Jairo Arboleda
Especialista
del Equipo de Sociedad Civil en
Colombia
Con un mandato
electoral basado en una campaña para
hacer lo que haga
falta para restablecer la ley y el orden en
una Colombia
atormentada por el conflicto, el Plan
Nacional de
Desarrollo de la Administración Uribe pretende
crear un “Estado
Comunitario”, afianzado en principios de
seguridad
democrática para todos los ciudadanos. Sin
embargo, muchos
dirigentes cívicos han manifestado su
preocupación por
la nueva política de seguridad
democrática,
temiendo que se ponga demasiado énfasis en
las medidas de
seguridad a expensas de otros objetivos de
desarrollo
vitales en los que se debe avanzar en pos de
una paz duradera.
La política de
seguridad democrática tiene como objeto
proporcionar
seguridad y protección a todos los
colombianos, sin
distinción de preferencias políticas,
convicciones
ideológicas, afiliación religiosa o nivel
socioeconómico.
La política implica una estrategia global
destinada a
fortalecer a las fuerzas militares y de policía,
desmantelar la
producción de drogas ilícitas, mejorar la
administración de
justicia y concentrar el apoyo en las
zonas menos
desarrolladas y afectadas por el conflicto,
garantizando la
protección de los derechos humanos. Para
poner en marcha
esta estrategia, el gobierno fortalecerá a
las fuerzas
militares y de policía con fondos provenientes
de un impuesto al
patrimonio individual y empresarial;
expedirá leyes
especiales para restringir el apoyo de los
civiles a las
fuerzas irregulares y reclutará a civiles para
que colaboren
como informantes con las autoridades del
Estado, a fin de
poner fin al conflicto armado.
Además de la
seguridad democrática, la administración se
ha trazado una
ambiciosa agenda de desarrollo. Otros
componentes del
Plan Nacional de Desarrollo buscan
promover el
desarrollo económico y la generación de
empleo, construir
una mayor igualdad mediante una mejor
distribución de
los productos del crecimiento y renovar la
administración
pública incrementando su transparencia y
eficiencia.
Un punto de vista
diferente sobre la seguridad democrática
-- compartido por
muchos colombianos y por un amplio
segmento de las
organizaciones de la sociedad civil – fue
presentado por el
grupo de trabajo de los Talleres del
Milenio
reunidos por el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo
(PNUD) en 2002. Según las conclusiones de
este grupo de
trabajo, la seguridad democrática exige un
enfoque mucho
más global. No es suficiente tener una
política basada
en medidas de seguridad, dado que ésta
no acomete los
problemas estructurales generales que
atizan la
violencia, tales como los conflictos por la tierra, la
impunidad
generalizada, el acaparamiento del Estado en
manos de grupos
de interés y el sistema político
clientelista. Un
enfoque más estratégico haría hincapié, sin
excluir medidas
relacionadas con la fuerza militar, la policía
y la
inteligencia, en las reformas sociales, económicas y
judiciales, y
procuraría fomentar un nuevo orden en el que
los ciudadanos
colombianos pudiesen disfrutar de un
mínimo de
condiciones para llevar una vida digna.*
La perspectiva
presentada por el grupo de trabajo también
se basa en la
preocupación por el hecho de que las
políticas de la
administración conceden una prioridad
excesiva al uso
de la fuerza y a la restricción de las
libertades, si
esto fuere necesario. Una característica
preocupante que
tiene la política de seguridad para
muchas
organizaciones cívicas y, en particular, para los
grupos
defensores de derechos humanos y del
empoderamiento
de los ciudadanos, es la creación que se
ha propuesto de
una red de un millón de civiles como
informantes y
colaboradores del Estado. Esto implica,
según ellos, una
participación directa de la ciudadanía en el
conflicto
armado, un método que ha producido el
ahondamiento y
la propagación de los conflictos armados
en otros lugares
en los que se ha aplicado esta estrategia.
Los grupos de
derechos humanos, en especial, han
expresado su
preocupación en torno a las medidas de
seguridad
propuestas, tales como los allanamientos y
detenciones sin
orden judicial y otros poderes judiciales
concedidos a los
militares. Estos grupos temen sobre todo
que las alianzas
entre los militares y la ciudadanía puedan
impedir el
diálogo abierto y la disensión con las políticas
públicas, un
derecho fundamental para una gobernabilidad
democrática
sana.
La postura del
gobierno señala que las medidas de
seguridad no
afectarán al ciudadano corriente, sino a
aquellas
personas o grupos que representen un riesgo para
las comunidades
por sus actos violentos. Contrario a lo que
perciben las
organizaciones de derechos humanos, la
política de
seguridad democrática evitará la violación de los
derechos humanos
y protegerá el derecho internacional
humanitario. El
presidente Uribe ha presentado esta
posición
públicamente en foros nacionales e
internacionales,
asegurando que su administración le
confiere un alto
valor a los derechos humanos. De otro
lado, muchos
lideres de opinión, tanto dentro como fuera
del gobierno,
sostienen que algunas restricciones legales a
las libertades
civiles son justificables si se aplican dentro de
un lapso de
tiempo claramente definido, si fortalecen la
capacidad del
gobierno de restablecer su autoridad y
legitimidad, y
si les brindan protección a los ciudadanos de
las extensas
zonas del país en las que la presencia del
Estado es escasa
o nula.