UNAM: el mito de la autonomía

Francisco Ortiz Pardo

A su arbitrio, los presidentes la respetan o la violan

De Gustavo Díaz Ordaz a Ernesto Zedillo, la autonomía que conquistó Manuel Gómez Morín para la Universidad Nacional Autónoma de México en 1929, ha sido utilizada como instrumento político a conveniencia de los presidentes de la República: Lo mismo la han hecho respetar para sacrificar a rectores incómodos al régimen, que la han violado de la manera más flagrante al reprimir movimientos estudiantiles o sindicales.

Incluso Díaz Ordaz experimentó las dos fórmulas. Primero ignoró, en 1966, una huelga de estudiantes de Derecho —familiares de priístas que fueron apoyados, conscientemente o no, tanto por el Partido Comunista Mexicano como por el ultraderechista MURO— que derivó en la caída del rector Ignacio Chávez. Y apenas dos años después ordenó que el Ejército tomara la Ciudad Universitaria —construida por "el primer presidente universitario", Miguel Alemán— como preámbulo de la matanza de estudiantes en Tlatelolco.

Y ahora, a veces con el silencio, a veces con discursos contradictorios, el presidente Ernesto Zedillo se mantiene titubeante entre la intervención o la abstención, y no ha dejado clara la competencia que tiene su gobierno para resolver el conflicto universitario. Ello le ha valido impugnaciones tanto de estudiantes y profesores paristas como de antiparistas, que coinciden en manifestar: "Ni Zedillo ni Barnés han podido resolver el problema".

A tal grado ha llegado la evasión de Zedillo —se escuda justamente en la autonomía universitaria—, que en su V Informe de Gobierno, el miércoles 1 de septiembre, no hizo mención alguna de la Universidad ni del conflicto. Y en el anexo del informe —el informe en sí— dedicó apenas tres párrafos al tema, para mostrarse preocupado y presumir que su gobierno "ha coadyuvado" en la solución del problema.

Titubeo presidencial

Las quejas de Chávez en el sentido de que Díaz Ordaz lo dejó solo en 1966, y la actitud de Francisco Barnés, quien acudió a Los Pinos para apoyar a las comisiones de alumnos y profesores que entregaron cartas a Zedillo, el martes 31 de agosto, en las que prácticamente le piden que intervenga, son constancia de que la autonomía universitaria —al menos entendida como la no intromisión de agentes externos en sus asuntos internos ni en su territorio— casi nunca se ha respetado.

Nada extraño, pues de la Rectoría salen dos líneas que forman parte de la red telefónica gubernamental: Una que comunica directamente con el despacho del secretario de Educación Pública y otra con la Presidencia de la República.

En una concentración masiva de antiparistas, posterior a esa reunión con Zedillo, Barnés manifestó implícitamente su adhesión a una eventual intervención gubernamental:

"Hoy estamos aquí para expresar a la sociedad mexicana que los universitarios seguiremos privilegiando las vías para resolver el conflicto en el ámbito universitario; que seguiremos buscando, con inteligencia y creatividad, una solución que permita conciliar nuestras diferencias, con base en la razón, la tolerancia y el respeto mutuo.

"Pero también nos hemos congregado para manifestar que todo esfuerzo de conciliación necesariamente tiene límites; que no podemos ir más allá de lo que nos permite la defensa de nuestros principios académicos y la preservación del marco legal en que se sustenta la existencia misma de la institución; que no podemos esperar indefinidamente a que se modifiquen las actitudes intransigentes que han impedido hasta ahora la posibilidad de un acuerdo satisfactorio."

Por su parte, los estudiantes antiparistas dijeron al presidente en la carta que le entregaron: "Venimos a pedirle su intervención para que se restablezca el Estado de Derecho al interior de la Universidad Nacional... No venimos a pedir que reprima a los compañeros que piensan de forma distinta a nosotros; venimos a pedirle se haga valer la voluntad democrática de la mayoría de los mexicanos que se encuentra plasmada en nuestros ordenamientos legales".

Plantearon que "una y otra vez, durante los meses que han transcurrido desde el inicio del conflicto, hemos realizado acciones que evidencian que la mayoría de la comunidad universitaria rechaza esta suspensión ilícita de labores", por lo que, consideraron, "estamos seguros que tomará en cuenta la expresión democrática de la comunidad universitaria que hoy le hace llegar este documento".

Ciento cincuenta académicos —entre maestros eméritos, Premios Nacionales e integrantes de El Colegio Nacional— le manifestaron al presidente su "esperanza" de que el gobierno hará esfuerzos adicionales y complementarios a los de la comunidad universitaria para lograr una solución.

Según la versión oficial sobre la reunión —que coincide con la de los profesores y alumnos presentes en ella—, Zedillo habría sido ambiguo sobre las salidas posibles para reabrir la Universidad. Dijo que "el gobierno sigue apostando a una solución negociada porque ésta sería la menos costosa para la Universidad y para el país, pero agotado este recurso el gobierno seguirá al lado de los universitarios en su legítimo propósito de restaurar la vida normal de su institución". Y que "de no fructificar los esfuerzos que ahora están en marcha, habrá que recurrir a soluciones en las que ya no se cuente únicamente con la voluntad de quienes han paralizado la Universidad, y sería su responsabilidad haber cerrado el camino de la solución negociada".

Además, pidió acreditar, de manera cuantificable, que la mayoría de la comunidad universitaria se pronuncia por el retorno a clases.

Ante esas dudas del presidente, miles de universitarios, que se reunieron poco más tarde frente al Auditorio Nacional —en la concentración más grande que han realizado los antiparistas— improvisaron una marcha hacia Los Pinos, "para que vean —dijeron algunos— que somos mayoría". No llegaron, pues se impidieron miembros de Guardias Presidenciales.

El presidente Zedillo se ha referido en varias ocasiones al conflicto universitario, advirtiendo en casi todas que el gobierno está contra el uso de "la fuerza bruta" para arreglarlo. Al inaugurar un campus de la Universidad Autónoma de Hidalgo, argumentó: "Soy alguien a quien le tocó vivir, de manera muy cercana, muy directa, los acontecimientos que a fines de la década de los sesenta traumatizaron a los mexicanos (...) El gobierno de la República no abdica, no renuncia a ninguna de sus responsabilidades, pero el gobierno sabe muy bien que el pueblo de México no quiere un gobierno represor, arbitrario, autoritario (...) Las épocas en las cuales los problemas como éste se resolvían con la fuerza bruta, a veces con la fuerza irracional del Estado, no van a volver a nuestro país".

Al día siguiente reiteró su negativa a utilizar la fuerza pública, pero al mismo tiempo pidió a la "mayoría pasiva" de la comunidad universitaria participar para "avalar" la intervención —no dijo cómo— del gobierno.

Su posición quedó aún más confusa cuando el 27 de agosto advirtió a los paristas que, si no aceptan la salida negociada al conflicto, el Estado utilizará "otros medios legítimos" para recuperar las instalaciones universitarias.

Y luego prácticamente exigió a esa "mayoría silenciosa" que demuestre que en verdad es mayoría.

En su informe, Zedillo omitió el asunto. Apenas lo aludió cuando dijo que su gobierno no recurrirá a la violencia, sino a la tolerancia, para resolver los conflictos sociales.

En el anexo del Informe, de 535 páginas, Zedillo apenas dedicó tres párrafos al conflicto universitario. Escribió:

"El gobierno federal, como toda la ciudadanía, ha visto con preocupación el conflicto que ha paralizado las labores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"La UNAM ha sido y debe ser siempre una institución fundamental para el desarrollo científico, humanístico y cultural de México y, de manera señalada, para la educación superior del país.

"En el marco de la ley y con entero respeto a la autonomía de la Universidad Nacional, el gobierno federal ha coadyuvado a buscar una solución al conflicto actual, si bien ésta debe ser impulsada por la propia comunidad universitaria."

Autonomía a conveniencia

Ernesto Zedillo inauguró, el 2 de junio, un puente de la carretera Uruapan-Lázaro Cárdenas, en Michoacán, al que bautizó con el nombre de Ignacio Chávez, el exrector que se dijo víctima de la pasividad del expresidente Gustavo Díaz Ordaz —escudado en la autonomía universitaria— frente al acoso político de que fue víctima como rector en 1966.

"Al recordar al doctor Ignacio Chávez —dijo Zedillo— estaremos recordando también a nuestra Universidad Nacional, y qué bueno que lo hagamos ahora, en momentos que son propicios para respaldar a nuestra Máxima Casa de Estudios."

El 28 de abril de 1966, el doctor Chávez presentó formalmente su renuncia a la Rectoría ante la Junta de Gobierno. Dos días antes, un grupo de estudiantes —encabezados por Leopoldo Sánchez Duarte, hijo del entonces gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis; Enrique Rojas Bernal, Espiridión Payán Gallardo, Rodolfo Flores Urquiza, Dantón Guerreo Cisneros y Vicente Labrada— lo habían secuestrado, vejado y amenazado para obligarlo a firmar una renuncia, que fue rechazada por la Junta de Gobierno, dado que había sido producto de una presión.

Como ahora, las autoridades universitarias presentaron denuncias ante autoridades judiciales por daños y perjuicios, sin obtener respuesta. El presidente Gustavo Díaz Ordaz guardó silencio por ser "muy respetuoso de la autonomía universitaria". Y se consumó la conjura contra el rector.

En una carta en la que el doctor Chávez le agradece a Octavio Paz su solidaridad, fechada el 9 de mayo del mismo año, quedó asentada la convicción del exrector de que fue víctima de intereses políticos ajenos a la Universidad. Anotó:

"Hoy vemos con desaliento que nos queda el triste privilegio de haber sido escándalo mundial de primera plana: un rector, las altas autoridades de la Universidad, incluyendo 24 directores de escuelas, facultades e institutos, asaltados, secuestrados y vejados durante siete horas por una turba azuzada por políticos de todo tipo. Todo eso en medio de la pasividad general, y para completar el espectáculo, las autoridades, sin poder ocultar una prisa medrosa por convalidar el atraco. Hasta ahora sigue la impunidad para los líderes delincuentes, mientras mañana posiblemente les concedan como premio algún puesto en el PRI o en alguna secretaría para tenerlos quietos ('Hay que darles de comer a las fieras', dicen)."

En un manuscrito borrador —escrito varios meses después de los sucesos de abril de 1966, publicado en el libro Epistolario Selecto, de Guillermo Sheridan y Fabienne Bradu—, Chávez revela que advirtió a Díaz Ordaz sobre el peligro que se correría si el gobierno no actuaba para frenar a los delincuentes que habían tomado la Rectoría:

"Este movimiento que parece escolar, y en consecuencia nuestro —escribió—, es en realidad político y de alcance nacional. El golpe que parece dirigido a mí, en realidad es contra usted. Si los acontecimientos me rebasan, yo tendré que irme. Personalmente, yo quedaré liberado y dejaré de tener este dolor de cabeza; pero a partir de ese momento, usted sufrirá la jaqueca."

Y esa "jaqueca" se hizo realidad cuando en 1968 los estudiantes cuestionaron severamente el autoritarismo gubernamental. Entonces Díaz Ordaz se olvidó de respetar la autonomía universitaria, que tanto defendió para sacrificar a Chávez, y ordenó que el Ejército ocupara instalaciones de la Universidad. Primero, el 30 de julio, los soldados intervinieron en la Preparatoria de San Ildefonso, cuya puerta fue destruida con un bazukazo, y luego, el 18 de septiembre, las tropas tomaron Ciudad Universitaria.

Barros Sierra definió entonces la autonomía de la Universidad esencialmente como la libertad de enseñar, investigar y difundir la cultura, pero esa autonomía "no existiría de modo completo si la Universidad no tuviera el derecho a organizarse, de funcionar y de aplicar sus recursos económicos como lo considere más conveniente... Ha de respetarse esa autodeterminación de la Universidad; los problemas académicos, administrativos y políticos internos deben ser resueltos, exclusivamente, por los universitarios. En ningún caso es admisible la intervención de agentes exteriores y, por otra parte, el cabal ejercicio de la autonomía requiere el respeto a los recintos universitarios...".

El 23 de septiembre Barros Sierra presentó su renuncia: "Sin necesidad de profundizar en la ciencia jurídica —anotó en la carta enviada a la Junta de Gobierno, reproducida en el libro Parte de guerra, de Julio Scherer García y Carlos Monsiváis—, es obvio que la autonomía ha sido violada, por habérsenos impedido realizar, al menos en parte, las funciones esenciales de la Universidad (...) Me parece importante añadir que, de las ocupaciones militares de nuestros edificios y terrenos, no recibí notificación alguna, ni antes ni después de que se efectuaron (...) Los problemas de los jóvenes sólo pueden resolverse por la vía de la educación, jamás por la fuerza, la violencia o la corrupción (...)".

El 31 de julio de 1972, Miguel Castro Bustos y Mario Falcón, con un grupo de 200 normalistas, se apoderaron del despacho del rector Pablo González Casanova, en el sexto piso de la Torre de Rectoría, y exigieron hablar con él. Los normalistas, que a instancias de González Casanova serían aceptados en la Universidad, se negaban sin embargo a hacer exámenes de admisión en tres materias —Historia Universal, Historia de México y Lógica—, pues consideraban a esas asignaturas "tan elementales" que les parecía una ofensa. Esta vez las autoridades judiciales sí giraron orden de aprehensión contra Castro Bustos y Falcón, pero el gobierno de Luis Echeverría se negó a entrar por ellos porque habría violado la autonomía universitaria. La crisis terminó con la caída del rector.

De manera contraria a la pasividad manifestada por su antecesor, José López Portillo, como presidente, y Carlos Hank González, como regente, avalaron la ocupación de Ciudad Universitaria, el 7 de julio de 1977, por granaderos y policías preventivos que, a petición del rector Guillermo Soberón, arremetieron contra trabajadores, administrativos y académicos que habían estallado una huelga después de formar un sindicato.

Un ejemplo, más reciente, de la engañosa autonomía:

El rector José Sarukhán promovió entre la comunidad universitaria, en junio de 1992, el incremento de las cuotas. La inmediata reacción del Consejo Estudiantil Universitario —que en 1986 y 1987 frustró un paquete de reformas planteado por el rector Jorge Carpizo—, pero sobre todo presiones gubernamentales, lo obligaron a claudicar en esa iniciativa apenas un mes después.

El ahora jefe de Gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, manifestó entonces —cuando se encontraba de gira proselitista para apoyar a los candidatos perredistas para gobernadores de Michoacán y Chihuahua— que tras la decisión de Sarukhán de aplazar el aumento de las cuotas estaban el presidente Carlos Salinas de Gortari y el jefe de la Oficina de la Presidencia, José Córdoba Montoya, quienes dejaron "colgado de la brocha" al rector. "José Sarukhán está subordinado al gobierno", remató (Proceso 818).

En una entrevista con Proceso, en febrero de 1979, Mario de la Cueva —rector de la UNAM entre 1940 y 1942— habló sin tapujos sobre las relaciones del poder con la Universidad. Contó el profesor emérito, especialista en Derecho Constitucional:

"Cuando el PRI anunció en 1975 quien sería su candidato presidencial, en una tarde infausta fueron los rectores de la Universidad a rendirle homenaje al candidato (López Portillo). Yo escribí un artículo en el antiguo Excélsior y eso le costó a la Universidad varios millones de pesos, porque llenó durante varios días los periódicos con artículos en mi contra."

"Proceso 1892 - Nacional" 5 de septiembre de 1999

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