Que el partido les pague el sueldo, no nosotros los ciudadanos
Jorge Bolaños
En Nicaragua a nadie parece importarle que los señores diputados, magistrados, alcaldes y demás funcionarios en los poderes del estado y gobiernos municipales no trabajen al servicio de la ciudadanía sino que al servicio de sus partidos. Como buenos partisanos obedecen las instrucciones y directrices que reciben de sus caudillos, tanto en el partido sandinista como el PLC arnoldista. El colmo es que tienen el descaro de admitirlo públicamente.
Por ejemplo, veamos las recientes declaraciones del alcalde de Managua, don Nicho Marenco, donde públicamente se enorgullece de ser un cuadro muy disciplinado dentro del partido sandinista, e incluso reconoce que se porta como un buen partisano en el ejercicio de su función pública como alcalde de Managua: "Yo estoy cumpliendo una tarea partidaria, yo soy un partisano, no soy un libre pensador" (pág. 3, Magazine, Edición No. 33, 8 de mayo del 2005, una publicación de La Prensa).
En una verdadera democracia, los elegidos a ocupar los cargos en el gobierno sí responden a la voluntad del pueblo que los eligen. Para que la función pública, en efecto, sea pública, tiene que ser profesional, no puede ni debe ser partidaria ni particular. El funcionario electo debe estar al servicio de cualquiera y de todo ciudadano por igual, sin distinción política, étnica, religiosa, o de otra índole. O sea, eso de ser sandinista o liberal, católico o musulmán, promiscuo o homosexual, o cualquier cosa que uno quiera ser, debe mantenerse ajeno a la función pública, debe ser totalmente personal y privado.
Todos los funcionarios que ocupan cargos en los poderes del estado tienen la obligación laboral de dedicarle el 100% de su esfuerzo en el ejercicio de sus funciones como empleados públicos al servicio de su contratador, o sea, al servicio del pueblo de Nicaragua. Todos los ciudadanos nicaraguenses por igual pagamos la cuenta a través de nuestros impuestos, y somos quienes a través de nuestro voto en las urnas los elegimos a ocupar los puestos de poder en los poderes del estado.
Entonces, aquí propongo que sí Nicho Marenco es, dice ser y quiere ser un obediente partisano "servil" del partido sandinista, incluso en el ejercicio de su cargo como alcalde electo de Managua, debería ser el partido sandinista que le pague su sueldo a Nicho, y no los ciudadanos de Managua.
Igual debería ser el caso para los demás diputados, magistrados y funcionarios que abiertamente obedecen las instrucciones de sus caudillos en vez de cumplir con su función pública. No es justo que la ciudadanía pague por el sueldo de "servidores públicos" que no usan su cargo para servirle a "todos por igual", sino que trabajan como partisanos al servicio de sus caudillos, o sea, en contra del pueblo.
Por ejemplo, esa última proclama de los alcaldes sandinistas "exigiendo" la renuncia del Presidente no era ni es atribución de sus funciones como alcaldes. No fueron electos para eso ni les pagan para eso. Señores alcaldes, déjenme recordarles que más bien la democracia funciona al revés, los ciudadanos sí podemos exigirle a nuestros gobiernos, los concejales sí pueden exigirle al alcalde, y no vice versa.
Entonces pregunto, ¿por qué no podemos demandar judicialmente para cobrarle legalmente tanto al partido sandinista como al PLC arnoldista toda esa enorme suma de dinero que ha sido ilegal e ilegítimamente cargada sobre los hombros del pueblo? La cantidad de dinero a devolver probablemente sería suficiente para resolver el déficit fiscal, aumentar el salario de maestros, policías, enfermeras y demás empleados públicos, y para más inversión en infraestructura, salud, educación, y tantas otras necesidades básicas del pueblo. ¿No se puede anteponer algún recurso legal de amparo?
Aquí invito a reflexionar sobre este asunto y a juntar esfuerzos para defendernos de este secuestro ilegítimo de los poderes del estado. Digámosle no al pacto entre el partido sandinista y el PLC arnoldista. Digámosle sí a Nicaragua.