Pimienta negra, 6 de enero de 2002

Crisis por arriba, insubordinación por abajo

Por Claudio Katz [1]

Finalmente Duhalde fue nominado como quinto presidente argentino en el transcurso de dos semanas, merced a un pacto de la alianza con el peronismo avalado por toda la "clase política" que el pueblo viene repudiando activamente en las calles. Duhalde es un típico exponente de esta camarilla y también del "modelo económico" que ahora tanto critica, porque comandó su implantación desde la vicepresidencia de Menen y la gobernación de Buenos Aires. Fue derrotado en las elecciones presidenciales del 99 y personalizó la pérdida de votos que sufrió el justicialismo el 14 de octubre pasado. Por eso se oponía tenazmente a la convocatoria de nuevos comicios y tejió entre bambalinas el contubernio que llevó a la Asamblea Legislativa a violar todas sus atribuciones para colocarlo en el sillón presidencial hasta el 2003.

La misma asamblea que siete días antes había convocado a elecciones -diseñadas a medida de los caciques justicialistas a través de la ley de lemas- decidió cambiar el libreto luego del interinato de Rodríguez Saa. Este caudillo provocó a la población movilizada con la designación de viejos funcionarios ladrones y fue tumbado por un cacerolazo que empujo a sus colegas a quitarle el apoyo.

Frente a la reactivación de la sublevación popular todos los voceros de la clase dominante exigieron "contener el caos y frenar la disolución del estado", mediante la designación de un hombre fuerte del justicialismo sostenido explícitamente por la UCR y el Frepaso. Duhalde inmediatamente integró un gabinete de coalición y buscará reintroducir un mínimo de estabilidad, combinando la demagogia con el garrote. Pero desde la renuncia del Chacho hace dos años, todos los ministros han sido devorados por la crisis, a través de una sucesión tan imparable de recambios, que ya nadie recuerda cuánta gente designó, destituyó o nombró De la Rúa. Este nivel de descalabro es característico de los períodos de crisis histórica, cuándo "los de arriba" ya no pueden seguir gobernando cómo lo hacían hasta ahora, porque "los de abajo" se han insubordinado protagonizando una gran revuelta popular.



LA DISGREGACIÓN DEL RÉGIMEN

La explosiva inestabilidad actual obedece al descreimiento popular generalizado en todas las instancias del régimen político y su estado. La población movilizada percibe a estas instituciones como instrumentos del empobrecimiento y la depredación que sufre el país. La investidura presidencial está profundamente erosionada por el vertiginoso cambio de figuras y por el ejercicio del gobierno por decreto en favor de la clase dominante. En este uso de poderes ejecutivos para enriquecer a distintos grupos capitalistas, De la Rúa fue tan poco "autista" como Menem.

El abismo de la población con el poder legislativo es aún mayor, porque los diputados y senadores del régimen acumulan escandalosos prontuarios de coimas, obtenidas a cambio de leyes favorables a las grandes empresas. El poder judicial es la encarnación de la corrupción organizada, ya que sus máximas autoridades consagraron los turbulentos contratos con las empresas privatizadas y garantizaron impunidad de sus artífices.

Los directivos del Banco Central también se han llevado su parte, mediante la renegociación de la deuda, los auxilios a los bancos quebrados, la estafa de la jubilación privada y la extorsión de las provincias pobres. Las cúpulas militares obtuvieron su tajada, a través del tráfico de armas y los jefes de la policía se han repartido los dividendos de la seguridad privada, el narcotráfico y la prostitución.

Si los políticos del régimen concentran el mayor desprestigio, es porque representan la cara visible de este sistema al ejercer la profesión de engañar al pueblo para proteger a los capitalistas. Particularmente los partidos de la derecha más identificados con este rol han quedado fulminados a partir del desplome de su ídolo Cavallo. Pero también el radicalismo se encuentra a un paso del colapso, luego de coronar su último fracaso gubernamental con una expropiación de ahorristas que nunca olvidará la clase media. La centroizquierda se recicla despegándose a último momento de los gobiernos que promueve y que luego abandona cuestionando su "traición". Pero estas maniobras camaleónicas ya fastidian a un gran sector de sus seguidores.

En estas condiciones el peronismo ha sido convocado nuevamente por la clase dominante para reconstituir el estado. Pero la misma crisis que corroe al régimen se traslada al interior del justicialismo y los mismos choques que enfrentan a los capitalistas se canalizan en la lucha entre caudillos de ese partido. Menen demolió la tradicional expectativa de los trabajadores en el peronismo, debilitó el sostén estructural de ese movimiento al diezmar a la burguesía nacional y deterioró con su prédica neoliberal la cohesión ideológica de esa organización. Duhalde es el último cartucho para recomponer el agónico régimen vigente y asume para preservar a los legisladores, jueces y funcionarios actuales de la clase capitalista. Su receta es apuntalar con "más de lo mismo" a un régimen que ha perdido legitimidad. Pero como le ocurrió a sus antecesores su proyecto continuista enfrenta el enorme obstáculo del colapso económico.



DEVALUACIÓN Y CORRALITO

En los dos últimos meses estalló la catástrofe incubada a lo largo de cuatro años de depresión. La salida de capitales se convirtió en fuga, el endeudamiento de las empresas desembocó en quiebras, la pérdida del poder adquisitivo paralizó el comercio y la caída de la recaudación dejó al Tesoro sin un peso. Los datos de este derrumbe son escalofriantes y retratan un cuadro propio de guerras o desastres naturales que la Argentina no ha padecido. El país soporta la virulencia de las crisis periódicas del capitalismo, las desventuras de la inserción periférica y las consecuencias de la política económica de la última década[2].

La combinación de estos tres procesos explica la magnitud de la depresión en curso, que es semejante a la padecida en los 90 por otros países dependientes. Pero a diferencia de México, Brasil, Rusia o Corea, en la Argentina la apertura importadora, las privatizaciones y la desregulación se instrumentaron a través del ajuste deflacionario de la convertibilidad y no mediante las clásica políticas devaluacionistas. Ahora se consuma el giro hacia este modelo, mediante una nueva transferencia de ingresos de los trabajadores en favor de los capitalistas.

Los mismos economistas que durante 10 años proclamaban que la "convertibilidad era inamovible", ahora explican que la "devaluación es inevitable". Algunos cínicos argumentan que el fin de la paridad uno a uno no afectará el salario, como si el aumento de los precios no fuera el corolario inmediato de toda devaluación. La escala de remarcaciones que ya se está registrando en numerosos productos (especialmente remedios y alimentos) confirma que la recesión no anulará el impacto inflacionario y que sólo podría morigerarlo si la desvalorización del peso no se dispara. Pero la decisión de reemplazar el proyecto inicial de flotación por un tipo de cambio fijo revela hasta qué punto los enterradores de la convertibilidad dudan de esta posibilidad e intuyen que tal como ocurrió en Ecuador, Indonesia y Rusia el signo monetario nacional se hundirá. Como el objetivo explícito de la devaluación es reducir los salarios, sus promotores han descartado extender a los sueldos los mecanismos de protección cambiaria que han diseñado para los banqueros y empresarios.

Una devaluación "ordenada" agravará la emergencia social y su descontrol provocará un desastre alimentario, que exigirá batallar por la organización de un sistema de distribución de la comida bajo supervisión popular directa. Sólo esta acción puede convertir en realidad el control de precios que el gobierno promete y las empresas se especializan en burlar. El mismo problema se presenta frente al colapso del empleo, porque la "mejora de la competitividad" que prometen los devaluacionistas provendría de la caída del salario y no de la multiplicación de los puestos de trabajo. El rebrote inflacionario puede convertir los 200 pesos (o lecop) que se pagan por los planes trabajar en una suma directamente insignificante, ya que la canasta familiar ronda los 1030 pesos. Por eso resulta imperioso luchar por la distribución de las horas de trabajo y la introducción de un seguro de desempleo de 450 pesos indexados, financiado con la suspensión de los pagos de la deuda y la aplicación de un impuesto inmediato a las grandes empresas.

Cuánto mayor es la crisis más irrealista se torna la posibilidad de financiar este seguro con los mecanismos propuestos por la CTA (reasignación de partidas, tibios impuestos, reestatización de la seguridad social y la propia reactivación del consumo), sin recurrir a la confiscación de las grandes grupos que evaden impuestos, especulan con la moneda y desabastecen los bienes de primera necesidad. La economía argentina padece las consecuencias del capitalismo periférico y no sólo los efectos de la desigual distribución del ingreso y, por eso, la crisis no se resolverá convenciendo a los empresarios de las ventajas de mejorar la demanda. Como el grueso de la clase dominante no tiene la menor intención de poner en marcha un "círculo virtuoso" de acumulación keynesiana, en vez de continuar promoviendo esta ilusión hay que trabajar por una alternativa socialista, basada en la propiedad colectiva y la gestión planificada de la economía.

Duhalde busca, por otra parte, una salida al corralito que instauró Cavallo para socorrer a los banqueros a costa de los pequeños ahorristas, que permite utilizar el dinero inmovilizado para auxiliar a los empresarios deudores de los bancos. Pero enfrenta la rebelión de los pequeños ahorristas y por eso anunció que devolverá los "depósitos en su moneda original". Pero esta promesa es poco creíble en el debut de una devaluación que multiplicará exponencialmente los pesos requeridos para respetar el contrato original. Además, la implementación del anuncio depende de la recuperación de los créditos otorgados a capitalistas que ya fugaron el dinero y el pago de los préstamos concedidos a empresas que están quebradas. Por eso ya se anunció que la devolución será escalonada y en plazos muy largos, lo que adicionalmente prolongará la iliquidez actual y la consiguiente dificultad para reactivar la economía.

A través de la confiscación en curso, el gobierno apuesta a dejar esperando a los pequeños ahorristas, mientras su dinero es utilizado para licuar las deudas empresarias convertidas en pesos. Esta estafa contra la clase media se podría evitar obligando simplemente a los bancos a devolver el dinero, que sus grandes socios y clientes fugaron desde julio pasado. Desde esa fecha se esfumaron de los bancos unos 26.000 millones de dólares pertenecientes a 87 grandes tomadores de crédito, lo que ha dejado cautivos en el corralito sólo a los pequeños ahorristas, que representan el 78 % del total de 1,6 millones de depositantes con cuentas inferiores a 25.000 dólares. Esta masa de afectados tan extendida explica por qué los cacerolazos son tan populares.

La vía directa para recuperar ese dinero es intimar a los bancos a que reingresen los fondos al país, respondan con su patrimonio por el compromiso que tienen con los pequeños depositantes y procedan en todo caso a cancelar los créditos otorgados a las 1.300 empresas que detentan la mitad de los préstamos del sistema. Pero es obvio que esta medida no será adoptada por el gobierno que empezó ratificando al directorio del Banco Central. Se requiere la decisión de confiscar a los bancos y sus compañías asociadas que se nieguen a entregar los fondos. Y estas iniciativas implican nacionalizar el sistema financiero bajo control de los trabajadores, para impedir que los bancos continúen sirviendo de intermediarios al vaciamiento del país. Hay que romper con la norma de nacionalizar para socorrer a los banqueros, auxiliando esta vez a las víctimas de la sistemática expropiación financiera.



DILEMAS CAPITALISTAS Y OBJETIVOS SOCIALISTAS

Duhalde mantiene el default de la deuda externa reconociendo la cesación de pagos, que se agravará con la devaluación porque el Estado recauda en pesos y su pasivo en dólares aumentará en proporción a la desvalorización de la moneda nacional. Es probable que baje el tono demagógico de su predecesor Rodríguez Saa, porque está muy interesado en retomar cuanto antes las tratativas con el FMI. Por eso ha ratificado al eterno negociador de la deuda (Daniel Marx) y seguirá adelante con el plan de canje de la deuda que negociaba Cavallo (quita del principal, reducción de tasas, prórroga de vencimientos), que cuenta con el aval expreso de un ala del Tesoro norteamericano (O´Neill). Seguramente tratará de limitar el default a los acreedores externos, manteniendo el pago de la deuda a las AFJP y los bancos locales.

Pero como el FMI exige "déficit cero" para sentarse a discutir, Duhalde seguirá con el ajuste contra los empleados públicos, convalidando el recorte salarial del 13%, asfixiando prespuestariamente a las provincias y pagando sueldos o jubilaciones con bonos lecop, que se desvalorizarán más aceleradamente que el peso. Por exigencia de los acreedores, ha renunciado al proyecto de emitir una tercera moneda para atenuar la recesión. El tránsito de Rodríguez Saa a Duhalde ha sido una vertiginosa repetición del pasaje de la "heterodoxia a la ortodoxia" que ya realizó Cavallo bajo la presión del FMI.

Pero cualquiera sea la buena letra que intente hacer el gobierno argentino, la crisis de la deuda ha ingresado en una nueva fase luego del default, porque este incumplimiento se concretó al calor de un levantamiento popular. Por eso constituye un acontecimiento muy diferente a la cesación de pagos de 1982 o 1987. Todas las prevenciones hechas por los financistas para evitar el "contagio económico" de la crisis nacional están seriamente amenazadas por el peligro de "contagio político" que introduce la Argentina, al declarar el default con el pueblo en las calles gritando "basta de ajuste".

Las discusiones de la prensa norteamericana y las críticas a Bush por "asfixiar al deudor" demuestran que el Departamento de Estado está seriamente preocupado por el clima antiimperialista en América Latina que podría inaugurar el argentinazo. Este ambiente podría frustrar el proyecto del ALCA [Asociación de Libre Comercio de las Américas] y deteriorar la unanimidad neoliberal que imperó hasta ahora entre las clases dominantes de la región. El temor que suscita esta perspectiva ha obligado a Estados Unidos a reconsiderar su negativa a otorgar nuevos créditos al país. Pero justamente este marco torna más propicia la campaña por el desconocimiento de la deuda y la ruptura con el FMI. Esta medida es la condición de cualquier programa de recuperación económica y encontraría actualmente un eco solidario mayor entre los pueblos del mundo.

Con la devaluación, Duhalde adoptó el programa de los grupos industriales y exportadores que reclamaban desde hace años el fin de la convertibilidad. También ha puesto en marcha el proceso de licuación de deudas exigido por este sector, que será más explosivo que en el pasado porque el Estado en quiebra no puede hacerse cargo de los pasivos y debe apretar el torniquete contra los trabajadores. Por eso desvaloriza el salario, mantiene las leyes laborales de flexibilización y provee a los industriales de mano de obra barata a través de los Planes Trabajar.

Pero la disputa con la fracción opuesta de bancos y empresas privatizadas que infructuosamente promovieron la dolarización no está zanjada, ya que este sector no renunciará a la influencia que conquistó durante el menemismo. Especialmente las empresas españolas están ejerciendo una presión fenomenal con Felipe Gonzalez y Aznar a la cabeza, para evitar impuestos, lograr seguros de cambio, imponer la indexación de las tarifas de los servicios privatizados y la plena disponibilidad del petróleo que extraen. Se han acostumbrado a saquear los recursos nacionales y no renunciarán a la plata dulce que recaudan sin ningún esfuerzo (Repsol, por ejemplo, obtuvo el año pasado 1.840 millones de dólares de utilidades en plena depresión).

Quienes continúan hablando de "controlar a las empresas", "aumentar su tributación" o "verificar sus tarifas" viven en un mundo de fantasía. Sólo la inmediata reestaización de estas compañías bajo control de los trabajadores y usuarios permitirá revertir su acción devastadora. Las irrisorias inversiones que realizaron ya han sido ampliamente retribuidas con las ganancias que giraron al exterior. Por eso llegó la hora de restituir a la nación los bienes usurpados.

El descalabro económico que desatará la devaluación reproducirá en la Argentina la situación de especulación cambiaria, fraudes en el comercio exterior, desabastecimiento y escalada de precios que ya se conocieron durante las grandes crisis de 1975, 1981 y 1989. Pero esta vez el colapso no será un breve temblor previo a la recuperación, porque existe una nueva realidad de pobreza, desocupación, desmantelamiento industrial y desintegración regional que jamás conoció el país. La Argentina atraviesa una crisis revolucionaria que conjuga el colapso inédito de la economía, el agotamiento del régimen político y la irrupción histórica de las masas. Se han reunido las condiciones objetivas para impulsar una salida socialista y nuestra tarea es encontrar la vía para avanzar hacia ese objetivo.

4 de enero de 2001.
claudiok@arnet.com.ar



[1] Claudio Katz es economista, profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET [Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas] y militante socialista.

[2] Ilustramos este proceso en nuestro reciente texto: "Las alternativas de la crisis económica", 17 de diciembre de 2001.

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