En México, la intervención estatal se explica por la incapacidad del sector privado para impulsar y sostener el crecimiento económico. A la empresa pública se le ha considerado la base material con que cuenta el Estado para la regulación e impulso de la actividad económica y social de todos los sectores. Pero al sector privado le ha parecido que la intervención estatal en la economía es excesiva. Ello, aunado a que ese sector cuenta con el apoyo de los organismos internacionales y que se busca la reestructuración del capitalismo, se ha propuesto eliminar aquellas instituciones que obstaculizan el funcionamiento de las fuerzas del mercado, lo que está acorde con sus intereses.

En cambio, el gobierno ha asumido un papel claramente promotor y ha emprendido una revisión profunda del marco regulatorio de la actividad económica, a fin de suprimir los obstáculos que inhiben el desarrollo de las iniciativas y capacidades de los sectores social y privado de la economía

En poco más de un año, el gobierno federal vendió, fusionó y liquidó aproximadamente el la mayoría de las empresas públicas no estratégicas, al pasar de 1,115 entidades a finales de 1982, a 70 en 1993.

"Es inaceptable un Estado tan propietario, frente a un pueblo con tantas necesidades y carencias (...) El Estado vende sus bienes para resolver males sociales y canaliza sus energías para abrir espacios a los particulares, para que aumenten el empleo, la inversión y toda la patria florezca" argumentaba el presidente en 1990. Lo cierto es que se vendieron las empresas más rentables, teóricamente permitirían al Estado disponer de recursos para atender permanentemente las necesidades y carencias sociales de que se habla, contribuyendo de paso a reducir el déficit público.

En relación al proceso de desincorporación de empresas públicas, en el sexenio se han vendido 138, entre las que destaca Teléfonos de México, que aportó el 51% de los 10 billones que se han obtenido. La venta de Minera Cananea, empresa que en julio de 1988 pasó a manos de Nacional Financiera, se concretó finalmente por haber sido declarada en quiebra. Saneadas sus finanzas, Minera Cananea regresó 4 meses después a su antiguo dueño. Al ser propietario también de Minera Nacozari, Larrea tuvo ahora el control del 6% del cobre a nivel mundial.

La privatización de la banca obedece a las transformaciones que se dieron en la intermediación bancaria a nivel mundial. Entre las más significativas figura el que la banca deja de jugar únicamente el rol de recibir y prestar depósitos, ahora es también emisora de valores, en combinación con empresas privadas y el gobierno

En mayo de 1990, el presidente de la República anunció que privatizaría la Banca. Sin embargo, esta vez no se volvía a la situación que prevaleció hasta 1981, donde la Banca era una concesión del Estado. Ahora se iba más allá: se privatizaba. Posteriormente, el subsecretario de esa misma dependencia, Guillermo Ortiz, declaró que la privatización no obedecía a presiones de ninguna índole y que seguiría siendo controlada por mexicanos. El anuncio de la reprivatización de la Banca aceleró el flujo de la inversión extranjera en México, sobre todo en el renglón especulativo.

Con la venta de la Banca nacionalizada, se trata de absorber las deudas, así la deuda externa se trata de cambiarla por inversión (swaps) en subasta. Esta deuda fue de aproximadamente 5 mil millones de dólares, a julio de 1991, lo que da un total de 16.7 billones de pesos (considerando el dólar a 3.034 pesos), cifra cercana al valor que tenían los 18 bancos. El monto de esta deuda se ofreció al exterior pero su compra no despertó mayor interés, a pesar de que existía el atractivo de cambiar los bonos por acciones de los bancos en proceso de desincorporación. El inversionista extranjero busca seguridad y, más que bonos de los bancos, le interesa aliarse con el capital nacional para obtener jugosas ganancias.

Hasta el día 18 de agosto de 1991, se han vendido cuatro bancos. El primero fue Multibanco Mercantil, el 10 de junio. El segundo banco vendido, también asignado a una Casa de Bolsa, fue BANPAIS. Al frente de 200 inversionistas se encuentra Julio César Villarreal, de la Casa de Bolsa INVERLAT y miembro del grupo financiero MEXINVAL. El siguiente banco privatizado fue Banca CREMI, vendido a la Casa de Bolsa MULTIVALORES, representada por Hugo Villa Manzo. Su precio fue de 748 mil 291 millones, equivalente a 3.4 veces su valor en libros. el último banco en privatizarse fue Banca CONFIA, asignado al Grupo ABACO. Este grupo está integrado por "ABA DIVISAS (casa de bolsa); ARRENDA (Arrendadora) y ABA FACTOR (empresas de factoraje), así como por SEGUROS DEL PAIS. Próximamente se venderán los Bancos más importantes del país, los gigantes del sistema bancario: BANAMEX y BANCOMER. Entre los nuevos criterios que anunció la Secretaría de Hacienda para BANAMEX, está el de que se conformarán 7 Consejos Regionales (integrados por un total de 766 Consejeros), a los que se les venderá el 2.5% del total de acciones a cada Consejo

La privatización responde procesos de apertura comercial. El Tratado de Libre Comercio también obliga al Estado a desprenderse de la Banca, buscando la democratización financiera. . Bajo ese esquema, los pequeños y medianos capitales, en general, van sido absorbidos como está ocurriendo en la compra de los bancos. Queda claro que la privatización y las reformas a la legislación de inversión extranjera son procesos complementarios.

El proceso de desincorporación de paraestatales es una medida más dentro de la política de desregulación iniciada en 1989. Para el coordinador de la Unidad de Desregulación de la Presidencia de la República, este proceso "ha logrado eliminar privilegios indebidos en materia económica, deshacer monopolios y ocasionado cambios dramáticos en áreas como el transporte, las telecomunicaciones, la agricultura y la industria (...) Nos desregulamos -agregó- antes del Tratado de Libre Comercio, porque queremos ser más productivos liberando las fuerzas de la producción interna y la creatividad de la sociedad".

México modificó su ley de inversiones extranjeras para darle confianza al inversionista. Con el tratado comercial, el proceso de fusión de los capitales nacionales con los internacionales se acentuó notablemente. Lamentablemente, no se ha vinculó con el resto de la economía.

La IED presentó una plataforma exportadora concentrada en ramas particulares. Su finalidad fue crear maquiladoras, así se ensamblaban piezas provenientes de Estados Unidos, principalmente, para su posterior reexportación. El tratado comercial otorgó facilidades a la inversión norteamericana, de esta manera se ampliarían las actividades exportadoras con el norte como destino. La apertura comercial reafirmó la relación con la economía internacional mediada por la economía estadounidense, a través de su inversión.

De 1992 a 1994 arribaron al país altas dosis de inversión en cartera. En 1993 ingresaron 28919 millones de dólares, en gran parte para adquirir Certificados de la Tesorería. Ese mismo año la IED sumó apenas 4389 millones de dólares. El diferencial entre los tipos de inversión había sido semejante los 3 años anteriores. Estos procesos de inestabilidad se crearon directamente por las reformas a la Ley de inversión, anunciadas claramente en el PRONAMICE.

Una parte importante de IED se destinó a activos y empresas en operación, de modo que el incremento de ésta no significó necesariamente un aumento de la capacidad productiva; parte de esta inversión pudo colocarse en la Bolsa de Valores; finalmente, otra parte de IED corresponde a reinversión de utilidades que se han obtenido en el país. Lo anterior refleja que los beneficios de este tipo de financiamiento no fue del todo productivo.

Conforme avanzó la apertura se acrecentó la IED destinada a la adquisición de empresas estatales en México y otros países latinoamericanos. La relación de las empresas con el exterior, incluidos el comercio y los pagos de capital resultaron desfavorables en el sexenio estudiado.

Las negociaciones internacionales giraron en torno a tratados de libre comercio. El primero en concretarse fue con Chile. Entró en vigor el 1 de enero de 1992. Siguió el tratado de América del norte. Inició el 1 de enero de 1994. Representa el 83% del total del comercio de nuestro país. Los resultados directos son que México se ha convertido en el segundo socio comercial de EE.UU.

Del mismo modo, se habían planeado ya varios acuerdos comerciales con Latinoamérica, entraron en vigor hasta 1995: Venezuela y Colombia, Costa Rica y Bolivia. Estos acuerdos fueron más liberales que el resto. En promedio, el 97% de las exportaciones mexicanas y el 99% de las importaciones quedaron libres de arancel.

Las relaciones económicas con el exterior acentuaron la dependencia con Estados Unidos, basada en una supuesta complementariedad.