ANTONIO MAIRA (Cádiz Rebelde)
LA DESFACHATEZ CONTRA CUBA
"La estrategia de los Estados Unidos puede tener varias alternativas en función de la evolución de los acontecimientos. En todo caso reclama la aplicación prolongada de las medidas de bloqueo económico, de penetración informativa y agitación social, y de promoción y apoyo a la disidencia interna. Requiere también un control notable de los medios de comunicación y exige un despliegue informativo ante la opinión pública internacional. Condicionar el juicio sobre Cuba se convierte en un factor de primer orden." [1]
Todos sabemos, con absoluta claridad –los que escribimos en medios alternativos y los que lo hacen en Falsimedia–, cuál es el juego del Imperio en relación con Cuba. Cuál es el juego en lo que se refiere a los objetivos finales –escritos desde hace mucho tiempo en la Ley Helms-Burton–, y cuál en relación con el llamado "proceso de transición", con las alternativas posibles y las secuencias planeadas, los modelos de intervención y los métodos previstos para cada uno de ellos, es decir, con los riesgos concretos e inmediatos que está corriendo el pueblo de Cuba. Sabemos también que ese juego sobre el destino de Cuba y la derrota de la revolución viene desde muy atrás, no ha cesado nunca, y que en los últimos meses se está realizando de manera desenfrenada.
Tampoco tenemos muchas dudas sobre la relación inmediata que tienen los juegos imperiales de los Estados Unidos con el derecho internacional, con las resoluciones en la ONU bajo coacción y amenaza, con las guerras contra la comunidad internacional que acaban convirtiéndose en operaciones humanitarias para alivio de las víctimas, y recomposición del "consenso de los aliados", con las guerras preventivas y genocidas, con las matanzas de civiles que engrosan la cuenta sin límites y sin responsabilidades de los "daños colaterales" y con la destrucción-matanza que resulte necesaria en operaciones exactamente definidas como de "conmoción y pavor".
Ni podemos engañarnos sobre la relación, más diferida, entre la reestructuración del mundo bajo la égida de Washington y el abandono de la garantía colectiva de aquellos derechos humanos de los que –según la Summa doctrinal de nuestro tiempo: la Nueva Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos– debe ocuparse con exclusividad el mercado: "principio moral y única expresión de la Libertad". Nada menos que los derechos a la vida, la salud, la integración social, la protección de la infancia, la educación y la cultura, la dignidad y el trabajo.
Y de eso se trata precisamente, de los objetivos, los métodos, los riesgos y las defensas, en relación con otra "crisis" y otra guerra posible del Imperio, cuando se analizan los últimos juicios y sentencias realizados y ejecutadas en Cuba.
Todo esto lo saben también, por supuesto, los "disidentes" detenidos, juzgados y condenados hace unos días. Precisamente porque lo saben colocaron su disidencia en el marco de la guerra de Estados Unidos contra Cuba, que estiman próxima, inevitable y de resultado victorioso – para Washington, naturalmente– y también en el de la guerra infinita, codiciosa, arbitraria y feroz, de EEUU contra los grupos, las gentes y los pueblos no sometidos del mundo.
Asombra ver con qué facilidad los mismos gobiernos, los mismos políticos y los mismos medios de comunicación que nos han intentado conducir, paso a paso, mentira a mentira, a la aceptación de una guerra "preventiva" sin nada de que prevenirse, escandalosamente desigual y abusiva, cruel hasta la absoluta frialdad e indiferencia ante las matanzas que llegan del cielo, consiguen desviar ahora las miradas hacia otro lado, y encabezar una campaña que prepara un nuevo escenario para la acción y ïconsolidación del Imperio. Son los dedos justicieros de Bush, Blair y Aznar, los que apuntan ahora hacia Cuba.
El retorno colonial
El "deseable" destino de Cuba, el carácter emancipatorio de su transición política, ha sido pactado por la llamada disidencia, tanto interna como exterior, con el gobierno de los Estados Unidos. Eso dicen, al menos, hinchando pecho, los autoproclamados salvadores de Cuba. El texto sagrado de ese convenio negociado es la Ley Helms-Burton. Claro que si ese texto, que define con detalle de vocación casi profética el destino del país antillano, es el resultado de un verdadero pacto y no de un edicto imperial, los negociadores cubanos tienen que ser acusados, con el beneplácito de toda la comunidad internacional, de flagrante traición a su patria.
La "Cuban Liberty and Democracy Act of 1996" (Ley Helms-Burton) no sólo detalla los durísimos instrumentos de agresión a la Cuba revolucionaria, y los mecanismos de coacción a terceros países y organizaciones financieras internacionales para generalizar un bloqueo de consecuencias demoledoras para el bienestar del pueblo cubano, sino que también diseña minuciosamente, y sin el menor recato, toda la estructura de dominación y dependencia para la futura "Cuba libre".
En el capítulo de los actos de agresión, la Helms-Burton viola la legalidad internacional organizando detalladamente las sanciones económicas, y las coacciones y represalias para aquellos países que no se incorporen a ellas, y además proporciona cobertura y garantía jurídica a cualquier otra actividad que por su gravedad debe permanecer secreta. Con eufemismos casi transparentes la Ley confirma y autoriza la realización de actividades clandestinas contra Cuba: "Nada en esta Ley prohíbe cualquier actividad investigadora, de protección o de inteligencia, de una agencia operativa o de inteligencia de los Estados Unidos" [2].
En el capítulo de la dependencia la ley comienza con una pura suplantación. El Congreso de los Estados Unidos –supremo legislador de la Cuba liberada– se permite definir solemnemente los derechos del pueblo cubano y las condiciones en las que puede ejercer su soberanía. Los representantes legales del pueblo de los Estados Unidos sustituyen al de Cuba y se convierten en una verdadera asamblea constitucional que fija los principios básicos del orden social, económico y político de la isla. Con ello, Washington está realizando un nuevo acto fundacional similar al que tuvo lugar hace algo más de cien años: liquidar la situación preexistente y fijar las nuevas condiciones políticas y económicas pasando por encima de un largo esfuerzo de liberación del pueblo cubano.
Con una desfachatez total, impertinente y ofensiva para la independencia de Cuba pero muy natural dentro del esquema de la dependencia colonial que comparte la disidencia cubana, los congresistas de los Estados Unidos, en un papel similar al de "padres fundadores", dogmatizan sobre la historia de Cuba y la naturaleza que ha tenido la relación de este país con el suyo, establecen un juicio definitivo sobre su sistema social y político, y señalan las condiciones que harían aceptable –para los EEUU convertidos en Hacedor Supremo– a un gobierno de transición y a un gobierno democrático en la isla. Además se reservan la suprema potestad de examinar y certificar la incorporación de Cuba a la "comunidad de países democráticos".
Sin referirse a la naturaleza de los derechos que históricamente y dentro de una "relación especial", ha ejercido EEUU en su relación con Cuba –ocupación primero y Enmienda Platt más tarde–, y a la propia intención fundacional que en una descarada vuelta atrás –hasta 1898–, orienta la actual estrategia norteamericana, no se puede valorar el enorme nivel de injerencia de Washington prevista en la ley Helms-Burton. Además de las actividades de agresión y hostigamiento la superpotencia intenta reproducir todo el instrumental de intervención cotidiana que había sido habitual en el período histórico que va desde 1898 hasta 1959. Y reproduce también la identificación de la intervención norteamericana con la determinación de un modelo económico y social preestablecido por la gran potencia, en el que además la dependencia es un elemento fundamental.
Con la connivencia de los "patriotas" de Florida y de la "disidencia interna" se retorna a planteamientos netamente coloniales.
Cipayos y consejeros para un protectorado
En lo que se refiere a la recuperación de los instrumentos para la intervención cotidiana, los Estados Unidos pretenden imponer un verdadero protectorado sobre Cuba. Como muestra, dos elementos.
El primero es el asesoramiento militar que se pretende restablecer de manera inmediata. En efecto, "la cooperación para la preparación de las fuerzas militares cubanas a ajustarse al nuevo rol en una democracia y un gobierno civil que podrá incluir ayuda para alojamiento, educación y adiestramiento" aparece en el paquete asistencial de aceptación obligatoria ofrecido a los gobiernos de transición y democrático. En lenguaje más claro: cualquier transición reclama el regreso de la misión militar expulsada en 1959 y la subordinación imperial de las fuerzas armadas de Cuba.
El segundo es el Consejo EEUU-Cuba que debe ser puesto en marcha cuando se determine la existencia de un gobierno de transición. Demuestra la absoluta falta de respeto a la soberanía cubana o, más aún, el desconocimiento de esa soberanía una vez se haya liquidado el actual régimen cubano.. Dicho Consejo tiene las dos siguientes funciones: "coordinar al gobierno de Estados Unidos con el sector privado de ese mismo país, en respuesta a un cambio en Cuba y para promover el mercado como base del desarrollo en la isla" y "establecer encuentros periódicos entre representantes de EEUU y sectores privados cubanos para facilitar el comercio bilateral".
De modo que el Presidente de los EEUU –sin participación de autoridad cubana alguna–coordina el futuro económico de Cuba con los sectores privados de ambos países. Pero los dos no tienen las mismas funciones ni las que tienen poseen la misma importancia. La promoción del mercado, primerísima actividad de reestructuración económica y social de Cuba, le corresponde a los empresarios de los EEUU.
En lo que se refiere a los sectores empresariales cubanos, con el papel subordinado de "abre-fronteras", es claro que el proyecto apunta hacia los realmente existentes o, lo que es lo mismo, hacia el exilio cubano de Miami.
El modelo económico según Washington
Washington mantendrá el embargo y todo el cuadro de sanciones hasta que un gobierno democrático esté en el poder. Y este gobierno democrático instaurado bajo condiciones aprobadas por el presidente de los EEUU tiene que someterse también al cumplimiento de las nuevas determinaciones que para él ha fijado el Congreso norteamericano.
El gobierno de transición, para serlo, debe darse prisa para predeterminar, según el deseo expresado por los Estados Unidos, el sistema económico y social de Cuba. Para ello se le impone como requisito fundamental que "los derechos individuales a la propiedad privada hayan sido restaurados y sean efectivamente protegidos y extensamente ejercidos en Cuba". De manera complementaria el gobierno democrático va adquiriendo la condición de tal en la medida en la que "está moviéndose claramente hacia una economía de mercado basada en el derecho de poseer y disfrutar la propiedad".
La mecánica "constitucional" para la "liberación de Cuba" está muy clara. Después de una fase de transición y elecciones en la que los EEUU se reservan el flagelo del bloqueo combinado con el monopolio del mercado asistencial e informativo, y el veto sobre los posibles candidatos, el nuevo gobierno que ha pasado por el filtro determinado por el Congreso y manejado por el presidente de los EEUU debe pasar por nuevas pruebas de calidad. El reconocimiento de un gobierno como democrático corresponde de nuevo al gobierno norteamericano que deberá ajustarse a un catálogo detallado de condiciones que establece la Helms-Burton verdadera Constitución de Cuba.
A la vista de todo esto es lícito concluir que sólo una identificación extrema con los EEUU puede permitir pasar por este filtro político que define el Congreso de los Estados Unidos. Dicho de otra manera: únicamente los representantes políticos de Washington en Miami, los dirigentes del exilio y sus escasos portavoces en Cuba, podrían aceptar este expolio de soberanía.
Un análisis del instrumento legal que pone en marcha el Congreso y el gobierno de los EEUU demuestra la reinstalación de un principio intervencionista tan acusado como en los peores tiempos de la relación colonial. Dicha intervención postula, con la máxima claridad, la recuperación del poder económico de EEUU en Cuba y la implantación de un sistema capitalista según los criterios que definen, en exclusiva, los políticos de Washington.
El método Bush para la transición política
Ya hemos visto cuál es el indigno marco político de dependencia y vasallaje en el que se mueven el "exilio" y la "disidencia" cubana. Algunas palabras ahora, casi innecesarias dada la inmediata experiencia de Irak, sobre las características previsibles de un "proceso de transición" dirigido por los EEUU.
Es obvio que a estas alturas de la implantación del Imperio –con el neonazismo de Bush: arbitrariedad, terror y violencia extrema como instrumentos del nuevo poder mundial despótico– no puede descartarse, salvo por la capacidad de resistencia de Cuba, un intento de ocupación militar de la isla precedido de un "ataque demoledor" [3]. Comenzaría con un proceso de relanzamiento del discurso sobre el riesgo internacional que supone Cuba. A partir de esa piedra angular que ayudarán a establecer los aliados fieles, los aliados indiferentes, y los componentes de Falsimedia, volvería a realizarse un sondeo coactivo sobre las posibles alianzas para un ataque militar a la isla. El escenario, sin duda terrorífico por los costes humanos previsibles, se vería favorecido por la aparición de una disidencia interna con un nivel mínimo de actividad en Cuba. Una disidencia implicada en el proceso de refundación colonial que tan detallada y descaradamente han diseñado los Estados Unidos.
Éste es el marco global –proyecto y método– que pretende determinar el destino y el camino hacia el futuro de Cuba. Éste es el juego del Imperio.
Y es dentro de ese terrible juego de pérdidas irreparables, sumisiones indignas, y costes humanos incalculables, donde tenemos que valorar –salvando las objeciones absolutas a la pena de muerte– los juicios y las condenas que se han producido en Cuba.
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NOTAS
[1] "Conductas impropias". Pedro Moragues y Antonio Maira. El Viejo Topo nº 135, diciembre 1999
[2] Fue recordada muy oportunamente por el canciller de Cuba, Felipe Pérez Roque, en la rueda de prensa en la que dio cuenta de los motivos de las detenciones y condenas.
[3] Esa calidad es la que les gusta ostentar a los militaristas de Washington.