Pimienta negra

Fuente: La Otra Aldea <laotraaldea@hotmail.com>

Quizá sea útil reconocer que el Imperio Global Privatizado (IGP) suele ser mucho más hábil que el bloque popular y democrático a la hora de precisar sus discursos. Cuando sus intereses y las circunstancias así lo aconsejan, sus portavoces, intelectuales y académicos no tiene pelos en la lengua, son directos y muchas veces crueles y descarnados.

En artículos anteriores hemos demostrado que la crisis argentina es un verdadero "caso testigo" del proyecto que tiene el IGP para América Latina. Ese carácter emerge también en la forma que las distintas variantes de la representación mediática del poder organizan y difunden su discurso.

Cabe recordar aquí que denominamos Imperio Global Privatizado a la facción dominante dentro del sistema corporativista financiero globalizado. Esa facción está encabezada por Estados Unidos, la primera potencia capitalista que ingresó al siglo XXI con su aparato de poder político privatizado, ahora totalmente en manos de sus corporaciones y grupos económicos. También queremos recordar que el IGP se propone la disolución de las naciones-Estado del mundo en desarrollo para cederle así a sus corporaciones financieras el control directo de la gestión económica y política de esos territorios.

Formulados esos recordatorios básicos sobre la categoría de análisis que establecimos en artículos anteriores de La Otra Aldea y en el libro Bush & ben Laden S.A (Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, 2001), pasemos entonces al tema central de esta columna.

En un programa de televisión emitido en horario central por un canal de aire de Buenos Aires, el periodista local Julio Ramos no tuvo reparos en describirle al propio gobierno la trampa en que se halla atrapado, en decirle lo que tiene que hacer y en esbozar algunos de los lineamientos políticos que el IGP tiene previsto para los argentinos.

Ramos no es un periodista cualquiera. Es un destacado representante local de la facción dominante del corporativismo financiero globalizado. Es el propietario y director del diario Ambito Financiero, vocero de ese mismo corporativismo, de los bancos, del FMI y de los intereses norteamericanos. El periódico de Ramos se desarrolló y consolidó durante la pasada dictadura militar.

El periodista fue preciso y hasta cruel. Le dijo al presidente Eduardo Duhalde que Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) no le creen y esperan de él un cambio de rumbo. Le dijo que sin la asistencia financiera del FMI y de Washington, Argentina y su gobierno son inviables, aunque reconoció que si ese auxilio llega -la administración Duhalde pide a gritos 9.000 millones de dólares-, el mismo deberá ser aplicado al pago de las deudas atrasadas que Argentina tiene con el mismo FMI, con el Banco Mundial (BM) y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Sin embargo también lo "tranquilizó". Le hizo saber a Duhalde que Estados Unidos no quiere expulsarlo del gobierno, que la "comunidad financiera y económica mundial" pretenden que simplemente acepte la pautas del FMI, consistentes en un mayor ajuste fiscal, la sanción de un presupuesto "creíble" y en medidas que garanticen la "seguridad jurídica".

Ramos le dijo al presidente que si éste no cumple con esos requisitos entonces en Argentina sobrevendrá la catástrofe, con estampida en la cotización del dólar y con hiperinflación, lo que a su vez significaría la eyección del propio Duhalde y el estallido de una situación de ingobernabilidad.

Pero sus advertencias no concluyeron allí. Aludió a parte del proyecto de fragmentación política que el IGP tiene previsto para Argentina y que nosotros revelamos en un artículo anterior. Por último hizo público cuál es, desde el punto de vista de los intereses financieros globalizados, el talón de Aquiles del presidente Duhalde.

En primer lugar, el periodista Ramos recomendó la regionalización del país a través de la agrupación de las distintas provincias en una suerte de áreas geográficamente concebidas. Mediante ese sistema, dijo Ramos en forma desembozada, se achicarían las instituciones políticas, o, dicho de otro modo, se licuaría lo poco que queda de la nación-Estado.

Como vimos en artículos anteriores esa licuación de la nación-Estado está en las miras estratégicas que el IGP impulsa en los países en desarrollo, tanto en América Latina como en Oriente Medio, Asia y Africa. Esa licuación posibilitaría a las corporaciones financieras globalizadas hacerse cargo de la gestión estatal, ya no como agentes de influencias sino como actores principales y excluyentes. Ese proyecto implica y demanda un crecimiento geométrico del autoritarismo político, respetando o no, según el caso y las necesidades, las apariencias constitucionales.

Es en el marco de ese proyecto que economistas del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) acaban de exponer un programa de "ocupación económica" para Argentina. El gobierno quedaría en manos de una junta tripartita, integrada por un representante local, uno de Estados Unidos y otro de la "comunidad internacional". Ese gobierno debería traspasar las funciones de emisión monetaria a Estados Unidos -lo que implicaría la definitiva dolarización de la economía- y privatizar toda la gestión administrativa.

Pero volvamos al discurso expuesto por el periodista Ramos. Por último, y casi como un padre perverso que desnuda los defectos de su hijo en público, el IGP utilizó a su portavoz mediático para denunciar que los intereses del presidente consisten en salvar a la corporación política corrupta argentina de la debacle en que se encuentra.

Como para advertirle que el IGP no respeta lealtades eternas, Ramos desnudó al presidente ante una sociedad que justamente se ha rebelado contra esa corporación política. Dijo que Duhalde quiere seguir viviendo de la política y para eso apuesta a convertirse en un supuesto abanderado de la no claudicación ante el FMI.

Y lo peor de ese diagnóstico sobre Duhalde es su veracidad. Tanto él como los anteriores presidentes, Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando De la Rúa, así como la inmensa mayoría de los dirigentes políticos, son visualizados por la población como una banda de sujetos que sólo defienden sus intereses corporativos. Por eso ninguno de ellos puede salir a la calle sin ser insultado y repudiado por la gente. El mismo cuadro de situación es aplicable a la mayoría de los dirigentes sindicales y empresarios.

Lo que sucede es que Ramos y otros portavoces del IGP no formulan esas denuncias para impulsar un proyecto de cambio democrático en el país sino para chantajear a quienes, debido a su descrédito popular, ya no son confiables como piezas de funcionalidad política.

El Imperio prepara su jaque mate

Pero en esa Argentina vaciada por los bancos y los fondos de inversión especulativos nada es casual, ningún peón se mueve en forma aislada o independiente.

El mismo día que Julio Ramos ridiculizó al presidente, las embajadas de Estados Unidos y de España -en una nota anterior explicamos cómo ambos países alientan un peculiar golpe de estado en Argentina- le hicieron saber al gobierno que les preocupa la falta de "seguridad jurídica".

¿Qué quisieron transmitirle al desesperantemente débil gobierno argentino?. Muy simple. Que no puede ser que los directivos de sus principales bancos desfilen ante jueces y fiscales, acusados de maniobras fraudulentas y otros delitos. Que no puede ser que la justicia local investigue a un ex secretario del Tesoro norteamericano -David Mulford- como uno de los principales implicados en el denominado "megacanje" de títulos de la deuda externa -quizá el fraude más grande que sufrió la sociedad argentina en los últimos años-, con el incremento injustificado de su deuda externa en más de 37.000 millones de dólares.

Que no puede ser que un miembro de la españolísima familia Botín -una de las principales estirpes banqueras de la Unión Europea- esté acusado de haberse quedado ilegítimamente con los ahorros de los argentinos. Que no puede ser tampoco que en el país rija una ley de quiebras que postergue los quebrantos de grupos locales, todos piezas codiciadas por los holdings norteamericanos, los mismos que como ya adelantamos en una edición anterior del boletín de La Otra Aldea, también pretenden desalojar a españoles y europeos en general del mercado de las telecomunicaciones, del petróleo y de los servicios públicos privatizados en la pasada década del ´90.

Simultáneamente, la misión del FMI que tiene a su cargo el caso argentino -encabezada por el indio Anoop Singh- fue clara en su reclamos: no creemos en las previsiones de crecimiento económico del 5 por ciento que figura en la reciente ley de presupuesto; hay que recortar sin cortapisas los gastos fiscales; la provincias deben reducir los suyos en no menos de un 60 por ciento y además deben dejar de emitir bonos de tesorería, los que circulan por todo el país como verdaderas cuasimonedas.

El Banco Central (BC) debe tener una pauta muy limitada de emisión monetaria y debe dejar que el mercado cambiario flote sin regulaciones; y sobre todo ni se puede pensar en ninguna medida del Estado tendiente a impedir la libertad de acción de las corporaciones financieras y de los holdings empresarios, los mismos que la justicia investiga como probables responsables del vaciamiento de recursos que sufrió el país.

Es por eso que el IPG también presiona para que sea derogada de la legislación argentina la figura de "subversión económica", actualmente aplicada a los banqueros sospechados de fraudes y otros delitos contra la sociedad. En ese marco, los ejecutivos del Scotia Bank de Argentina indagados por el juez Mariano Bergés sostuvieron que ellos disponen del dinero de los ahorristas que fue confiscado por la banca a través del denominado "corralito", pero que no pueden devolver a sus legítimos titulares porque el Estado no se lo permite.

Esas declaraciones no pueden menos que provocar perplejidad porque a fines del año pasado varias veces se hicieron públicas las solicitudes formuladas por la banca al gobierno de De la Rúa para que éste adoptase las medidas legales que finalmente impusieron el régimen del "corralito".

En un artículo anterior ya explicamos cómo con esa operación de apropiación indebida protegida y blindada por la ley, y a través de sus consiguientes derivaciones, los grandes bancos acreedores embolsaron unos 75.000 millones de dólares líquidos, mucho más de lo que hubiesen podido cobrar en tan poco tiempo aun si Argentina tuviese una economía floreciente y fuese el país más puntual en el pago de sus deudas.

Las presiones del IGP son de tal magnitud que al FMI no le interesa que los principales exportadores de granos del país -en su mayoría grupos norteamericanos y transnacionalizados- retengan desde diciembre como activos financieros en el exterior más 2.000 millones de dólares (esos son los declarados) que la legislación local obliga a cambiar en el mercado local en un plazo de 15 días a partir de concretada la exportación. En la misma situación de ilegalidad se encuentran la española Repsol-YPF y las otras petroleras que controlan el mercado local de las colocaciones internacionales de crudo.

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