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A MODO DE PROLOGO
Para alcanzar a comprender la situación política, económica y social que atraviesa Argentina -algunos la consideran terminal- es necesario recurrir a la historia reciente del país. Por ello es que en la presente comunicación, más que dedicarle espacio a lo actual he de hacer hincapié en refrescar la memoria de algunos episodios ocurridos hace más de un año -los que hoy parecen remotos- pero que estimo han de ser útiles para comprender lo que sucede en la contemporaneidad en que andamos mendigando ayudas internacionales, sin aprender a "vivir con lo nuestro"(1).
INTRODUCCION
Hace 100 años existía una especie de furor por la revolución; es verdad, también habían quienes le temían: los que tenían algo que perder con el cambio de statu-quo; sin embargo, los que no tenían otra cosa que dejar al camino que sus cuerpos inertes, hambrientos o encarcelados, tuvieron el valor de sumarse a la revolución para modificar un estado de relaciones sociales injusto y perverso. En la actualidad, en una mezcla rara de pacatería y de temores disfrazados de auténticos, pareciera que los que viven bajo el signo de la opresión y el oprobio económico y social ven con suspicacia -y hasta repulsión- a tal metodología que en su momento dio sus buenos frutos, aunque luego fuera bastardeada y prostituida(a).
En este caso me referiré a una situación concreta, es la que atraviesa el pueblo que vive en Argentina bajo condiciones de "bronca" y malestar. A diario sus posibilidades de sobrevivir se ven sistemáticamente reducidas, pero tiene miedo de andar los senderos de las huellas abiertas por otros -hace más de un siglo- sobre el camino en que las pérdidas nunca serán mayores que la certeza de vivir en condiciones dignas o, al menos, bajo el signo de una utopía -como arma teórica- y no el de la resignación pasiva o la egoísta búsqueda de la salvación individual. Solamente si nos salvamos los trabajadores en su conjunto podremos tener la seguridad de que cada uno de nosotros estará a salvo de los procesos de globalización que nos unifican como rebaños de mansas ovejas detrás de pastores perversos que nos utilizan -tanto metafórica como realmente- para sus depravaciones de tipo zoofílicas.
QUE OCURRE CON LOS DERECHOS HUMANOS
A fines de julio de 2001, los habitantes de Argentina nos desayunamos con un paquete de ajustes económicos que -como siempre- afectó de modo directo a la clase trabajadora, a los pasivos y a la nueva clase que forman los desocupados, quienes pululan como hongos después de llover. Estos desocupados no pueden ser considerados en el sentido que les diera Marx(2), cuando habló del "Ejército de reserva" que le servía al capitalismo para regular los salarios de los trabajadores a su gusto. Estos "parados" son estructurales, sus posibilidades de reinserción en el mercado laboral son mínimas, ya que no sólo la robótica los reemplaza, sino que la profunda crisis recesiva que se vive los convierte en inútiles para productores e industriales que trabajan al 30% de su capacidad instalada, es decir, buena parte de sus instalaciones está ociosa.
Por eso, actualmente en Argentina es preciso, al tratar la violación de derechos humanos, hacerlo en términos de los derechos de segunda generación, o derechos sociales. Ellos son los que se violan con mayor intensidad y, de modo paradójico, tales violaciones se convierten en causa de la falta de respeto de los de primera generación, es decir, los derechos políticos; al atentarse contra ellos cuando se pone en marcha el aparato represivo del Estado con el objeto de limitar las protestas populares que se elevan contra la situación de pobreza estructural que atravesamos(b). Preciso es recordar que lo que venimos adelantando acerca de la violación constante de los derechos económicos y sociales, no es privativo de Argentina -no por una cuestión chauvinista- sino que se da en el contexto internacional. Es necesario, si se quiere hacer una lectura integral sobre los derechos humanos, tener en cuenta lo dicho, ya que -caso contrario- vale decir, sin el respeto por ellos, los derechos políticos y los personales pueden verse convertidos en una suerte de cortina de humo que oculta la auténtica situación en que viven las personas, algo así como un remedo de la justicia cuando es avasallada por los gobernantes de turno y sus mandantes del Nuevo Orden Mundial.
El desconocimiento de la protección de los derechos humanos con fundamento económico y social, afecta a los derechos y libertades de la ciudadanía, dada la estrecha relación existente entre todas las categorías de derechos. De tal suerte, Argentina ya vive recortes en las libertades individuales, a la par que un aumento considerable de la acción represiva policial a las protestas sociales(c).
LA POSTERGACION DE LOS TRABAJADORES EN FAVOR DE LOS BANQUEROS
El gobierno "democrático" de la Alianza UCR-Frepaso, vio como única salida para afrontar a la crisis bursátil y financiera que aquejaba al país -aunque haya sido fundamentalmente política, pero perseguidos por los banqueros y financistas nacionales y transnacionales(d)- la poco comprometida solución de recortar los salarios -ya magros- de los trabajadores estatales, de los jubilados y de todas las partidas sociales del Presupuesto Nacional, aprobado por el Congreso el año anterior. En menos de un año se borró con el codo de los grandes emprendimientos financieros lo escrito con la mano de los trabajadores trás muchos años de lucha.
Hubo -y existe con Duhalde- un programa político que eligió postergar, o subordinar, la problemática social a fin de poder superar la crisis económica externa. Tal programa era inviable, porque estaba basado en un modelo económico de exclusión social para las mayorías y, como un destino histórico trágico, arroja a la comunidad a un estado de conflictividad que -si no toma el camino revolucionario armado- puede resultar de una fatalidad similar a la de mediados de los años '70, cuando el índice de pobreza alcanzaba al 5% de la población, mientras en la actualidad el mismo está largamente por encima el 30%. Frente a tales cifras, es fácil concluir que las condiciones objetivas que ayer no estaban dadas para la puesta en marcha de un proceso armado de rebelión contra el sistema imperiocapitalista, en la actualidad si están presentes.
Estas condiciones se lograron recorriendo un largo camino(e) de entrega del patrimonio nacional y del simultáneo avasallamiento de los derechos de los trabajadores. A ello se debe agregar que para poder producirse tal situación, ha tenido que ir dándose progresivamente un proceso de destrucción sistemático de las instituciones republicanas.
Así, prácticamente se regalaron -vendieron a precio vil- las empresas estatales, con el pretexto que producían déficit y eran ineficaces, pero luego de 10 años de privatizaciones, hasta el más ingenuo observa que en manos privadas siguen siendo tan onerosas(f) e ineficientes como antes, a más de haberse desmantelado algunas -el paradigma es Aerolíneas Argentinas- y el consecuente aumento de la desocupación, producto de la reducción de sus plantillas laborales con el objeto de abaratar costos y aumentar los beneficios. Hay que gastar menos para ganar más, es la lógica capitalista imperante, que de competitivo en los términos que lo planteara A. Smith(4), tiene bien poco. De tal modo se concentraron los recursos económicos en manos del sistema financiero y comenzaron a aparecer los flagelos de la desocupación y la subocupación que, necesariamente, vienen acompañados de la miseria de los pueblos.
LA DESTRUCCION INSTITUCIONAL
Este extenso y elaborado proceso de destrucción institucional republicana, como de avance enloquecido sobre las conquistas de los trabajadores, culminó con la sanción de la "ley de déficit cero"(g), que fue aprobada entre "gallos y medianoches" en maratónica sesión de Senadores -la madrugada de un domingo- a finales de junio y que dio lugar a sospechas de soborno a legisladores(5) que, en su inmensa mayoría expresaron su oposición al recorte salarial que se proponía desde el Súper Ministro Cavallo, pero que la votaron o se retiraron del recinto a la hora de la votación, aunque dejándola con quórum suficiente como para aprobar una decisión arbitraria ya tomada por el Poder Ejecutivo.
Desde Marx y Engels(6) se habló de la explotación de los trabajadores, de la expoliación, etc. Actualmente son palabras en desuso que no entran en el léxico "postmodernista" -que hace el juego al imperiocapitalismo- los grandes medios de comunicación masiva no las recogen. Pero hablan de estafas. Pues bien, entremos en el lenguaje de la globalización que tanto gusta a la postmodernidad y utilicemos sus términos. Lo hecho en Argentina con los salarios, pensiones y gastos -inversiones- sociales, no es más que una estafa. Ya no una estafa del discurso(7), lo cual desde hace años estamos acostumbrados a ser sometidos no solamente los argentinos(h), sino los del mundo; se trata de una burda y literal "estafa" -específicamente una defraudación- para con el no cumplimiento de un contrato laboral que compromete a las partes, firmado implícita o explícitamente entre los trabajadores, los pensionados y los receptores de la asistencia social por un lado con el Estado nacional por el otro. El contrato laboral puede ser explícito o implícito, siguiendo el criterio jurídico que establece que cuando una persona trabaja para otra, o para una empresa "... en condiciones de subordinación contiene para ambas partes una serie de derechos y obligaciones de índole laboral, con independencia de que exista o no, un contrato de trabajo" firmado(8).
El Estado se comprometió, por el artículo 14 de la Constitución Nacional de manera genérica, cuando se expresa sobre el derecho "de trabajar y ejercer toda industria lícita"(i)- y el 14 bis que lo hace de modo taxativo, a resguardar los derechos de los trabajadores a recibir una retribución justa y mantener la estabilidad del empleado público. La sanción de la Ley de "déficit cero" ignoró tales preceptos constitucionales, ya que la retribución deja de ser justa cuando lo acordado entre las partes no se respeta; mientras la estabilidad tampoco fue honrada por el Gobierno, ya que el concepto no solamente alude a la permanencia en el cargo, sino también a los haberes, al expresar el texto constitucional -en otro párrafo- que el trabajo gozará de "condiciones dignas y equitativas". Nada de esto se respetó, el Estado, a través de sus personeros visibles -con la aprobación de la mencionada ley- ingresó de lleno en la etapa de la explotación laboral, esta vez a partir de la defraudación en la confianza -lo más devaluado que existe en la Argentina- depositada en el empleador.
Aquí no termina la violación a la ley por el Gobierno, que es lo último que puede esperarse en un Estado democrático, sino que el propio art. 14 bis añade que "El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable". Más, la ley de "déficit cero" impuso el recorte de un 13% también a las asignaciones familiares y a los subsidios a discapacitados, como en lo que hace a aspectos relevantes cuales son la salud, educación, vivienda y seguridad. En definitiva, nuestros gobernantes de entonces hirieron de muerte -con una puñalada por la espalda- a la norma máxima de la legalidad en el país. Y otro tanto siguen haciendo sus continuadores -con Duhalde a la "cabeza"- que continúa con las mismas políticas económicas recesivas y de hambruna que le son impuestas por las misiones del FMI.
¿Y esto para qué?. Reproduciendo las célebres palabras del ex Presidente "Frenando de la Duda"(j), para "honrar nuestra deuda externa", aunque se deshonre la "deuda interna" que se tiene con los habitantes del territorio, condenándolos a profundizar su miseria y la pauperización de sus vidas en un país dónde las autoridades no advierten que la juventud -y los no tan jóvenes- ven como única salida el éxodo obligado a Europa, o cualquier lado en que exista previsibilidad legal, en dónde se encuentre un futuro menos incierto que el local, donde haya una mínima previsibilidad respecto al presente y el futuro.
En marzo de 2001, hubieron tres ministros de Economía como forma de superar las sucesivas crisis económicas que se presentaban, el último de ellos fue el siempre servicial D. F. Cavallo(k). Este personaje siniestro asumió con una agresiva política económica que apuntaba a superar los 3 años de recesión continua y así lograr reactivar la economía local y disminuir el índice de desocupación. Para poner en práctica su "modelo económico", solicitó al Parlamento que renunciara a algunas de sus funciones indelegables y las transfiriese al Ejecutivo. De tal manera, los legisladores -con la irresponsabilidad que los caracteriza a los de las mayorías automáticas conformada por radicales y peronistas- le cedieron la suma del poder público, ya por obsecuencia o por temor a perder sus prebendas ante una crisis que los descolocó ante el electorado, al haber estado siempre mirando de espaldas al pueblo; o lo hicieron por mera sumisión, con lo cual se colocaron bajo los alcances del artículo 29 de la Constitución, que señala: "El Congreso no puede conceder al Ejecutivo ... facultades extraordinarias ni la suma del poder público ni otorgarle sumisiones o primacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria". Esta fue la primera ruptura del sistema republicano: la delegación de poderes. Pero esto no fue suficiente, en menos de tres meses, bajo la presión de la banca internacional y en beneficio de ella se opta por el déficit fiscal cero; el Ejecutivo dicta el decreto 896/01. La norma asegura el pago a los acreedores de los intereses y parte del capital de la deuda pública externa y, así, ante la crisis provocada por el proyecto económico -aún vigente- la carga de la deuda se deposita en las espaldas del pueblo, en especial los sectores más vulnerables en toda crisis económica: aquellos de menores recursos.
Esto no es un delirio populista de quien relata, hasta ahora nada se ha hecho en el combate contra el contrabando -una de las causas de la caída de la recaudación y de la desocupación, ya que miles de industrias nacionales cerraron sus puertas por aquel- a la par que no se persigue la evasión de los grandes contribuyentes, la cual se calcula en cifras multimillonarias. Al respecto, hay un episodio ilustrativo. Los peritos e inspectores de la Dirección Impositiva se ofrecieron a trabajar gratis en la persecución de los evasores fiscales, bajo una sola premisa: no tener condicionamiento político alguno sobre los lugares que irían a fiscalizar. Como el lector sospechará, ante tal "insubordinación", nunca se llegó autorizó tal práctica que hubieran saneado las cuentas públicas.
En Argentina todos los trabajadores -en blanco- y consumidores pagan impuestos -los últimos el recesivo IVA-, pero al Gobierno no se le ocurrió -para alcanzar el déficit cero- gravar la especulación financiera, los depósitos a plazo fijo, a las grandes fortunas concentradas en manos de unos pocos ni las obscenas ganancias de la banca y de las empresas privatizadas; como tampoco se implantaron los aportes patronales de aquellas, que fueron eliminados por Cavallo en su gestión con el menemismo. Eso sí, se abrió el abanico impositivo a las actividades lícitas, a la par que se redujeron, en -hasta el momento- el 13%, las jubilaciones y los salarios de los empleados de la administración pública con más de 500 pesos mensuales. Con lo cual, a nadie escapará que se afectó no solamente la economía familiar, sino que también se produjo una ausencia de masa dineraria en el mercado, la que trajo una reducción de la recaudación impositiva que mensualmente caía a pasos agigantados; con lo que el 13% inicial fue aumentando, tal como lo previeron las autoridades políticas y económicas. Duhalde fue más cauto, no anticipó un recorte salarial mayor, simplemente licuó los salarios haciéndoles perder poder adquisitivo, gracias a la devaluación de la paridad peso-dólar, con lo que el 13% original de reducción salarial quedó hecho un poroto frente a una realidad en que los precios suben por el ascensor ... y los salarios continúan intocables.
En el decreto mencionado, se afirmó explícitamente la vocación autoritaria del gobierno de la Alianza, ya que en él se disponía la improcedencia de cualquier recurso judicial en su contra, lo cual atenta contra las normas más elementales del Derecho y, sobre todo, contra la defensa de los agraviados por la sanción de aquel.
Como no fue suficiente con el Decreto, los acreedores externos exigieron que se convirtiese en Ley de la Nación, ya que les ofrecía mayores garantías jurídicas en un país donde -paradójicamente- ellas no existen más que en los libros de texto. De esa forma se envió al Decreto al Parlamento para que rápidamente lo convirtiese en Ley con todas las reglas y, es sobre ese tema, que trataremos la violación a los principios republicanos garantizados por la Constitución Nacional y que las autoridades de la Alianza votaron durante la Reforma Constitucional de 1994 merced al perverso pacto de Olivos(9) que habilitó a Menem para su reelección.
Hay más para comentar en la violación jurídica del texto de la ley que estamos tratando. Uno de sus artículos prohibe que los afectados por la medida demanden la protección de sus derechos a los tribunales. Esto es una aberración jurídica, ya que en un Estado de Derecho -como se ufanaba de serlo- todos los ciudadanos tienen la posibilidad de recurrir en demanda de protección ante la Justicia. En este caso no sólo cabe un Recurso de Inconstitucionalidad ante, inclusive, la Suprema Corte de Justicia de la Nación -aunque ella esté cuestionada como institución de la República, ya que su mayoría se caracteriza por ser obsecuentes negociadores con el Ejecutivo-, sino además del recurso administrativo contra los organismos de la administración pública que con una ley violaron el texto de la ley suprema de la Nación: la Constitución.
Aquella legislación avanzó sobre los salarios de los empleados públicos -vale aclarar que los trabajadores de empresas privadas son sometidos a la más cruel explotación, ya que no solamente cobran salarios inferiores a los de convenio, sino que perdieron, de hecho aunque no de derecho, la estabilidad laboral- y avanzó también sobre la asistencia social. Al respecto, tomaré un ejemplo: el de la salud pública. A partir de la documentación provista por académicos de Medicina de la Universidad de Bs. Aires(l) y de los prestadores de los servicios de salud, es decir, enfermeras, médicos y otros empleados de los servicios hospitalarios.
Según el testimonio de cualquiera de ellos -como la experiencia recogida por los receptores en los hospitales públicos- por entonces -y en la actualidad- había carencia de insumos elementales: medicamentos, jeringas, sábanas, camas, material de cirugía, alimento para internos y personal, etc. A lo que se sumaba el recorte salarial, producto del arbitrario recorte del presupuesto en las partidas de gastos -o inversión- en las políticas públicas y sociales a las cuales el Estado está obligado. La consecuencia de esta política perversa conlleva una desastrosa situación sanitaria por la que han emergido enfermedades que se creía desterradas, como sífilis y tuberculosis; la mortalidad infantil por desnutrición -o hambruna- y la falta de atención oportuna de recién nacidos y niños. Ante ello se declaró, en la Provincia de Bs. Aires la "Emergencia Sanitaria", pero no para poner en marcha medidas que dieran fin a la situación crítica, merced a la asignación de recursos humanos y materiales necesarios para revertirla. Tal "emergencia" apuntó a abandonar a los sectores más humildes en el acceso primario a la salud. Asimismo, se dejó de atender a los que no estaban en situación de extrema gravedad o urgencia como, por ejemplo, los pacientes oncológicos(m); se postergaron cirugías previstas, a la espera de contar con el material quirúrgico y placas radiográficas; y un largo etcétera que conmocionó cuando ante la TV lloró un médico -cosa extraña, ya que parecen de "madera"- al relatar cómo se mueren los pacientes con cáncer por carencia de la medicación necesaria.
Jurídicamente, restringir o negar el bien salud, para cumplir con las metas del "ajuste" ordenado por el FMI es ilegal, puesto que viola disposiciones como las del art. 14 bis reproducido y el art. 33, que se refiere a derechos implícitos. Por otro lado, no ha de olvidarse que luego de la Reforma de 1994, el art. 22 de la Constitución incorpora y da jerarquía constitucional a instrumentos internacionales protectores de los DD.HH. suscriptos por la Nación. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece que "... toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, como a su familia, la salud y el bienestar y en especial ... la asistencia médica". El Gobierno de De la Rúa, tanto como el actual, son respetuosos con los intereses de los acreedores, haciendo muy poco por demostrar su respeto por los tratados oportunamente firmados(n).
La adhesión a esos acuerdos, si no se respetan en su esencia, tienen carácter formal y termina siendo una broma de mal gusto para con los afectados por su violación, es decir, trabajadores, mujeres, discapacitados, niños, ancianos, etc.; los que se supone están bajo la protección de la Constitución y en cuyo nombre los funcionarios juran cumplirla y hacerla cumplir. Sin embargo, nuestros gobernantes han preferido dar prioridad a la imposición desmedida e injusta de las "leyes globalizadoras del mercado", a quienes se respeta con carácter de infalibilidad, aunque demostraron su inoperancia.
Antes de terminar el punto hay que recordar que a principios de diciembre de 2001 el gobierno de entonces creó el "corralito", el cual fue ratificado por Duhalde como "corralón". El corralito no sólo afectó a ahorristas, también hizo caer su golpiza sobre los trabajadores. Esto como consecuencia que al disminuir el circulante monetario millares de negocios y empresas debieron cerrar sus puertas, con lo cual dejaron sin fuente laboral a una inmensa cantidad de trabajadores en relación de dependencia.
LA SITUACION POLITICA
Es momento de dejar los ejemplos de la devastación que se cometen sobre la población, como así argumentos legales y errores que en tal terreno incurrió el Ejecutivo con anuencia del Congreso, para pasar al plano político y social del tema. El pueblo que habita en Argentina vive la crisis más dramáticas de su historia -la situación económica- que nos lleva a una suerte de barril sin fondo. La población no aguanta más tal estado de cosas. La solución a la problemática no viene dada por los partidos políticos tradicionales, que no la ofrecen ya que ellos son cómplices del orden establecido desde el exterior, están impedidos de salirse de lo "políticamente correcto". Así surgieron -contemporáneamente- diversos movimientos sociales que se diferencian de los llamados "movimientos sociales" hace más de medio siglo, ya que ellos -fascismo, franquismo, nazismo, peronismo, etc.- no eran más que formas menos burocráticas -pero más autoritarias- de la clásica partidocracia ortodoxa.
Los actuales movimientos sociales, que se reproducen en América Latina, tienen la originalidad de constituirse desde abajo, surgen desde los cimientos de la comunidad. Se refieren a demandas específicas: vivienda, trabajo, salud, tierras, etc. En Argentina, algunos de ellos se testimonian a través de lo que ellos han dado llamarse: piqueteros, es decir, organizan piquetes de resistencia activa contra el plan de miseria y explotación a que nos arrojaron los sucesivos gobiernos.
Ante las protestas, la única respuesta de los gobiernos es primero amenazar con el uso de la fuerza a fin de limitar los justos reclamos, para pasar de la amenaza a la represión activa, a la par que utilizan a la Justicia como amedrentador contra quienes resisten a soportar más hambre y miseria. Los piqueteros cortan el tránsito en puntos estratégicos del país -que dificulta la libre circulación de las personas- y eso está prohibido por ley. Sin embargo, tanto para los gobiernos -como para muchos jueces- no es delito atentar contra la vida de los habitantes: en el actuar de los gobernantes títeres tiene prioridad la ley que protege a los poderosos por sobre la que custodia los intereses de los más débiles.
En definitiva, tanto el Gobierno Nacional como los de provincias, violan el texto y el espíritu de la Constitución; en tanto que aquellos que resisten las medidas arbitrarias e ilegítimas económicas, políticas y sociales, defienden las instituciones republicanas y los DD.HH. de la ciudadanía.
La sociedad tiene derecho -garantizado por la Constitución, a la que no conviene olvidar- a expresar su protesta, legal y legítima, en defensa de sus derechos garantizados, entre los que se incluyen el derecho a la libre expresión, de reunión y de huelga. Más aún, cuando la protesta es violenta y no respeta los cánones instituidos como "normales" por el establishment, la protesta activa -más que el deporte nacional de quejarse(10)- tiene legitimidad, ya que alzarse en armas contra quienes han estafado la confianza popular y atentan contra el bienestar poblacional está garantizado por el texto de la Constitución.
Cuando los Gobiernos responsabilizan por actos violentos a agentes "extranjeros" -con lo que muestran su sentimiento xenófobo- o a la reaparición de la subversión de la década de los '70, caen en la trampa de simplificar los hechos, lo que puede ser una maniobra ingenua o malintencionada. Lo cierto es que los "factores de poder" que influyen sobre las decisiones gubernativas, exigen la represión de las protestas. Como ejemplo vaya solamente el del Presidente del Banco Galicia, quién exigió al Gobierno no negociar con los piqueteros, sino recurrir a las atribuciones legales para reprimirlos con mayor violencia que la que él no acepta para sí. Y los gobernantes, obedientemente tratan de cumplir con lo que le ordenan sus mandantes de las finanzas.
Sin embargo, el "corralito" desató la ira de los ahorristas, en su gran mayoría miembros de esa entidad difusa y confusa que a sí misma se llama clase media, los que se convocaron mediante el sonido de cacerolas y enseres de cocina. Fue el "cacerolazo" iniciado en diciembre y llegó a culminar con la "volteada"(o) de De la Rúa el día 22 -que no necesitaba bulla para escapar de un lugar que le quedaba grande- y continuó con asambleas populares que despreciaban la presencia de políticos profesionales. Resultado: para abril 2002 la espontaneidad sin conducción ideológica y, más aún, con desprecio por ella, se evapora como el agua de las cacerolas trás hervir. Para acabar rápidamente con el ruido de cacerolas, Duhalde convocó a la patota bonaerense a fin de desarticular un movimiento incipiente de protesta social que había demostrado su efectividad con De la Rúa.
Pero no fue la represión gubernamental la que hizo desaparecer tan original forma de convocatoria a protestar, sino la falta de un programa político. Cada uno reclama por lo suyo y nadie reclama por la humillación de todos. Observando la metodología utilizada en los cacerolazos, se ve que sus protagonistas declaraban estar en contra de la violencia, a la par que no tenían bandería política. Querían diferenciarse -y confundidos- con los grupos izquierdistas que "hacían lío" y rompían escaparates y símbolos del capitalismo. No, contra eso ellos no estaban, simplemente deseaban la devolución de sus dineros. Hasta ahí llegaban las demandas. El famoso "que se vayan todos" duraría hasta que se fuesen los que los habían estafado ... o empezasen a funcionar los recursos de amparo.
CONCLUSIONES
Ante tal panorama, cabe preguntarse porqué el miedo a la lucha armada contra la injusticia imperante. Está visto que la ley está cerrada para los humildes, los marginados. Sólo sirve al interés de los poderosos. No hay tiempo que perder, está en juego la vida misma.
Como señalaba R. Luxemburgo(12) los pobres no tienen más que perder, han perdido todo, hasta la dignidad. ¡Basta de hipocresías pacatas; la lucha nos reclama en el combate!. Si es necesario el uso de la violencia, bienvenida. Hacer otra cosa no es más que hacerles el juego a quienes nos estafan y explotan de modo inescrupuloso. Son ellos los que están fuera de la ley, no los que los enfrentan reclamando una justa distribución de la riqueza en aras de condiciones de vida digna.
BIBLIOGRAFIA
(1) FERRER, A.: (1989) Vivir con lo nuestro. El Cid Editor, Bs. Aires.
(2) MARX, C.: (1867) El Capital. Siglo XXI, México, 1976.
(3) SEN, A.: (1990) Bienestar, Justicia y Mercado. Paidós, Barcelona, 1998.
(4) SMITH, A.: (1784) La Riqueza de las Naciones. Alianza, Madrid, 1994.
(5) RODRIGUEZ KAUTH, A.: (2001) "Corrupción en la Justicia y en el Senado Argentino (2da Parte)". Probidad, El Salvador, Nº 13.
(6) MARX, C. y ENGELS, F.: (1848) El Manifiesto Comunista. Ed. Anteo, Bs. Aires, 1986.
(7) RODRIGUEZ KAUTH, A.: (2000) El Discurso Político (La caída del pensamiento). Espacio Editorial, Bs. Aires.
(8) OSSORIO, M.: (1992) Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Heliasta, Bs. Aires.
(9) RODRIGUEZ KAUTH, A.: (1998) Aguafuertes de fin de siglo. Almagesto, Bs. Aires.
(10) RODRIGUEZ KAUTH, A.: (2002) "La Gran Oreja y las Quejas Cotidianas de los Argentinos". Globalización, México, Nº mayo.
(11) RODRIGUEZ KAUTH, A.: (1994) Lecturas psicopolíticas de la realidad nacional desde la izquierda. CEAL, Bs. Aires.
(12) LUXEMBURGO, R. (1919) "El orden reina en Berlín". Ed. MIA en Internet, 1999.
Notas
(a) Esa es otra historia.
(b) Al respecto, bien vale recordar las palabras de A. Sen(3), cuando señaló que "debemos considerar a la pobreza como la privación de las necesidades básicas y no simplemente como bajos ingresos", como se lo hace habitualmente sin tener en cuenta el poder adquisitivo de los mismos.
(c) Decenas de muertos, heridos y detenidos desde diciembre de 2001.
(d) Ya Lenin afirmaba, atinadamente, que el capital no tiene patria.
(e) Iniciado con las dictaduras militares de la segunda mitad del Siglo XX y con la complicidad de los gobiernos democráticos, de entre los cuales el del menemismo fue testimonio elocuente.
(f) La mayoría recibe subsidios estatales y muchas redujeron sus tasas impositivas y cargas patronales en perjuicio del fisco y de sus trabajadores, aunque en beneficio de los capitales invertidos en el país por aquellas empresas que quieren quedarse con él.
(g) La cual no está mal, ya que obliga a sanear las finanzas del Estado y a no recurrir a tomar préstamos usurarios a la banca para financiar el déficit en gastos políticos irrelevantes para el crecimiento y desarrollo social.
(h) Con la llegada del gobierno de la Alianza, en 1999, se prometió un cambio en el estilo político y hemos sido de nuevo defraudados. La "Carta a los Argentinos" que hizo cosechar votos a la fórmula de la Alianza fue burlada y la situación política, social y económica se agravó, ya que se dieron muestras de improvisación, ineficiencia y de sometimiento a las normas impuestas por el FMI y los EE.UU.
(i) Lo que no se cumple dado el alto índice de desocupados o subocupados que arrojan las estadísticas oficiales y que supera largamente al 45% de la población económicamente activa.
(j) Tal apodo, puesto por los humoristas locales, se refiere a la rapidez política que tenía el Presidente en momentos críticos.
(k)Tanto fue funcionario de la dictadura militar como del menemismo y, por último, de su archienemigo en las elecciones de 1999 -De la Rúa- pero que está colgado del candelero. Aunque en el 2002 esté "colgado" de múltiples juicios, una de las cuales lo han arrojado a una prisión preventiva.
(l) Que normalmente se supone que viven en una burbuja de cristal.
(m) Aunque para estos, recuérdese que ya no se distribuyen gratuitamente las drogas que necesitan; algo semejante ocurre con los pacientes de SIDA.
(n) Cualquier semejanza con el gobierno de Bush (h) es casualidad.
(o) El Gobierno fue "volteado" por el protagonismo del pueblo, hablar de caída es restarle protagonismo a la movilización popular, como ocurre con "la caída del Muro"(10).
(*) Profesor de Psicología Social y Director del Proyecto de Investigación "Psicología Política", en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina.
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