Alonso Urrutia
Bajo el argumento de que el conflicto en la UNAM ''dejó de ser un asunto entre universitarios y se convirtió en un asunto de Estado'' al alterar el orden público y derivar en delitos, el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, justificó la intervención de la Policía Federal Preventiva en Ciudad Universitaria. En un mensaje, el funcionario reconoció que la restitución de las instalaciones a las autoridades no basta para resolver el conflicto, pero es indispensable para iniciar la reconciliación.
A continuación, el mensaje íntegro del secretario de Gobernación.
Pueblo de México:
Hace casi 10 meses la Universidad Nacional comenzó a transitar por un intenso proceso que abatió las posibilidades de que la institución cumpla con los altos fines que la sociedad le ha encomendado.
En el transcurso de ese lapso, la comunidad universitaria ha manifestado la necesidad de reflexionar sobre la misión profunda de la universidad y ha sensibilizado a la nación entera respecto a conducir esa reflexión hacia una nueva etapa, definida por los propios universitarios, a través del diálogo. Con el paso de los meses, tal propósito perdió su cauce legal y constructivo.
Después de graves trastornos a la vida universitaria y de los infructuosos intercambios efectuados en el Palacio de Minería a finales del año pasado, el plebiscito universitario del 20 de enero fue una acreditada expresión de la mayoría de los universitarios por recuperar la normalidad de la vida académica en sus instalaciones y proseguir en la organización de un congreso por todos planteado. A pesar de la contundencia con la cual quedó claramente manifiesta, la voluntad mayoritaria fue desconocida por una franca minoría que continuó en posesión de los edificios de la universidad.
El 4 de febrero el rector convocó a los paristas a entregar las instalaciones, asegurar el retorno a la vida académica y proseguir hacia la organización del congreso con la universidad abierta. La respuesta positiva nunca llegó.
En suma, un pequeño grupo radicalizado actuó por encima de la ley, sobre la voluntad de 180 mil de sus compañeros universitarios, contra la autonomía universitaria al impedir la cátedra, con violencia que causó heridos y arriesgó vidas humanas el pasado día primero en la Preparatoria Número 3, haciendo inevitable la intervención jurídica y operativa del Estado para prevenir mayores trastornos y delitos.
Con la mayoría de la sociedad, compartimos la convicción de que, ante la intolerancia reiterada, es necesario oponer la razón, la prudencia y la firmeza, para dar curso a la legalidad que a todos compete honrar y a la seguridad que nos brinda la ley.
Los espacios del diálogo se han agotado y es necesario reabrirlos. Se han desbordado los límites de la cordura, derivando en sucesos animados por intereses extrauniversitarios que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad universitaria, impiden el ejercicio de la autonomía y dañan el patrimonio de la institución.
Hoy, en nombre del gobierno federal informamos, en estricto acatamiento al ordenamiento judicial correspondiente: la Policía Federal Preventiva ha actuado para restituir las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El día de hoy, la operación de la Policía Federal Preventiva se llevó a cabo con absoluto sustento legal, pulcritud y eficacia. No se emplearon armas ni violencia. Se actuó en resguardo de los derechos humanos para proteger a la comunidad universitaria, procediendo a poner a los detenidos bajo custodia del Ministerio Público. Acudieron a dar testimonio notarios públicos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Hemos actuado en apoyo de la comunidad universitaria, para dar curso a las deliberaciones y al imperio de la razón, asegurando el acceso de todos los universitarios a las instalaciones que les pertenecen y de las cuales habían sido despojados. El campo universitario no es ajeno al estado de derecho ni es permisible que se convierta en territorio de la impunidad.
Actuamos para disuadir sin reprimir, convencidos, como universitarios, que prolongar la huelga en un ámbito de violencia creciente significaba la cancelación de toda la vía de diálogo y solución al conflicto; más aún para atender los temas sustantivos asociados al destino de la UNAM que compete discernir únicamente a la comunidad universitaria, en ejercicio pleno de su autonomía.
Durante largos meses el gobierno federal respaldó a las autoridades universitarias sin intervenir directamente, hasta que el conflicto dejó de ser una controversia entre universitarios y se convirtió en un asunto de Estado al devenir en alteraciones del orden público, en amenaza a la integridad de mexicanos y en flagrante comisión de delitos.
Desde el inicio del conflicto, el presidente Ernesto Zedillo convocó incesantemente a los universitarios para que resolvieran sus diferencias a través de la razón y el diálogo y se comprometió a apoyar a la universidad cuando así lo requiera.
Hoy el gobierno de la República asume la responsabilidad de restablecer la paz que demanda el ejercicio pleno de la autonomía universitaria.
El gobierno federal está convencido que este paso no basta para resolver el conflicto, pero es indispensable para que los universitarios puedan, con libertad y responsabilidad, reconciliarse para debatir y conducir en armonía las transformaciones que definan el aporte fundamental de la Universidad Nacional Autónoma de México al desarrollo justo y pleno de la nación que todos queremos y merecemos.
Una sociedad democrática no puede admitir el secuestro de su Universidad Nacional. Hoy, la hemos restituido para dejar su destino autónomo, a plenitud, en manos de la comunidad universitaria.
Es por el bien de la universidad. Es por el bien de México.
Muchas gracias a todos por su atención.