No hay duda de que el tema de la gestión pública de la cultura se ha venido transformando en un asunto de suma actualidad en el debate social dominicano. Esta cuestión se abrió en los años de la década de los setenta. Desde entonces ha sido tema obligado en las campañas electorales. Con la creación del Consejo Presidencial de Cultura en 1997 y los resultados de su gestión, en la administración del presidente Leonel Fernández, el proyecto de la reforma cultural se reafirmó como uno de los diez grandes temas de la agenda nacional.
Con la instalación de la Secretaría de Estado de Cultura este debate sobre la gestión pública de la cultura nacional deberá necesariamente ampliarse y profundizarse. Con tales inicios se sentaran las bases para la formulación, por vez primera en nuestra historia, de una política cultural explícita, orgánica y coherente y, también, se abrirá la época de la gestión pública de la cultura.
Las decisiones que en los próximos años se han de tomar en torno a los múltiples aspectos de las políticas culturales, del orden de las prioridades que abría que atender, de los proyectos e inversiones a ejecutar y sobre los esquemas de gestión de la administración cultural marcarán el área, para bien o para mal, por muchos años. De ahí nace la obligación moral de las nuevas autoridades de la cartera de proceder con suma mesura y cautela. Deberían de abrirse al país en actitud de consulta, abiertas a todos los esbatimentos sociales e ideológicos, a las comunidades, a los creadores, gestores culturales y a los técnicos para discutir y llegar a acuerdos sobre las medidas que se abrían de tomar y sobre el orden de prioridades a ejecutarse.
La cultura es algo que nos pertenece a todos y todos deberíamos ser tomados en cuenta al momento de tomar las decisiones importantes. El mejor método de trabajo en este delicado terreno lo constituye el consenso y la transparencia.
Este necesario diálogo sobre el destino de nuestra cultura y sobre los medios de que disponemos para preservarla, aumentarla cretinamente y proyectarla al mundo debe mantenerse, para ser socialmente fructífero, en el terreno de la racionalidad; y también en ámbito de lo posible, de lo realizable en el sentido social, histórico y económico, y debería estar signado por una actitud de atenta apertura a los diversos planteamientos y de respeto de los diferentes puntos de vista que se presentaren. Si el debate es sustancioso y clarificador, si aporta soluciones a viejos problemas de manera nueva y creativa será altamente positivo para el crecimiento de nuestra democracia. Desde esta perspectiva apuntamos nuestra participación en él.
Para situar el tema apropiadamente deberíamos inicialmente tratar de señalar cuál sería la razón que justificaría la intervención del Estado en un campo aparentemente tan ajeno como es el de la gestión de la cultura. ¿Por qué la intervención del Estado en la cultura?
Desde los albores de la modernidad, con la Revolución Francesa, surgió para los Estados la tarea fundamental de conservar y proteger el patrimonio cultural de la Nación. Tal ha sido el cometido histórico más antiguo que se adscribe a la labor del Estado en el área de la cultura. A estas tareas posteriormente se fueron agregando otras que se relacionan con el apoyo y patrocinio de las Bellas Artes. Pero no es sino a partir de la Segunda Guerra Mundialcuando se adscriben a los Estados nuevas responsabilidades e intervenciones en el campo de la cultura. Las nuevas acciones están estrechamente relacionadas con la nueva realidad internacional que nace de la postguerra a partir de la creación de la ONU y de la formulación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la Declaración se reconocía, por vez primera, el derecho que tiene todo ser humano a la cultura.
Ahora bien, si los humanos tenemos el derecho a la cultura como exigencia intrínseca de la dignidad de la persona, el Estado está en el deber, desde una posición de responsabilidad moral y social, de asumir la garantía de su ejercicio proporcionando, en la medida de sus posibilidades, los medios adecuados para la participación efectiva de los ciudadanos en la vida cultural de la comunidad. Y es desde tal posición ética fundamental de donde se deriva para el Estado la necesidad de articular políticas culturales que tengan como primer objetivo garantizar el respeto y el ejercicio de tales derechos y de asegurar el disfrute de la pertenencia a una comunidad a través de su cultura.
En nuestro país, con la ley No 41-00 que crea la Secretaría de Estado de Cultura queda con diafanidad fundamentada y justificada la intervención del Estado dominicano en el ámbito de la cultura por esta única razón: garantizar el ejercicio de los derechos culturales de todos los dominicanos. Por ello toda actuación estatal en el campo de la cultura, a partir de esa ley, deberá sustentarse como garantía del ejercicio de tales derechos. El Estado ha de tener una política cultural para garantizar el derecho a la cultura de todos los dominicanos.
Publicado en el diario "HOY", edición Sábado 09 de Septiembre del 2000. Santo Domingo, República Dominicana . Año III. No. 1123