LA JUSTICIA VISTA POR EL USUARIO
César Alcántara Morales
Presidente del Frente Nacional de Abogados Independientes
Por décadas los dominicanos hemos anhelado la existencia de un Poder Judicial idóneo, pulcro, transparente, decente y honesto. Hemos dedicado
años de lucha y sacrificios para lograr dotar a la República Dominicana de una justicia más o menos funcional y honesta, en la cual primen los valores
éticos y los criterios jurídicos, y no los intereses mercuriales al
momento de decidir los asuntos que les son sometidos a su consideración.
Durante años hemos escuchando decir que la justicia es un mercado en el cual se compran y se venden sentencias, cual si las mismas fueran mercancías que se ofrecieran al mejor postor, pero siempre hemos tenido la esperanza de que este estado de cosas tiene necesariamente que cambiar. ¿O es que resulta imposible adecentar el Poder Judicial?.
La última de las esperanzas surgió en el año de 1994 cuando el Consejo Nacional de Magistratura se dispuso a escoger y designar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, como paso previo a la conformación de todo el Poder Judicial. Pues una vez conformada la Suprema Corte de Justicia ésta se abocaría a la selección de todos los jueces de los demás tribunales del país.
Este primer paso era, pues, trascendental, el más importante, el determinante, ya que influiría decisivamente en el futuro de todo el Sistema Judicial. Si se fallaba en este paso todo lo demás correría un serio peligro.
Y efectivamente lo que se temía sucedió. Una vez posesionada la "nueva" Suprema Corte de Justicia se procedió a la designación de todos los jueces de los demás tribunales inferiores de nuestro país, previa destitución y/o confirmación, según el caso, de los jueces anteriores.
Como era de esperarse, el vicio en el procedimiento utilizado en la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia se reprodujo en el procedimiento utilizado por éstos para sustituir a los antiguos magistrados, a saber: ausencia de un procedimiento de selección transparente basado en el concurso por oposición, que permitiera a los mejores candidatos, participar en igualdad de condiciones para accesar al sistema judicial. Se procedió entonces a las designaciones por acuerdos, por recomendaciones, por amiguismo, por favoritismo, en ausencia absoluta de estrictos criterios técnicos y científicos.
Los resultados de una justicia conformada en base a tales "criterios" no se han hecho esperar. Los problemas y deficiencias de la vieja justicia se han reproducido en proporciones no deseadas y quizás no sospechadas.
Veamos. La población carcelaria preventiva ronda casi el ochenta por ciento. Los expedientes tardan años en ser fallados, incluso un estudio reciente publicado en el periódico El Siglo da cuenta de que los tribunales civiles tardarían dos años en actualizar su trabajo, aún en el supuesto de que no se les remitan más expedientes. Asoman ya serios indicios de corrupción en la justicia, al extremo de que el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia se ha referido a la "prostitución" del servicio judicial por la mala conducta de algunos jueces y por la forma como valoran las pruebas que les son sometidas conjuntamente con los expedientes. En otras palabras, es el propio Magistrado Dr. Jorge Subero Isa quien cuestiona la calidad del actual servicio judicial. Por otro lado, llueven las denuncias en cuanto a que sectores ajenos a la Suprema Corte de Justicia poseen cierta cuota de influencia en el interior del Poder Judicial. En este sentido el Dr. Luciano Pichardo, primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, es quien ha denunciado que sectores ajenos al Pleno de dicho tribunal influyeron en la designación de los nuevos jueces.
Como puede apreciarse, aun falta mucho para que tengamos una justicia verdaderamente libre, funcional e independiente. Aunque no podemos dejar de reconocer que se ha avanzado algo en cuenta al mejoramiento de las condiciones materiales de trabajo, apoyo logístico al personal judicial, eficientización de los procedimientos de archivos y trámites burocráticos, pero en cuanto respecta a la esencia misma de la administración de justicia no se ha avanzado lo suficiente.
La población dominicana tiene una visión un tanto negativa y pesimista sobre nuestra justicia. En un estudio financiado por el Banco Mundial y
realizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) en abril del año
2000, titulado "Informe Estadístico y Cualitativo sobre los Usuarios de la
Justicia en la República Dominicana en la Áreas Civil-Comercial y
Laboral", se recogen datos muy significativos sobre el funcionamiento de la justicia
en éstas áreas, así como las opiniones de usuarios y no usuarios del servicio judicial. "Según lo reportado, se lee en la
Pág. 141, la percepción acerca de la justicia dominicana es muy negativa. Consideran
la justicia como corrupta (podrida), parcializada y disfuncional".
Aunque se reconoce el esfuerzo de la actual Suprema Corte de Justicia por cambiar la
"imagen" de la justicia, la percepción de desesperanza y la
desconfianza
predominan entre los usuarios y no usuarios del servicio judicial en la República Dominicana. En ese sentido se afirma que
"la desconfianza es muy manifiesta entre los participantes (en el estudio, C.A.M)". "No
están dispuestos a acudir a la justicia: el poder político, la corrupción de jueces y de empleados (as) impiden un acercamiento con la justicia" Y
como si lo dicho no fuera suficiente, dicho estudio encontró que los usuarios y
no usuarios del servicio judicial "prefieren perder sus derechos"
antes que acudir a los tribunales.
Los datos de ese estudio son claros y contundentes: la justicia dominicana no funciona, hay corrupción y la población no confía en la misma. La problemática judicial no es cuestión de marketing o mercadeo publicitario, se requieren otras herramientas si queremos tener una verdadera justicia. Se impone, pues, una urgente revisión de todo lo relativo al Poder Judicial: su conformación, el procedimiento de selección, la duración del mandato de los magistrados, definición del funcionamiento de la Escuela de la Magistratura, regulación de la carrera judicial, regulación de los poderes de la Suprema Corte de Justicia, entre otros aspectos.
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