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Responsabilidad Internacional en el conflicto
colombiano
- Alarmante incremento del endeudamiento de Colombia
- II Jornadas Internacionales por la paz y
los Derechos Humanos
- España exporta Armas de tortura!
Alarmante incremento del endeudamiento
de Colombia
En 9 años Gobiernos duplicaron la Deuda
Externa
Un informe del Banco de la República señaló
que la deuda externa colombiana pasó de 17 mil
335 millones de dólares en 1991 a 33 mil 264
millones de dólares en el 2000. Esto el doble
en diez años. Para el economista Manuel Restrepo,
esto indica un fracaso en el control de las finanzas
colombianas. Lo más fácil era pedir crédito
externo y poner las riquezas nacionales como garantes
de esa política económica.
De la actual deuda externa, la deuda pública
representa el 60% y el sector privado el restante 40
por ciento. Pero el mayor endeudamiento en los últimos
10 años fue del sector privado pues de los 2.165
millones de dólares en 1991, pasó a los
13.500 millones de dólares en el 2.000.
Para pagar la amortización de la deuda y el pago
de los intereses, Colombia destina el 16% de su presupuesto
anual. Esto le resta capacidad al gobierno para financiar
obras de alcance social, así como impide evita
el acrecentamiento de la pobreza. Lo peor para los analistas
económicos es que el gobierno colombiano debe
endeudarse cada vez para poder pagar las amortizaciones.
Por ejemplo el año anterior Colombia debió
cancelar 3.500 millones de
dólares por dicho concepto.
Colombia, la paz es posible.
(Madrid, mayo de 2001)
II Jornadas Internacionales por la Paz y los derechos
humanos
Primera: 7 y 8 de mayo de 2001.
Segunda: 25 y 26 de septiembre de 2001.
Tercera: 5 y 6 de diciembre de 2001.
Antecedentes
América-España, Solidaridad
y Cooperación, AESCO, es una organización
no gubernamental integrada por ciudadanos españoles
y latinoamericanos, fundada en Madrid en 1991 con el
fin de formular y gestionar proyectos de cooperación
al desarrollo para América Latina, en especial
en Colombia, y apoyar a la población latinoamericana
en España. En desarrollo de sus fines AESCO
ha otorgado especial atención a la crisis política,
económica y social colombiana, de la que el prolongado
conflicto armado es su manifestación más
visible, pero desde luego, no la única.
A este respecto, AESCO ha sido
decidida partidaria de una solución política
negociada al conflicto, por cuanto entiende que la búsqueda
de una salida militar sólo contribuiría
a crear un mayor deterioro de la situación de
derechos humanos, transgresión de las normas
del Derecho Internacional Humanitario, y envilecimiento
de la confrontación con pérdidas en vidas
humanas, graves perjuicios para el medio ambiente, costes
impredecibles para la estabilidad política de
la Región, y aumento de las presiones migratorias
en el mundo industrializado. Por el contrario, una solución
política, resultado de una estrategia de Estado
y de un acuerdo nacional de reformas estructurales de
corto, medio y largo plazo, con apoyo coordinado de
la comunidad internacional, garantizaría
una paz estable y duradera, y permitiría que
Colombia aportará más al desarrollo regional
y mundial.
Por estas razones, desde un tiempo
atrás, AESCO viene abogando por el fortalecimiento
y la articulación del movimiento social colombiano,
a efecto de que participe activamente en la construcción
de la paz, e igualmente porque exista un compromiso
más armonioso y permanente de la comunidad internacional
en la solución del conflicto, que tenga presente
sus responsabilidades en el mismo, derivadas, en parte,
de un injusto orden internacional y de fenómenos
de naturaleza transnacional como el narcotráfico
y el comercio de armas.
En 1997 AESCO convocó, junto
con la Federación de Asociaciones de Defensa
y Promoción de los Derechos Humanos de España,
La Confederación Sindical de Comisiones Obreras
(CCOO), La Unión General de Trabajadores(UGT),
y con la colaboración de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI) y otras instituciones
españolas, las Jornadas por la Paz y los Derechos
Humanos, las cuales se llevaron a cabo entre el
1 y 5 de Diciembre de dicho año en Madrid y Alcorcón,
España. En ellas participaron más de cien
representantes de organizaciones no gubernamentales
(ONG) e instituciones oficiales españolas y colombianas,
y algunas asociaciones de colombianos en Europa. Las
propuestas y conclusiones de las distintas mesas de
trabajo, así como los compromisos adquiridos,
quedaron reflejadas en el Acta de las Jornadas. Sus
resultados fueron valorados de forma positiva por los
participantes en la medida en que contribuyeron a crear
convergencias y consensos necesarios para el logro de
una paz integral. A partir de las Jornadas se han llevado
a cabo acciones en escenarios regionales y locales como
consecuencia de los compromisos adquiridos en éstas.
De esta manera, las II Jornadas darán continuidad
a un trabajo de medio y largo plazo por la consolidación
del movimiento social por la paz y los derechos humanos
en Colombia.
Contexto y Justificación
Desde la celebración de las
I Jornadas hasta hoy, se han dado una serie de hechos
y circunstancias que han configurado un nuevo cuadro
político, económico y social en Colombia
que, en opinión de AESCO, justifican sobradamente
la convocatoria de un nuevo encuentro.
Nos referimos, entre otras, al inicio
de diálogos entre la administración Pastrana
y las Farc y más recientemente con el ELN, dentro
de un esquema de negociación que no incluye la
previa cesación de fuego o de hostilidades. El
comienzo de diálogos ha sido apreciado positivamente,
sin embargo, es evidente que la confrontación
se ha envilecido notoriamente, que existe un desbordamiento
intolerable del fenómeno paramilitar y que la
situación de Derechos Humanos y la transgresión
de las normas del Derecho Internacional Humanitario,
por los actores del conflicto, tienen ahora perfiles
más complejos y dramáticos que hace unos
años. Así lo percibió la Unión
Europea en su declaración del 23-05-2000 al afirmar:
"La EU expresa su profunda inquietud ante el deterioro
de la situación humanitaria y de los Derechos
Humanos en Colombia y, en particular, por el creciente
número de acciones violentas y de atrocidades
inhumanas que afectan sobre todo a la población
civil...". La crisis política, sumada a la
económica, la más grave de los últimos
setenta años, ha derivado en un conjunto de fenómenos
sociales que tienen en el desplazamiento interno y la
emigración masiva las más evidentes expresiones.
Para encarar la crisis y encontrar
apoyo de la comunidad internacional, el gobierno colombiano
ha formulado lo que se conoce como "Plan Colombia",
el cual contempla un importante incremento de la ayuda
militar norteamericana y, en consecuencia, un mayor
grado de implicación de Estados Unidos en el
conflicto. La administración Pastrana ha intensificado
su accionar en busca de implicar a la comunidad internacional
en el diseño de soluciones, y como resultado
de ello en Julio del año pasado se llevó
a cabo en Madrid una reunión conocida como "Mesa
de Donantes" o "Grupo de Apoyo al Proceso de
Paz", con el objeto de concretar la participación
y las asignaciones de la comunidad internacional en
el Plan Colombia y en el proceso de Paz. Es de anotar
que anteriormente, en Londres, se cumplió una
reunión preparatoria, y que el pasado 24 de octubre
se realizó en Bogotá otra más,
en la cual se concretaron aportes de la Unión
Europea.Sin embargo, es claro que aún no existe
consenso ni en la comunidad internacional ni nacional,
en torno a la eficacia del Plan Colombia, y que éste
ha desatado fuertes desavenencias y tropiezos en los
diálogos, en especial con las Farc; en el mes
de noviembre de 2000 se suspendieron las negociaciones,
por decisión unilateral de la dicha agrupación
rebelde, lo que, de alguna manera, ha dejado en un limbo
el proceso de paz impulsado por la administración
Pastrana, situación que se espera sea transitoria,
lo cual hace que las II Jornadas por la paz y los Derechos
Humanos tengan especial significado dado que pueden
contribuir a reconstruir un clima propicio al diálogo
y a la negociación, y a conseguir un mayor compromiso
e implicación de la comunidad internacional.
Naturaleza y participantes de las
jornadas
Las II Jornadas por la Paz y los Derechos
Humanos "Colombia, la Paz es Posible", se celebrarán
en Madrid en transcurso del año 2001, en tres
conferencias, la primera de ellas durante los días
7 y de mayo. En ella aparte de promover el fortalecimiento
y articulación del movimiento social por la paz
y los Derechos Humanos, se analizará la situación
colombiana y se formularán propuestas atinentes
a los principales aspectos del proceso de paz, recabando
principalmente sobre la responsabilidad de la comunidad
internacional en la reconstrucción nacional,
y buscando la participación de los colombianos
en el exterior en la construcción de la paz y
en la formulación de políticas migratorias.
Podrán concurrir a las II Jornadas
representantes del movimiento social y ciudadano en
Colombia y de asociaciones colombianas en el exterior
partidarias de una paz negociada, justa y duradera,
y de reformas estructurales a corto, mediano y largo
plazo. Asimismo, se invitará a representantes
del sector gubernamental colombiano y de países
de la Unión Europea y Estados Unidos, de organizaciones
y sectores gubernamentales y no gubernamentales europeos
y norteamericanos, y personalidades del mundo académico.
Se espera que también voceros
o representantes de las agrupaciones rebeldes participen
en estas conferencias y, de ser posible, también
adquieran compromisos con la sociedad civil.
OBJETIVOS DE LAS JORNADAS
El objetivo principal
El fortalecimiento y la articulación
del movimiento social por la paz y los Derechos Humanos
en Colombia, y la participación de la población
migrante colombiana dentro de la construcción
de la paz.
El fomento de una mejor comprensión
de la comunidad internacional de la crisis colombiana,
compatible con las lógicas diferencias de una
sociedad plural, y de los factores internacionales que
inciden en la reproducción del conflicto bélico
interno, e igualmente su participación en políticas
de integración para la migración colombiana
en las sociedades de acogida, reconociendo que son nacionales
originarios de país en conflicto armado, y como
tales, son merecedores de medidas de protección,
asilo y refugio.
Los objetivos específicos
son:
- Proponer medidas conducentes a conseguir una mayor
participación del movimiento social por la
paz y los derechos humanos de Colombia en el proceso
de paz.
- Definir programas de apoyo de los organismos no
gubernamentales internacionales de cooperación
y de derechos humanos a las organizaciones que trabajan
como constructoras de paz y la defensa de los derechos
humanos en Colombia, y para las asociaciones de la
población colombiana en el exterior.
- Analizar la influencia de factores internacionales
en la reproducción del conflicto interno y
formular recomendaciones que contribuyan a precisar
la participación de la comunidad internacional
en la solución de dicho conflicto, incluyendo
en el análisis sus posibles responsabilidades
en el deterioro de la situación colombiana,
y formular propuestas que permitan hacer más
eficaz sus aportaciones a la reconstrucción
del país.
- Proponer medidas de seguimiento entre las organizaciones
del movimiento social, las asociaciones de emigrantes
colombianos y las organizaciones internacionales no
gubernamentales de cooperación y desarrollo,
de derechos humanos, y de ayuda humanitaria, para
el cumplimiento de las tareas acordadas en las II
Jornadas por la paz y los derechos humanos, Colombia,
la paz es posible.
Estructura y metodología
de las Jornadas:
Las II Jornadas se llevarán
a cabo en tres conferencias internacionales, la primera
de ellas, los días 7 y 8 de mayo del 2001. La
segunda conferencia los días 25 y 26 de septiembre,
y la tercera, los días 5 y 6 de diciembre. Las
conferencias se desarrollaran en sesiones de dos días
cada una en Casa de América.
La metodología adoptada para
cada conferencia será la siguiente: Se invitarán
a tres (3) ponentes por conferencia y a seis (6) comentaristas.
Los ponentes dispondrán de treinta minutos y
los comentaristas, quince minutos cada uno. Las conferencias
tendrán un moderador y un relator, y habrá
un segmento para preguntas y participación de
público asistente.
Al final de cada conferencia se redactará
un documento de conclusiones y de declaraciones.
Los comentaristas serán representantes
de organizaciones no gubernamentales, al igual que los
relatores.
PRIMERA CONFERENCIA
LA COMUNIDAD INTERNACIONAL FRENTE
AL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA
7 y 8 de Mayo de 2001
En esta Primera Conferencia de las
II Jornadas por la paz y los derechos humanos, se abordará,
los aspectos que a continuación se indican, haciendo
énfasis en la relación que ellos tienen
como factores de reproducción del conflicto bélico,
sus efectos económicos, sociales, políticos
y culturales, y las responsabilidades que de allí
se derivan para la comunidad internacional y para las
partes en conflicto. Los temas a tratar en esta conferencia
versarán sobre:
- Narcotráfico y Tráfico de Armas
- Deuda Externa y Comercio Internacional
- La Cooperación Internacional y migración
colombiana.
SEGUNDA CONFERENCIA
REFORMAS ESTRUCTURALES Y MODELO
ECONÓMICO
FECHA: 25 y 26 de septiembre de
2001
Los temas a tratar en esta conferencia
versarán sobre:
- Reforma Política
- Modelo económico y de desarrollo: Empleo,
Pobreza Rural, Tributos, Redistribución del
ingreso.
- Medios de Comunicación y Democracia
- Reforma Agraria y Desarrollo Alternativo
TERCERA CONFERENCIA
5 y 6 de diciembre de 2001
MESA III: DERECHOS HUMANOS Y DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO.
Los temas a tratar en esta conferencia
versarán sobre:
- Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
- Acuerdos humanitarios: globales y parciales.
- Asilo y refugio.
- Desplazamiento interno.
(Mayor información: aesco@siis.org)
España exporta instrumentos
para la tortura
AMNISTÍA INTERNACIONAL EXIGE AL GOBIERNO
ESPAÑOL QUE PROHIBA LA EXPORTACIÓN DEL
MATERIAL DE TORTURA Y CONTROLE A LOS INTERMEDIARIOS
Y TRANSPORTISTAS DE ARMAS
De Comunisties de Catalunya
España exporta material de tortura al extranjero
mientras el gobierno sigue sin actuar.
Mientras los gobiernos continúan de brazos cruzados,
los torturadores de todo el mundo se están armando
con un equipamiento cada vez más sofisticado
y, según un nuevo informe hecho público
hoy por Amnistía Internacional, el comercio de
este material va en aumento.
En una carta entregada hoy al Secretario de Estado
de Comercio, acompañada de grilletes simbólicos
"made in Spain", Amnistía Internacional denuncia
que tampoco España escapa a tan siniestro comercio.
De hecho, el pasado mes de octubre se descubría
que la empresa vasca Larrañaga y Elorza podía
haber exportado grilletes a Ruanda -país sobre
el que pesa un embargo de Naciones Unidas tras el genocidio
de 1994- sin la pertinente autorización del gobierno,
requisito indispensable según la legislación
española.
Según la información facilitada por el
propio gobierno, esta empresa no fue sancionada por
violar la legislación vigente (Ley de Represión
del Contrabando) y únicamente tuvo que inscribirse
en el Registro Especial de Exportadores de Material
de Defensa y Doble Uso.
Además, investigaciones posteriores han revelado
que Larrañaga y Elorza venía exportando
habitualmente este tipo de material desde una partida
arancelaria muy distinta a la de "Armas y municiones".
Productos como los grilletes se "emboscaban" en partidas
como candados, cerraduras y cerrojos, metales comunes
y otras similares.
Estos grilletes permiten encadenar a las víctimas
por los tobillos, encadenarles de las cintura e incluso
atarles de pies y manos uniendo esposas y grilletes
con una cadena, vulnerando las Reglas Mínimas
para el Tratamiento de Reclusos y Detenidos de la ONU
que especifican que materiales como los
exportados por esta empresa "nunca deberían
utilizarse como sanciones o medios de coerción".
A través de este acto público que hoy
celebramos, la Sección Española de AI
reclama al gobierno español que prohíba
el material policial y de seguridad cuyo uso sea intrínsecamente
cruel, inhumano o degradante y que se suspendan las
correspondientes transferencias de materiales como los
de
Larrañaga y Elorza mientras se realice un examen
riguroso e independiente de aquellos productos con un
riesgo sustancial de abusos o lesiones imprevistas.
En el informe de Amnistía Internacional, titulado
Un comercio execrable: el comercio de la tortura, se
denuncia que los medios de coerción mecánicos
-esposas, grilletes, cadenas, etc- se encuentran entre
los dispositivos de seguridad más utilizados
y de los que más se abusa. En todas las regiones
del mundo se recurre a ellos de forma reiterada para
violar los derechos humanos de los presos. Y entre los
clientes de Larrañaga y Elorza no sólo
figura Ruanda; también forman parte de su cartera
países con expedientes tan oscuros de derechos
humanos como Israel, Líbano, Emiratos Arabes,
EEUU, Yugoslavia, Túnez, Egipto, Venezuela, Ecuador
o Brasil.
Es precisamente el secreto y la falta de control de
este comercio lo que facilita que grilletes, barras
y esposas lleguen a las manos de los torturadores y
que éstos los utilicen. El gobierno español
se comprometió hace ya cuatro años a informar
periódicamente, a través de una partida
específica, de las transferencias militares,
de seguridad y policiales que se produjeran desde España.
Una promesa que, a día de hoy, sigue incumplida.
Amnistía Internacional ha exigido un control
parlamentario previo de las exportaciones de armas y
ha pedido al gobierno español que informe al
Congreso de los Diputados de las armas y el material
de seguridad y policial exportados y de sus destinatarios.
Igualmente, AI aboga por la introducción de medidas
de control de los intermediarios y transportistas de
armas en el ámbito de la Unión Europea,
a fin de evitar casos como el de Larrañaga y
Elorza.
El comercio de material de tortura en el mundo
En el plano internacional, el informe de Amnistía
Internacional revela que, a lo largo de los años
noventa, aumentó el comercio internacional de
porras, escudos, pistolas y cinturones paralizantes
de electrochoque de alto voltaje. Es decir, una nueva
generación de materiales de tortura mucho más
sofisticada que la anterior.
Entre estos nuevos dispositivos figuran las pistolas
taser, que disparan ganchos sujetos a un cable a una
distancia de hasta 9 metros, y los cinturones de paralización
por control remoto utilizados con los presos, que se
sabe que pueden activarse accidentalmente y lanzar una
descarga de unos 50.000 voltios en los riñones
de la víctima por un lapso de hasta ocho segundos.
Esta tecnología comenzó a utilizarse en
Estados Unidos y se ha extendido a Asia, Europa y Sudáfrica.
«En los años setenta sólo se conocían
dos empresas que comerciaban con armas paralizantes
de electrochoque de alto voltaje -ha manifestado Brian
Wood, uno de los investigadores de Amnistía Internacional
que han participado en la elaboración del informe-.
Ahora hay más 150 en todo el mundo».
«Ante la falta de medidas estrictas de control para
impedir que este material llegue a manos de torturadores,
los gobiernos responsables deben prohibir su exportación
inmediatamente», ha añadido Wood.
En el informe se expone el caso de Mohammed Naguib
Adu Higazi, detenido por los servicios egipcios de información
en 1997. Durante su reclusión lo desnudaron y
le aplicaron descargas eléctricas con «un palo
cilíndrico que tenía una espiral de alambre».
A pesar de saber que casos como éste seguían
ocurriendo en Egipto, Estados Unidos aprobó exportaciones
de porras de electrochoque, pistolas paralizantes y
aparatos ópticos de avistamiento a este país
por valor de más de 40.000 dólares estadounidenses
entre los años 97 y 2000.
El material químico es otra de las estrellas
de este comercio, especialmente cuando se trata de controlar
multitudes. La empresa británica Pains-Wessex,
por ejemplo, fabricó granadas de gas lacrimógeno
que se utilizaron contra manifestantes pacíficos,
incluidos mujeres y niños, en Zambia en 1997.
A pesar de ello, dos años después, el
gobierno británico seguía concediendo
licencias de exportación de este material a Zambia.
Tampoco en Estados Unidos ha dejado la policía
de comprar pulverizadores de pimienta -utilizados por
primera vez contra manifestantes en Seattle en 1999-
a pesar de que se sabe que van asociados a gran número
de muertes.
Formación militar y de seguridad
De acuerdo con el informe de Amnistía Internacional,
las transferencias de conocimientos y técnicas
militares, de seguridad y policiales en el ámbito
internacional también han servido para practicar
torturas. Hablamos, por ejemplo, de la implicación
de centenares de graduados en la estadounidense de las
Américas en violaciones de derechos humanos en
Sudamérica o la formación en cuestiones
de seguridad que ha proporcionado Francia y que en Togo
se ha utilizado para intimidar y torturar a la población
civil.
«A menos que la formación en materia de seguridad
esté sometida a estrictos controles y a vigilancia
independiente, siempre se correrá el riesgo de
que se utilice para facilitar la comisión de
violaciones de derechos humanos», ha manifestado Amnistía
Internacional. «Es necesario realizar con urgencia cambios
concretos en el modo en que los gobiernos autorizan
y vigilan la fabricación, transferencia y uso
de material y técnicas de seguridad», ha añadido
la organización. "
En particular, Amnistía Internacional
pide a los gobiernos:
1. La prohibición de la fabricación,
uso y promoción de material policial y de seguridad
cuando dicho uso sea, por su propia naturaleza, cruel,
inhumano o degradante. Esta medida incluirá los
grilletes con barras, los cinturones paralizantes de
electrochoque y los aparatos que, debido a su propia
naturaleza, causen dolor, como las esposas dentadas
para pulgares.
2. La suspensión del uso de dispositivos de
electrochoque, grilletes, esposas para pulgares, planchas
de inmovilización, sillas de sujeción
y armas de gas y de pimienta hasta que se realice una
investigación rigurosa e independiente sobre
los efectos de estos aparatos. Asimismo, se suspenderán
las transferencias de este tipo de material a otros
países hasta que se conozcan los resultados de
la investigación.
3.Garantías de que la formación de personal
militar, de seguridad o policial de otros países
no incluya la transferencia de técnicas, conocimientos
ni tecnologías que puedan servir para practicar
torturas.
Conflicto
e intervención gringa en el Sur
Colombia: Políticas de Paz o Políticas
de Muerte?
Fabio Alberto Díaz, Grupo ComunicArte - Radios
Comunitarias.
Colombia sigue pidiendo prestadas políticas
de desarrollo al país del Norte, Estados Unidos,
lo que deja ver la incapacidad de diseñar políticas
propias, para un país propio.
El Presidente de Colombia, Andrés Pastrana,
quien estuvo de gira por los Estados Unidos, insiste
a las autoridades económicas de ese país
para que bajen los aranceles a ciertos productos colombianos
como parte de la lucha contra el narcotráfico.
Y eso no está mal si se busca una equidad en
el tratamiento que se les debe dar a los agricultores,
pero, ¿qué hace pensar que tal tratamiento nos
lo van a otorgar a nosotros y no a otros países?
En realidad, la propuesta del Presidente colombiano
estaría más encaminada a plantearle al
gobierno del Norte que diseñe unas políticas
arancelarias para toda la región andina, cosa
que ya está prevista desde muchos años
atrás. ¡Claro! Cuando de Presidente, Kennedy,
en su política de una Alianza para el Progreso
para América Latina, se constituyó en
el primer paso de una política proteccionista
que prácticamente redujo nuestra agricultura
a la producción doméstica. Y eso no es
lo peor. 40 años después, nuestros países
están importando productos de ese país,
el mismo país que nos impuso semejante política
de hambre que poco a poco va acabando con nuestras precarias
economías.
Pero, acaso se debe enjuiciar nuestros males a las
políticas proteccionistas de los Estados Unidos
siempre?
En gran medida sí. Pero quizás nuestros
peores males se los debemos a los sucesivos gobiernos
que nada han hecho por diseñar verdaderas reformas
agropecuarias, y sí en cambio, han estado como
niño huérfano mendigando ayudas foráneas,
que sin mucho recato, otorgan créditos imponiendo
de paso unas altas tasas de interés.
Eso quiere decir que poco a poco lo que se está
haciendo es empeñar al país a futuro.
Más que el país, lo que más les
importa a los estadounidenses es la gran riqueza minera
con que cuenta el Colombia, y para ello, solo necesitan
mantener esa política que ahorca y que mantiene
al país en una guerra que no permite rediseñar
el desarrollo en Colombia y los países de la
región. Luego... Qué puede importar al
gobierno de los Estados Unidos la ampliación
de la Ley de preferencias Andinas que vence el próximo
mes de Diciembre?
Pero nuestro gobierno es aún más particular.
No obstante esas políticas que van en contravía
con la agricultura nacional, se insiste en invitarlos
a que hagan parte de la mesa de negociación con
las FARC, como si no fuera suficiente con la política
del Plan Colombia cuyos resultados ya se hacen sentir:
tierras que tardarán muchos años antes
que vuelvan a producir como lo hicieran hasta hace poco
tiempo. Es algo que no se acaba de entender. Protección
a los productos del Norte y altos aranceles a los que
ingresan de Colombia; y por otro lado, envenenan de
manera sistemática las tierras productivas que
aún quedan.
Eso en lo que tiene que ver con las desastrosas consecuencias
ecológicas; pero ni se diga de las consecuencias
a la salud de tantos campesinos. Porque de la misma
manera que se condena el uso indiscriminado de minas
antipersonales, de la misma manera se debería
condenar el uso de productos químicos en la lucha
contra el narcotráfico. La pregunta más
válida ahora es... ¿La humanidad, algún
día condenará semejante atentado contra
la población y la naturaleza?
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