Los grupos humanos mayores que poblaban el territorio de la actual Argentina a principios del siglo XVI eran los pampeano-patagónicos, como los tehuelches y los pehuelches; los andinos, como los diaguitas y huarpes, y los del Chaco y el actual noroeste. Los primeros eran todos cazadores y recolectores nómades; la modalidad dominante en las etnias chaqueñas, como matacos y guaycurúes, era similar aunque algunos grupos se fueron sedentarizando con economías de cultivo, como los guaraníes. Los grupos andinos constituyeron civilizaciones agrícolas con asentamientos estables. A los ya nombrados se puede agregar omahuacas, patamas, capayanes, comechingones, algarroberos.. Del contacto con los incas perfeccionaron su agricultura, hasta con terrazas y con riego artificial. Criaban llamas y comerciaban en el noroeste y oeste del país.

En los siglos XVII y XVIII, empujados por la conquista española, los araucanos procedentes de Chile emigraron hacia la región centro y suroeste de la actual Argentina, con la consiguiente "araucanización" (mapuches) de los habitantes de la región.

Las exploraciones organizadas por España en el siglo XVI llevaron a Américo Vespucio, en 1502, y a Juan Díaz de Solís en 1516, a internarse en el estuario que bautizaron Río de la Plata, en honor al metal que buscaban y no encontraron. En 1526, Sebastián Gaboto fundó un fuerte a orillas del río Carcarañá, que fue el primer establecimiento en lo que es actualmente la Argentina.
Para frenar el avance portugués, España envió a la región a Pedro de Mendoza, previo contrato que establecía privilegios políticos y económicos al conquistador. En 1536, de Mendoza fundó Santa María del Buen Ayre, pequeño poblado, que en 1541 fue desalojado al no poder resistir el asedio indígena.

Tomando a Asunción como foco colonizador, los españoles fundaron diversas ciudades en el territorio actualmente argentino (Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe), hasta llegar a la segunda fundación de Buenos Aires, que tuvo lugar en 1580. Este puerto pronto se transformó en el centro estratégico, político y comercial de España en la región.

En 1776 fue creado el Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, que abarcaba los actuales Chile, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. Una fuerte burguesía comercial porteña, favorable al libre comercio, fue la generadora del movimiento revolucionario de 1810, que creó las Provincias Unidas del Río de la Plata y destituyó al virrey, acusándolo de falta de fidelidad a la península, a la sazón ocupada por las tropas napoleónicas. Las Provincias Unidas del Río de la Plata no optaron por la independencia hasta 1816, cuando el restaurado monarca español Fernando VII y su partido servil evidenciaron ser incompatibles con el liberalismo institucional y comercial al que aspiraba la Junta de Gobierno de Buenos Aires.

El general José de San Martín organizó los ejércitos que derrotaron a los realistas y contribuyeron decisivamente a la independencia de Chile y Perú. En ese mismo perÌodo, las Provincias Unidas cayeron en la órbita de Inglaterra, compradora de cueros vacunos y abastecedora de manufacturas, lo que al cabo de dos décadas arrasó las artesanías del interior, en beneficio de la oligarquía intermediaria porteña. En 1829 asumió el poder Juan Manuel de Rosas, quien concilió los intereses contrapuestos del puerto y del interior mediante una ley de aduanas y otras restricciones a la penetración de productos provenientes de Francia e Inglaterra. Debió sufrir agresiones militares de ambas potencias, que bloquearon el puerto de Buenos Aires para doblegar al gobierno, pero cayeron derrotadas. Fueron los primeros intentos de integrar Argentina al mercado internacional. Ese objetivo se logró luego de la denominada "Guerra Grande" (librada en Argentina y Uruguay entre 1839-1852), que involucró a Argentina, Uruguay y Brasil, con la intervención directa de Inglaterra y Francia.

En 1833, Gran Bretaña ocupó las islas Malvinas, con el beneplácito de los Estados Unidos. Tras la derrota de Rosas, Argentina se convirtió en importadora de manufacturas y capitales británicos y exportadora de carne y cereales. En nombre del liberalismo económico y político, Bartolomé Mitre (que ocupó la presidencia en el período 1862-1868) se alió con Pedro II, emperador del Brasil, y Venancio Flores, presidente del Uruguay, para librar contra Paraguay una guerra de exterminio, conocida como la de "La Triple Alianza", que empezó en 1865 y finalizó en 1870 con la muerte del presidente paraguayo Francisco Solano López. En el momento de la "victoria", ya Domingo Faustino Sarmiento había sucedido a Mitre.

Finalizada la guerra, comenzó la fase de acomodamiento técnico al mercado internacional. Mientras ferrocarriles y puertos aseguraban la transferencia de riqueza hacia Londres, se completaba la ocupación del territorio mediante el exterminio de los indígenas de la Patagonia y el Chaco, y se producía la inmigración masiva de mano de obra europea, sobre todo española e italiana.

La sucesión de gobiernos que representaban los intereses de los latifundistas agroexportadores, terminó cuando la clase media y un incipiente proletariado llevaron al gobierno en 1916 a Hipólito Yrigoyen y su Unión Cívica Radical. La tenue industrialización que propició la Primera Guerra Mundial, en la que Yrigoyen mantuvo una activa neutralidad, delineó nuevos grupos sociales y enfrentamientos que culminaron en 1919 con la Semana Trágica, cuando las tropas ametrallaron en las calles a obreros en huelga y comandos civiles ultraderechistas opuestos al gobierno atacaron el barrio judío en busca de "bolcheviques".

La crisis mundial de 1929 puso en evidencia el agotamiento del esquema agroexportador. Las clases dominantes que derrocaron a Yrigoyen mantuvieron la relación con Gran Bretaña reafirmando sus privilegios en todos los sectores de la economía, en tanto que las mayorías desposeídas veían agravada su situación.

La Segunda Guerra Mundial favoreció una rápida industrialización sustitutiva de importaciones. Una alianza entre la burguesía, el proletariado y las fuerzas armadas ocupó entonces la escena política. La movilización popular del 17 de octubre de 1945 fue parte del proceso que llevó a la presidencia en 1946 al entonces coronel Juan Domingo Perón. Su gobierno nacionalizó el comercio exterior, la banca, los ferrocarriles, el gas y los teléfonos; incrementó la flota marítima y creó la aérea; elevó a 50% la participación de los trabajadores en el ingreso nacional y dictó una avanzada legislación social. Además organizó a obreros y patrones en confederaciones nacionales, con las que negoció la política económico-social. En el plano externo impulsó una "tercera posición" entre los bloques en pugna en plena guerra fría. Su esposa Evita fue un nexo excepcionalmente carismático entre Perón y los trabajadores e influyó en la conquista del voto femenino.

Los intereses norteamericanos fueron factor decisivo en el golpe de estado de 1955. El dictador militar Pedro Aramburu repudió la posición tercerista de Perón y abrazó la Doctrina de la Seguridad Nacional, delegando en Estados Unidos la defensa de la región contra "los enemigos de la democracia". Esta llamada "revolución libertadora" intentó regresar al modelo anterior a 1945, pero con Estados Unidos ocupando el lugar de Inglaterra. Impuso la redistribución regresiva del ingreso y fusiló a militares y civiles opositores en la Operación Masacre de 1956, que inició una sucesión de décadas de violencia política.

El peronismo quedó proscripto, pero fueron sus votos los que en 1958 llevaron al gobierno al desarrollista Arturo Frondizi, quien abrió el país a las trasnacionales petroleras y automotrices e implantó un modelo de crecimiento y concentración de riquezas que suscitó graves enfrentamientos sociales. Frondizi desproscribió al peronismo, y en las elecciones para diputados de 1962 éstos triunfaron en diez provincias. Este hecho determinó una nueva intervención militar en la que Frondizi fue derrocado. Luego de dos agudos enfrentamientos entre grupos de las fuerzas armadas, emergió como hombre fuerte de las mismas el general Juan Carlos Onganía.

Proscripto nuevamente el peronismo, llegó al gobierno el radical Arturo Illia, cuya administración fue la primera en cuatro décadas que no aplicó el estado de sitio ni otras medidas especiales de represión o censura cultural.

Illia anuló los contratos petroleros firmados por Frondizi, pagando indemnizaciones a las compañías extranjeras. Varias buenas cosechas y la apertura comercial a los mercados socialistas contribuyeron a superar la crisis legada por el interregno militar. Todo el período de Illia -quien se negó a colaborar con tropas argentinas en la invasión norteamericana a la República Dominicana- estuvo signado por el choque con los sindicatos peronistas, que realizaron huelgas, movilizaciones y ocupaciones de fábricas.

En junio de 1966, Illia fue derrocado por la "Revolución Argentina" de Onganía, que inauguró un nuevo modelo autoritario, clerical-corporativo en lo político, ultraliberal en economía, y defensor de las "fronteras ideológicas" en lo internacional. Onganía consagró la Argentina al Sagrado Corazón, prohibió la política, intervino las universidades y la CGT y desnacionalizó la economía: empresas quebradas fueron compradas a precio vil por consorcios norteamericanos, británicos y alemanes.

El estancamiento resultante fue causa de conmociones sociales entre las que descolló el "cordobazo" de 1969, encabezado por la CGT de los Argentinos, del peronista Raimundo Ongaro, el radical Antonio Scipione y el marxista Agustín Tosco. Esta insurrección y el surgimiento de la guerrilla sepultaron el proyecto de la "Revolución Argentina" entre los propios militares. El general Agustín Lanusse asumió la presidencia en 1971 y anunció la convocatoria a elecciones, pero prohibió la candidatura de Perón, exiliado en Madrid.

Héctor Cámpora, candidato del Frente Justicialista de Liberación -nombre de la coalición electoral en la que se presentó el peronismo- obtuvo 49% de los votos en las elecciones de marzo de 1973. Cámpora asumió la presidencia en mayo y renunció dos meses después para permitir una nueva elección, en la que participara su líder, ya regresado al país. El 23 de setiembre, Perón fue electo presidente con 62% de los sufragios. La vicepresidencia quedó en manos de su esposa, María Estela Martínez de Perón ("Isabelita"). El peronismo reanudó las relaciones con Cuba, propugnó una OEA al servicio de América Latina, impulsó la participación de Argentina en el Movimiento de Países No Alineados e incrementó el comercio con los países socialistas. Pero después de la masacre de Ezeiza (el 20 de junio, día del regreso de Perón), los conflictos dentro de su movimiento se convirtieron en una guerra entre la vieja guardia sindical y las "formaciones especiales", como llamaba Perón a los guerrilleros. Al morir Perón, lo sucedió su viuda, cuyo ministro de Bienestar Social y ex secretario personal, José López Rega creó la "Triple A" (Alianza Anticomunista Argentina), organismo parapolicial que asesinó a opositores marxistas y de la izquierda peronista.

El 24 de marzo de 1976, el gobierno de "Isabelita" fue depuesto por una Junta Militar encabezada por el general Jorge Videla. Los militares suspendieron todas las garantías, desataron una ola de secuestros y asesinatos y crearon la ominosa figura del "desaparecido". Las organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron la existencia de más de 25.000 desaparecidos y elaboraron una lista documentada con más de 7.000 casos, de los cuales 80% fueron detenidos por fuerzas de seguridad, ante testigos, y su destino nunca se supo con certeza. Un documento de las fuerzas armadas declaró en 1983 que los desaparecidos debían considerarse muertos en enfrentamientos contra efectivos antiguerrilleros.

La Junta Militar instauró una política de apertura a la importación que liquidó un tercio del aparato productivo. Fueron anuladas conquistas laborales logradas durante medio siglo, el salario real se redujo a la mitad y las economías regionales fueron asfixiadas por las altas tasas de interés. El stock ganadero se redujo en 10 millones de cabezas vacunas. La deuda externa llegó a los 60.000 millones de dólares de los cuales se estima que la cuarta parte corresponden a compras de armas. Fue la época de la "patria financiera", cuando buena parte del sector productivo se volcó a la especulación, alentado por la orientación económica. Consecuentemente, a partir de 1980 se inició el derrumbe de bancos y sociedades financieras.

Videla fue sustituido por el general Roberto Viola y éste por el general Leopoldo Galtieri, quien como comandante en jefe del ejército había acordado en Estados Unidos la participación de militares argentinos en la intervención estadounidense en Centroamérica. Creyendo que ello le aseguraría el respaldo incondicional de Reagan, Galtieri resolvió conjurar la crisis interna recuperando las islas Malvinas, donde el 2 de abril de 1982 desembarcaron tropas argentinas. El error de Galtieri se puso en evidencia en la votación adversa en el Consejo de Seguridad de la ONU, en la reacción británica y en el apoyo de Estados Unidos a su aliado del Atlántico Norte. Luego de 45 días de combates, que costaron unos 700 muertos a los argentinos y 250 a los ingleses, sobrevino la rendición argentina el 15 de junio; dos días después, Galtieri debió renunciar a todas sus funciones.

En la OEA, 17 países reconocieron los derechos argentinos sobre las Malvinas y votaron contra Washington por su apoyo a la agresión extracontinental, violatoria del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

Luego de la destitución de Galtieri se produjeron purgas parciales en los altos mandos de las tres armas; la Junta convocó a elecciones generales para el 30 de octubre de 1983 y el Ejército designó al general retirado Reynaldo Bignone para ejercer la presidencia hasta la entrega del gobierno, prevista para el 30 de enero de 1984.

El nuevo jefe de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, obtuvo 52% de los sufragios, contra 40% del justicialismo. Durante la campaña electoral Alfonsín denunció la existencia de un pacto militar-sindical y se erigió en el candidato de la legalidad y la vida, contra la arbitrariedad y la muerte. Esto le valió la victoria incluso en buena parte del cordón industrial del Gran Buenos Aires, tradicional bastión peronista.

El nuevo gobierno buscó dar un combate frontal a la inflación que había alcanzado índices desastrosos: 688% al finalizar 1984. En 1985 pareció estabilizarse una tendencia de 25% mensual. Las reducciones del gasto público, que arrojaba un déficit de 70 millones de dólares anuales, fueron espectaculares en algunos rubros. El presupuesto de las fuerzas armadas, por ejemplo, pasó a representar 18% del erario frente a 30% anterior. Mientras tanto, el capital financiero consiguió ganancias superiores a las obtenidas en cualquier parte del mundo.

La participación del sector laboral en la renta nacional bajó de 48% a 35%. La CGT peronista se orientó hacia frentes de variada composición, apoyó incluso la huelga de los empresarios agropecuarios, a cambio de que éstos reconocieran sus demandas salariales y el control sindical sobre las "obras sociales", especialmente los sistemas de atención de salud y turismo interno.

A mediados de junio de 1985, las autoridades lanzaron el llamado Plan Austral que congeló precios, tarifas de servicios y estableció una nueva moneda, el austral, inicialmente más valiosa que el dólar.

En el litigio sobre el canal de Beagle, se firmó un tratado que alejó los peligros de una guerra con Chile, tras un plebiscito interno donde la propuesta de paz del Vaticano, apoyada por el gobierno argentino, recogió 80% de los votos.

Las revelaciones emanadas de los estudios de la CONADEP (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas) siguieron detonando horrores durante el juicio público a los nueve comandantes en Jefe de la dictadura, a quienes se acusó de haber ordenado los crímenes en ese período. La condena a varios altos dirigentes militares -incluso el ex presidente Videla- y la posterior extensión de los juicios a militares de menor graduación motivaron fuertes presiones en el ámbito militar. Durante la Semana Santa de 1987 algunas unidades se acuartelaron para reclamar el fin de los juicios a los militares y amnistía para los condenados. Aunque los rebeldes constituían un grupo minoritario, la disposición de las fuerzas "leales" a reprimirlos fue puesta en duda.

Convocadas por el presidente Alfonsín, más de un millón de personas acudieron a Plaza de Mayo a defender la democracia. La crisis fue disipada el Domingo de Pascua, cuando Alfonsín concurrió personalmente a dialogar con los insurrectos en Campo de Mayo y éstos depusieron su actitud. Sin embargo, en los días siguientes varios de los altos mandos militares fueron sustituidos y el presidente envió al Congreso un proyecto sobre "obediencia debida", que eximía de culpa a la mayoría de los militares acusados de violaciones a los derechos humanos, alegando que actuaban en cumplimiento de órdenes superiores.

Durante los dos años siguientes la inflación siguió cercenando los ingresos reales de la mayoría de la población. Entre diciembre de 1983 y abril de 1989 se perdieron miles de empleos, el salario experimentó una drástica reducción y la recesión agudizó la ya difícil situación de las pequeñas y medianas empresas. La CGT encabezó la resistencia a la política económica de Alfonsín; en ese período se efectuaron catorce paros generales.

El costo social de este proceso fue en aumento, al punto de calcularse que unos 10 millones de habitantes -casi 30% de la población- quedaron virtualmente marginados del mercado de consumo.

En las elecciones presidenciales de mayo de 1989, el peronista Carlos Saúl Menem obtuvo 47,6% de los votos frente a 38,4% del candidato radical Eduardo César Angeloz. El descalabro económico era tal que la fecha de asunción del nuevo presidente fue anticipada varios meses. Menem, que había sido gobernador de La Rioja, estableció un programa de privatizaciones a partir de la Ley de Reforma del Estado, de agosto de 1989. Esta reforma preveía la privatización de empresas estatales, la desreglamentación de los mercados y la descentralización de la gestión administrativa.

En el primer año de gobierno, se impulsó la privatización de la empresa petrolera estatal, de numerosos medios de comunicación, la administración de las telecomunicaciones y la aerolínea del estado.

Menem restableció relaciones con el Reino Unido (dejando la cuestión clave de la soberanía sobre las islas Malvinas bajo un ambiguo "paraguas protector") y en dos etapas indultó a todos los militares responsables de la "guerra sucia".

La persistente crisis económica y social sumada a los cambios de Menem con respecto a la doctrina del justicialismo tradicional provocaron convulsiones en las instituciones del país. La CGT sufrió una división entre los sectores que apoyaban al gobierno y quienes lo enfrentaban. A la referida fractura del Ejército se sumó un fenómeno análogo en los principales partidos políticos. La Iglesia tomó distancia del gobierno y fustigó a la dirigencia de partidos políticos e instituciones en general, cuyo desprestigio ante la opinión pública fue en aumento.

Durante la Guerra del Golfo, el gobierno argentino envió tropas a la región para sumarse a la coalición antiiraquí comandada por EEUU, eludiendo la aprobación parlamentaria. En 1991, Argentina anunció su abandono del Movimiento de Países No Alineados y en los primeros meses de 1992, el país se sumó a Estados Unidos en la condena a la situación de los derechos humanos en Cuba rompiendo una posición tradicional de no injerencia.

Desde el comienzo, el gobierno de Menem se vio rodeado de escándalos. Varios de sus asesores más cercanos tuvieron que abandonar sus puestos luego de ser acusados de lavar dinero del narcotráfico o recibir sobornos para favorecer a empresas en la concesión de licitaciones o privatizaciones.

En el orden económico, el Producto Bruto Interno experimentó un fuerte crecimiento. Sin embargo, la actividad industrial se mantuvo por debajo de los índices de 1987. Se profundizó la desigualdad distributiva en las distintas regiones. Al fin del año los funcionarios públicos de varias provincias efectuaron protestas por salarios impagos, en algunos casos llegaron a quemar edificios públicos y saquear los domicilios de políticos y jerarcas.

A mediados de 1996, los desempleados superaron los dos millones y los subocupados el millón y medio de personas, de acuerdo con las estadísticas oficiales. La desocupación alcanzó un promedio nacional de 17,1%, y superó el 20% en algunas provincias. La deuda externa registraba un crecimiento de 57% con relación a la existente en 1991, al comienzo del plan antiinflacionario aplicado por el gobierno. En el primer trimestre de 1996, Menem destituyó a Cavallo. El nuevo titular de Economía, Roque Fernández, doctorado en Chicago, se declaró decidido a mantener la política de su predecesor y a superar el déficit fiscal, el desempleo y la recesión.

Fragmento de Guía del Mundo (www.guiadelmundo.org.uy)

Fernando de la Rúa es presidente de la república desde diciembre de 1999, elegido en la fórmula de la Alianza entre el Partido Radical y el Frepaso. Impulsó reformas legislativas de flexibilización laboral y de ajuste salarial. El vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez (Frepaso) renunció en octubre de 2000 solicitando que se investiguen las denuncias de sobornos en el Senado para la aprobación dichas leyes. En marzo de 2001 se registró una crisis institucional que implicó un alejamiento del Frepaso del gabinete de ministros, asumiendo Domingo Cavallo el ministerio de economía, lo cual significa una profundización de las políticas neoliberales y del control del Estado por parte de los grupos de poder económico nacionales y transnacionales. Domingo Cavallo fue presidente del Banco Central durante la última dictadura militar, estatizó de la deuda externa privada.