• El genocidio consumado bajo la última dictadura militar es una herida abierta en la sociedad que no puede cerrarse mientras siguen impunes sus responsables y ejecutores y se mantiene la impunidad de los agentes de las clases dominantes a cuyo servicio se dio el golpe. Y todo el aparato de Estado que sostiene y salvaguarda los intereses de los grandes capitales que detentan el poder, sigue siendo el mismo. El que se conformó con toda una trayectoria genocida inalterable, desde el general Roca hasta Bendini.

Por otro lado, esa responsabilidad no se ciñe sólo al plano militar, sino que le cabe también a la sociedad civil, a los agentes políticos y eclesiásticos. Hoy tenemos funcionarios como Ruckauf, que integró como ministro de Trabajo el gabinete que firmó el decreto de "aniquilamiento de la subversión", que dio cobertura desde un gobierno constitucional a lo actuado luego por las Fuerzas Armadas. En España, sigue apaciblemente su vida Isabel Martínez, bajo cuya presidencia actuó la Triple A, gestada bajo la presidencia de su marido, el fallecido Gral. Perón.

Es muy evidente, entonces, que no puede esperarse "cerrar" este tema mediante resoluciones del Parlamento o de la Justicia; es decir, de las mismas instituciones -y casi los mismos componentes- que ayer votaron las leyes que hoy "anulan", o que avalaron indultos cuya constitucionalidad hoy cuestionan. En consecuencia, es como mínimo engañoso el montaje mediático que lanzaron las diputadas Patricia Walsh (IU) y Margarita Stolbizer (UCR), con la presentación de sendos proyectos de ley de nulidad de los indultos en sesión especial el 24 de marzo. Eligen un camino institucional y "se olvidan" de los mecanismos institucionales básicos; en este caso, que el indulto es un atributo presidencial, por lo cual carece de todo valor una ley del Congreso en ese terreno. Pero, sobre todo, estas "movidas" mediático-parlamentarias tienden a confundir a la población con la ilusión de que "algo se está haciendo".

Tanto en el plano parlamentario como en la nulidad declarada por el juez federal Canicoba Corral, el único efecto concreto e inmediato de las anulaciones es impedir dar curso a los pedidos de extradición procedentes de otros países, ya que se formaliza la jurisdicción territorial de la Argentina para juzgar (…a los que ya juzgó, ya condenó, y ya liberó). Aun en la hipótesis, altamente improbable, de que se volviese a juzgar -si para entonces alguno está vivo todavía-, no se trata de volver a transitar los mismos caminos institucionales que ya fracasaron. Nunca los problemas se han resuelto mediante una "vuelta al pasado" sino que, en este caso, se impone el castigo, liso y llano, de todos los asesinos y sus cómplices.

Veamos, por ejemplo, que aun cuando se está juzgando al médico policial Jorge Bergés y al ex comisario Miguel Etchecolatz por apropiación de niños nacidos en cautiverio, sigue en prisión cumpliendo una aberrante condena de 18 años, Adrián Krmpotick, por haber atentado contra el obstetra-entregador que gozó de impunidad todos estos años.

• Es fácil ver que un entramado tan complejo no se resuelve mediante medidas simbólicas, como la enmarañada discusión sobre el museo en la Esma -o en parte de ella-, o el retiro de los retratos de los genocidas Videla y Bignone del Colegio Militar con los que Kirchner promueve la ceremonia que realizará el mismo 24. (En cualquier momento, nos encontraremos con que el 24 de marzo pasa a ser un feridado más en el calendario.)

Además de mucha repercusión mediática, estas medidas no producen ningún cambio de fondo, ya que se mantiene la misma estructura podrida del mismo Estado genocida que es capaz hoy de alinearse con Bush, el mayor genocida del planeta, enviando 200 efectivos del Ejército y de la Infantería de Marina a Haití dentro de 90 días, una vez que Estados Unidos y Francia hayan estabilizado su presencia en la isla. Lo mismo harían hacia el Congo.

No se trata, entonces, de una cuestión de "formación", como argumenta Kirchner. Ni tampoco de proveerlos de educación en Derechos Humanos, como propulsan muchos organismos, desde el Cels hasta la Universidad de Madres de Plaza de Mayo (que incluso ofrecen sus servicios). Se trata de desmantelar un aparato podrido al servicio de la ganancia capitalista. Incluso, desde el punto de vista burgués, ¿por qué no las disuelven, si no hay "hipótesis de conflicto"?, ¿para poder brindarle tropas a Bush? Si hubiera un ataque exterior de potencias imperialistas, la población ha demostrado en innumerables experiencias, que sabe cómo armarse y cómo defenderse, desde las invasiones inglesas en adelante.

A la vez, está claro que sería imposible dar resolución a este tema en un país con la mitad de la población desocupada y donde, además, los militares siguen con sus privilegios de casta aun en el caso de que les den de baja (régimen jubilatorio especial, etc.).

Lejos de todas estas especulaciones, el propósito presidencial es reconciliar a la sociedad con las Fuerzas Armadas, soldando la confianza de sus actuales efectivos más jóvenes librándolos de la "deshonra" del pasado para poder contar con ellos si alguna revuelta popular requiriera de sus servicios.

El de Kirchner es el más acabado intento, realizado en estos más de 20 años de "democracia", de terminar de "cerrar" el capítulo del genocidio como un hecho del pasado, para consolidar un férreo aparato represivo que pueda actuar sin contradicciones (siempre peligrosas para una institución basada en la verticalidad y la disciplina).

Ese es el sentido del "Museo de la Memoria", el mismo que tuvo la "autocrítica" inaugurada por el general Martín Balza y proseguida ahora por el comandante en jefe de la Armada, Jorge Godoy. En síntesis, siguen el consejo del inefable Verbitsky, viejo camarada político del Presidente, cuando tres años atrás decía: "Hoy sólo el 10% de la institución pudo haber tenido algo que ver con las violaciones a los derechos humanos. El 90% restante ya pasó a retiro. [Hay] una oficialidad joven que no tiene nada que ver, que es sana y que seguramente quiere llevar su uniforme con orgullo" (La Nación, 4/3/2001).

• El debate entonces no es "Museo Sí-Museo No". El tema es que las secuelas del genocidio están presentes. Entre otras cosas, porque se está instrumentando el mismo plan agroexportador y petrolero al servicio del cual actuó la dictadura: el de Martínez de Hoz, que hoy lleva adelante Kirchner.

Tal como afirmó el mismo Kirchner, "durante la democracia se ha convivido con la impunidad"… Claro que él no dice que esa impunidad continúa hoy. Veamos sólo algunos ejemplos. El 10 de enero se cumplieron diez años desde la "masacre de Wilde" (donde once policías dispararon 239 tiros que terminaron con la vida de cuatro personas), y ninguno de sus responsables está preso; además, la causa prescribió. El teniente Ignacio Canevaro, el que ordenó la paliza que le costó la vida al soldado Omar Carrasco, acaba de salir en libertad condicional "por su buena conducta" luego de cumplir buena parte de su condena con un régimen "VIP" en Ezeiza que le posibilitó recibirse de abogado. Además, nunca se resolvió la causa por encubrimientos que involucra a diez altos oficiales, al Estado Mayor y al entonces jefe del Ejército, el "autocrítico" general Martín Balza. Jamás se establecieron las responsabilidades de la masacre realizada en la recuperación del cuartel de Tablada en enero de 1989, el uso de las bombas de fósforo, los fusilamientos; aun hoy, algunas de sus víctimas continúan desaparecidas. Por otro lado, el 28 de febrero Felipe Solá decidió cerrar la investigación patrimonial sobre la cúpula de la Bonaerense. En los últimos 20 años la Side manejó $ 4.850 millones de fondos reservados con los que, entre otras cosas, se le pagaron US$ 400.000 a Carlos Telleldín por orden del juez Juan José Galeano para que involucrara a policías bonaerenses en el atentado a la Amia. Y ni que hablar del millón de pesos que el arzobispo platense, Héctor Aguer, trasladó en una 4x4 hasta los Tribunales para lograr la libertad del ex banquero Francisco Trusso, condenado en 1997 por la quiebra fraudulenta del Banco de Crédito Provincial mediante una estafa millonaria.

En un terreno de cualitativa relevancia, pese a la comprobada explosión intencional de Río Tercero para tapar el contrabando de armas a Croacia y Ecuador durante la comandancia de Balza, el ex presidente Menem, principal responsable de los hechos, sigue en libertad. Y pese a que el presidente catapultado por la efímera "Alianza" inició su mandato con el asesinato de dos trabajadores en Corrientes a manos de la Gendarmería, y se retiró dejando más de 30 muertos en la jornada del 20 de diciembre del 2001, De la Rúa también sigue en libertad… Todo podría resumirse con las palabras de uno de los abogados de la causa Amia: "La conexión local es el Estado".

• "Ni la justicia plena va a reparar el daño y la aberración [que se vivió bajo la dictadura] porque reparar el daño causado es imposible", dijo Kirchner el 12/3. Tras lo cual anunció un tarifario que supliría la "justicia plena": los nacidos en cautiverio recibirán $ 71.000 y los que perdieron su identidad, $ 220.000. Con el mismo método, un mes atrás decidió indemnizaciones para los reprimidos el 20/12/2001: $ 224.000 para familiares de los muertos; $ 120.000 por lesiones gravísimas; $ 85.000 por las graves; y $ 15.000 por las leves; libres de impuestos.

Más allá del justo derecho de los damnificados y sus familiares de cobrar cualquier indemnización que disponga el Estado que los victimizó, resulta repugnante el mecanismo hipócrita que intenta recubrir con palabras aparentemente bonitas un mensaje siniestro. Si "ni la justicia plena" va a reparar el daño, el monto de las indemnizaciones es el límite máximo de "justicia" al que se puede aspirar. Punto. Caso cerrado.

Desde la Liga Socialista Revolucionaria expresamos nuestro completo repudio a esta forma en que Kirchner entiende se saldan las "asignaturas pendientes", como definiera en el mismo discurso. Es el mismo camino que recorrieron Alfonsín y Menem en el intento de desmovilizar, corromper y/o dividir al movimiento de Derechos Humanos o, de últimas, conformar organismos afines a la política del gobernante de turno.

• Por todo esto, articular un movimiento de defensa de los derechos humanos y las libertades que no se maree con palabras ni ilusiones infundadas; tan independiente del Estado patronal y sus gobiernos como capaz de impulsar la más abarcativa unidad para ponerle freno a las intentonas más fascistoides (como la criminalización de la protesta), son tareas imprescindibles en esta hora.

Al mismo tiempo, ser conscientes de que sólo un pueblo insurreccionado contra el poder del gran capital y todos sus agentes, uniformados o no, que abra paso a una sociedad opuesta a la actual, podrá alumbrar una justicia que deje de taparse los ojos.

Y empezar así a cerrar las heridas del pasado, dando cabal dimensión a los sacrificios de tanta sangre derramada, transformada en savia de un porvenir donde la vida humana sea el bien más preciado, único, innegociable y plenamente libre.

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