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| RUMANIA: Se multiplican las protestas obreras y
por primera vez en doce años los trabajadores responsabilizan directamente al FMI
Aureliu Dobrogeanu |
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Con graves problemas se confrontan los trabajadores de Resita, Azuga, Rocar, los taximetristas y los funcionarios del Correo. Febrero se vio sacudido por las protestas obreras en diferentes puntos del país. Rocar y Resita necesitan créditos para seguir funcionando, pero su situación precaria no presenta garantías a los bancos, y el Ejecutivo se niega a intervenir y garantizar los préstamos. Por otra parte, Correos no tiene problemas económicos, pero aún así fue incluido en la lista negra del FMI. En Resita no se vislumbra ninguna solución inmediata. Unos 500 obreros de la empresa metalúrgica CSR de Resita participaron el 4 de febrero en un acto de protesta organizado por el sindicato Vatra. Los trabajadores de Resita protestan por el pago de los salarios atrasados, como se había resuelto en el pacto social firmado con los patrones estadounidenses de Noble Ventures. Los sueldos tenían que ser pagados hasta el 31 de enero, de un crédito de 5,5 millones de dólares que los capitalistas estadounidenses intentan obtener del Banco Comercial Rumano (BCR). Los representantes del banco se negaron a dar un crédito para Resita, dado que allí existe todavía mucha “incertidumbre e inseguridad”. En opinión de los sindicalistas, los trabajadores de Resita fueron utilizados por los patrones estadounidenses, creando esta situación en la que los obreros son obligados a protestas por ese crédito – que en definitiva es para sus patrones. El dirigente sindical Iancu Muhu declaró que “el gobierno no se implica y al parecer, mediante estos dos estadounidenses, quiere liquidar la empresa”. Una delegación de sindicalistas solicitó al subprefecto Barbu Enache que informe al gobierno sobre la situación de Resita. Al mismo tiempo, en Bucarest el ministro de las Privatizaciones se reunión con representantes del BCR para discutir el eventual crédito. Los sindicalistas de Vatra dijeron que, si no reciben una respuesta favorable, continuarán las protestas en las calles, recurrirán de nuevo a la huelga de hambre, o intentarán llegar a Bucarest para piquetear la sede del Ejecutivo. Sin embargo, luego de tres semanas de actos y marchas en Resita y de algunos piquetes frente al gobierno, los trabajadores siguen sin recibir alguna respuesta satisfactoria. Como medida de protesta, los trabajadores de Resita podrían cortar el agua potable de la ciudad y la alimentación con energía eléctrica a las localidades de Valiug, Garina, Brebu y Semenic, dado que la fuente de agua de la ciudad son unos lagos que pertenecen a la empresa, así como también el centro energético que asegura la corriente eléctrica en las zonas montañosas del departamento. Diputados, senadores y representantes de la prefectura intentarán discutir con el ministro de Privatizaciones, Ovidiu Musetescu, y con Eugen Dijmarescu, consejero del primer ministro, sobre la posibilidad de conceder 400.000 dólares a la empresa, o de que el gobierno facilite el crédito que necesitan los patrones. Hace algunas semanas, cada trabajador de Resita recibió unos 105 dólares del gobierno como ajuda social. El accionista estadounidense Michael McNutt dijo que esta medida no es justa para con los otros contribuyentes rumanos. Pero los obreros siderúrgicos piden la asistencia del Estado y los salarios atrasados al patrón. El 21 de febrero más de cien obreros de la fábrica SC Sinteref SA de la localidad de Azuga, productora de ladrillos de chimenea, salieron a las calles reclamando los sueldos atrasados del mes de agosto del año pasado. Siete trabajadores se subieron a la torre más alta de la fábrica como medida de protesta, amenazando con arrojarse al vacío si no recibían sus salarios. Veinte policías, un pelotón de gendarmes, bomberos y todos los funcionarios del Ayuntamiento se desplazaron al lugar. Los obreros aceptaron bajar luego de recibir ... promesas. El mismo día protestaban los taximetristas de Bucarest contra una controvertida ley. El tránsito en el centro de la capital se vio atascado por la marcha de protesta contra el proyecto de ley promovido por el partido de gobierno, Partido Social Demócrata (PSD). Conforme este proyecto de ley, los traximetristas son obligados a pintar sus coches de amarillo, y a dotarlos de ciertos aparatos cuentakilómetros, de estaciones de emisión-recepción, y de cajas registradoras. Además, los choferes de taxi deberían dar un examen de taximetría cada dos años. Los taximetristas solicitan la anulación de estas medidas, y presentaron al gobierno una lista de reivindicaciones. Alrededor de las 11:00, más de 600 taxímetros de más de la mitad de las compañías del ramo de la capital, se reunieron en la Plaza de la Constitución para participar de la protesta organizada por la Federación de la Solidaridad de los Sindicatos de Choferes de Rumania. Los choferes agitaban banderas de Rumania, de la Unión Europea, y ostentaban retratos de Ceausescu. Iacob Palade acusó a los gobernantes de perseguir “la satisfacción de los intereses de su propia clientela política”, dado que los nuevos aparatos serían provistos sólo por ciertas empresas, cuyos representantes forman parte del “círculo de clientes del PSD”. Luego de protestar durante dos horas en la Plaza de la Constitución, los taximetristas marcharon hacia la Plaza de la Victoria, enfrente de la sede del Ejecutivo, marchando a baja velocidad y haciendo sonar las bocinas. Durante el trayecto se fueron uniendo otros taximetristas. A eso de las 13:45 estaban frente al Palacio Victoria. De acuerdo a la autorización de esta medida de protesta, no se les permitía a los taximetristas detenerse frente al Palacio Victoria; con todo, los trabajadores del volante no querían retirarse. Gendarmería ya se encontraba presente, y había colocado cercos de metal para impedir que los trabajadores ocuparan toda la Plaza. Los representantes de los taximetristas entraron a la sede del gobierno, y a penas si pudieron entregar su lista de reivindicaciones en una ventanilla, dado que no se encontraba presente ningún jerarca. “Huyeron todos. Si en diez días no se respetan nuestras aspiraciones, vamos a ir a la huelga general y paralizar todo el país hasta que todo el gobierno se suba a un helicóptero que lo lleve a Moscú”, declaró Palade. El gobierno del PSD es percibido como pro-ruso, e incluso “cripto-comunista”. Según anunció el primer ministro Adrian Nastase, el gobierno no va a agarantizar el crédito a la empresa bucarestina Rocar, constructora de autobuses, para ayudar a salir de la crisis financiera que dura ya cuatro meses. Nastase dijo que la Rocar debe dar parte de la sede la empresa como garantía del préstamo, porque la intervención del Estado crearía un “precedente peligroso”. Recordemos que Rocar, a punto de cerrar y cuyos obreros protestaban a diario por las calles de Bucarest, había sido “salvada” por el Ayuntamiento de Constanta (en el Mar Negro), que había hecho un pedido de autobuses, pedido que Rocar no puede satisfacer por falta de crédito. El escándalo estalló, pues, antes de abril, por lo que nos equivocamos en el pronóstico del artículo anterior. Los trabajadores de la Compañía Nacional Correo Rumano (CNPR) amenazan con protestas a escala nacional. Este mes han realizado un paro de advertencia y podrían declarar la huelga general. El descontento de los trabajadores se debe a que la CNPR se encuentra en la lista de las 80 empresas cuya actividad está siendo monitorizada por el FMI y que, en consecuencia, no se les puede aumentar el salario más del 22%. En los hechos, el aumento salarial será del 2%, lo que significa un salario bruto por debajo del promedio nacional. El hecho es que CNPR fue incluida en esa lista a pesar de que no tiene deudas, terminó el año 2001 con ganancia y está al día en todos los pagos al Estado. En vano los trabajadores pidieron ser retirados de la lista. El problema es que, una vez en la lista, ya no se puede salir. Sin embargo, el criterio para que una empresa sea monitorizada por el FMI es precisamente que ésta tenga deudas, o deudas atrasadas. Los datos presentados por los trabajadores son confirmados por la administración de la compañía. El presidente de la CNPR, Gabriel Mateescu, declaró que en el 2001 los resultados de Correos fueron un 5,7% mayores que en el 2000. Mateescu añadió que los trabajadores tienen derecho a hacer huelga, aunque sería deseable que esto no sucediera, porque los efectos de una huelga serían desastrosos, dijo. “Una semana de huelga puede llevar a la pérdida del 10-14% de los clientes de Correos. Además, si se interrumpe la actividad durante la distribución de las jubilaciones, es posible que se pierda el contrato firmado con el MMSS [Ministerio de Trabajo y Solidaridad Social; Correos se encarga del pago de las jubilaciones]. Estas pérdidas repercutirán en última instancia en los sueldos de la gente, que ya no tendríamos cómo pagarlos, aunque sean tan bajos”, dijo Mateescu, intentando poner a los jubilados y a la opinión pública en contra de los trabajadores de Correos. Los trabajadores del Correo responsabilizan al FMI de su situación. Periodistas preguntaban a los trabajadores: “¿Por qué protestan contra el FMI? No son ellos los que mandan en este país. ¿Por qué no protestan ante el gobierno?”, lo que deja que pensar, y debería estimular a los trabajadores a sacar conclusiones. Es de notar que todas estas protestas no están coordinadas. En el momento actual, los trabajadores se nuclean en sindicatos para reclamar por su situación inmediata, para resolver, o intentar resolver, problemas puntuales. Otra cuestión digna de mención es el hecho de que las protestas sean politizadas; por lo menos éste es claramente el caso de los taximetristas. En efecto, los taximetristas protestatarios son coordinados entre bastidores por los partidos de la oposición, los mismos que harán, y que hicieron, el mismo tipo de negocios con sus propias clientelas políticas y a cuenta de los trabajadores. |
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