Sábado 13 de abril de 2002.
Denuncia del Golpe de Estado en Venezuela ante la OEA
Como ciudadanos venezolanos preocupados por la grave crisis política que atraviesa nuestro País, pretendemos a través de la presente hacer del conocimiento de la Organización de Estados Americanos, la situación de desconocimiento a la institucionalidad y a la constitución vigente en Venezuela.
En este contexto observamos con inquietud el vacío de poder que se ha generado en los mas altos niveles del Gobierno Nacional ante la reclusión forzosa del Presidente Constitucional de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, y la consecuente persecución, por parte de los organismos de seguridad, a los miembros del poder ejecutivo y otros poderes legítimamente constituidos.
Algunos sectores han alegado que se ha producido una falta absoluta del Presidente de la República, sin embargo, ateniéndonos al artículo 233 de la Constitución vigente de 1.999, el cual reza que “Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato”, la realidad no se corresponde con ninguna de las consideraciones planteadas en tal articulado.
A pesar de que se ha difundido la noticia de una supuesta renuncia del Presidente Chávez, no se tiene constancia de la existencia de documento alguno que convalide esta renuncia, ni se ha realizado un pronunciamiento público del Presidente dirigiéndose al País para presentarla. En todo caso, de constatarse dicha renuncia, la constitución en su artículo 233 establece que es el Vicepresidente Ejecutivo quien debería asumir la primera magistratura por un lapso de no mayor de 30 días, dentro del cual se convocaría a nuevas elecciones generales, completando el presidente que resultare elegido, el período constitucional. Incluso de constatarse que el Presidente hubiere destituido al Vicepresidente Ejecutivo, consideramos que respetando la institucionalidad constitucional, le correspondería a la Asamblea Nacional o al Tribunal Supremo de Justicia dilucidar el mecanismo adecuado para el nombramiento del nuevo Presidente.
En caso de falta absoluta por revocatoria popular de mandato, la Constitución vigente señala en su artículo 72 que todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables, para lo cual habría que convocar un referendo para tal fin, una vez transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario.
En nuestra opinión las autoridades legítimas son aquéllas que resultaron elegidas en los procesos electorales de la relegitimación de poderes realizados tras la aprobación en referéndum popular, de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como aquéllas que fueron posteriormente designadas en el marco constitucional por los poderes una vez constituidos. Y son éstas las autoridades a las cuales el pueblo delegó democráticamente el ejercicio de las funciones de gobierno.
Considerando, que los mandatarios del Grupo de Río han solicitado la aplicación de las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana, invocando el artículo 20 del título IV, Fortalecimiento y Preservación de la Institucionalidad Democrática y por todo lo anteriormente expuesto, apelamos a la conciencia democrática de la Organización de Estados Americanos, para que se estudie a profundidad el caso Venezolano, con la finalidad de que se hagan las gestiones diplomáticas y se tomen las medidas pertinentes para que se reconstituya el orden constitucional y la plena vigencia de los derechos humanos con carácter de urgencia.
Vale la pena advertir del riesgo que se corre ante la presencia de un régimen establecido al margen de la constitución y las leyes, paralelamente al Gobierno Institucional del Presidente Hugo Chávez Frías. Condición ésta que divide al País y pudiera generar hechos de violencia lamentables.