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Ley 9/1968, de 5 de abril, reguladora de los Secretos Oficiales
Modificada por la Ley 48/1978, de 7
octubre.
Exposición de Motivos
Es principio general, aun cuando no esté
expresamente declarado en nuestras Leyes Fundamentales, la publicidad de la
actividad de los Organos del Estado porque las cosas públicas que a todos
interesan pueden y deben ser conocidas de todos.
Este principio de publicidad en mayor o menor
extensión, se halla regulado en lo que concierne a los debates e
interpelaciones en las Cortes Españolas y al despacho de los asuntos
judiciales, pero, en cambio, sólo de una manera fraccionada tiene su
regulación, en lo que atañe a la Administración del Estado, en dispersas
disposiciones, entre las que, por su reciente promulgación, pueden citarse
la Ley de Prensa (artículo 7) y Decreto 750/1966, de 31 de marzo, en las que sólo se contempla la publicidad en el
aspecto parcial de la información debida a las publicaciones periódicas y
agencias de información. Una regulación suficiente existe en la esfera de la
Administración Local.
Mas si la publicidad ha de ser característica
de la actuación de los Organos del Estado, es innegable la necesidad de
imponer limitaciones, cuando precisamente de esa publicidad puede derivarse
perjuicio para la causa pública, la seguridad del mismo Estado o los
intereses de la colectividad nacional.
Destacan por su especial importancia aquellas
cuestiones cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o ponga
en riesgo la seguridad del Estado o los intereses fundamentales de la Nación
y que constituyen los verdaderos «secretos oficiales» protegidos por
sanciones penales que, tanto en el Código Penal Común como en el de Justicia
Militar, alcanzan penas de la máxima
severidad. Pero esta sanción penal, especialmente represiva, sólo de una
manera indirecta, por medio de la intimidación, protege el descubrimiento o
revelación de secretos. Las medidas de protección eficaces son las que la
propia Administración ha de establecer para garantizar que los documentos o
materiales en que físicamente se reflejan los secretos, no puedan ser
conocidos más que por aquellas personas que, por razón de su cometido, estén
autorizadas para ello.
En este aspecto existe una laguna en nuestra
legislación, que, al contrario de lo que ocurre en los Estados
caracterizados por la mayor libertad de información, no prevé una regulación
de las medidas protectoras de los secretos oficiales. Para remediar esta
situación, la Ley establece un conjunto de medidas positivas para evitar que
trascienda el conocimiento de lo que debe permanecer secreto, señalando
normas severas que impidan la generalización de calificaciones que tienen
carácter excepcional.
Con la denominación de «materias clasificadas»
también utilizada en otros países, se comprenden los dos grados de secretos
oficiales generalmente admitidos. La determinación de las Autoridades y
funcionarios que pueden otorgar y levantar las calificaciones, los efectos
de cada una de éstas y las líneas generales de las medidas protectoras que
habrán de desarrollarse reglamentariamente y con carácter uniforme por todos
los servicios afectados, constituyen el contenido fundamental de la Ley, que
se completa con un sistema de protección, así como la referencia de la
responsabilidades que procedan por infracciones en materia de secretos
oficiales.
Asimismo, desde el punto de vista de la
seguridad jurídica y de la garantía de los ciudadanos, es importante
resaltar que la Ley establece la necesidad de notificar a los medios de
información la declaración de «materia clasificada» cuando se prevea que
ésta puede llegar a conocimiento de ellos, así como la circunstancia de que
conste el hecho de la clasificación para que recaiga sobre los particulares
la obligación de colaboración que impone el artículo 9.1. Y, en fin, se
consagra la expresa admisión de recurso contencioso-administrativo contra
las resoluciones sancionadoras que pongan fin a la vía administrativa, sin
olvidar por lo demás el importante juego del control político que en esta
materia se reconoce a las Cortes Españolas y al Consejo Nacional del
Movimiento.
En su virtud, y de conformidad con la Ley
aprobada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar:
Artículo 1.
1. Los Organos del Estado estarán sometidos en
su actividad al principio de publicidad, de acuerdo con las normas que rijan
su actuación, salvo los casos en que por la naturaleza de la materia sea
ésta declarada expresamente «clasificada» cuyo secreto o limitado
conocimiento queda amparado por la presente Ley.
2. Tendrán carácter secreto, sin necesidad de
previa clasificación, las materias así declaradas por Ley.
Artículo 2.
A los efectos de esta Ley podrán ser
declaradas «materias clasificadas» los asuntos, actos, documentos,
informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas
pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado.
Artículo 3.
Las «materias clasificadas» serán calificadas
en las categorías de secreto y reservado en atención al grado de protección
que requieran.
Artículo 4.
La calificación a que se refiere el artículo
anterior corresponderá exclusivamente, en la esfera de su competencia, al
Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor.
Artículo 5.
La facultad de calificación a que se refiere
el artículo anterior no podrá ser transferida ni delegada.
Artículo 6.
El personal de la Administración del Estado o
de las Fuerzas Armadas que tenga conocimiento de cualquier asunto que, a su
juicio, reúna las condiciones del artículo 2, deberá hacerlo llegar a alguno
de los órganos comprendidos en el artículo 4 en la forma que
reglamentariamente se determine.
Artículo 7.
La cancelación de cualquiera de las
calificaciones previstas en el artículo 3 de esta Ley será dispuesta por el
órgano que hizo la respectiva declaración.
Artículo 8.
Las calificaciones de secreto o reservado,
hechas con arreglo a los términos de la presente Ley y de las disposiciones
que reglamentariamente se dicten para su aplicación determinarán entre
otros, los siguientes efectos:
A) Solamente podrán tener conocimiento de las
«materias clasificadas» los órganos y las personas debidamente facultadas
para ello y con las formalidades y limitaciones que en cada caso se
determinen.
B) La prohibición de acceso y las limitaciones
de circulación a personas no autorizadas en locales, lugares o zonas en que
radiquen las «materias clasificadas».
C) El personal que sirva en la Administración
del Estado y en las Fuerzas Armadas estará obligado a cumplir cuantas
medidas se hallen previstas para proteger las «materias clasificadas».
Artículo 9.
1. La persona a cuyo conocimiento o poder
llegue cualquier «materia clasificada» conforme a esta Ley, siempre que le
conste esta condición, está obligada a mantener el secreto y entregarla a la
Autoridad civil o militar más cercana y, si ello no fuese posible, a poner
en conocimiento de ésta su descubrimiento o hallazgo. Esta Autoridad lo
comunicará sin dilación al Departamento ministerial que estime interesado o
a la Presidencia del Gobierno, adoptando entretanto las medidas de
protección que su buen juicio le aconseje.
2. Cuando una «materia clasificada» permita
prever que pueda llegar a conocimiento de los medios de información, se
notificará a éstos la calificación de secreto o reservado.
Artículo 10
1. Las calificaciones a que se refiere el
artículo 4, en cualquiera de sus grados, se conferirán mediante un acto
formal y con los requisitos y materializaciones que reglamentariamente se
determinen.
2. La declaración de «materias clasificadas»
no afectará al Congreso de los Diputados ni al Senado, que tendrán siempre
acceso a cuanta información reclamen, en la forma que determinen los
respectivos Reglamentos y, en su caso, en sesiones secretas.
3. Las «materias clasificadas» llevarán
consigo una anotación en la que conste esta circunstancia y la calificación
que les corresponda conforme al artículo 3.
4. Las copias o duplicados de una «materia
clasificada» tendrán el mismo tratamiento y garantía que el original y sólo
se obtendrán previa autorización especial y bajo numeración.
Artículo 11.
1. Las personas facultadas para tener acceso a
una «materia clasificada» quedarán obligadas a cumplir con las medidas y
prevenciones de protección que reglamentariamente se determinen, así como
las particulares que para cada caso concreto puedan establecerse.
2. Corresponde a los órganos señalados en el
artículo 4 conceder en sus respectivas dependencias las autorizaciones para
el acceso a las «materias clasificadas», así como para su desplazamiento
fuera de las mismas.
3. A toda persona que tenga acceso a una
«materia clasificada» se le hará saber la índole de la misma con las
prevenciones oportunas.
Artículo 12.
Los órganos referidos en el artículo 4
atenderán al mantenimiento y mejora de los sistemas de protección y velarán
por el efectivo cumplimiento de cuanto se dispone en la presente Ley y en
especial por la correcta aplicación de las calificaciones de secreto o
reservado y por que se promuevan las acciones penales, las medidas
disciplinarias y los expedientes administrativos para corregir las
infracciones a esta Ley.
Artículo 13.
Las actividades reservadas por declaración de
Ley y las «materias clasificadas» no podrán ser comunicadas, difundidas ni
publicadas, ni utilizado su contenido fuera de los límites establecidos por
la Ley. El incumplimiento de esta limitación será sancionado, si procediere,
conforme a las Leyes penales, y por vía disciplinaria, en su caso,
considerándose en este último supuesto la infracción como falta muy grave.
Artículo 14.
La calificación de secreto o reservado no
impedirá el exacto cumplimiento de los trámites de audiencia, alegaciones,
notificaciones directas a los interesados, sin perjuicio de la eventual
aplicación de las sanciones previstas en esta Ley en caso de violación del
secreto por parte de los interesados.
DISPOSICION FINAL
En Reglamento único, de aplicación general a
toda la Administración del Estado y a las Fuerzas Armadas se regularán los
procedimientos y medidas necesarios para la aplicación de la presente Ley y
protección de las «materias clasificadas».
Se determinará igualmente con todo el detalle
necesario y con especificación de las medidas técnicas precisas el régimen
de custodia, traslado, registro, archivo, examen y destrucción de las
«materias clasificadas» así como la elaboración de copias o duplicados de
tales materias.
También se dispondrá lo necesario para que el
personal de la Administración Civil del Estado y de las Fuerzas Armadas se
halle debidamente instruido en cuestiones de seguridad y protección de
secretos.
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