Luis O. Brea Franco  Consultor académico y cultural

La pasada semana quedó evidenciado que la reforma a la Constitución nos la van a tratar de imponer sin constituyente, nos guste o no, aunque, con ella, se abra para la Nación una crisis institucional de proporciones inauditas. El presidente del Senado, confirmó, en un programa televisivo, que la reforma va antes del próximo agosto, pues: "el Partido Revolucionario Dominicano no puede esperar perder la mayoría legislativa que le dio el pueblo, para entonces abocarse a modificar la Carta Magna en condiciones desfavorables." Colijo de tal declaración, que en la mente del alto funcionario, hay gran confusión respecto a lo que es una constitución y a sus marcadas diferencias con los estatutos internos de los partidos políticos.

A diferencia de algunos que piensan que una constitución es únicamente un documento jurídico, también lo es, o, en extremo, un pedazo de papel, considero que ésta consiste, ante todo, en un pacto político y social que tiene como mira edificar un proyecto común de convivencia. Una constitución ha de arraigar en la propia cultura, desde allí han de irradiarse los principios, derechos y planteamientos generales así como los objetivos del desarrollo humano y ambiental; ha de configurar, además, a través de un esquema funcional el perfil de las instituciones que han de servir a la comunidad para la consecución de sus fines.

Por ello, entiendo que la construcción de una constitución o su reforma es un asunto que nos atañe a todos y las decisiones en torno a ella deben sustentarse en amplios consensos; nunca limitarse al parecer de minorías privilegiadas, sean éstas legisladores o juristas. Cuando de lo que se trata es del proyecto que ha de sustentar la convivencia nacional todos debemos ser admitidos a aportar de acuerdo a nuestras posibilidades y capacidades para que se recoja en él toda la riqueza de ideas y aspiraciones que conforma nuestro tejido social.

Además, sólo una asamblea constituyente podría realizar una radical reforma del Poder Legislativo: Hay que agilizar y transparentar la función legislativa; acabar con la capacidad de los legisladores para legislar en beneficio propio y de otorgarse irritantes privilegios; establecer el principio de la revocación del mandato legislativo a quienes incumplan con sus electores.

Realizar una reforma constitucional como la postulan los legisladores, en este momento, sería una violación de nuestros derechos y una usurpación de sus funciones. Así sería, tomando en cuenta que cuando fueron elegidos, nosotros, sus electores, no les otorgamos mandato alguno para ello. Al contrario, los tres partidos mayoritarios se comprometieron con el país a trabajar y preparar, durante el actual período legislativo (1998-2002), una autentica reforma constitucional creando las condiciones para convocar a una asamblea constituyente. Esto es lo que el país espera. No podemos admitir que los legisladores, por intereses personales o grupales, puedan, como ahora lo intentan, alzarse contra los derechos de todos y pretendan lograrlo mediante un asalto a la Nación. Esto es absolutamente inaceptable.
Publicado en el diario "El Caribe", el sábado 17 de febrero del 2001