UNAM: sin salida y sin futuro
Jaime Sánchez Susarrey
Según un reportaje de un diario de la Ciudad de México, jóvenes que pretendían ser abogados, psicólogos y politólogos, como consecuencia de la huelga en la Universidad Nacional Autónoma de México, cambiaron sus metas y actualmente estudian para convertirse en agentes judiciales de la Procuraduría capitalina (Crónica, 12/01/00). Dos casos son particularmente notables: Néstor Eduardo Benítez Medina (24 años) estudiaba Ciencia Política y Administración Pública en la ENEP Acatlán al inicio de la huelga: "Cuando estudiaba en la UNAM -dice- percibía una beca que me permitía mantener a mi familia, pero con la huelga esos programas se tuvieron que suspender y tuve que buscar una manera de financiar mi vida y la de mi familia". A Alma Delia Miranda Ayala le faltaba un año para concluir sus estudios de Derecho en Ciudad Universitaria. Actualmente vive con sus padres y no piensa " regresar a la UNAM, pues, con la huelga la escuela está muy desprestigiada. Incluso los empresarios han declarado que ya no van a contratar a egresados de la UNAM, por eso yo voy a evitar ser egresada de ella".
Estos casos son ejemplares, pero ciertamente no son los únicos. La Universidad Nacional tiene una población de 270 mil estudiantes. Los que cursaban alguna licenciatura no han tenido más opción que ponerse a trabajar o buscar otra universidad. Obviamente, los más perjudicados son aquellos que tienen los ingresos más bajos y no cuentan con los recursos para inscribirse en una institución privada. A todos estos jóvenes, el presidente de la República les envió a finales de noviembre una especie de mensaje de fin de año. En una entrevista por televisión, Ernesto Zedillo se refirió a los estudiantes que mantenían el paro y dijo que dentro de 15 ó 20 años estos jóvenes harían un examen de conciencia y se arrepentirían del daño que le están causando a la Universidad y a sus propios compañeros. Para quienes han visto truncada su aspiración profesional y atropellado su derecho a cursar una carrera en la universidad pública, el consuelo parece más bien magro. Dentro de 15 ó 20 años, los jóvenes de hoy serán adultos y su vida estará hecha. La oportunidad que pierden ahora no la recuperarán jamás. Así que Kafka nos queda chico. Tenemos un jefe de Estado que predica esta especie de paciencia cristiana, pero que se niega aplicar la ley y tolera que los derechos de cientos de miles de jóvenes sean pisoteados por una minoría, con el argumento de que no quiere repetir una represión como la del 68.
Mientras tanto, el rector José Ramón de la Fuente ha cumplido puntualmente todas y cada una de las seis exigencias del Consejo General de Huelga: echó para abajo el reglamento de pagos y volvió a la cuota anterior (20 centavos anuales por el año escolar); restituyó el pase automático y dejó sin efecto la reforma de Barnés que limitaba el tiempo que un estudiante podía permanecer inscrito en una licenciatura, es decir, le devolvió a los fósiles el derecho a ser fósiles; suspendió la vinculación de la universidad con el Centro Nacional de Evaluación, que garantiza que el examen de admisión tenga rigor y calidad académica; suspendió las sanciones administrativas contra los estudiantes que violaron el reglamento interno de la Universidad o que cometieron algún ilícito, como robarse materiales o destruir inmuebles; es más, se comprometió a abogar ante las autoridades competentes para que se pararan (o congelaran) los procesos que se les sigue a los estudiantes por cometer delitos extra muros; y finalmente, lo más importante, aceptó celebrar el "consejo resolutivo" y reconoció al CGH como el único interlocutor para levantar el paro.
No sorprende que así haya sido. De la Fuente fue enviado a la Rectoría por el propio presidente Zedillo. La línea era y es muy clara: negociar a cualquier precio. Aun a costa de entregar la Universidad a los sectores populistas y demagógicos y de poner en riesgo los niveles más elementales de investigación y docencia académica. Pero, como era previsible, nada de esto sirvió: el Consejo General de Huelga rechazó la propuesta. El argumento que esgrime es extraordinario: al dar satisfacción a todas y cada una de sus demandas, Rectoría pretende arrebatarles sus banderas para dividir al movimiento y luego reprimirlo. De la Fuente ha respondido a esta intransigencia con un movimiento que parece audaz. El día 20 celebrará un plebiscito para que la comunidad universitaria se manifieste sobre su propuesta. La consulta no se abrirá indiscriminadamente al resto de la población. Sólo quienes laboran o estudian en la UNAM tendrán derecho a participar. La intención es clara: Rectoría pretende ganar el apoyo de la mayoría de la comunidad universitaria para aislar y debilitar al Consejo General de Huelga.
La respuesta de los estudiantes que mantienen el paro no se hizo esperar. Ellos celebrarán su propio plebiscito el 17 y el 18 de enero que, a diferencia del de Rectoría, se abrirá a los universitarios y a la población en general. Lo que vendrá después de que se efectúen ambas consultas no tiene mayor misterio. Será una guerra de cifras y descalificaciones. Cada uno esgrimirá sus resultados para defender sus posiciones. Siendo, además, dos universos distintos, los porcentajes y los niveles de participación darán pie a una argumentación bizarra. Al CGH no le interesa ganar ni demostrar que tiene el consenso en el interior de la UNAM, lo que pretende es tener números y pretextos para continuar con el paro y no entregar las instalaciones. Y eso lo obtendrá, llueve o truene, con su plebiscito.
Para el rector las dificultades están muy lejos de haber terminado. Su estrategia tiene varios puntos débiles. Si la participación de la comunidad universitaria es baja y no obtiene el respaldo de una amplia mayoría, De la Fuente quedará maniatado y perderá la iniciativa. Pero aun si se cumple el mejor de los escenarios, es decir, alta participación y aprobación abrumadora, Rectoría no habrá hecho otra cosa que ganar una batalla moral. El plebiscito confirmaría lo que la opinión pública ya sabe: el movimiento es minoritario y está perjudicando a la mayoría de la población universitaria. Pero, ¿qué pasará cuando "el Mosh" y sus amigos desconozcan ese resultado y reafirmen su voluntad de continuar el paro? ¿Cuál será el siguiente paso de De la Fuente? ¿Llamará a los estudiantes, maestros, investigadores y trabajadores a que se organicen y recuperen las instalaciones? ¿Reactivará las denuncias contra los líderes del CGH y demandará, por fin, la intervención de las autoridades para que apliquen la ley y sancionen a quienes han cometido ilícitos dentro y fuera del campus?
Como se puede constatar, las opciones de De la Fuente no son ya distintas a las que en su momento tuvo Francisco Barnés. Y es que mientras las autoridades correspondientes no se responsabilicen y actúen conforme a derecho, el conflicto simple y llanamente no tendrá solución. Aunque la verdad sea dicha, una vez que el rector De la Fuente rindió la plaza y dio satisfacción a las seis demandas del Consejo General de Huelga, el futuro de la UNAM, con paro y sin paro, se ve más negro que nunca. El daño que se le ha causado a la Universidad es enorme e irreversible y más irreversible será si celebra el famoso "congreso resolutivo", del que no se puede esperar otra cosa que populismo y demagogia.
Mientras todo esto está ocurriendo, el gobierno federal y el Congreso han decidido no sólo mantener, sino incrementar el presupuesto, que asciende a más de mil millones de dólares anuales, de una universidad que lleva nueve meses cerrada. Cifra que llama la atención ante la insuficiencia de presupuesto que padecen las universidades públicas de provincia. Estas universidades que sí trabajan, disponen de muchos menos recursos por carecer de dos ventajas comparativas: estar en el Distrito Federal y contar con estudiantes excepcionales, como "el Mosh". Pero nada de esto debería sorprender, porque ya se sabe que fuera de la Ciudad de México, todo es Cuautitlán.
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