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CONACAMI rechaza calificaciones del ministro de Energía y Minas sobre apoyo de ONGs

Lima, Perú

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CONACAMI

Miguel Palacín Quispe, presidente de la Coordinadora Nacional de Comunidades afectadas por la Minería (CONACAMI), rechazó la declaraciones vertidas por el ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, al calificar a algunas organizaciones no gubernamentales "como factores de perturbación innecesaria que daña las relaciones entre comunidades y la empresa".

"La presencia de estas organizaciones, que en épocas pasadas respaldaron acciones terroristas, presionan y amedrentan a las comunidades que se encuentran dentro del área de influencia donde operan la empresas mineras", manifestó el titular de Energía y Minas. En una carta dirigida al Secretario General de la Coalición Flamenca (Bélgica)

Por su parte, Miguel Palacín, dijo que CONACAMI, en la actualidad con la presencia Nacional en la difusión de sus derechos a las comunidades frente a los atropellos de las empresas Mineras, ha logrado poner muchos conflictos en debate público como las de Tambogrande y la Compañía Minera Manhattan Sechura S.A.

Además ha realizado campañas con varias instituciones exigiendo el esclarecimiento el asesinato del ingeniero Godofredo García Baca, y fue a raíz de esta campaña que la institución belga dirigió la carta solidarizándose con la campaña.

Al respecto, CONACAMI solicitó al gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas se adopte las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de los dirigentes y ciudadanos de Tambogrande.

De otro lado, exigió que el Estado Peruano respete la decisión de la población de Tambogrande que se opone a la ejecución del proyecto minero, cumpliendo así con el Convenio 169 de la OIT que ampara el derecho de las poblaciones indígenas a la consulta cuando sus recursos naturales pueden ser afectados por las industrias extractivas.

Palacín agregó que CONACAMI sólo hace esfuerzos por defender, dentro de la ley, los derechos de los pueblos afectados por la inversión minera. Además mencionó que esta organización agrupa a los representantes de las comunidades de 13 departamentos del país perjudicadas por este problema.

Esas comunidades buscan una solución a través de la participación ciudadana, el diálogo, la concertación y la generación de propuestas en coordinación con las diferentes organizaciones locales, nacionales e internacionales involucradas.

El Gobierno peruano no ha respondido a las propuestas de la organización.

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