En la Asamblea Anual del FMI celebrada en Toronto en septiembre de 1982, el tema principal fue la deuda mexicana. Mientras ahí se celebraban negociaciones con el Fondo, en México el director del Banco de México, adoptaba medidas en sentido estrictamente contrario al conducente a unas negociaciones satisfactorias: se determinaba la baja de las tasas de interés, se imponían controles cambiarios y había ausencia de medidas fiscales.

En la circunstancia crítica que vivía el país de virtual falta de divisas para importar incluso bienes esenciales, el secretario Silva Herzog logró una carta de intención para un Convenio de Crédito Ampliado por 4 500 millones de dólares para el período enero de 1983 a diciembre de 1985. En estas negociaciones se estableció por primera vez el financiamiento del FMI condicionado al compromiso del préstamo de bancos comerciales por 5000 millones de dólares. A lo largo de la década, las negociaciones de México (que marcaron el camino para otros países en desarrollo) tuvieron un carácter claramente evolutivo. En cada paso se fue avanzando con gran dificultad sobre la etapa anterior, . La negociación de la deuda tuvo, pues : el detonador, agosto- diciembre de 1982; la primera etapa, 1982-1983; la segunda, 1984-1985; la tercera, 1986-1987, y la final, 1988-1990.

La primera negociación todavía se dio sobre la base de que se confrontaba una crisis de liquidez temporal que podría resolverse con una restructuración limitada de parte del principal.

En la segunda, se restructuró toda la deuda pública;

La tercera fue influida por recaída de la economía, agravada por el terremoto de septiembre de ese año. México se vio precisado a solicitar nuevamente una postergación de pagos de capital. El gobierno solicitó un giro de emergencia en el FMI con base en programas de apoyo a países que tienen efectos negativos en su balanza de pagos a causa de catástrofes naturales. El apoyo de enero de 1986 fue por 290 millones de DEG.

El gobierno de De la Madrid planteó que se requería un enfoque más radical al problema de la deuda y que era indispensable retomar el crecimiento. Estas ideas fueron recogidas por el gobierno estadounidense, que dio a conocer el Plan Baker en la reunión anual del FMI y el Banco Mundial de octubre de 1985. En él se acepta la necesidad de solucionar de manera integral la crisis de la deuda, que es preciso que los países crezcan para poder pagar y se destaca la importancia de aumentar los créditos de organismos como el Banco Mundial y el BID. La brutal transferencia de recursos reales al exterior (en México 6% del PIB) condena a los países al estancamiento.

En febrero de 1986 el precio del crudo mexicano cayó 50% . En las negociaciones celebradas en esa primera mitad del año por parte de funcionarios mexicanos, que a nivel técnico visitan Washington para dialogar con el FMI y con el Banco Mundial, se enfrenta claramente el nuevo problema. La deuda propició la unión o reencuentro de los organismos de Bretton Woods, anteriormente distanciados: uno era un banco de proyectos que examinaba sectores y el otro un "policía" de políticas de demanda agregada y cambiarias, que ajustaba cuentas cuando se pedía dinero para saldar déficit externos severos.

El avance de las negociaciones se tornó muy difícil: los bancos comerciales daban créditos si había un programa con el FMI centrado en los aspectos fiscales y monetarios; éste apoyaba si había acuerdo con el Banco Mundial sobre cuestiones de cambio estructural, es decir, políticas para los programas de inversión pública, reducción del proteccionismo en la economía y fomento de las exportaciones. Ante ello, los miembros del grupo de trabajo técnico mexicano recomendaron, incluso, la moratoria. En marzo fue necesario diferir nuevamente el pago del principal de la deuda.

En un discurso pronunciado en Hermosillo, el presidente De la Madrid insinuó la posibilidad de tomar medidas más drásticas ante la incomprensión de los acreedores: "los muertos no pagan sus deudas".

En junio de 1986 México presentó una nueva carta de intención para un programa de tipo stand by 1986-1987, derivada del Programa de Aliento y Crecimiento presentado el Secretario de Hacienda.

Un grupo técnico visitó el FMI, el Banco Mundial y el Tesoro estadounidense. Consideraron insuficiente el programa de ajuste; pero decidieron sobre el terreno utilizar "la bala de plata". Ello significaba que las autoridades mexicanas estaban dispuestas a detener todos los pagos del servicio y a remplazarlos por depósitos en pesos en los bancos mexicanos. Fue un elemento fuerte de negociación y se reinició el avance en los diversos frentes con todos los organismos.

Así, en septiembre de 1986 se llegó a un nuevo acuerdo con el Fondo sobre un crédito contingente (stand by) con vigencia de noviembre de 1986 a abril de 1988, que significaría desembolsos por 1 700 millones de dólares, en tanto que el Banco Mundial se comprometió a desembolsar 2 300 millones de dólares. Todo ello estaba condicionado a que la banca comercial otorgara más de 6 000 millones. En esta negociación se presentaron algunos elementos innovadores

Se insistía en que no era posible recuperar el crecimiento y, por ende, lograr una solución definitiva del problema de la deuda sin reducir la transferencia neta de recursos; la economía mexicana era exportadora neta de capital para pagar deuda. A principios de 1988 se efectuó un primer canje sobre bases voluntarias de una deuda de 3 600 millones de dólares con descuento promedio de 30%, garantizada por bonos cupón cero del gobierno estadounidense. Los propios mecanismos de swaps de deuda que se operaron con el sector privado también sirvieron para aplicar descuentos de deuda. Las negociaciones de la deuda deberían incluir, entonces, operaciones de reducción del saldo y del servicio de la misma.

Así, en la negociación que culminó a mediados de 1990 se estableció un menú de opciones para los bancos:

intercambio de deuda por bonos nuevos con descuento de 35%; intercambio de deuda por bonos nuevos con el mismo valor, pero con tasa de interés fija de 6.25%, o concesión de créditos nuevos.

La negociación contenía dos avances: la captura del descuento del mercado y la reducción de la transferencia neta de recursos. Se estableció un nuevo Acuerdo de Crédito Ampliado con el FMI por alrededor de 3 700 millones de DEG que regiría de mayo de 1989 a mayo de 1992 y que se ampliaría por un año. Este fue el último al que se llegaría con ese organismo. El Banco Mundial se comprometió a otorgar un monto de créditos. Todo se refería a la necesidad de reducir la transferencia neta de recursos. Estos acuerdos finalmente significaron una reducción de la transferencia neta a niveles no superiores a 2%.

Así como en los años sesenta y setenta la principal prescripción de los programas del FMI era el ajuste de demanda fiscal y monetaria, en los ochenta lo fue el ajuste estructural. Según el nuevo modelo, el buen comportamiento económico incluiría aspectos como los siguientes: "reducirás el tamaño del sector público; eliminarás el proteccionismo y realizarás la apertura comercial de la economía; recibirás y promoverás la inversión extranjera; no subsidiarás, y aumentarás las tasas reales de interés". La supervisión de estas políticas estaría a cargo del Banco Mundial.

A partir de 1985 el gobierno de México por propia determinación intensificó su estrategia de cambio estructural. Aquí desempeñó un papel muy importante la nueva relación con el Banco Mundial. El organismo dejó de abocarse a evaluar y prestar para proyectos o aun para sectores. En sus programas de crédito comenzó a manejar un nuevo tipo de condicionalidad: el cumplimiento de ciertos requisitos para realizar cambios de fondo en la economía y reconvertir sectores completos. El gobierno se anticipó y rebasó en mucho las expectativas de los organismos. En 1986 se negociaba con el Banco Mundial un tibio programa de fomento de las exportaciones con algún elemento moderado de apertura comercial. A partir de 1985 se inició un programa muy intenso de desmantelamiento de controles y reducción de aranceles. Después se emprendió un programa igualmente intenso de privatización de empresas públicas. Así, en apoyo de la política comercial del gobierno de México, el Banco Mundial otorgó dos importantes créditos: se negoció una serie de financiamientos y otros con reconversión de empresas públicas y su privatización en los sectores de fertilizantes y acero. Se elaboraron estudios sobre el sector agropecuario y en el sector financiero. Fortalecimiento y capitalización a los bancos de desarrollo. Se revisaron los programas de inversión pública . Así, se cancelaron muchos proyectos, incluso algunos negociados con el BIRF, que no se habían desembolsado y representaban el pago de jugosas comisiones.