haber realizado torturas. Incluso, afirma que se arriesgó a una corte marcial en tiempo de guerra por desobedecer órdenes que le parecieron injustas.

Toda esta circunstancia es compleja y hace que mucha gente se cargue de prejuicios. Por un lado, está el dolor de Felipe Agüero y la gravedad de la denuncia pública que ha realizado; por otro, el buen nombre de Emilio Meneses, quien está suspendido de su empleo y en entredicho como persona.

Esta semana, además, se ha sabido que 197 profesores chilenos y extranjeros han firmado una carta solidarizándose con Agüero y condenando a Meneses al ostracismo académico. Nadie puede restarse de la solidaridad con Felipe Agüero, que al reclamar su condición de víctima la merece de por sí, pero no es de recibo que personas que forman parte del gobierno de Chile o de la elite universitaria ignoren el principio de inocencia y condenen a uno de sus colegas sin siquiera haber investigado lo sucedido. O José Joaquín Brunner, Eugenio Lahera, Juan Gabriel Valdés, Eugenio Tironi y Arturo Valenzuela -por mencionar a los más conocidos- saben más que nosotros sobre la conducta de Meneses en el Estadio Nacional y debieran hacer públicos esos hechos, o simplemente han olvidado los más elementales principios de la justicia. Lo que han conseguido es que ahora el caso desprenda un insoportable tufillo a tribunal popular, a linchamiento o a ajuste de cuentas.

La solución es que la Justicia establezca la verdad, tal como lo ha sugerido en otros casos el presidente Lagos. Pero Agüero ha dicho que no presentó una denuncia judicial contra Meneses, “porque me pareció que una querella es una cuestión que se alarga y se complica, y que es muy difícil de probar legalmente”. Es una afirmación ciertamente irresponsable ante la gravedad de la imputación, ya que deja inerme al acusado. Meneses, por su parte, dijo que prescindía de una acción judicial para contribuir a la reconciliación nacional, reacción que sembró más dudas sobre su propia actuación.

Como ciudadano, sin embargo, tengo mucho interés en que tanto Agüero como Meneses vayan a los tribunales y reciban una reparación si han sido objeto de un daño o de un delito cometido ahora o hace 28 años.

Pero antes de que se resuelva el dilema de esta denuncia, Chile habrá puesto fin al proceso de adquisición de nuevos aviones para la FACh y las objeciones que Meneses planteó a la compra de los F-16 no habrán sido rebatidas. La denuncia de Agüero ha desacreditado a Meneses y lo ha apartado del debate público. Nada de lo que diga es ahora creíble y la posición que defendía quedó devaluada. Detrás de esta polvareda se han escondido sus contradictores que no se han molestado en contestar ya que lo consideran “cívicamente muerto”.

No cabe duda de que Meneses tiene hasta la coronilla a buena parte de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y a los expertos del Gobierno con sus continuas exigencias de que las adquisiciones de material bélico sean coherentes con una política de defensa preestablecida y, sobre todo, que sean transparentes ante la opinión pública. Eso forma parte de la normalidad democrática.

Un par de días antes de ser acusado, el Ministerio de Defensa había decidido marginar a Meneses del proceso de elaboración del Libro de Defensa, cuyos trabajos se iniciaron en marzo a bordo del transporte “Aquiles”. La explicación del ministro Mario Fernández fue impropia de un sistema democrático pese a estar revestida de un lenguaje engañoso: “Tengo todo el derecho de invitar a quienes yo entiendo que van a aportarme constructivamente a cumplir mi tarea. Yo respeto al profesor Meneses, pero creo que su opinión sobre el F-16 se aparta del debate constructivo”.

En fin, creo que, según sus propias palabras, el ministro no tiene la más mínima intención de escuchar opiniones críticas y diversas, por muy molestas que sean, como correspondería a un sistema político abierto. Ejerciendo su derecho a invitar, demuestra que no gobierna para todos los chilenos, sino para quienes ejerce de anfitrión. Si de aquí se puede extraer alguna impresión, ésta es que el mundo que rodea al Ministerio de Defensa está plagado de intereses y de gente que se mueve amparándose en supuestos secretos, donde no hay lugar para el escrutinio democrático. La neutralización, por las razones que sean, de un formidable contradictor no enriquece, sino que empobrece el debate.

Dos semanas antes de que estallara el “caso Meneses”, un funcionario del Ministerio de Defensa me confesó que no deseaba manifestarse críticamente respecto a la compra de los F-16. “No quiero que me pase lo que le va a pasar a Meneses”, dijo. Desconozco si se refería al hecho de que el ministro le iba a dejar fuera del “Aquiles” o a otra cosa.

Al margen de la tragedia personal de Agüero y de Meneses, lo peor de todo esto es que Chile sigue sin establecer una política de defensa democrática, acorde con sus posibilidades económicas y sus objetivos políticos de largo plazo.

Cada vez que oigo que Chile necesita los F-16 porque en el futuro podría contar con un misil AMRAAM o equivalente, no puedo dejar de sonreir por muchas medallas que tenga quien lo dice. Tal extremo es imposible si no pertenecemos a una alianza política o militar de las llamada de “tipo fuerte”. Y si nos inscribiéramos en una, pierdan cuidado, nuestros aliados no tardarían nada en convertirnos en el país mejor armado del planeta.
Los militares pueden querer contar con toda la tecnología que ven en las ferias de armamento, pero no pueden dejar de considerar la realidad geopolítica del país. Y el ministro de Defensa debería ser el primero en entender esto antes de autorizar esta danza de millones que hipotecará a la FACh por varias décadas.