El Tribunal Constitucional (TC) sentó un nuevo precedente a favor de la libertad de expresión al revocar un fallo judicial que restringía el irrestricto derecho de un grupo de periodistas de Tarapoto a informar sobre las presuntas irregularidades detectadas en el manejo de una entidad crediticia de esa ciudad, y por el cual fueron sentenciados a no ejercer más sus labores profesionales. Los periodistas fueron acusados por los directivos de la Caja Rural de Ahorro y Crédito de San Martín de haberlos vinculado a un grupo de ex funcionarios y empresarios con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos a través de un informe difundido en el Congreso. En sus considerados, el TC destaca que las libertades de expresión e información no sólo constituyen una "concreción" del principio de dignidad del hombre, sino que ello está vinculado al principio democrático y son derechos constituidos por antonomasia para la democracia. Menciona también que acorde con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estas libertades constituyen una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática que es indispensable para la formación de la opinión pública. En ese sentido, el TC consideró que las libertades informativas son al mismo tiempo derechos subjetivos y garantías institucionales en tanto permiten la plena realización del sistema democrático constitucional razón por la cual tienen la condición de libertades preferidas. www.cajpe.org.pe/cronolog/setpe6.htm

Luego de su modificación, esta ley contempla el incremento de las penas sobre el nivel máximo en un tercio cuando se trata de miembros de directorios o gerentes de las empresas financieras, o de funcionarios o ex funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) o de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV).

El terror, el pánico financiero no es más que una de las armas del capital especulativo. La especulación se ha vuelto la actividad favorita de los capitalistas, donde la toma de ganancias en el corto plazo es la ansiada meta de brockers y hombres de negocios.

El dominio del capital especulativo sobre el capital productivo y comercial es tal que la economía mundial se asemeja a un casino global, donde cada día, cada hora se juega en la timba globalizada una masa 30 veces mayor que la del comercio internacional. Todo vale en la búsqueda de la máxima ganancia, desde la manipulación de información clasificada hasta la generación del terror financiero por medio de la propagación de informes especialmente direccionados para tal fin.

En el Perú la práctica del pánico económico y financiero ha llegado a los más altos niveles de la administración del Estado, si no recordemos el desparpajo con el que el ex ministro de Economía y Finanzas Kuczysnski lo ejerció en contra de los intereses de la economía nacional durante su cuestionada gestión ministerial. Uno de sus puntos más altos se desarrolló tras los sucesos del Sur, de junio del presente año.

E igual que Kuczysnski, otros ministros y funcionarios del régimen literalmente se lanzaron sobre la opinión pública. Villarán, Vega Llona, Luis Chang y Burneo Farfán vaticinaron las peores consecuencias a raíz de la firma del Acta de Arequipa. Y a la vez que se despachaban con los más terribles vaticinios para la economía nacional, se defendía empresas transnacionales mafiosas como Tractebel.

¿Le pasó algo a Kuczysnski por estas maniobras? ¡Qué va!, está suelto y libre en plaza, igual que todos los demás, y al frente del manejo de la cosa pública. En estos días ha trascendido que el ex hombre fuerte del MEF estaría tras la compra del Banco Wiese, conjuntamente con Susana de la Puente (vicepresidente para América Latina del JP Morgan), imagínense queridos lectores, ¡arriba, siempre arriba vuela PPK!, operación realizada para clientes del JP Morgan (parte de la banca de inversión, esa que califica, levantando o bajando los bonos de las economías tercermundistas).

Esta Ley, sólo servirá como trinchera de protección para financistas corruptos, que al ser investigados por sus malos manejos echarán mano a esta "arma" para mantener a la distancia al periodismo de investigación. Tal es el caso de funcionarios de la Caja Rural San Martín, que nos amenazaron por medio de una carta notarial con abrirnos un proceso por PANICO FINANCIERO si no retírabamos los enlaces que habíamos creado desde nuestra página hacia páginas de internet que informaban sobre manejos extraños de algunos directivos de esta institución financiera. Semejante amenaza, de por si, es inaceptable y ofensivo a la libertad de informar.

Al inicio de este artículo, hacemos mención al TC con relación a dos periodistas sanmartinenses. Estos dos periodistas se atrevieron a denunciar el vínculo de algunos personajes de esta institución financiera con la mafia montada por Montesinos, a pesar de la veracidad de esta información y de lo expresado por el TC, los periodistas fueron condenados en fallos dictados en el mes de abril de este año. El caso había sido archivado.

Entonces nos preguntamos ¿a quién o a quienes proteje esta Ley? ¿al ahorrista? ¿a los clientes de la banca?. Para nosotros es sólo una trinchera desde donde se defiende la corrupción.