Luis O. Brea Franco Catedrático y consultor cultural

Entre los documentos firmados por Bill Clinton el último día de su presidencia destaca una orden ejecutiva, ratificada por la administración Bush, donde se fija la posición oficial de EE.UU. en torno al tema de la propiedad y explotación de los restos de naufragios (pecios) que reposan en sus aguas territoriales. En ella, se reconoce el derecho de propiedad de los Estados soberanos sobre los pecios, sean norteamericanos o extranjeros, sin importar su localización, pues, arguye, el derecho de propiedad "no se extingue con el paso del tiempo".

Con esta medida se cierra el paso a los buscadores de tesoros en naufragios, pues, advierte a los particulares involucrados en tales actividades que no pueden actuar "sin el expreso permiso del Estado soberano propietario de tales pecios". Segundo, establece un cambio sustancial en la posición norteamericana: las exploraciones autorizadas, deberán conducirse "de acuerdo a profesionales estándares científicos". Y, tercero, los EE. UU. se comprometen a utilizar su autoridad "para proteger y preservar los pecios de las naves oficiales de los Estados Unidos y de otras naciones, tanto en aguas nacionales como internacionales".

Nuestro país a realizado exitosos rescates de naufragios, en nuestras aguas, en buques de banderas española y francesa. Por ello contamos con dos magníficos museos de arqueología subacuática. En 1999, se creó la Oficina Nacional de Patrimonio Cultural Subacuático (ONPCS), única institución oficial de Latinoamérica destinada a preservar dicho patrimonio mediante la utilización de estándares científicos.

La UNESCO, desde 1998, convocó una Conferencia de Expertos Gubernamentales para redactar una convención internacional que regule la gestión de dicho patrimonio cultural. En ella, nuestro país y Colombia, han asumido el liderazgo de los países latinoamericanos. Este año hay una nueva convocatoria. Nuestra posición ha sido que los pecios que se encuentran en nuestro mar territorial nos pertenecen. Sin embargo, es justo reconocer un derecho de coparticipación a las naciones de procedencia del buque hundido.

Con España negociamos un convenio para la protección del patrimonio cultural subacuático común. Con él, se establecería el compromiso de realizar las investigaciones, en los pecios de origen español, en aguas dominicanas, de común acuerdo, respetando, siempre, nuestros derechos soberanos. No sabemos que suerte ha corrido este borrador después del cambio de gobierno. Estimamos sería un buen acuerdo.

Las Secretarías de Cultura y Exteriores deben fijar la posición dominicana en torno a este importante tema, a la luz de la nueva postura oficial de los EE. UU., y tomar, además, una decisión definitiva respecto al borrador del convenio negociado con España. Nuestro punto de vista podría presentarse como una propuesta de política común en el Foro de Ministros de Cultura, que se celebrará en marzo en el país. El papel protagónico sobre tales asuntos, desempeñado por el país en el contexto regional, , nos impone orientar la discusión para que, en unión a nuestros hermanos latinoamericanos, podamos asumir, de común acuerdo, lo nuevo, permaneciendo fieles a los principios. Ojalá así sea. Publicado en el diario "El Caribe" el sábado 03 de febrero del 2001