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El
modelo desarrollado sirve esencialmente para ilustrar un problema de carácter más
general.
Debido
a su amplios poderes formales e informales, el poder ejecutivo tiene capacidad
para tomar decisiones de largo plazo que condicionan la autonomía y la
capacidad de acción de futuros gobiernos—aún cuando el actual partido
gobernante haya salido del poder.
Denominamos
a esta cuestión el problema de los “legados institucionales” porque las
futuras administraciones enfrentan un dilema: o bien aceptan los
condicionamientos heredados del pasado o bien desconocen la validez de estos
compromisos, afectando con ello la institucionalidad democrática (en tanto
entendemos las instituciones como pautas regulares y predecibles de
comportamiento).
Los
legados institucionales se manifiestan en tres niveles.
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El
primero es el de los nombramientos—por ejemplo, cuando el presidente
designa jueces o funcionarios que continuan ejerciendo influencia bajo
administraciones posteriores.
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El
segundo nivel es el de los recursos. El
ejemplo de las licitaciones que motiva este ensayo ilustra bien cómo el
ejecutivo del presente puede condicionar la distribución de recursos públicos
en el futuro.
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El
tercer nivel, ciertamente el de mayor importancia, es el de las reglas del
juego. Las reformas
constitucionales o del sistema electoral impulsadas por el ejecutivo son
muestras claras de cómo las reglas del juego democrático pueden ser
alteradas en el largo plazo.
En
términos generales, la existencia de legados institucionales es un atributo
positivo y necesario de la vida democrática (y del estado de derecho en
general). La estabilidad jurídica
exige que cada nuevo gobierno no recree radicalmente las políticas públicas—lo
que resultaría de cualquier modo operativamente imposible.
El
problema de interés, sin embargo, es la capacidad de un presidente saliente
para utilizar los legados institucionales como arma política en cuestiones
puntuales, de modo de inmovilizar a la oposición cuando llegue su turno de
gobernar. ¿Es legítimo anticipar
este dilema y bloquear las decisiones del gobierno saliente?
Y
lo que es igualmente importante, ¿existen vías efectivas para lograrlo?
Nuestro modelo sugiere que las amenazas electorales son un recurso poco
efectivo para tal fin, a menos que resulten altamente creíbles. Pero la cuestión general de los legados institucionales
merece un estudio más amplio que promete abrir otras interesantes (y políticamente
relevantes) preguntas de investigación.
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