LA POLÍTICA COMO OBJETO DE COMERCIO:
UNA BURLA PARA EL DERECHO

Por: Alfonso Jiménez Reyes

“Un político pobre es un pobre político...”
Carlos Hank González

A Zulma, por ser mi fuente inagotable de inspiración...

Decía Lenin que la política es “el arte de sumar voluntades”, los tiempos políticos actuales han modificado la frase para establecer que la política “es el arte de comprar voluntades”.

Colaboré recientemente en dos procesos electorales en el ámbito estatal, el primero de ellos el pasado 6 de octubre del 2002 en Guerrero, específicamente en los Municipios de Cutzamala de Pinzón, Zirándaro de los Chávez, Ajuchitlán del Progreso, Pungarabato, Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan y el segundo el pasado 10 de noviembre de 2002 en Hidalgo, específicamente en Tulancingo de Bravo.

Aunque las características de las campañas electorales en estas dos Entidades Federativas, debido a las condiciones socieconómicas, culturales y hasta geopolíticas de cada Estado, son distintas, todas estuvieron caracterizadas por un factor común: el despliegue a diestra y siniestra de recursos económicos sin determinar el origen de los mismos.

Quiero resaltar que no estoy afirmando que se tratan de recursos de origen ilegal, en todo caso lo que me atrevo a afirmar y demostraré, jurídicamente, en el cuerpo del presente trabajo es que su uso en esas campañas es evidentemente ilegal.

Es claro que en estos municipios, y estoy seguro que en todas las entidades de la República sucede los mismo, para pretender ocupar espacios políticos de elección popular (al menos los de representación directa o mayoría relativa) no es cuestión de capacidades de los candidatos, ni de proyectos políticos o de nación, ni de suma de voluntades, se trata más bien de una cuestión eminentemente económica: si tienes dinero para sostener una campaña electoral podrás aspirar a cargos de elección popular, no importa que tal vez no hayas ni siquiera cursado la primaria, lo importante es, repito, contar con los recursos económicos que te permitan poder participar en una carrera electoral.

Esto podría, en principio, ser intrascendente, pero son muchos efectos jurídicos y políticos que trae aparejada esta situación: violaciones graves a las disposiciones jurídicas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), que se creen compromisos con aquellas personas que financian la campaña y se termine gobernando para un determinado grupo de poder y no para satisfacer las necesidades de la población (ya lo vimos esto a nivel Federal con el grupo “Los amigos de Fox”).

El artículo 49 del COFIPE establece cinco formas de financiamiento: el financiamiento público (que prevalecerá siempre sobre las otras formas de financiamiento), financiamiento por la militancia, financiamiento de simpatizantes, autofinanciamiento y financiamiento por rendimientos financieros, fondos fideicomisos. Y para todas estas formas de financiamiento establece reglas y claras que permiten controlar los recursos que serán utilizados por los partidos políticos en sus campañas electorales.

Es a través del financiamiento de la militancia y de los simpatizantes como se pretende justificar los gastos excesivos que se llevan a cabo en las campañas electorales en cualquier parte de la República, sin embargo, los que argumentan esto olvidan que también para este tipo de financiamiento hay reglas claras que establece el COFIPE, para evitar que se destinen recursos ilegítimos e ilegales a las campañas electorales de los partidos políticos.

El parágrafo undécimo del artículo 49 del COFIPE deja claras las reglas por las cuales se podrá participar en el financiamiento por parte de la militancia y los simpatizantes de un partido político, con el ánimo de evitar que destinen dinero proveniente, tal vez, del narcotráfico o alguna otra forma ilegal a los partidos políticos.

Señala claramente el COFIPE en ese numeral que el “financiamiento general de los partidos políticos y para sus campañas que provenga de la militancia estará conformado por las cuotas obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, por las aportaciones de sus organizaciones sociales y las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para sus campañas”, pero estas aportaciones estarán sujetas a reglas que permitan transparentar dichas aportaciones y es por ello que agrega:

I.- El órgano interno responsable del financiamiento de cada partido deberá expedir recibo de las cuotas o aportaciones recibidas, de las cuales deberá conservar una copia para acreditar el monto ingresado.

II.- Cada partido político determinará libremente los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, así como las aportaciones de sus organizaciones; y

III.- Las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para sus campañas tendrán el límite el órgano interno responsable del manejo del financiamiento de cada partido.

Es decir, los militantes podrán participar de manera activa en el financiamiento de las campañas electorales, pero esto será a través del propio partido político que tendrá que registrar y reportar los ingresos que por aportaciones de sus militantes se hayan generado y además deberá acreditar ante el Instituto Federal Electoral (IFE) el monto ingresado, y deberá fijar un tope o límite a este tipo de financiamiento, límite que será informado o notificado al propio IFE. Es decir, se fijan reglas que permitan manejar de forma clara y transparente ante el IFE los recursos provenientes de la militancia del partido político.

Por otra parte el financiamiento por parte de los simpatizantes, señala el mismo parágrafo undécimo del artículo 49 del COFIPE, “estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas o morales mexicanas con residencia en el país...” Pero igualmente este tipo de aportaciones se encuentran sujetas a reglas claras y precisas, por ello establece que:

I.- Cada partido político no podrá recibir anualmente aportaciones en dinero de simpatizantes por una cantidad superior al diez por ciento del total del financiamiento público para actividades ordinarias que corresponda a todos los partidos políticos.

II.- De las aportaciones en dinero deberán expedirse recibos foliados por los partidos políticos en los que se hará constar los datos de identificación del aportante, salvo que hubieren sido obtenidas mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública, siempre y cuando no impliquen venta de bienes o artículos promocionales. En el caso de colectas, sólo deberá reportarse en el informe correspondiente el monto total obtenido. Las aportaciones en especie se harán constar en un contrato celebrado conforme a las leyes aplicables.

III.- Las aportaciones en dinero que realice cada persona física o moral facultada para ello, tendrán un límite anual equivalente al 0.05% del monto total de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes otorgado a los partidos políticos, en el año que corresponda.

IV.- Las aportaciones en dinero podrán realizarse en parcialidades y en cualquier tiempo, pero el monto total aportado durante un año por una persona física o moral no podrá rebasar, según corresponda los límites establecidos en la fracción anterior.

V.- Las aportaciones de bienes muebles o inmuebles deberán destinarse únicamente para el cumplimiento del objeto del partido político que haya sido beneficiado con la aportación.

Es evidente que para poder participar en el financiamiento de los partidos políticos como simpatizante o como militante hay que someterse a las reglas y porcentajes que establece el propio COFIPE, estas cantidades aportadas no deben rebasar lo establecido por la ley y deberán sujetarse a las reglas transcritas. Pero el COFIPE no se queda ahí, va más allá todavía, al establecer todo un mecanismo de fiscalización de los recursos de los partidos políticos por parte del IFE y para ello los artículos 49-A y 49-B, en los que se establecen los mecanismos para la presentación de informes que serán presentados ante la Comisión de Fiscalización de los Recursos de Partidos y Agrupaciones Políticas, quien los revisará y dictaminará sobre la legalidad o ilegalidad de ese financiamiento y, en su caso, sancionar a los partidos políticos que no hayan respetado las reglas de financiamiento.

Las violaciones a estas disposiciones en las campañas electorales, ya estatales o federales, son sistemáticas, los partidos alegan desconocimiento de esta situación porque quienes disponen de otro tipo de recursos son los propios candidatos, lo que pretenden los representantes de los partidos políticos es evadir sus propias responsabilidades porque son ellos los que deben de verificar que sus candidatos no empleen en sus campañas más recursos que aquellos que provengan del financiamiento permitido por la ley, sin embargo, como lo constaté en las campañas electorales en Guerrero e Hidalgo, los candidatos derrochan dinero durante toda la campaña política.

Los candidatos argumentan una razón para buscar otro tipo de financiamiento, a pesar de ser ilegal: los recursos que otorga el partido para la campaña política no son suficientes, luego entonces, es necesario buscar la forma de conseguir dinero, cuando en verdad es más bien un problema estructural de los propios partidos políticos en México que tienen centralizado el manejo de los recursos y su disposición queda a merced de unas cuantas personas. Eso, a mi parecer, no es justificante para que los candidatos violen los principios que en materia de financiamiento de los partidos políticos establece el COFIPE, porque además de las serias violaciones que se dan a las leyes electorales, esto trae aparejado una serie de problemas políticos que hacen aparecer a la política como un mero objeto de comercio, lo que representa una burla para el derecho.

Para muestra basta un botón: en Guerrero, un Estado con 77 municipios, el Partido de la Revolución Democrática destinó para cada candidato a Presidente Municipal y Diputado local, la cantidad de 3,800.00 (tres mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) para su campaña electoral, lo que no representa ni mil trípticos de campaña. Los candidatos antes de iniciar su campaña reconocen que para hacer una regular campaña es necesario, al menos, un millón de pesos, luego entonces se hace necesario tener dinero o tener los apoyos económicos suficientes para poder ser candidato a puestos de elección popular. No importa si el candidato cuenta con un proyecto político y de nación o al menos comparte el de su partido, lo importante es que cuente con el dinero suficiente para llevar a cabo su campaña, lo que da origen a que lleguen a puestos de elección popular personas que no tenga la preparación suficiente para ocupar esos cargos tan importantes para el desarrollo del país.

Pero la situación se agrava políticamente, porque si el candidato utilizó sus propios recursos, cuando llegue al puesto está más interesado en recuperar su “inversión” de cualquier forma, que en gobernar para el pueblo: le preocupa más recuperar el dinero que gastó en su campaña que en crear Programas que beneficien a su comunidad; pero si, además, aspira a que terminado su mandato ocupar otro puesto de elección popular, entonces no sólo buscará recuperar su inversión del erario público, sino que además, deberá ganar lo suficiente para que le permita contender en la próxima elección.

Y si el dinero “invertido” provino de otras personas, la situación no es menos grave, porque los compromisos que adquiere el candidato no son sólo de tipo económico, también se compromete a tolerar todo tipo de prebendas para beneficiar a aquel que le confió su dinero para su campaña, es decir, está comprometido para darle un trato preferencial a aquellos que creyeron en su “proyecto”, es decir, aplica la frase de Benito Juárez: “a los amigos justicia, a los enemigos la ley a secas”, y todavía la situación se agrava, porque como esos recursos no están sujetos a fiscalización, pueden tratarse de recursos de muy dudosa procedencia.

Es necesario que tanto los partidos políticos como el IFE asuman con más responsabilidad el cumplimiento de la ley en materia de financiamiento de las campañas políticas de sus candidatos, el derecho no puede seguir siendo burla de nadie, es necesario que el debate político gire en torno a ideas y proyectos de nación, que venza y convenza aquel que tenga un mejor proyecto político y de nación y no aquel que haya “invertido” más en su campaña política, si no corregimos el rumbo en esta materia, seguiremos produciendo en México políticos que crean que la expropiación petrolera se llevó a cabo en 1936, o que afirmen que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos las acataremos siempre y cuando “tengan razón”, o que confundan a Jorge Luis Borges con José Luis Borgues, es posible cambiar esta situación, recordemos lo que decía Guillermo de Orange: “no es necesario entender para emprender, ni lograr para perseverar”.

El autor es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente imparte en esta misma Universidad la materia de Derecho Internacional Público II, es Secretario Académico del Consejo Latinoamericano de Estudiosos del Derecho Internacional y Comparado y coordinador del equipo de la Facultad de Derecho de la UNAM que participará en la octava edición del concurso interamericano de derechos humanos que organiza el Washington College of Law de American University en la Ciudad de Washington D.C.