Date: Wed, 29 Jan 2003 17:44:30 +0100
From: Vladimir =?iso-8859-1?Q?T=E1mara?= 
To: auribe@presidencia.gov.co, siden@mindefensa.gov.co,
	colombialibre@colombialibre.org
Cc: quejas@defensoria.org.co
Subject: Respeto a la vida de Carlos Salinas Becerra, Dora Luz Sanchez, Cristian Sanchez,  Aide Salinas Sanchez y Jhon Jairo Cuesta Becerra


Señor Presidente de la Republica Alvaro Uribe Velez
Señora Ministra de defensa Marta Lucía Ramírez de Rincón
Señores AUC
Con copia: Señor defenosr del pueblo Eduardo Cifuentes

He escrito sin obtener respuesta alguna al presidente de Colombia el
7 y 10 de Enero y a las AUC el 10 de Enero de este año (cartas
disponibles en http://www.geocities.com/v-tamara/cartas/),
pidiendo respeto por la vida de Carlos Salinas Becerra, Dora Luz Sanchez, 
Cristian Sanchez (10 años),  Aide Salinas Sanchez (5 años) y Jhon Jairo Cuesta 
Becerra quienes habrían sido desaparecidos el 5 de enero de este año,
por las AUC, en Puerto Lleras en la cuenca del Río Jiguamiandó (Choco).  
Así mismo denuncié el irrespeto a la dignidad humana que han sufrido los 
habitantes de esta zona en los operativos que las AUC adelantan.

En lugar de obtener una respuesta, he recibidoo más información
(que adjunto) de acuerdo a la cual los operativos del 5 de Enero se
habrían realizado en conjunto entre personas que portaban boinas verdes
y distintivos de la XVII Brigada y personas que portaban distintivos
de las AUC, se estaría fortaleciendo una base paramilitar que ya existiría 
en la finca La Secreta, y habrían continuado los operativos paramilitares
los días 17 y 18 de Enero en Puerto Lleras por parte de miembros de las 
AUC y algunos de los que habrían participado en los operativos del 5 y 
7 de enero anteriores.
El 18 habrían acorralado a la población para intimidarla, expresando que
debían cruzar a la otra margen del rio, habrían manifestado estar acentados 
en Urada,  mandar en Carmen del Darién, haber construido la carretera a 
Pavarandó, habrían invitado a la población a trabajar en la hacienda La 
Secreta en Pavarandó.  También habrían preguntado por los misioneros 
que han hecho acompañamiento a estas comunidades.

Reitero mi humilde solicitud de confirmar la información, en particular 
confirmar si la comunidad en mención está cubierta por medidas cauterlaes 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, si efectivamente
los predios que tienen les fueron asignados por el estado.  De ser
posible solicito humildemente enviarme documentos que lo constaten y 
ofrezco mi trabajo voluntario para mantenerlos publicados en Internet
(así como otras medidas cautelares de la CIDH en Colombia) si bien lo 
consideran, en algún servidor del gobierno colombiano.

Les ruego también respetar la vida y apoyar el trabajo que han venido
haciendo los misioneros cristianos y las personas que han acompañado a estas
comunidades.  La paz de Dios en mi humilde opinión no puede conseguirse
con sangre y balas.  Por favor respetemos la población civil de estas
comunidades y más bien apoyemoslas porque no hacen más que producir su
comida y querer vivir en paz verdadera, ¿o es que no todos tenemos 
derecho a vivir?  ¿No es acaso Dios el único que puede juzgar quien si 
y quien no?  ¿O es que no tienen derecho a sus tierras esos campesinos?

Yo no soy nadie para decirles que están haciendo algo mal, empezando
porque yo también cometo errores.  Pero aún me queda algo de sensibilidad 
en el corazón y siento dolor, rabia y angustia al ver lo que pasa en esta 
tierra.  Siento que no es mucho lo que puedo hacer,  he decidido negarme 
el derecho a la legitima defensa, porque no estoy dispuesto a matar, ni 
a permitir que se mate a mi nombre por ejemplo para mantener el estatús 
en el que he vivido, no puedo hacer mucho más que eso.  Les pido 
humildemente escuchar su conciencia y a Dios le pido que nos ilumine a 
todos para poder construir su Reino, que aunque no merecemos no podemos 
dejar de soñar y luchar por ayudar a construir.

Un colombiano que quiere la paz de Dios
	Vladimir Támara Patiño


Date:  Tue, 21 Jan 2003 20:50:23 +0100
From: Editor Equipo Nizkor 
Reply-To: nizkor@derechos.org
To: Equipo Nizkor 
Subject: Col - Las comunidades del Jiguamiando siguen en peligro, los detenidos 
 politicos de la carcel de Arauca son represaliados y la USO denuncia 
 arremetida contra los sindicalistas.

Equipo Nizkor - Derechos Human Rights - Serpaj Europa
Información - [van vi) msjes.] - 21ene03

i) PERSISTE LA ACCIÓN MILITAR A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA ARMADA
ENCUBIERTA DE TIPO PARAMILITAR CONTRA LAS COMUNIDADES DEL JIGUAMIANDÓ.

Informe Ejecutivo12
Consejo Comunitario del Jiguamiandó, Familias de Curbaradó

1. Viernes 17 de enero, hacia las 14:30 horas se escucharon 6 disparos
en dirección del sitio conocido como Urada ubicado aproximadamente a 45
minutos del poblado de Puerto Lleras. El sonido de los tiros de fusil
alertó a la población.

Hacia las 19:00 horas se conoció el movimiento de un contingente de
cerca de 200 hombres armados, vestidos de camuflado, que participan en
las estructuras armadas encubiertas.

2. Sábado 18 de enero a las 9:30 horas algunas personas de la comunidad
de Puerto Lleras que se encontraban recogiendo plátano cerca del caserío
original de su habitación, observaron a un hombre vestido de camuflado y
arma de fusil quien al instante se ocultó entre los arbustos.

3. Ese día entre las 13:00  y 13:30 horas, los habitantes de la
comunidad de Puerto Lleras escucharon 4 disparos cerca del lugar donde
se encuentran refugiados, margen izquierda del  río Jiguamiandó.

Desde el momento en que escucharon los disparos, los miembros de la
comunidad, más de 100, la mayoría de ellos menores de edad,  decidieron
reunirse en  la escuela para evaluar la situación que se estaba
presentando.

Cuando se encontraban los pobladores en esta discusión,  hacia las 14:00
horas, llegaron aproximadamente 19 hombres con armas largas y cortas,
algunos vestidos de camuflado completo y otros con pantalón camuflado y
camiseta negra, algunos de ellos portando brazaletes de las “AUC”. Los
armados ingresaron en dos grupos, rodeando el  caserío, con la
pretensión de evitar la búsqueda de refugio de los pobladores en la
selva.

Alguno de los armados gritó a la comunidad: “uno de estos h.p está bueno
para darle 40 machetazos”. Otro hombre instaló en el centro del caserío
una arma  con un tubo de más de tres pulgadas, al parecer una bazuca,
apuntando  en dirección de la escuela en la que estaba concentrada la
comunidad. Otro manifestó: “matamos 2 vacas, necesitamos 10 costales
para llevar la carne y vayan ustedes por carne”.

Entre, los “civiles” armados participaron algunos de los que actuaron en
la incursión del 5 y del 7 de enero pasado, en la que algunos se
encontraban con insignias de la Brigada XVII.

Uno de los comandantes ordenó al resto de los “civiles” vestidos de
camuflado, que se ubicarán detrás de las casas y a otros que revisara
casa por casa, y de encontrar algún poblador, la orden era traerlo a la
escuela.

Antes de ordenar a toda la comunidad de Pueblo Lleras que se mantuvieran
en la escuela, algunos de los “civiles” armados,  obligaron a un
afrodescendiente dirigirse a una casa ubicada a 30 metros de la
escuela.  Allí lo obligaron a sentarse e iniciaron a interrogarlo:

 “Usted son cómplices de la guerrilla, ustedes saben  quien colocó las
minas quiebrapatas  en el camino de Urada a Puerto Lleras?(…)” “¿Cuánto
hace que vinieron los milicianos aquí? (…). “Qué tiempo se gasta de aquí
a Pueblo Nuevo, a Nueva Esperanza, a Murindó por tierra, por agua, a
Remacho? (…) Estuvimos en el caserío de Pueblo Nuevo, ¿por qué no hay
nadie allí? (…) “Pueblo Nuevo está en cambuches como ustedes o hay han
construido un pueblo oficial?” (…) “Cuál es la opinión de las
comunidades que están  de este lado del río? Ustedes tienen que cruzarse
hasta el otro lado, nosotros tenemos que pasarnos a este lado pero
ustedes no pueden estar aquí. Las comunidades deben reunirse y acordar
cuando van a cruzar porque se les van a dañar las casas (…). “Hay mucha
población civil, porque salen corriendo y entonces toca matarlos. Porque
disparamos al que corra y el que no la debe que no la teme.(…) Hemos
matado mucha gente, principalmente campesinos trabajadores. Antes
matábamos por que nos pagaban para matar gente, pero ahora es distinto
queremos borrar la mala imagen que tenemos de matones. Tenemos mucho que
conseguir por este monte pero la población civil no nos deja. En el otro
lado del río, no tenemos ya nada que hacer, ya lo tenemos controlado,
cuando la población civil se vaya al otro lado donde vivían antes
actuaremos porque tenemos que llegar hasta Murindó. (…), “somos 200
hombres , tenemos nuestro campamento en Urada, allí los carros nos traen
la comida (…) “Vamos a pasar comunidad por comunidad, a Pueblo Nuevo, a
Cuatro Tapas (Nueva Esperanza) y a Remacho, a decirles lo mismo que les
estamos diciendo a ustedes (…). ¿De quién es el ganado que está por  acá
cerca? (…) “¿Cuál es el líder de la comunidad?” (…) “Usted va a Murindó,
Riosucio o Carmen del Darién a sus vueltas? Vaya mejor a Pavarandó a
mercar, la carretera está lista, nosotros la hicimos y los civiles de
cualquier comunidad no tienen problema para movilizarse por allí” (…) El
Carmen del Darién es nuestro allá se  dan ayuda con alimentos?”. Ustedes
no tienen problema para salir, vayan a Carmen del Darién, allí nosotros
mandamos”  ( …) El motor se abeleo porque estaba huyendo un guerrillero
(…)

Posteriormente se le acercó otro paramilitar armado, y  le expresó al
afrodescendiente: “¿De dónde es usted? (…) “Usted no es de aquí,
lárguese  que aquí no hace nada. Vaya a La Hacienda La Secreta que allí
hay trabajo muy bueno y desde el primer mes se ve el billete. Si quiere
irse diga cuantos son  en su familia y se va con nosotros, el camino
está libre para que salga el que quiera, si quiere salga con nosotros”.

El integrante de la comunidad de Puerto Lleras, ante el interrogatorio
de los “civiles armados” expresó:

“Si usted sabe en dónde y cómo están los caseríos para qué me pregunta?
Aquí no hay milicianos. Ustedes lo saben. Nosotros no nos vamos a cruzar
hasta que no veamos, que es lo mejor. Eso no es por ahora, no sabemos
cuando será”.

En la escuela donde se encontraba reunida toda la comunidad, les
manifestaron:

“ váyanse a vivir al otro lado del río, a su pueblo” (…),” nosotros
vamos a seguir viniendo a controlar este territorio, no tengan miedo”.
(…) Si hay milicianos aquí,  que se vengan con nosotros…. allá hay
bastante trabajo para todos en la finca La Secreta en Pavarandó, váyanse
allá, allá los esperamos”.
(…) “Qué hacen de este lado?. ¿Quién los hizo pasar  para acá?” (…) “
cualquiera  se puede poner un camuflado y pasar como de las AUC.
Nosotros ya no hacemos lo  de antes. Pásense a su pueblo  por que cuando
nos pasemos por acá no queremos verlos  en este lado. En un año mas o
menos vamos a registrar toda esta zona, perseguimos a la guerrilla,
vamos a seguir viniendo somos 200 hombres y tienen que acostumbrarse a
vernos, la próxima vez vienen el Perro y La Araña, aquí ahora estamos H
20 y Guayacán” (…)Sabemos que los misioneros están por aquí, cada cuánto
vienen …

La comunidad de Puerto Lleras, le respondió a los armados: “de aquí no
nos vamos” (…) aquí no han estado miliciano, ni hay milicianos” (…)
“Ustedes fueron los que nos sacaron de  nuestro pueblo. El territorio
nos fue titulado a nosotros”(…) “Los misioneros están por aquí
acompañan”

La reunión duró aproximadamente 20 minutos.

Los armados sustrajeron dos radios transistores AM y FM, 1 linterna, 1
mechera, 1 desodorante y ropa interior de algunos jóvenes de la
comunidad.

Después de una hora de presencia en el caserío, los civiles armados
abandonaron el caserío.

4. El domingo 19 de enero, a eso de las 14:30 horas, cerca de 25 hombres
de las FARC EP estuvieron presentes en  el extremo del caserío  donde se
encuentran refugiadas las familias de Puerto Lleras. Los guerrilleros se
retiraron del lugar cuando uno de los acompañantes se los solicitó.
Estos manifestaron que comprendían la situación y respetaban la decisión
de la comunidad

Persiste la ofensiva armada contra los habitantes de la cuenca del río
Jiguamiandó y familias de Curbaradó que se encuentran refugiados en
varios poblados a lo largo del río de este nombre y sus afluentes, desde
el primer y segundo semestre del 2001.

Desde el segundo semestre del 2002, los anuncios y las amenazas de
incursión denunciadas por las comunidades afrodescendientes, mestizas y
resguardos indígenas no han sido atendidos por el Estado colombiano. Las
desapariciones forzosas, los asesinatos selectivos, las retenciones,  el
control y el bloqueo económico, la crisis humanitaria  de alimentos,  de
salud integral, las perdidas en la producción de pan coger- las
recientes incursiones de control social armado y la presión a participar
en formas.

Hasta el día de hoy, la respuesta gubernamental es inexistente. A pesar
de la adopción de las medidas cautelares por parte de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en noviembre pasado. Se
sigue desarrollando la acción militar a través de la estrategia armada
encubierta de tipo paramilitar, bajo el pretexto de acciones contra
insurgentes frente a las FARC EP.

Se pretende un control militar y social de la población, su vinculación
a proyectos agroindustriales como el de la Palma Aceitera o a las
estrategias armadas que se desarrollan desde el año 1.996 en la región
en fincas como La Secreta reconocidas públicamente, incluso por la
prensa nacional e internacional, como bases paramilitares, tanto como en
Las Brisas, en Mutatá, Riosucio, Carmen del Darién, sitios de
fortalecimiento militar, al lado de bases militares regulares adscritas
a la Brigada XVII y también de unidades policiales en los cascos
urbanos.

Las comunidades persisten en su deseo de no abandonar el territorio a
pesar de la fuerte presión militar, de afirmar sus derechos sin el uso
de la fuerza, de negarse a participar en proyectos armados y
agroindustriales

Hasta el momento, no ha sido posible lograr la expresión de la mínima
voluntad estatal para impedir este destierro, evitar  la destrucción de
los proyectos de vida de las comunidades en medio de la guerra, generar
las garantías de respeto a la vida y a los derechos territoriales. Es
evidente no solamente la OMISION, que es ahora COMISION POR OMISION,
sino la COMPLICIDAD y la RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL ESTADO.

La crisis humanitaria es profundamente grave.

Bogotá, 20 de enero del 2003
Comision Intereclesial de Justicia y Paz
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ii) LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO JIGUAMIANDÓ, CHOCÓ, SIGUEN EN
PELIGRO.

Una comisión integrada por miembros de la Diócesis de Quibdó, Diócesis
de Apartadó, Defensoría del Pueblo, Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUR y Comisión
Intereclesial acompañada por la Brigadas Internacionales de Paz visitó
del 9 al 12 de enero las comunidades de la Cuenca del río Jiguamiandó,
municipio del Carmen del Darién, Chocó con el fin de recoger información
precisa sobre una nueva incursión militar-paramilitar.

Ante posibles confusas informaciones, las Diócesis de Quibdó y Apartadó,
quieren relatar su versión del resultado de esta misión.

El domingo 5 de enero, hacia las 4:00 de la tarde, un grupo armado de 10
u 11 personas, algunos con boina verde y distintivos de la XVII Brigada,
otros con distintivos de AUC, llegó al actual asentamiento de la
comunidad de Puerto Lleras disparando y lanzando morteros, a la vez que
gritaban " al piso", y trataban a la gente de guerrilleros.  La mayoría
de la comunidad tuvo tiempo de correr hacia el monte; los pocos que
quedaron fueron reunidos y les dijeron que nada iban a hacerles y que si
nada temían no debían correr. El grupo armado permaneció en el
asentamiento unos 20 minutos. Requisaron las casas y se llevaron algunas
pertenencias.

Antes de llegar al asentamiento, a eso del  medio día, el grupo armado
pasó por una finca en la que estaban cinco personas de una familia
trabajando en la construcción de una embarcación. Cogieron y amarraron a
los dos hombres adultos, los amenazaron y les dijeron que se los iban a
llevar porque necesitaban gente para trabajar en el proyecto de palma
aceitera. Después retuvieron también a otras dos personas que llegaron.
Siete horas después, en horas de la noche los dejaron ir.

Los pobladores que habían huido al bosque durmieron esa noche en el
campo y regresaron al día siguiente; algunos tardaron dos días en
volver. La comunidad vecina de El Lobo se desplazó a Murindó, la Grande
y Bartolo; otras familias están en lugares cercanos, pero el pueblo está
desocupado.

El 7 de enero regresó a Puerto Lleras un grupo de 12 hombres armados,
sin disparar, reunieron a los pobladores y anunciaron que seguirían las
visitas, que no tenían nada contra ellos, que no corrieran porque
entonces iban a disparar; que pensaban sembrar de palma todo el
territorio. Estuvieron allí un cuarto de hora y dijeron que volverían
cada dos o tres días.

Las comunidades asentadas en Nueva Esperanza, Pueblo Nuevo y Puerto
Lleras, así como los representantes de la mayoría de las comunidades de
la cuenca del Jiguamiandó y de las comunidades del Curbaradó asentadas
en el Jiguamiandó, expresaron las siguientes inquietudes:

- Los campesinos sienten mucho temor por la intimidación y presencia
constante de grupos armados en la zona;
- Expresan su firme voluntad de permanecer en el territorio y exigen que
se respeten sus vidas, viviendas y lugares de trabajo;
- Proponen a la Comisión la urgencia de un acompañamiento permanente que
les brinde seguridad hasta que se levante el operativo militar de la
zona;
- En Puerto Lleras los agricultores pidieron a la comisión que los
acompañara dos horas a sus cultivos para recoger alimentos, pues debido
al temor no salían de sus viviendas;
- Los líderes piden que se apoye su proceso organizativo y comunitario,
que a nivel de cuenca representa a toda la población campesina y que
busca el reagrupamiento;
- La propuesta de tres zonas humanitarias necesita ser clarificada y
discutida con todas las comunidades;
- Las comunidades solicitan acompañamiento, presencia de las
instituciones civiles del Estado, ayuda humanitaria, seguridad y
protección para poder resistir en su territorio y no tener que
desplazarse.

Las Diócesis de Apartadó y Quibdó se comprometieron a hacer una
acompañamiento coordinado a las comunidades de la Cuenca, siempre que
permanezcan en lugares visibles y tengan una clara disposición de
resistencia en estos lugares. No se pronuncian ante las zonas
humanitarias que se han propuesto, hasta que no se converse con cada una
de las comunidades y quede mas clara la propuesta. Exigimos a las
instituciones del Estado una respuesta eficaz ante las necesidades que
padecen los habitantes del río Jiguamiandó, que requieren con urgencia
de ayuda humanitaria, protección y condiciones mínimas para garantizar
su supervivencia y evitar daños irreparables a las comunidades.
Apartadó y Quibdó, Enero 17 del 2003
Diócesis de Apartadó y Quibdó
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iii) LOS DETENIDOS POLÍTICOS DE LA CÁRCEL DE ARAUCA SON REPRESALIADOS
TRAS DENUNCIAR QUE LA SECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA HABÍA
SOMETIDO A FILMACIÓN Y ‘EMPADRONAMIENTO’ FORZOSO A QUIENES LES
VISITABAN.

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –CSPP-, el Colectivo
de Abogados José Alvear Restrepo –CAJAR-, la Corporación Jurídica Yira
Castro, la Corporación Jurídica Humanidad Vigente y el Comité Permanente
por la Defensa de los Derechos Humanos –CPDH- denunciamos ante las
autoridades colombianas, la opinión publica nacional y la comunidad
internacional,  los siguientes hechos sucedidos en la cárcel de Arauca:

1.- El pasado 5 de Enero, las familias y demás visitantes de los
detenidos políticos de la Cárcel de Arauca, fueron sometidos a un
empadronamiento por parte de la SIJIN,  con el visto bueno del señor
ALVARO CHACON PINZON,  Director de la Cárcel, siendo obligados a
entregar la siguiente información:

a) Nombre y Cédula de Ciudadanía
b) Dirección y teléfono de residencia
c) Profesión u oficio
d) Relación de los hijos mayores de 14 años
e) Nombre del compañero(a) y a que se dedica
f) A quien visita, por qué delito está, y cuál es su relación con él.

Finalmente fueron filmados y fotografiados por personal de la SIJIN,
también con el consentimiento del Director de la Cárcel, lo cual viola
flagrantemente los derechos fundamentales de las personas.

2.- Con fecha 7 de Enero del presente, los detenidos enviaron un
documento denunciando estos hechos a la Procuraduría, Personería
Municipal y Defensoría del Pueblo.

3.- El pasado 16 de Enero, en forma intempestiva y como represalia por
esta denuncia, todos los firmantes del documento fueron traslados (50
detenidos) a la cárcel de Combita en Boyacá, con el fin de dificultar la
visita de sus familiares y crear una suerte de escarmiento para que en
lo sucesivo los detenidos se abstengan de denunciar los atropellos a que
son sometidos por las autoridades carcelarias. Este traslado entorpece
las diligencias judiciales que tenían varios detenidos para los próximos
días.

Al ser preguntadas las autoridades de la cárcel de Arauca por las
razones de este proceder han respondido que es una orden del INPEC en
Bogotá.

4.- Las autoridades del INPEC, para justificar este hecho arbitrario,
han informado a los medios de comunicación que el traslado de los presos
se realizó “para evitar una fuga masiva que venía siendo planeada”, cosa
absolutamente falsa.

Por lo anterior, y con el fin de proteger los derechos de las personas
privadas de la libertad, las organizaciones firmante solicitamos a las
autoridades:

A.- Entregar a los organismos de control (Defensoría, Personería), todas
las filmaciones y fotografías tomadas a los familiares de los internos.

B.- Investigar y sancionar a los responsables de dichos atropellos
contra los ciudadanos.

C.- Garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad,
conforme  a la Constitución y a la ley colombiana y en especial,
conforme a las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de
los Reclusos.

D.- Garantizar,  los derechos de sus familias y amigos, conforme a la
Constitución, las leyes nacionales y los Tratados que obligan al Estado
Colombiano.

Adicionalmente,  las organizaciones denunciantes responsabilizamos  la
SIJIN  y al INPEC por  lo que pueda ocurrir a las personas que fueron
sometidas a estas  medidas de empadronamiento.

Bogotá, Enero 18 de 2002
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iv) EL GOBIERNO DE URIBE VELEZ INTENSIFICA ACCIONES CONTRA EL MOVIMIENTO
SINDICAL Y LA FISCALÍA DICTA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO CONTRA HERNANDO
HERNÁNDEZ, DIRIGENTE NACIONAL DE LA USO.

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT, a través del
Departamento de Derechos Humanos denuncia ante la opinión publica
nacional e internacional la arremetida por parte del gobierno de Álvaro
Uribe Vélez contra el movimiento sindical colombiano.

Caso especifíco de esta arremetida es el curso de la penalización contra
la dirigencia sindical de la Unión Sindical –USO-, donde en el día de
hoy 15 de enero la Fiscalia General de la Nación profirió medida de
aseguramiento contra el compañero HERNANDO HERNÁNDEZ, Secretario de
Asuntos Internacionales de la Unión Sindical Obrera –USO; recordamos que
el compañero HERNANDO fue durante el periodo anterior del Comité
Ejecutivo de la CUT su Primer Vicepresidente.

De igual forma, estamos denunciando las amenazas de muerte contra el
compañero RODOLFO GUTIERREZ, Presidente Nacional de la –USO- y contra el
compañero EDGAR MOJICA, Dirigente Nacional de este sindicato.

Todo esto sucede cuando se desarrolla o se libra un conflicto laboral,
el cual es la negociación del pliego de peticiones presentado y la
respuesta de la empresa –ECOPETROL- ha sido el despido de dirigentes
sindicales y militarización de las Refinerías.

Seguiremos llamando a la solidaridad con los Trabajadores Colombianos y
en este momento se hace urgente y necesario una respuesta de ustedes a
la actitud del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

DOMINGO TOVAR ARRIETA
Director Dpto. Derechos Humanos CUT
Bogota, D.C. Enero 15 de 2002
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v) LA UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO -USO- DENUNCIA
UN PLAN PARA ATENTAR CONTRA SU PRESIDENTE.

Por amenazas directas y según información procedente de diversas fuentes
serias, se tiene conocimiento de que está en marcha un plan para atentar
contra el presidente nacional de la U.S.O., compañero Rodolfo Gutiérrez
Niño.

Esta situación se presenta cuando el sindicato discute con el gobierno y
la administración de Ecopetrol, la grave situación de la Empresa estatal
por la caída de las reservas y la producción, los bajos rendimientos de
la refinación y el arrendamiento de los poliductos y el sistema de
almacenamiento de combustibles; el contrapliego que elimina derechos de
los trabajadores, y el libre ejercicio de la actividad sindical,
afectada por despidos, procesos disciplinarios y penalización. Todos
estos aspectos han impedido la instalación de la negociación del pliego
de peticiones, presentado para renovar la Convención Colectiva de
Trabajo que venció el pasado 31 de diciembre.

Quienes pretenden consumar este acto criminal, buscan desatar la
violencia contra el sindicato, a efecto de acallar las denuncias y
protestas adelantadas contra las políticas de las multinacionales
norteamericanas por apoderarse de la industria de los hidrocarburos,
puestas en ejecución con la reestructuración de la empresa y la política
petrolera oficial.

La U.S.O. rechaza y condena este oscuro plan que se pretende contra el
presidente de nuestra organización. Exigimos al gobierno del presidente
Álvaro Uribe Vélez garantías para el funcionamiento del sindicato, así
como el derecho a ejercer la oposición civilizada y democrática a las
políticas gubernamentales.

Unión Sindical Obrera, U.S.O. Junta Directiva Nacional
Bogotá, enero 15 de 2003.
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vi) OTRO SINDICALISTA ASESINADO EN LA ZONA DE REHABILITACIÓN DECRETADA
POR EL GOBIERNO URIBE VÉLEZ.

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia –CUT, denuncia ante el
mundo la continuidad de asesinatos contra sindicalistas en Colombia en
especial con los afiliados a la CUT.

Esto se patentiza en los mas de 170 compañeros / as asesinados en el
pasado año 2002 y vemos como el Presidente URIBE VELEZ cada día dice
“QUE NO HABRA NI UN ASESINATO MAS”, pero contradictoriamente aumenta y
profundiza la guerra en todos sus aspectos.

Otro ejemplo de la arremetida contra el movimiento sindical es el
asesinato del compañero Educador JOSE MARCELINO DIAZ GONZALEZ, Rector
del Colegio Froilan Farias del Municipio de TAME, departamento de Arauca
al nororiente del país, el alevoso crimen fue cometido el día 13 de
enero del presente año.

El compañero MARCELINO actualmente se desempeñaba como Presidente del
Colegio de Rectores y Directores – COLDIT, afiliado a la Asociación de
Educadores del Arauca – ASEDAR – FECODE.

No cesaremos nuestras denuncias, hasta tanto cesen los asesinatos contra
el movimiento social, de igual forma una vez mas, esperamos de ustedes
la solidaridad con el pueblo colombiano.
DOMINGO RAFAEL TOVAR ARRIETA
Director Dpto. Derechos Humanos

Bogota, D. C. Enero 13 de 2003
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NUEVOS DOCUMENTOS EDITADOS POR EL EQUIPO NIZKOR:

¿Terrorismo o rebelión?
Propuesta de regulación del conflicto armado en Colombia Colectivo de
Abogados José Alvear Restrepo
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/dih/

Lista de Desaparecidos en el Perú 1990-2000
Defensoría del Pueblo; Comisión Verdad y Reconciliación;
Comité Internacional Cruz Roja y Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos
Lima, Perú. Diciembre de 2000
http://www.derechos.org/nizkor/peru/desap/

Sentencia del Tribunal Constitucional anulando aspectos
de las leyes antiterroristas del régimen fujimorista
http://www.derechos.org/nizkor/peru/doc/sentc03ene03.html

La desaparición forzada de personas en el Perú 1980 - 1996 -
Defensoría del Pueblo
http://www.derechos.org/nizkor/peru/libros/desap/
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Visita la Libreria on-line del Equipo Nizkor
http://www.derechos.org/nizkor/finance/shop.php

Compilación documental sobre estado de excepción, derechos
humanos y control político social (1 CD ROM)
http://www.derechos.org/nizkor/shop/excep.html

ESTATUTO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
ENGLISH  EDITION:
NOW AVAILABLE IN ENGLISH TOO.
[More info: http://www.derechos.org/nizkor/shop/004eng.html ]

EDICION EN ESPAÑOL:
ESTATUTO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.
[Ver más detalles en: http://www.derechos.org/nizkor/shop/004esp.html ]
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FIN DEL MENSAJE END OF MESAGGE EINDE BERICHT FIM DA MENSAGEM
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