por RICARDO PLAUL

        En el complejo entramado del mundo actual la de la educación es la problemática que involucra a todas las generaciones y sectores sociales. Es entendida por los socialistas como proceso y práctica social que se constituye en una situación histórica sobre ciertas condiciones económico-sociales y que posibilita la integración crítica, creativa y transformadora de la realidad. La política neoconservadora, monetarista y fiscalista impuesta al país por los organismos internacionales (Bco. Mundial, F.M.I.), implementó una pseudo-transformacíón educativa que se fundamenta en una Pedagogía de Mercado en el marco de un exacerbado darwinismo político, social y económico que promueve el individualismo competitivo e insolidario iniciando un camino de quiebra del Sistema Educativo Argentino. El neoliberalismo asentó la política oficial en el esfuerzo por incorporar mecanismos de mercado en el Sistema Educativo a través de un mayor compromiso con el sector privado y por abrir camino al arancelamiento de la educación pública. Se~ha reciclado en un lemguaje economicista viejas demandas y se le ha cambiado el rumbo, orientándoselas hacia la desestatización y la privatización educativa.
Frente a esta situación reivindicamos el rol indelegable, imprescriptible e inalienable del Estado que asegure una educación gratuita, obligatoria, no-dogmática, garantizando la igualdad de oportunidades educativas para toda la población y la equidad en la distribución federal de los recursos. Sostenemos una política educativa construida desde las demandas y necesidades de la comunidad, conforme al patrimonio cultural nacional, justa y solidaria. Apoyamos un modelo educativo proveniente de la demanda social reconocida y sentida-por la comunidad, para transformar las relaciones de dominación y poder por las de justicia social en un proyecto histórico—cultural popular e independiente.
        
        El criterio de quienes hacen de la educación una mera actividad comercial o sectaria, sosteniendo que la función del Estado es subsidiaria reniega de la obra de los fundadores de nuestro Sistema Educativo y atenta contra los intereses del pueblo. El hecho de que la educación sea una función pública y un derecho social exige que el Estado asuma en plenitud sus obligaciones creando las condiciones que garanticen el ingreso, la permanencia y el egreso de todos los habitantes, así como una orientación curricular y una modalidad de evaluación comprometidas con el fortalecimiento y profündización de la democracia en todos los órdenes sociales y politicos.
El Estado debe garantizar un Sistema Nacional de Educación que recupere para la enseñanza la función de integrar la sociedad argentina mediante la generación y distribución del conocimiento socialmente relevante. Para ello el Estado debe establecer nuevos vínculos con la comunidad educativa y los sectores marginados por el ajuste permanente. Es responsabilidad del Estado promover y generar los mecanismos de articulación con las instituciones de la sociedad que tienen una clara incidencia en los procesos pedagógicos. Sólo así podremos formar ciudadanos deseosos de intervenir en la ansiada democratización política, social y económica. Los socialistas concebimos la política educativa como una política de Estado que no puede depender de cada gobierno de turno sino que debe desarrollarse sobre bases políticas, financieras y programáticas estables.
Debemos recuperar la unidad del Sistema Educativo y darle un carácter común (donde lo común no sea lo impuesto desde arriba sino lo acordado desde la diversidad de la base) y democrático (en el uso del poder para tomar decisiones) que fortalezca la defensa de la educación como derecho social y como política de Estado.
Entendemos la obligatoriedad de la educación como una responsabilidad tanto individual como del Estado, quien debe ser el garante efectivo del ejercicio de este derecho. Esta responsabilidad debe extenderse sobre el tramo que va de los dos últimos años del nivel inicial hasta completar la educación secundaria. Esto no disminuye la responsabilidad del Estado sobre todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida.
La educación debe ser en y para el trabajo como bien social, no para el empleo, como mero adiestramiento en habilidades y destrezas. Desde el Sistema Educativo se debe sostener la posibilidad de producir como enseñanza y aprendizaje, una visión comprensiva del mundo del trabajo y del vinculo entre desarrollo productivo y científico-tecnológico que acompañe el conocimiento de las condiciones de trabajo, de la realidad productiva, salarial y sus repercusiones económicas, sociales, culturales y políticas.

         La ciudadanía y en particular las clases populares no pueden aceptar resignadamente que para pagar la deuda externa y las deudas fiscales cierren, según los designios del F.M.I., se sacriflque la educación pública comprometiéndose el futuro de nuestro pueblo. La escuela no puede seguir siendo el paliativo del hambre y de la falta de seguridad social, donde graduarse o ser promocionado se corresponde cada vez menos con la apropiación de conocimientos, capacidades o actitudes. Toda política educativa democrática deberá necesariamente ir acompañada de políticas sociales capaces de evitar los estragos de la pobreza. Si éstas resultan inadecuadas o insuficientes ninguna reforma educativa dará resultados satisfactorios. Pensamos que la escuela encierra múltiples posibilidades en el camino hacia el logro de una mayor justicia-cultural, económica y social si se remueven los factores que inciden negativamente sobre su accionar y se le otorgan las condiciones suficientes para superar la crisis instituciOnal y profesional que la agobia.
Una transformación real del Sistema Educativo sólo será posible cuando se aseguren para ello las condiciones laborales, de capacitación y de infraestructura para llevarla a la práctica. La obtención de recursos económicos para el financiamiento de la educación debe ser producto de un sistema impositivo basado en la progresividad. El sostenimiento debe incluir: salario, infraestructura, equipamiento y una adecuada área administrativa como soporte de la tarea pedagógica.

         Para asegurar la vigencia de las necesarias transformaciones educativas que nuestro sistema exige, no sólo deben asegurarse los recursos financieros suficientes, sino entender que las mismas requieren tiempo, consenso, voluntad política y modestia. No se puede cambiar todo ni se puede hacerlo autoritariamente sin la participación real de todos los sectores involucrados. El protagonismo colectivo y la autonomía institucional no deben entenderse como descentralización competitiva, m confiundirse con el dejar hacer o el “entre todos haremos todo”, ni con el abandono del Estado de sus responsabilidades. Hay que reunificar el Sistema Educativo Nacional superando tanto la centralización verticalista como la desestructuración actual y otorgar protagonismo a los acuerdos basados en la transparencia de la concertación.

        Hechas estas consideraciones convocamos entonces a la participación activa de la sociedad para llevar adelante las siguientes medidas:

•    Suspensión de la implementaciófl de la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior y abrir el debate para que la comunidad educativa pueda participar en la propuesta de modificación de las mismas.

•    Jerarquización salarial y profesional del docente en el marco del Estatuto del Docente (de alcance federal) y de los Estatutos jurisdiccionales que se adecuarán al mismo respetándose las particularidades regionales.

•    Diseño un modelo pedagógico que tienda a la formación integral del hombre y su inserción crítica en una sociedad democrática y justa asegurando la unidad educativa nacional sin afectar las particularidades regionales.

•    Democratización del gobierno de la educación y fortalecimiento de la participación en todos los niveles de todos los actores sociales

•    Análisis y redefinición de los créditos externos para el sector educativo. Fondo de Financiamiento Educativo con recursos genuinos e incrementos incorporados al salario básico bonificable. Asegurar para la educación el 6% del P.B.L. progresando hacia el 8%.

•    Recategorización, seguimiento y supervisión de los subsidios a las escuelas
privadas atendiendo a su función social.

•    Perfeccionamiento, actualización y capacitación sistemática, permanente gratuita y en servicio teniendo en cuenta las necesidades de las distintas áreas y niveles y contemplando la posibilidad de cursos a distancia y semi-presenciales.

•    Inversión en infraestructura adecuada a los requerimientos de la universalización de la educación.

•    Jornada laboral docente con tiempo frente a alumnos, tiempo de trabajo institucionalytiempodeperfeccionamiento e investigación.

•     Creación de un Centro Nacional de Investigaciones educativas que brinde
asistencia técnica a las jurisdicciones

•    Recuperar la función social y pedagógica de la escuela por encima del asi stenciali smo.

•     Pleno respeto al régimen jubilatorio, con sus especificidades, y rechazo a toda modificación inconsulta.

•    Modificación de las condiciones de trabajo que inciden negativamente en la salud del trabajador de la educación. Sistema de atención y prevención de la salud, gratuito y permanente.

•    Implementación de estrategias nacionales destinadas a la educación de los adultos que erradiquen el analfabetismo y faciliten la inserción de éstos en el mundo de la cultura y el trabajo creador.

•    Creación de un Sistema Federal de Evaluación del Sistema Educativo con participación de los gobiernos nacional, provinciales, sindicatos docentes y otras organizaciones de la sociedad civil.

•    Constitución de un Consejo de Evaluación y Transformación del Sistema conducido desde el Ministerio de Educación y Cultura con participación del Consejo Federal, de las comisiones de educación de ambas cámaras y de las organizaciones gremiales docentes que revea el impacto de la última reforma educativa reorganizando la estructura del sistema.

•    Articulación de los Instituto Terciarios con las Universidades que proporcione oportunidades diversas a los egresados.

•    Estrategias para consolidar la extensión de la obligatoriedad que deberán atender al principio de gradualidad en tres aspectos: infraestructura, transformación curricular y capacitación docente.

         Pensamos que estas medidas y otras que surjan de la construcción colectiva de los actores involucrados lograrán transformar este modelo educativo para pocos en una alternativa educativa popular.