Date: Mon, 26 Aug 2002 14:47:58 +0200
From: Vladimir =?iso-8859-1?Q?T=E1mara?= 
To: auribe@presidencia.gov.co
Cc: secretaria_privada@hotmail.com, quejas@defensoria.org.co
Subject: =?iso-8859-1?Q?Atenci=F3?=
        =?iso-8859-1?Q?n?= a crisis en Choco

Señor presidente Alvaro Uribe Velez
Señor defensor del pueblo Fernando Londoño Hoyos

He recibido la información adjunta de acuerdo a la cual no hay
soluciones para los desplazados de Bojaya y Vigia del Fuerte,
continua habiendo presencia paramilitar, así como asesinatos por
parte de paramilitares sin reacción conocida por parte de la fuerza
pública, también la guerrilla continua violando el derecho internacional
humanitario, y lo que en mi humilde opinión es más grave continuan los excesos
de fuerza contra población civil por parte de agentes del
estado.  Dado que de los actores armados el único legal es
la fuerza pública solicito humildemente su labor se ajuste a
la legislación colombiana y a los pactos firmados por Colombia
en cuanto a derechos humanos, en particular solicito humildemente
se respete la vida, por favor no más amterallamiento indiscriminado
a población civil por parte del ejercito, por favor respeto a las
personas de estas comunidades, por favor no más allanamientos
sin orden judicial, por favor no más ejecuciones extrajudiciales.

Solicito humildemente

1. Se investiguen y lleven a penas los casos que se relatan a continuación
   en los que los responsables son funcionarios de la fuerza pública.

   No es admisible que la fuerza pública se salga de la ley.  Quien
   la hará cumplir entonces?

2. Se investiguen y lleven a penas los casos de colaboración por
   acción o por omisión a paramilitares por parte de integrantes
   de la fuerza pública.

   No es admisible colaboración con grupos ilegales. Cómo podría
   ser una fuerza legitima entonces?

3. Se capturen a los miembros de los grupos guerrilleros y
   paramilitares, se lleven a un juicio justo  y se apliquen las
   penas que dicte la legislación colombiana.

Así mismo me uno a las solicitudes de la diosecis de Quibdo:

1. Exigimos al Estado colombiano que atienda de manera urgente y eficaz
la grave situación de orden social y humanitario que viven las
comunidades y pueblos del Chocó.  De manera especial exigimos que se
preste la atención en salud, educación y demás necesidades básicas,
antes que aumentar el presupuesto militar y consecuentemente la
presencia de hombres armados en las comunidades.

2.  Exigimos al Estado colombiano que a través del sistema de justicia
se investiguen y sancionen a los diferentes responsables de las diversas

acciones violatorias de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario, que la Diócesis de Quibdó y otros organismos como la
Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hemos hecho en
repetidas ocasiones.

3. Exigimos al Estado colombiano y a su nuevo gobierno que se
establezcan mecanismos que verdaderamente protejan los derechos humanos
de nuestras poblaciones y no que en el marco de la Conmoción Interior se
restrinjan las libertades y derechos fundamentales que todos tenemos.

4.      Exigimos a los distintos grupos armados que reconozcan la
autonomía de los pueblos indígenas y negros del Chocó y respeten las
normas del Derecho Internacional Humanitario, que obligan a proteger la
población civil que debe quedar excluida de las acciones bélicas.

5. Exigimos a todas las partes del conflicto armado que se abstengan de
seguir haciendo señalamientos contra miembros de las comunidades y en
especial contra evangelizadores de esta Diócesis en el sentido de ser
simpatizantes o colaboradores de algún grupo armado, acusaciones
infundadas que traen nefastas consecuencias para sus víctimas.

Finalmente, pongo a su consideración buscar salidas pacificas, en las que 
no se asesine ni un militar, ni un paramilitar, ni un guerrillero, ni
nadie más.  Mi opción de vida ha sido la de hacer paz con paz,
tal vez caiga pronto por escogerla, pero estoy buscando que por mi acción
nadie resulte directa o indirectamente muerto, y con correos como este
(del cual agradecería una nota de recibido) estoy buscando evitar que por
mi inacción también resulten más muertos.

Que Dios nos ilumine.  Con respeto para todos, un colombiano que quiere
la paz de Dios

  Vladimir Támara Patiño.


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To: Equipo Nizkor 
Subject: Col - La crisis humanitaria en el Choco, de las comunidades negra, 
 indigenas y mestizas adquiere dimensiones dramaticas.
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Equipo Nizkor - Derechos Human Rights - Serpaj Europa
Solidaridad Urgente  - 24ago02

LA CRISIS HUMANITARIA DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, INDÍGENAS Y MESTIZAS EN
TODO EL TERRITORIO DEL CHOCÓ ESTÁ ADQUIRIENDO DIMENSIONES CADA VEZ MÁS
DRAMÁTICAS. 
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/quibdo5.html

La Diócesis de Quibdó reunida en Asamblea Diocesana del 19 ~V 21 de
Agosto de 2002, da a conocer a la opinión pública lo siguiente:

Después del horrendo crimen de guerra del dos de mayo en 
Bellavista/Bojayá la atención nacional e internacional, motivada por el
alto número de víctimas civiles, se concentró durante varias semanas
sobre este trágico acontecimiento. Las grandes campañas de solidaridad
en los medios, las promesas de programas de ayuda de parte del Gobierno
y dos visitas del Presidente de la República, Andrés Pastrana, al lugar
de los hechos transmitían la imagen de un compromiso institucional firme
de estar dando una solución rápida y eficaz a la grave crisis
humanitaria de las comunidades de Bellavista y sus alrededores.

Ahora, cuando ya han pasado más de tres meses, constatamos con
preocupación que la crisis humanitaria de las comunidades negras,
indígenas y mestizas en todo el territorio del Chocó está adquiriendo
dimensiones cada vez más dramáticas.

La atención de las instituciones del Estado es deficiente:

Más de 4.000 desplazados de los municipios de Bojayá y Vigía del Fuerte
se encuentran en Quibdó en un abandono muy lamentable; su Pliego de
Petición para un retorno digno no ha encontrado ningún compromiso de
parte de las instituciones departamentales y nacionales. Varios
centenares de ellos, desesperadamente han retornado ya sin ningún apoyo
ni garantías. En Bellavista ni siquiera se ha restablecido el servicio
de salud, educación, personería, juzgado, registraduría, notaría, luz y
teléfono.

Al mismo tiempo, decenas de miles de campesinos afrocolombianos e
indígenas se encuentran ante el peligro de nuevos combates, expuestos a
bloqueos económicos, presiones y atropellos de los diferentes actores
armados. La única reacción notable del Estado consiste hasta ahora en el
aumento de las Fuerzas Militares. No se ve ningún esfuerzo para atenuar
la constante zozobra en la que viven las comunidades rurales del Chocó.
Por lo tanto, siguen llegando continuamente nuevos desplazados de
diversos sitios a Quibdó o a otras cabeceras municipales.  Reina el
temor de que en cualquier momento, en cualquier lugar del departamento,
se pueda repetir una catástrofe igual o peor que la de Bojayá.

Los grupos paramilitares se siguen moviendo con plena libertad:

El 3 de agosto, en Vigía del Fuerte, dos paramilitares que se mueven
desde hace dos meses públicamente y con toda libertad por esta cabecera
municipal, persiguieron por el río Atrato una embarcación con
campesinos, los obligaron a parar en las afueras del pueblo
amenazándolos con arma corta, e investigaron la identidad de los
pasajeros.  El día siguiente, los campesinos fueron a informar sobre
este suceso al comandante del Ejército, quien manifestó estar ya
enterado del asunto, sin que hasta la fecha se hayan tomado medidas
contra la presencia de los paramilitares en Vigía del Fuerte.

El 3 de agosto un grupo de paramilitares proveniente de la región del
San Juan a través de la carretera Panamericana bajó por el río Pató. En
la vereda Bocas de Partadó, municipio del Río Quito, asesinaron a
Maximino Santos Valencia, un campesino de 22 años. En la comunidad
indígena de Gengadó saquearon la tienda comunitaria. 125 personas de la
comunidad de Gengadó huyeron hacia la selva. 78 personas de la comunidad
indígena vecina de Quijaradó se desplazaron a la comunidad de
Chiguarandó. Aunque estas comunidades mientras tanto ya regresaron a sus
lugares, todas las comunidades del río Pató están viviendo en
condiciones muy precarias, sufren escasez de alimentos y una epidemia de
paludismo y otras enfermedades y, por lo tanto, se encuentran en alto
riesgo de desplazamiento, el cual ya se está produciendo gota a gota.

El 5 y 6 de agosto unos 100 a 200 paramilitares provenientes del
suroeste antioqueño entraron a las veredas La Argelia, El Yarumo y El
Roble, municipio El Carmen de Atrato. En La Argelia, el 5 de agosto,
asesinaron a José Arnobio Vargas Vargas, un campesino de 32 años, quien
deja una viuda con tres menores de edad. A raíz de este hecho las 24
familias que estaban viviendo en esta comunidad se desplazaron a El
Carmen de Atrato, lo que significa ya el tercer desplazamiento para esta
población. En El Roble, el 6 de agosto, asesinaron a Lledis Ermin
Palacio Palacio, una campesina de 21 años, quien deja una niña de seis
meses. En el Yarumo y El Roble, durante esta incursión y otra anterior
del 11 de julio, los paramilitares robaron 157 cabezas de ganado, 10
caballos y 2000 truchas e incendiaron una casa, lo que ha llevado a
estas dos veredas a un desplazamiento gota a gota.

El 12 de agosto llegaron varias familias desplazadas de Domingodó a
Vigía del Fuerte, que vienen huyendo del Bajo Atrato por el avance de
numerosas tropas de paramilitares en el río Truandó. Estos paramilitares
pasaron nuevamente por Riosucio, sin que la Fuerza Pública hubiera
intentado cerrarles el paso.

El 19 de agosto a las 2:00 p.m., en Villa Conto, Municipio del Río
Quito, un grupo de 50 paramilitares provenientes de la región del San
Juan, obligó al Equipo Misionero de la Diócesis a entregarles un motor
fuera de borda, con el fin de movilizarse hacia la cabecera municipal de
Paimadó. Sólo después de haber hecho dos viajes, ya en horas de la noche
los paramilitares devolvieron el motor.

LA FUERZA PÚBLICA ....
El 2 de agosto a la media noche, en Lloró se escucharon unos disparos
aislados, como había ocurrido ya en otras ocasiones. Algún tiempo
después estalló una granada en el puesto de Policia, lo cual causó la
muerte al comandante del puesto, el teniente Mauricio Javier Valencia. A
continuación se presentó un enfrentamiento entre la Policía y un grupo
armado sin identificar que duró aproximadamente doce horas. A partir de
las 2:00 a.m. el pueblo de Lloró fue ametrallado por un avión fantasma
que a las 5:00 a.m. fue relevado por un helicóptero. Estos
ametrallamientos dejaron a cuatro civiles heridos y causaron daños
materiales en numerosas casas. A las 8:00 a.m. se presentó una
disminución del fuego armado y a las 8:30 una aparente calma. A esta
misma hora llegaron tropas del Batallón de Infantería Alfonso Manosalva
Flórez de la IVª Brigada del Ejército Nacional y a las 9:00 a.m. comenzó
un nuevo enfrentamiento que duró hasta las 12:00 m. con apoyo del avión
fantasma. El Ejército hizo requisas en algunas casas, donde
supuestamente buscaban guerrilleros o armas. La casa cural fue allanada
tres veces: a las 10:00 a.m., a las 12:10 p.m. y a las 4:15 p.m. Los
miembros del Ejército revisaron los tanques de agua de la casa, las
habitaciones, los archivos y escritorios y a su vez a uno de los
miembros del Equipo Misionero que descansaba en este momento se le
requisó y olieron sus manos por si tenía pólvora, no le pidieron que se
identificara, de igual manera las preguntas del soldado encargado eran
ofensivas, preguntas como: ¿Por dónde está el túnel? ¿Cuántos estuvieron
en este sótano?, etc.

El 5 de agosto, a las 6:55 p.m. en Vigía del Fuerte, José Nery Palacios
Calvo de 28 años, bajo efectos de la droga, además de presentar
trastornos mentales, hirió en la cabeza a su madrastra y a una
hermanastra en la pierna con un punzón. El Ejército se hizo presente en
el lugar de los hechos de una manera masiva. El joven se armó con un
hacha, la cual no quiso entregar. A las 7:20 p.m. un soldado le disparó
y una hora después murió.

El 8 de Agosto a las 7:15 p.m., en un lugar céntrico de Vigía del
Fuerte, por donde circulan muchos civiles, un soldado manipuló una
granada, la cual estalló y dio muerte a cuatro militares.

La guerrilla continúa con infracciones al Derecho Internacional
Humanitario:

El 30 de Julio, cerca de la desembocadura del río Buey, municipio del
Medio Atrato, guerrilleros del Bloque José María Córdova de las FARC
retuvieron a Leonidas Borja Rodríguez, pequeño comerciante de Vigía del
Fuerte quien venía bajando desde Quibdó con su bote lleno de carga. El
14 de agosto fue encontrado su cadáver cerca de la población de San José
de la Calle.

El 9 de agosto, en el mismo sitio, guerrilleros del mismo grupo sacaron
de la lancha ~SArca de Noé~T, de propiedad de la Asociación Campesina
Integral del Atrato, a la fuerza un tambor de 50 galones de gasolina
como ~Svacuna~T. Esta gasolina estaba destinada a recoger los delegados de
las comunidades para asistir a un taller de salud. Amenazaron a la
tripulación advirtiéndoles que en caso de no pagar la cuota en cada
viaje meterían a la lancha en un caño para que se pudriera ahí.


El 16 de agosto, tropas del Bloque José María Córdova de las FARC
llegaron a la comunidad indígena de Hoja Blanca en el río Cuía,
municipio de Bojayá, con la intención de instalarse en este lugar. A
consecuencia, esta comunidad se vio obligada a desplazarse y se
dispersaron entre diferentes comunidades vecinas.

Desde el mes de julio se han presentado constantemente atropellos de
parte del frente Cimarrón del ELN a las comunidades negras e indígenas
de los ríos Quito y Pató. Con frecuencia saquean víveres, gasolina y
ganado y presionan a la población civil con tono amenazante para que les
sirvan de informantes y les presten servicios de transporte. Con estos
abusos está creciendo el riesgo de desplazamientos en estas comunidades.

Por todo lo anterior:

1. Exigimos al Estado colombiano que atienda de manera urgente y eficaz
la grave situación de orden social y humanitario que viven las
comunidades y pueblos del Chocó.  De manera especial exigimos que se
preste la atención en salud, educación y demás necesidades básicas,
antes que aumentar el presupuesto militar y consecuentemente la
presencia de hombres armados en las comunidades.

2.  Exigimos al Estado colombiano que a través del sistema de justicia
se investiguen y sancionen a los diferentes responsables de las diversas
acciones violatorias de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario, que la Diócesis de Quibdó y otros organismos como la
Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hemos hecho en
repetidas ocasiones.

3. Exigimos al Estado colombiano y a su nuevo gobierno que se
establezcan mecanismos que verdaderamente protejan los derechos humanos
de nuestras poblaciones y no que en el marco de la Conmoción Interior se
restrinjan las libertades y derechos fundamentales que todos tenemos.

4.      Exigimos a los distintos grupos armados que reconozcan la
autonomía de los pueblos indígenas y negros del Chocó y respeten las
normas del Derecho Internacional Humanitario, que obligan a proteger la
población civil que debe quedar excluida de las acciones bélicas.

5. Exigimos a todas las partes del conflicto armado que se abstengan de
seguir haciendo señalamientos contra miembros de las comunidades y en

especial contra evangelizadores de esta Diócesis en el sentido de ser
simpatizantes o colaboradores de algún grupo armado, acusaciones
infundadas que traen nefastas consecuencias para sus víctimas.

Una vez más, hacemos un llamado a las diversas organizaciones nacionales
e internacionales de derechos humanos, a la comunidad internacional y a
los grupos y comunidades que nos han venido apoyando en la labor de
defensa de la vida, para que se continúe acompañando esta labor
humanitaria, se exija al Estado colombiano y a los actores armados lo
antes dicho para que los pueblos del Chocó puedan desarrollar sus planes
de vida.

Finalmente, agradecemos todas las expresiones de solidaridad recibidas
hasta ahora, que muestran el profundo dolor que desde diversas partes
del mundo se ha sentido por los hechos que aquí acontecen y hacen
evidente los lazos de hermanamiento que se han construido en la búsqueda
de justicia y verdad.
Quibdó, agosto 21 de 2002
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ENVIAR SUS MSJEA A:

ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República,
Presidencia de la República 
Carrera 8 n. 7-26 Palacio de Nariño,
Santa Fe de Bogotá
Teléfono. +57.1.5629300 ext. 3550 (571 ) 284 33 00
Fax (571 ) 286 74 34 - 286, 68 42 -284 21 86

FERNANDO LONDOÑO HOYOS
Ministro del Interior y Justicia
Carrera 8 # 8-09 - Bogotá
Fax: 0057-1-286.80.25 

MARTHA LUCÍA RAMíREZ DE RINCÓN
MinistrA de la Defensa,
Ministerio de Defensa Nacional
Avenida El Dorado con carrera 52 CAN Santa Fe de 
Bogotá
Télex: 42411 INPRE CO; 44561 CFAC CO Tel-fax:  +57.1.222.1874

LUIS CAMILO OSORIO
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22 B n. 52-01 Santa Fe de Bogotá.
Tel fax: +57.1.570.2022

EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Defensoría del Pueblo
Calle 55 n. 10-32 Santa Fe de Bogotá
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FRANCISCO SANTOS
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Consejería Presidencial de Derechos Humanos
Calle 7 No 6-54 Piso 3
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Gral (RE) TEODORO CAMPO
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CAROLINA BARCO
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JUAN LUIS LONDOÑO
Ministro de Trabajo y Salud Fax: +57-1-285.7091

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CARLOS ALBERTO OSPINA OVALLE
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8 de agosto de 1945; El Estatuto del Tribunal Internacional Militar de
Nuremberg de 1945 y el protocolo de 6 de
octubre de 1945; El Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el
Lejano Oriente de 19 de enero de 1946; El Estatuto del Tribunal Penal
Internacional para la Ex Yugoslavia, de 25 de mayo de 1993 (Incluye
modificaciones sucesivas hasta el 17 de mayo de 2002.); El Estatuto del

Tribunal Penal Internacional para Ruanda, de 8 de noviembre de 1994.
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