La lucha
contra el terrorismo en Estados Unidos ha ido de la mano de la conculcación
de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Pero ha servido para poco:
a pesar de que el FBI tiene un Sistema de Información Terrorista (ITS
en inglés) que ha fichado a 200 mil personas y a más de 3 mil
organizaciones, el ataque del martes rompió el escudo de seguridad y
es la hora en que EU no sabe aún por qué ocurrió el ataque
del 11 de septiembre y quién lo hizo.
Lo peor,
sin embargo, no fue el ridículo. Lo más grave radica en el hecho
de que el endurecimiento de la lucha interna contra el terrorismo en Estados
Unidos se ha logrado a costa de minar los derechos constitucionales de los estadunidenses.
El domingo, el The New York Times hablaba de "balancear" seguridad
y libertades constitucionales. "La peor cosa que nosotros podríamos
hacer para premiar a nuestros enemigos sería comprometer nuestros compromisos
de defender las libertades", declaró en senador demócrata
Russ Feingold, presidente de la subcomisión Constitucional.
La guerra
interna que viene es un ejemplo de lo que ha apenas ocurrido. El Center for
National Security Satudies (CNSS) de EU, un organismo privado dedicado a defender
los derechos humanos (acceder a través del National Security Institute´s
(http://nsi.org/terrorism.html), ha publicado, entre otros, dos documentos fundamentales:
las restricciones a las libertades con la ley antiterrorista del presidente
Clinton de febrero de 1995 y los métodos de la oficina de contraterrorismo
del FBI. Y los dos explican como el gobierno ha dañado, en el país
de las libertades, a los ciudadanos porque pueden ser detenidos, juzgados y
condenados por las simples sospechas de terrorismo.
Sin embargo,
las fallas de seguridad gubernamental han sido escandalosas. Por ejemplo, el
presidente Bush ordenó el lunes la congelación de fondos de 27
organizaciones e individuos por la sospecha de pertenecer a grupos vinculados
a terroristas árabes que presuntamente realizaron la operación
de los aviones-misiles del martes 11 de septiembre. Entre esas organizaciones
aparece el grupo Al Jihad, una rama del islamismo radical egipcio vinculado
a Osama Ben Laden.
Sin embargo,
el 24 de enero de 1995 el presidente Clinton prohibió las transacciones
con grupos terroristas palestinos señalados de amenazar las pláticas
de paz en el Medio Oriente. En la orden ejecutiva, Clinton incluyó al
grupo Jidah, cuya rama se rehizo dentro de EU y presuntamente se vinculó
a Ben Laden. Al final no se cumplió con la orden de Clinton y ese grupo
se consolidó.
De acuerdo
con el CNSS, la política antiterrorista ha sido fijada en términos
de la doctrina conservadora de gobernantes republicanos. Las tareas antiterroristas
del FBI se definieron en 1983 por el procurador general del gobierno de Ronald
Reagan, William French Smith. Y estas reglas apenas modificaron las emitidas
en 1976 por el procurador del gobierno republicano de Gerald Ford, Edward Levi.
La esencia de esta línea de acción contra el terrorismo es preventiva
y afecta las garantías individuales de los ciudadanos.
Las leyes
han disminuido los requisitos para operaciones policiacas. Los rangos legales
para abrir una investigación son bajos: sólo si "hechos y
circunstancias indiquen razonablemente que dos o más personas están
comprometidas en una empresa con el propósito de llevar más allá
sus metas políticas y sociales a través de actividades que involucren
fuerza o violencia y una violación de las leyes delictivas de EU".
Más aún: el FBI puede abrir investigaciones basado solamente en
material público o en informes de grupos de derechos civiles privados
o hasta en las noticias.
Lo más
peligroso, sin embargo, radica en la ley Clinton contra el terrorismo de 1995,
aprobada al calor del juicio contra Timothy McVeigh, acusado y condenado a muerte
por el bombazo contra el edificio federal de Oklahoma. Esa ley, que va a ser
más endurecida por el presidente Bush a raíz de los ataques contra
el World Trade Center y el Pentágono, erosiona, dice el CNSS, el proceso
constitucional y legal de EU. Asimismo, lastima los valores fundamentales de
la libertad: la diversidad, la libertad religiosa, la tolerancia étnica,
la aceptación del cambio, la apertura a las nuevas ideas, los límites
constitucionales a la discreción gubernamental, la confianza en el sistema
legal abierto al escrutinio público.
El
Centro encontró nueve peligros para la libertad en la ley contra el terrorismo:
--Autoriza
al Departamento de Justicia a escoger los crímenes a investigar basado
en las creencias políticas y en las asociaciones.
--Revoca
el viejo principio de excluir a los militares de la persecución de delitos
por los civiles.
--Extiende
el esquema de pre-encarcelamiento que pone la carga de la prueba en el acusado
y no en el acusador, violentando el principio de que toda persona es inocente
hasta que el acusador prueba la culpabilidad.
--Relaja
el cuidadoso sistema de intercepciones telefónicas en violación
a la Cuarta Enmienda.
--Establece
Cortes especiales para usar evidencia confidencial no criminal para deportaciones,
violando procedimientos legales.
--Permite
la detención permanente por la procuraduría de extranjeros no
declarados criminales y sin revisión judicial.
--Permite
al Presidente un poder especial para criminalizar la recaudación de fondos
para actividades legales con causas impopulares.
--Niega
la aprobación gubernamental de proveer la seguridad de que el FBI no
investigaría actividades basadas en la Primera Enmienda.
--Y resucita
la desacreditada ideología respecto a al Acta McCarren Walter para obstruir
portavoces extranjeros.
Si esto fue con Clinton, lo que viene con Bush será peor para los derechos constitucionales. Y todo en nombre del contraterrorismo.