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Infórmese, la prensa cumple con el país |
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La falta de información de la
comunidad sobre los resultados del estudio del Impacto ambiental, en la
explotación minera en Tambogrande, hace pensar que ésta será dañina para
el ambiente. La Manhattan no expone el estudio, por lo que la explotación
debería ser suspendida, señaló a ayer la agrupación Propuesta Regional. Esta conclusión se basa en la falta de información sobre el estudio de impacto ambiental, el cual, de acuerdo al cronograma por la minera Manhattan, ya debe estar terminado. Su exposición a la comunidad Piurana. Ha debido realizarse. Sin embargo esto no ha sucedido. El decano del Colegio Médico,
Hernando Cevallos, aclaró que esto no significa que la empresa deba irse de
inmediato o que se le esté expulsando. Más bien se trata de detener sus
actividades hasta cuando se encuentre en condiciones de demostrar que los
trabajos de explotación no afectarán a la población asentada en el lugar.
Esta propuesta también se efectúa considerando que la gente del lugar debe
estar seguro de que no se va a contaminar el ambiente que los rodea, y además
que hasta el momento los informes recibidos de otras instituciones, como los
colegios profesionales, hacen dudar que la actividad minera no vaya a
perjudicar Tambogrande (El Tiempo, 1 de diciembre de 2000) Lima.
Durante la década de Fujimori, el sector minero ocupó el primer lugar en
las actividades económicas del país, muy por encima de la agricultura,
la industria y la pesca. Esta prioridad condicionó un marco legal más
amplio para la minería. Entre 1992 y 1998 las hectáreas dedicadas a la exploración y explotación minera se han incrementado de 4 a 23 millones. Esta situación compromete a 3,200 comunidades campesinas que poco pueden hacer para protegerse del poder de las grandes empresas mineras del país. Una de ella es la Minera Yanacocha, que explota el oro de la zona de Cajamarca. Actualmente se compone de cuatro minas a cielo abierto: Carachugo, Maqui Maqui, San José Sur y Yanacocha. Una reciente informe del Comité Independiente nombrado por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial señala que pocas casas en las comunidades cercanas a las minas tienen agua potable o instalaciones sanitarias; y que la tasa de mortalidad de las comunidades aledañas es más elevada que en el resto del Perú. Diversos estudios han identificado una población aproximada de 6,000 campesinos que viven en el área de influencia de la zona. Serían alrededor de 2,500 los pobladores que han sido desplazados involuntariamente en beneficio exclusivo de los proyectos de Yanacocha. Las rondas campesinas de la región han registrado varios problemas suscitados a raíz de la aparición de la empresa minera: precios injustos pagados por la tierra, obras de desarrollo prometidas y no realizadas, reducción de flujo de agua para las comunidades, uso de tierras por la Minera Yanacocha sin autorización, deterioro de canales y excesiva contaminación ocasionada por el polvo de los trabajos de explotación. Los estudios de impacto medioambiental realizados por la propia empresa subestiman la presencia de recursos biológicos en el área del proyecto. Se crea deliberadamente la impresión de que es una área de escasa biodiversidad, cuando es todo lo contrario. De otro lado, el agua que la mina necesita se le está
restringiendo a los campesinos de las comunidades. La mayor parte de la población aledaña no hace uso de agua potable y depende de los canales de aguas naturales para todas sus necesidades: bebida, cocina, lavado, riego y abastecimiento para sus animales. Actualmente, el sedimento minero en los canales del terreno del proyecto ha aumentado, así como la filtración y el goteo de cianuro, y el desagüe ácido de las pilas de mineral gastado y piedra desechada. Las normas ambientales propuestas por el Ministerio de Salud son poco estrictas. A pesar de ello, Yanacocha las ha violado todas. Los niveles de sólidos suspendidos en las aguas de los ríos, lagos y quebradas del área de las minas han sobrepasado largamente los valores mínimos establecidos por la OMS y el Ministerio de Salud. También se ha detectado contaminación de polvo y gases tóxicos originados por las actividades de explotación. Cosechas y campos se han visto afectados significativamente. Yanacocha no ha tenido reparos de ningún tipo respecto de los terrenos que necesitaba para la explotación de oro. Las plantas medicinales que crecían naturalmente en la zona han desaparecido. Los pobladores, nuevamente, son los primeros afectados. La actividad minera de Yanacocha, particularmente los extensos pozos abiertos, es vista por muchos campesinos como una profanación de las riquezas arqueológicas de la zona. Se ha registrado un total de 33 sitios arqueológicos: edificios, cuevas, caminos, canteras de piedra, terrazas y geoglifos. Se han encontrado restos de objetos cerámicos, líticos y una arquitectura que señala claramente que pertenecen al periodo de la ocupación inicial de Cajamarca, aunque algunos restos indiquen que fueron de una época aún más antigua, perteneciente a la era de Huacaloma, del año 1130 a C. En junio pasado, un derrame de 150 kilos de mercurio, proveniente de las instalaciones de Yanacocha, ocasionó graves daños ecológicos y de salud a más de 300 pobladores intoxicados de la localidad de Choropampa. Yanacocha comunicó a los pobladores afectados que no había peligro y que los riesgos eran mínimos. "Este tipo de mercurio no es peligroso", decían los voceros. La presencia de mercurio en los depósitos minerales no
se conocía cuando se llevó a cabo la evaluación de medio ambiente para
la mina. La mina debió contar con planes de respuesta y de contingencia
para posibles desastres, como el ocurrido en Choropampa. Se subestimaron
los peligros al medio ambiente y a la salud humana causados por el
mercurio inorgánico. Yanacocha no proporcionó información adecuada
ni oportuna sobre el suceso a la población ni a las autoridades locales.
Yanacocha debe muchas explicaciones. Pero el gobierno apoya su silencio y
su irresponsabilidad.
por Rafaella León, diario Liberación, 12 de Noviembre, 2000, página 13.
Subrayados de PVA. Pero la Magdalena no está
parta tafetanes. Pues muchos empresarios son corresponsables de la actual
situación económica al haber alabado a Fujimori, quien ha propiciado
recesión, una rotura de la cadena de pagos, una enorme brecha fiscal que
se ha llevado buena parte de los ingresos de las privatizaciones y el
Fonavi, amén de una ominosa corrupción que aún no se desentraña en
toda su magnitud. Así que, señor Ministro, no prometa lo que Usted no está autorizado a hacerlo. Si es que es cierto lo que señalan el Sr. Baertl y los mineros de su gremio empresarial de que vendrá un "chorro de inversiones", que lo prueben. Pero no con lobbies, avisos pagados o foros en los que sólo van los que se narran sus mismos cuentos. Se tiene que abrir un
diálogo de ámbito nacional, que parta de una debida información al
respecto. Usted, señor Ministro, que fue decano del capítulo de
Ingenieros Eléctricos y que editaba una revista complaciente con Fujimori.
Asimismo hemos comprobado que trató de ingresar al Congreso con el
número 14 por Solidaridad Nacional. Señor Ministro, no cometa más
errores, y, como dicen los norteamericanos, "Wait a minute, please".
por Dennis Falvy. La
República, página 14, edición norte,
Diciembre 21, 2000 La profunda crisis que agobia al Perú se ha manifestado con toda su rudeza en los últimos días. No solamente es económica, lo que ya era notorio desde varios años atrás, cuando se le adjudicó origen en las convulsiones financieras de Asia, Brasil y Rusia. El modelo neoliberal marchó casi sin variaciones dejando un balance de avances y estragos, con su indicador más importante, el empleo, que hoy luce desastroso. Pero, peor que el síntoma de decadencia económica es su vertebración con otra crisis más delicada aún, la de valores, que ha emergido en los últimos meses, y más fétidamente, en los últimos días. Una brújula averiada conduce a la nación en medio de este sismo ético. Mientras tanto, los pragmáticos, quienes durante el reciente periodo electoral aceptaron como "costos de la estabilidad" las irregularidades y abusos del poder, ahora deben presenciar consternados los hechos de corrupción desde las vísceras del poder. Como siempre, comprobamos que el fin no justifica los medios. No se puede hacer un mal para hacer un bien. Ahora el país ingresa a una etapa de transición en que tendrán que primar las propuestas. Los ciudadanos, a la largo y ancho del Perú, hemos aprendido muchas lecciones producto de la convulsionada década de los noventa. Y debemos acordar, convenir, algunos puntos sobre los cuales construir un nuevo acuerdo nacional, que oxigene a una ciudadanía desconcertada ante el fracaso de las ideologías. Sobre estos puntos tendríamos que edificar las estrategias y las políticas que permitan los cambios necesarios que los peruanos exigimos. Propongo diez que no necesariamente son todos: 1.- Democracia. La democracia es el mejor sistema de gobierno. El poder no deberá seguir siendo monopolio del centralismo. Una efectiva descentralización y procedimientos de consulta popular permitirán armonizar posibilidades con necesidades.2.- Empleo. El empleo es eje de dignidad y ciudadanía. Su promoción es el objetivo nacional de mayor entidad. Las actividades intensivas en empleo serán auspiciadas por el Estado sin perjuicio de la racionalidad en el uso de los recursos. 3.- Rostro humano. Orientación de una economía de mercado con rostro humano mediante una política social que garantice unos mínimos de bienestar para todos, promoviendo el capital nacional como agente primordial de la consolidación de los mercados internos y de la internacionalización de la economía peruana. 4.- Diversidad. Convivencia de las diversas formas de propiedad de los bienes y factores de producción en todos los sectores, micro, pequeña, mediana y gran empresa, impulsando accionariado difundido y respeto de las minorías. 5.- Educación. La inversión en educación contará con prioridad en esta sociedad del conocimiento, en la que el peso de las materias primas decrece. El peor daño al futuro es el descuido de la educación en un país con tanta diversidad y atraso. 6.- Meritocracia. Los méritos serán los argumentos para el progreso en la vida nacional. El cultivo y práctica de los valores, el rechazo al pragmatismo y la viveza criolla. El ahorro y la austeridad como guías de las decisiones públicas y privadas. 7.- Mercados. Respeto al consumidor, vigilancia de los mercados y negociación internacional equilibrada y eficaz. Rechazo a las prácticas monopólicas, la dictadura del mercado y el aperturismo ciego. 8.- Alimentos. Relanzamiento de la actividad agropecuaria nacional promoviendo la organización de productores para más eficacia mediante tecnología, información y gerencia, reduciendo la dependencia alimentaria e incorporando a la economía a los trabajadores rurales. 9.- Medio ambiente. El medio ambiente será plataforma estratégica para la promoción de la imagen del país, del turismo como gestor de desarrollo, protegiendo la biodiversidad, patrimonio invaluable para la sociedad global ya cercana, estableciendo zonas de reserva agroecológica libres de actividad minera y de hidrocarburos. 10.- Tolerancia. El dialogo y la tolerancia serán promovidos desde la escuela como los cimientos de una convivencia respetuosa de diferentes visiones e ideas, rechazando la violencia en la forma que se presente. Seguramente que los ciudadanos podremos diferir en mucho o en poco con estas ideas. Sin embargo, las personas e instituciones tenemos que contribuir con nuestras propuestas al clima de refundación que comenzará a vivir el Perú a partir de la convocatoria a Eleccciones Generales. En cierto modo, también ingresamos a un proceso de reaprendizaje democrático, en el que jóvenes y no tan jóvenes apoyaremos a nuestra Patria a superar el temporal que la abate. Piura. En el artículo Ginocchio propone revisar la legislación y delimitar reservas agroecológicas. Lea los diez lineamientos para la "refundación" social y económica en el régimen democrático entrante. Noviembre 2, 2000.
por Juan Aste Daffos La reacción del Presidente Paniagua el Lunes 14 de Diciembre de no recibir en Palacio de Gobierno a la Comisión de los representantes nacionales y regionales de la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) luego de la marcha de más de 1000 campesinos de todo el país y por el contrario, comprometerse a revisar los beneficios tributarios recortados al empresariado minero por el gobierno de Fujimori en agosto del año 2000 actúa como un mensaje de tranquilidad a los inversionistas mineros, pero a la vez expresa el carácter de las políticas de un gobierno transitorio que no quiere complicaciones frente a los problemas inmediatos de la caja fiscal. Lo que está detrás de estos hechos es el debate entre quienes apuestan a mantener el sector minero generador de divisas acompañado de la libre importación como la prioridad número uno del modelo económico peruano y quienes consideran que la minería sólo debe acompañar a los sectores agroindustria, turismo y construcción, considerados claves para el desarrollo sostenible del Perú desde una visión descentralista. Este es el debate planteado al iniciar el nuevo milenio más allá de las discusiones de corto plazo sobre las condiciones para reactivar la economía. En este sentido, algunas de la preguntas a ser respondidas son: — ¿Es la minería el sector estratégico para el desarrollo sostenible del Perú? — ¿La inversión minera resulta compatible con el desarrollo agropecuario en todo el Perú?. — ¿Cuál es el rol que debe cumplir la minería en el logro del desarrollo sostenible para el Perú?
Empecemos respondiendo la primera pregunta. Mucho tiempo hemos sido persistentemente bombardeados por el empresariado minero con el lema "Perú País Minero" para tratar de convencernos que la explotación de importantes volúmenes de reservas mineras en diferentes departamentos se puede convertir en el eje que propicie nuevas actividades económicas y, por lo tanto, genere empleo e ingresos adicionales a su alrededor. Lo cierto es que la explotación minera entre 1950 y 1990 ha servido esencialmente a las empresas en la obtención de importantes ganancias y al Estado para el financiamiento de los pagos de la deuda externa y otros gastos así como para disponer de dólares para las importaciones. En las localidades donde se ubican los yacimientos se ha contado con una demanda de alimentos y productos abastecidos desde las ciudades originada en parte de las remuneraciones del personal de las empresas mineras así como con algunos beneficios colaterales referidos a tramos de carretera afirmada y a energía eléctrica temporal que en realidad sirven principalmente a la actividad minera. Adicionalmente, antes de 1993 el impacto ambiental afectó drásticamente los ríos, lagunas, cultivos y la salud humana con pérdidas de vida debido a la inexistencia de normas ambientales y a la falta de conciencia y organización de la población en las tareas de protección. La aplicación de una política económica de corte neoliberal con una política de promoción de la inversión minera implementadas por el primer gobierno de Fujimori a inicios de los 90s coincidió con el cambio radical que se produjo desde mediados de los 80s en la industria minera mundial por las innovaciones tecnológicas y las condiciones financieras internacionales así como por las fusiones entre las principales empresas transnacionales mineras que fueron en la búsqueda de grandes yacimientos de oro y cobre y en tercer lugar de zinc, principalmente de América Latina y particularmente de Brasil, México, Chile y Perú. Brasil y México desde siempre con altos niveles de inversión minera y Chile bastante explorado hacían del Perú el área de mayor atractivo por sus importantes reservas potenciales incentivadas por el hallazgo de oro en Yanacocha, Cajamarca. Esta nueva situación se ha visto reflejada en la minería peruana en que: ® Las elevadas inversiones mineras y los altos costos financieros de los préstamos para ponerlas en operación unido a las voluminosas importaciones que se realizan así como las remesas al exterior permitidas por la libre disponibilidad de los dólares generados por la exportación minera que alcanzan los 3 mil millones de dólares USA, es decir, el 50% de las exportaciones totales, estaría revelando que menos del 70% de las divisas por exportación son retenidas por el país.
Asimismo, si a las deducciones por los altos costos
financieros y las importaciones le añadimos el efecto de los beneficios
tributarios hoy afectados parcialmente, se entiende porque el aporte en
impuestos de la minería sólo alcanza al 4% de los ingresos tributarios. Como señala un reciente estudio de Grade (Juana Kuramoto) sobre Yanacocha, la participación de los contratistas nacionales se ubica principalmente en las labores de menor grado de complejidad como el uso de explosivos en los tajos, el carguío y el acarreo del mineral.
Por estas razones el mayor impacto económico de la
minería se da actualmente a través de la demanda de alimentos, servicios
de hospedaje y recreación en las localidades del entorno de las minas
ampliándose a los servicios de salud y educación en los casos de
ciudades cercanas como Cajamarca, Huaraz y Arequipa. El aporte del
Canon minero, establecido en el 20% del impuesto a la renta, no sólo es
pequeño por la reducida renta imponible sino que no llega a las
comunidades afectadas.
El aumento de tamaño del tonelaje procesado en cada
proyecto desde los 2-10 mil toneladas por día a los 50-130 mil toneladas
por día en razón al bajo contenido de mineral así como la
concentración en la exploración y explotación del oro por tener la más
alta rentabilidad en el corto plazo, es decir, una rápida tasa de retorno
del capital aún con altos intereses, revela el por qué de la
disminución del período de vida útil de los proyectos mineros. Las empresas mineras en la mayoría de casos han accedido a terrenos de las comunidades campesinas a través de pequeñas obras o reducidos pagos y sin ningún compromiso ambiental, pactando convenios con algunos dirigentes que al ser convertidos en escrituras públicas en las notarías, carecen de validez legal al no poder inscribirse en los Registros Públicos porque no cumplen con el requisito de la aprobación de las dos terceras partes del padrón de comuneros, según el articulo 11 de la ley 26505 o ley de tierras . La legislación vigente no contempla la posibilidad de decir no a la inversión minera en los casos de valles fértiles donde la población no desea la actividad minera, como es el caso del valle de San Lorenzo y el pueblo de Tambogrande en Piura. El impacto ambiental de la actividad minera está afectando ríos, lagunas, aguas subterráneas, cultivos, pastos, ganado y la salud humana en las diferentes cuencas del país con un control ambiental realizado por consultoras pagadas por las propias empresas mineras en presencia de un Estado que no tiene capacidad para fiscalizar y menos monitorear dicho impacto. La prioridad de la minería sobre el agro y los demás sectores ha llevado al Estado al extremo de otorgar concesiones de exploración y explotación minera en valles frutícolas como el de San Lorenzo en Piura, vaciar lagunas como Naticocha y Tauly en Cerro de Pasco , afectar fuentes de agua de cuencas enteras como en el caso del cerro Quilish y el rio Porcon en Cajamarca e incluso atentar contra áreas naturales protegidas como el Lago Junín asi como también frenar el establecimiento de niveles aceptables de calidad del agua y aire con el consiguiente impacto en la salud. En consecuencia, la minería aporta con el 50% de las exportaciones totales, pero retiene en el Perú cada vez menos dólares, aporta al Estado sólo un 4% de los ingresos por impuestos, genera poco empleo nacional y casi ninguno local y compra menos productos y servicios producidos en el país, teniendo como único impacto local positivo el de estimular una demanda aunque todavía reducida de alimentos y servicios en las ciudades más cercanas. Pero el carácter temporal de los proyectos mineros al explotar recursos que se agotan en menos de diez años y el negativo impacto ambiental que dejan hacen de la minería un sector cuyo aporte principal son los dólares o divisas disponibles, pero con un impacto neto desfavorable en todas las zonas donde se ubican las minas, caminando a contracorriente de una opción descentralista del Desarrollo Sostenible. Por su parte, el canon minero es pequeño y no llega a las comunidades. Por lo señalado, la minería puede ser útil localmente bajo ciertas condiciones económicas, sociales y ambientales, pero no es un sector estratégico y en consecuencia, no puede seguir teniendo la prioridad número uno en el modelo económico peruano sino que debe ser un sector complementario que acompañe el desarrollo sostenible en el Perú. Continuaremos respondiendo las otras dos preguntas en los próximos artículos [Lima, 22 de Diciembre del 2000]. Publicado en PVA, el 13 de Enero del 2001.
Podrán argüir los
congresistas que votaron contra el Distrito Electoral Múltiple muchas
razones, sus razones. Pero quienes vivimos en los departamentos del
interior sentimos que el Congreso, brújula y timón, confirma que navega
por las aguas de la desorientación, que marcha rápidamente hacia la
descomposición, la obsolescencia. 1.- Publicar los nombres de todos los congresistas que votaron contra el DEM en los medios de difusión de los departamentos y declararlos personas no gratas a la causa de la descentralización. 2.- El descontento en los departamentos muestra que el pacto social que dio origen al Perú mediante el sistema de representación actual necesita cambios radicales. La sensación de haber sido ocupados por fuerzas extrañas nucleadas en lugares como el Parlamento nacional no es buen telón de fondo para restañar las injusticias de los noventas. La nación sufre los estragos no solamente del Poder Ejecutivo saliente sino del Poder Legislativo vigente. 3.- La actitud centralista de una mayoría que se resiste a perder sus ventajas es el mejor reflejo del dominio del interés de pocos sobre muchos. Es urgente contar con los mecanismos de revocatoria para en casos como este conseguir firmas y despedir a quienes se propasan. La crisis de los partidos políticos y sus sedientas cúpulas tiene también su cuota de responsabilidad en el engendro de la noche del 4. 4.- ¿Es viable pensar que
tal democracia "representativa" podrá conducir a encontrar
salidas a los grandes problemas nacionales? ¿Se podrá confiar que se
acepte debatir las modificaciones legales para permitir, por ejemplo, la
inscripción de Frentes Departamentales, que obviamente disputarían
curules a los centralistas? ¿En qué se ha convertido el Perú, en una
nación invadida por el ventajismo fenicio? ¿Y la Patria, realmente va
por delante de todo y todos? ¿A quién recurrir como ciudadanos para
protestar ante violaciones tan altaneras del derecho de los pueblos del
interior del Perú para elegir a sus representantes? |
| Por el derecho a elegir nuestro modelo de desarollo |
