Marzo 18 de 2004


Señor Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez,
Con copia a la opinión pública


Radico1 este derecho de petición para solicitarle humildemente respuesta de fondo al derecho de petición que radiqué el 27 de Enero de 2004 (número de radicado 246021). Derecho de petición en el que presenté información falsa transmitida en una rueda de prensa el 21 de Agosto de 2003 precedida por el entonces comandante de las fuerza militares general Jorge Enrique Mora Rangel. En el mismo derecho de petición solicité aclaración de contradicciones entre información de la misma rueda y otras fuentes.

De acuerdo a respuesta de su despacho2 del 3 de Febrero de 2004, el derecho de petición fue remitido al Ministerio de Defensa Nacional, pues es competencia de ese ente. Sin embargo a la fecha no he obtenido respuesta del Ministerio de Defensa, por lo que también solicito humildemente se investigue la ausencia de respuesta.

Me urge respuesta a ese derecho de petición porque: Acudiendo a mi fe en Jesús, deseo recordar con humildad que debemos dar y buscar RESPETO y VERDAD.

Un colombiano que quiere la paz de Dios

Vladimir Támara Patiño (C.C. X de Bogotá)



1
Radico de acuerdo al artículo 23 de la Constitución Política y al artículo 5 del Código Contencioso Administrativo en Departamento Administrativo de la Presidencia.
2
Respuesta que he publicado en http://www.oocities.org/v-tamara/cartas/resp-uvelez-jyp3feb2004.txt
3
Me refiero al acuerdo citado en la página 47 del informe de la Defensoria del Pueblo ``Aprovechamiento forestal y derechos humanos en la cuenca del río Atrato''. Acuerdo entre autoridades y retornados del Cacarica de 1997 que incluye:
  1. Compromiso de la fuerza militares de garantizar la seguridad en la región y de controlar el río Atrato, absteniéndose de realizar operativos en los asenatamientos y en las zonas dedicasa a los cultivos de pancoger;
  2. El compromiso asumido por los integrantes de la comunidad de no ser parte del conflicto armado, a través de códigos éticos de conducta en los que, en ejercicio de su autonomía como población civil, se absitene de participar directa o indirectamente en las acciones de los grupos armados;
  3. El acompañamiento de la Iglesia Católica, ONG nacionales y organismos internacionales y
  4. La presencia permanente de instituciones civiles del Estado (Defensoría del pueblo, Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación), mediante la conformación de una Casa de Justicia.

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