La Versión petrolera del Plan Colombia.*

En plena discusión en el Senado de los Estados Unidos de América (USA) sobre la aprobación de los recursos económicos para el Plan Colombia, que contó por una parte con el apoyo de empresas petroleras y armamentistas y, por otro, con el rechazo de importantes organismos no gubernamentales de derechos humanos, el gobierno de los Estados Unidos con el respaldo del gobierno del Reino Unido (UK) lanza una iniciativa para "promover" el respeto de los derechos humanos, por parte de la industria petrolera en países donde llevan a cabo sus operaciones.

En el documento de discusión sobre las posibilidades y los limites de la propuesta, que llamaremos "Iniciativa USA-UK", presentado en la primera reunión celebrada en Washington el 17 de marzo del 2.000, el gobierno de los Estados Unidos define de manera velada sus prioridades al considerar "un tema de la política exterior de los Estados Unidos que afecta sus intereses, el entorno operativo de empresas estadounidenses en el sector extractivo". Pareciera estar inmerso aquí el espíritu del "Interés Nacional" que el gobierno de Estados Unidos invocó para evadir reconocidas voces en materia de defensa de los derechos humanos que se opusieron al Plan, por su elevado componente militar y por el temor a que la ayuda al ejército colombiano se desvíe hacia violaciones a los derechos humanos, dado los comprobados vínculos de las fuerzas militares con los grupos paramilitares y por el alto grado de impunidad que se agencia desde la presidencia de la república y los mandos militares.

La Iniciativa USA-UK se propone alcanzar un "Acuerdo Voluntario" sobre temas que consideran "políticamente sensibles y de gran impacto en el entorno operativo del sector extractivo", tales como: "DESARROLLO, GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS". Temas que hacen parte del Plan Colombia al que el presidente de Colombia, Andrés Pastrana, define como una estrategia integral de paz, de prosperidad y fortalecimiento de la democracia. Pero tanto la Iniciativa como el Plan Colombia socavan la gobernabilidad, desconocen las raíces del conflicto interno colombiano e ignoran la grave crisis de derechos humanos que vive el país y piden aumentar la capacidad de unas fuerzas militares ampliamente conocidas por las gravisimas violaciones a los derechos humanos. Igualmente la Iniciativa USA-UK y Plan Colombia comparten el ser promovidos por los Estados Unidos para proteger sus intereses.

La Iniciativa USA-UK se propone "potenciar la actuación de los Estados Unidos en tres países claves: Nigeria, Indonesia y Colombia". Países de gran inestabilidad política en los que las empresas petroleras vienen apostándole a la guerra a nombre de proteger sus inversiones. Empresas que el periodista Roland-Pierre Paringaux, en Le Monde Diplomatique califica como "el mejor sostén de regímenes tiránicos" y donde registra el papel de la BP-AMOCO en Colombia, SHELL en Nigeria y MOVIL OIL en Indonesia. Petroleras que enfrentan violentamente los reclamos de la población y trabajadores mediante fuerzas de seguridad pública y privada, de reconocida reputación en materia de violación a los derechos humanos, mientras presionan y logran más beneficios para sus inversiones.

Asimismo, la Iniciativa USA-UK es considerada como "una dimensión importante de la estrategia de los Estados Unidos para trabajar con los gobiernos del país receptor, las empresas y las ongs, sobre los retos claves de gobernabilidad y desarrollo regionales" en zonas como las del Delta del Niger, Aceh e Irian Jaya (Indonesia) y el sur de Colombia. Este asunto es de gran importancia en el Plan Colombia, tanto por su proyección en la región andina y el continente, con su efecto de desestabilización de la región, como por las perspectivas de entrada en vigor en el 2005 del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas -ALCA-. El Acuerdo de Libre Comercio, liderado también por los Estados Unidos, exige en primera instancia la liberación de mercados de capitales, comunicación, transporte y energéticos. Estas medidas, aunadas a las de los organismos multilaterales como el FMI y el BID, pauperizarán aún más las condiciones de vida de la población. La ya existente precariedad de las condiciones de vida en la región, ilustrada por los altísimos porcentajes en los niveles de pobreza absoluta, es fuente de conflictos sociales a los cuales no se les da una respuesta adecuada en términos de mejoría de la calidad de vida, empleo, educación y derechos sociales. Así, lo evidencian, los acontecimientos del año 2000 en Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Costa Rica, que no cesan.

En la Iniciativa, los gobiernos de USA y UK consideran que "las empresas podrán hablar con una sola voz" a los gobiernos locales respecto de "temas políticamente sensibles (derechos humanos, arreglos de seguridad, transparencia, distribución de los ingresos petroleros, desarrollo regional y el costo para las empresas por la sustitución del gobierno local)". Es de destacar que las 10 primeras empresas petroleras mundiales están presentes en Colombia. Asimismo, es notorio que los gobiernos de los países en donde estas empresas petroleras tienen sus casas matrices, priorizan la actividad comercial inmutables ante el involucramiento de éstas en graves violaciones a los derechos humanos. En el pasado reciente, algunas de éstas empresas han estado involucradas en graves violaciones a los derechos humanos y en actividades paramilitares, a través de servicios de seguridad privados, sin que los gobiernos de los países de sus casas matrices hayan tomado medidas. Es el caso de la BP inglesa que se fusionó con la AMOCO estadounidense para dar paso a la tercera empresa petrolera en el mundo, que cuenta con el respaldo de los gobiernos de USA-UK. Empresa que en el principal yacimiento petrolero colombiano, junto a sus socias, la TOTAL francesa y la TRITON estadounidense, están involucradas en las violaciones de los derechos humanos. Igualmente, las empresas estadounidenses OXY y TEXAS han resultado seriamente comprometidas en las violaciones de los derechos humanos en el departamento de Arauca sobre la comunidad indígena U'WA y la región del Magdalenamedio, respectivamente.

No se puede olvidar que estas empresas cuentan con capitales que superan en creces los Productos Internos Brutos de varios países: así por ejemplo en 1.997 la Exxon/Mobil, la Royal Dutch/Shell y BP/Amoco registraban una cifra de venta de 414 billones de dólares americanos, cifra muy superior al Producto Interno Bruto anual de los 950 millones de personas que viven en la India. En ese contexto, ciertamente la capacidad de interlocución y negociación de las autoridades nacionales y, sobre todo, locales, es débil y escasa, quedando estas supeditadas al supragobierno de las gigantescas del petróleo y de la banca mundial.

En la Iniciativa USA-UK se demanda la participación de las ONGs, ya que allí, podrán "amplificar" su voz, y, de esa manera "hacer progresar el objetivo más amplio de los Estados Unidos de apoyar a la sociedad civil en aquellas transiciones democráticas…" En Colombia, el gobierno de los Estados Unidos no está apoyando ninguna transición democrática, lo que está haciendo es internacionalizar el conflicto con su fracasada política antinarcóticos que penaliza con bombardeos y destierro el eslabón más débil de la cadena, los pequeños cultivadores de hoja de coca, mientras deja intacta la estructura mundial del negocio. La estrategia militar inherente al Plan Colombia no va a solucionar el problema del narcotráfico: el negocio se desplazará hacia otros países y regiones y, con ello el conflicto y la desestabilización de la región.

Producto de la discusión del documento de presentación de la Iniciativa USA-UK, realizada el 17 de marzo del 2.000, se elaboró un acta que sirvió de base en las discusiones del 8 del mayo del 2.000. Allí se fija como objetivo "elaborar un conjunto de principios voluntarios que pueden guiar a las empresas mientras buscan prevenir las violaciones a los derechos humanos, que vienen de NECESIDADES LEGITIMAS DE SEGURIDAD EMPRESARIAL". Carentes de fuerza jurídica vinculante y de mecanismos coercitivos de sanción, tales normas voluntarias de conducta parecen estar más destinadas a una operación de imagen pública que a establecer verdaderos diques que permitan eficazmente impedir que las empresas estén implicadas en violaciones a los derechos humanos y actividades paramilitares.

En la iniciativa USA-UK se plantea que "en los países en desarrollo donde los RECURSOS DEL ESTADO SON MUCHO MÁS LIMITADOS (que en los países desarrollados), el Estado puede solicitar que los actores privados aumenten o reembolsen los costes de la seguridad o puede solicitar que guardias privados de seguridad estén armados y asuman la primera responsabilidad en cuanto a seguridad". El Estado colombiano, no es, un estado limitado en cuanto a "recursos de seguridad". Todo lo contrario, las excesivas fuerzas de seguridad y sus atribuciones que le garantizan un manto de impunidad son el sostén donde descansa la espiral de violaciones a los derechos humanos. Es en las zonas petroleras y de megaproyectos de cualquier índole donde los paramilitares desplegan con mayor intensidad su ola criminal en medio de alta presencia de fuerzas militares estatales, que regularmente tienen nexos con los paramilitares, como lo develan las investigaciones judiciales al respecto. Carlos Castaño el principal jefe paramilitar en Colombia ha manifestado públicamente que algunas transnacionales lo financian.

La Iniciativa USA-UK desconoce la esencia de los conflictos internos que sacuden estos países, resolviendo de manera pragmática la "legitima necesidad de seguridad a sus inversiones", mediante el aumento de fuerzas militares públicas o privadas, que están seriamente comprometidas en violación de derechos humanos: "En países que sufren una guerra civil u otras formas de conflicto, las medidas de seguridad pueden ser más globales, implicando a las fuerzas armadas, la policía y acuerdos más extensos entre las empresas y el gobierno". Es esto lo que vienen haciendo en Colombia. Comprometiéndose cada vez mas en el conflicto interno, la industria petrolera ha pasado de aportar un dólar por barril a hacer acuerdos secretos entre varias empresas y el gobierno por un periodo de tres años, como el de BP-TOTAL-TRITON en el Piedemonte llanero, en él que a una fuerza privada de seguridad cuestionable en materia de derechos humanos, se sumaba una fuerza pública, igualmente cuestionable, financiada por la BP.

En Colombia, según la iniciativa USA-UK, "algunas empresas tienen arreglos relativos a la seguridad directos, formales, con las fuerzas militares colombianas o bien han logrado unos acuerdos con la empresa petrolera estatal". La Empresa petrolera estatal (ECOPETROL), coordina desde 1.986 fuerzas públicas y privadas para cuidar la infraestructura petrolera a nivel nacional. Fuerza de seguridad que en una década llegó a tener 10.000 efectivos militares a sur servicio. La creación de esta fuerza de seguridad corresponde con la década de mayor agresión al sindicato y con la violencia inusitada contra la población en las regiones petroleras como Catatumbo, Magdalenamedio y el Putumayo, que desde que se anunciara el Plan Colombia se ha agravado de manera alarmante. Solo en Barrancabermeja, donde está la principal refinería del país y sede del sindicato de la industria petrolera -Unión Sindical Obrera USO- reportó 45 asesinatos selectivos en Enero de este año, cuando allí se define el actual pliego de peticiones de la USO, cuyo principal punto es la política petrolera. Resulta por lo menos inquietante que en las zonas petroleras convivan fuerzas públicas y privadas de seguridad con paramilitares y narcotráfico.

En el acta del 17 de marzo, sobre la Iniciativa USA-UK, se propone "incluir también mecanismos de vigilancia y auditoría por terceras partes para GARANTIZAR que los acuerdos entre las empresas y los gobiernos no contribuyan a violaciones a los derechos humanos. Sería mas pertinente que tales procedimientos fuesen emprendidos por los gobiernos estadounidense y británico en cooperación con los gobiernos de los países receptores". Es decir, proponen una VEEDURIA en manos de los impulsores de la guerra. Es el gobierno estadounidense que invocando SU INTERES NACIONAL aprobó el Plan Colombia por encima de las recomendaciones de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch y WOLA, que presentaron un informe conjunto sobre la grave responsabilidad del gobierno colombiano y las fuerzas militares, en por lo menos los últimos 10 años, en la VIOLACION PERMANENTE Y SISTEMATICA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA. Informe que abordaremos más adelante.

El acta del 17 de marzo, sobre la Iniciativa USA-UK, plasma lo que viene aconteciendo en nuestro país "…en entornos inestables, las sociedades de seguridad privada pueden tener que ocuparse de temas de seguridad, tales como ocuparse del CONTROL DE PROTESTAS Y MUCHEDUMBRES, coordinando con las fuerzas estatales, ó suministrar una seguridad armada a las instalaciones y al personal". Esta es una de las acusaciones que pesa sobre la BP en el Casanare, donde una protesta de trabajadores contra la empresa fue violentamente reprimida por las fuerzas de seguridad mixta, resultando asesinado un manifestante. Será que es legítimo el derecho a la seguridad mas no el derecho a la protesta y a la vida?.

Finalmente en el acta del 17 de marzo, sobre la Iniciativa USA-UK, se plantea. "Asimismo, algunas sociedades de seguridad privada pueden emprender actividades <<de uso dual>> tales como proveer vigilancia aérea simultáneamente para las empresas y para las fuerzas estatales; o bien suministrar seguridad a la empresa y al mismo tiempo servir de contratista privado militar para el gobierno del país receptor". Aquí lo que se pretende es lavar la imagen del nefasto papel del mercenario. Es de destacar que el mercenario Yair Klein, excoronel del ejército israelí, adiestró grupos paramilitares en el Magdalena Medio y operaba a través de una agencia de seguridad privada avalada por el ministerio de defensa de Israel. Grupos paramilitares financiados por gremios económicos y políticos locales fueron organizados por las Fuerzas Militares en el Magdalena Medio, a finales de los años 70s. La TEXAS, dueña del suelo y el subsuelo, facilitó sus instalaciones para celebrar varias reuniones en las que se crearía el grupo paramilitar "Muerte a Secuestradores - MAS". Posteriormente, en los años 80s, los narcotraficantes Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha se asociarían a estas estructuras paramilitares. También servicios británicos de seguridad privada, contratados por empresas petroleras, han fomentado el uso de mercenarios con conocidos antecedentes criminales, así como los nexos con estructuras paramilitares locales en el Casanare.

Igual acontece con el Plan Colombia. "La administración de Clinton, de forma silenciosa, ha contratado un grupo de alto nivel formado por antiguo personal militar de Estados Unidos, cuyo objetivo excede el simple objetivo de la lucha contra la droga y cuya intención es convertir a las fuerzas militares de Colombia en una máquina de guerra de primera clase capaz de vencer a la insurrección izquierdista de varias décadas". Soyster, portavoz de estos Recursos Militares Profesionales Inc -MPRI-, declaró: "Nos están utilizando para llevar a cabo la política exterior norteámericana. Es cierto que no determinamos la política exterior, pero podemos ser parte del gobierno de los Estados Unidos al llevar a cabo la ejecución de la misma".

Aquí es necesario volver la mirada hacia los orígenes del paramilitarismo en los años 60s del siglo pasado. Nace y se desarrolla como una estrategia de Estado ligada a los grupos de poder económico y político, que han hecho de él un instrumento de lucha contrainsurgente y tuvo sustento legal que obra en distintas disposiciones, resoluciones, reglamentos y directrices de la Fuerzas Armadas Colombianas. Política de Estado que pervive y se recrudece. El Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentado el pasado año ante la Comisión de Derechos Humanos afirma, "la Oficina ha sido testigo de las declaraciones de altos oficiales del Ejército señalando que los paramilitares no atentan contra el orden constitucional y por consiguiente no es función del Ejército combatirlos".

Llegados a este punto es válido tener en cuenta que otros intentos de seguridad privada en Colombia, como las CONVIVIR, han sido nefastos. Empresas privadas de seguridad que la Organización de Naciones Unidas ha llamado reiteradamente a desmontar, producto de lo cual han sido ilegalizadas, pero a pesar de esto continúan operando.

En este sentido igualmente preocupa que la Iniciativa USA-UK termine favoreciendo el propósito de reconocimiento del terror como actor político, con lo que sé perpetua la ya de por sí angustiosa impunidad. Más aún, cuando desde los grandes medios de comunicación se ha lanzado un proceso de reconocimiento y legitimación social del paramilitarismo.

 LA NORMA VOLUNTARIA.

La norma voluntaria asume de hecho que es necesario aumentar el poder LIMITADO de los Estados en los países en desarrollo, mediante seguridad pública y privada. Fuerzas de Seguridad que, entre otras, deben respetar la normatividad internacional aplicable en materia del uso de la fuerza y las armas de fuego. E incluye algo insólito. "Cuando los gobiernos receptores son incapaces de suministrar la seguridad adecuada para proteger el personal y las instalaciones de la empresa, puede ser necesario contratar a suministradores de seguridad privada" y continúan "para complementar la seguridad pública", en la que no creen.

Esta "buena voluntad" de las empresas para hacer coherentes en cuanto a seguridad y derechos humanos implica: examinar el historial y reputación de la fuerza pública y privada y las estructuras de aplicación de la ley para culpar a los infractores de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Es decir, la propuesta apunta al establecimiento de un "Código de conducta" o un "Código ético", suscrito voluntariamente por las empresas, carente de fuerza jurídica vinculante, sin mecanismo de sanción en caso de violación. Ciertamente, las empresas se comprometerían a observar las normas internacionales de derechos humanos, a respetar los derechos humanos, no patrocinar prácticas que atenten contra estos, etc.. Esto es, sin lugar a dudas, un loable propósito. No obstante, dado los involucramientos recientes de varias de estas empresas en graves violaciones de derechos humanos y actividades paramilitares, y dado que las zonas de exploración y extracción coinciden con territorios bajo fuerte control militar y paramilitar en los cuales se cometen violaciones a derechos fundamentales de los habitantes, este tipo de "Códigos de conducta" no parece ser un mecanismo adecuado a la gravedad de la situación. Al fin y al cabo estos "Códigos de conducta" no pasan de ser "acuerdos de caballeros" y no es ilegitima la desconfianza que estos generan, así como la promesa hecha por algunas empresas de no volver en el futuro a estar implicadas en violaciones de derechos humanos y actividades paramilitares, cuando estos hechos no parecen afectar la rentabilidad de sus negocios, sino todo lo contrario.

Mucho más si se toma en cuenta que el gobierno del Presidente Clinton eludió a través de la figura denominada "wayver" los condicionamientos establecidos por el Congreso de los Estados Unidos para el desembolso de la ayuda militar prevista en el Plan Colombia, ignorando la sólida documentación de organizaciones internacionales participantes de la Iniciativa USA-UK, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, respecto del incumplimiento por parte del gobierno colombiano de las condiciones relativas a: destitución y procesamiento inmediato ante Tribunales Civiles de los miembros de la fuerza pública comprometidos en violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad; el combate de los grupos paramilitares y el procesamiento de todos sus miembros, instigadores y colaboradores igualmente por Tribunales Civiles. Incumplimientos corroborados por los informes sucesivos sobre Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El documento "Colombia y la ayuda militar estadounidense" presentado conjuntamente por tres organizaciones internacionales, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y WOLA es contundente en afirmar como:

"En la actualidad, decenas de miembros de las Fuerzas Armadas que han estado involucrados en abusos no sólo continúan en servicio activo sino que están al mando de tropas o realizan tareas de inteligencia y reciben ascensos con regularidad. Incluso cuando la Fiscalía ha presentado una acusación formal y los soldados en cuestión, según los informes oficiales, se encuentran detenidos, a menudo permanecen de servicio y disfrutan de libertad para entrar y salir del cuartel".

Meses después, Amnistía Internacional, sería enfática en manifestar: "También existen pruebas concluyentes de que los grupos paramilitares continúan operando con el apoyo tácito o activo de las fuerzas armadas colombianas. Existen también pruebas de que personal militar colombiano entrenado por fuerzas especiales estadounidenses ha estado implicado -por acto u omisión- en violaciones graves a los derechos humanos, incluidas masacres a civiles. Según los informes, el equipo militar proporcionado por Estados Unidos a las fuerzas armadas colombianas se ha usado para cometer violaciones de derechos humanos contra civiles. Amnistía Internacional no cree que existan los mecanismos necesarios para garantizar que las futuras transferencias de armas a las fuerzas armadas colombianas no pasarán a las organizaciones paramilitares o no serán usadas por los militares para facilitar violaciones de derechos humanos que cometen las fuerzas paramilitares o sus propias fuerzas"

Amnistía Internacional "teme que las organizaciones paramilitares puedan utilizarse en la estrategia militar que contempla el Plan. Aunque este no les reconoce una función formal, la reciente presencia de estas organizaciones en áreas claves designadas para operaciones militares (departamento de Putumayo y la región del Catatumbo en Norte de Santander) parece algo más que pura coincidencia. La estrategia paramilitar de atacar y eliminar las estructuras de base y organizativas va dirigida a anticipar y prevenir cualquier oposición organizada a la erradicación militar de los cultivos ilícitos".

Sumado esto al papel fundamental que en el marco del Plan juega la inversión extranjera "en la construcción de un aparato productivo moderno", según las palabras del propio Presidente Andrés Pastrana ante el Congreso de la República, y, el particular interés de las Empresas Multinacionales del Petróleo de aprovechar las ventajas que les otorga el Plan para ensanchar su papel en el negocio, resulta poco viable pensar que tales empresas en términos de la Iniciativa USA-UK asuman efectivamente su compromiso de propugnar por la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento democrático.

PAZ DURADERA CON JUSTICIA SOCIAL

¿Será acaso legítimo "proteger la inversión" a costa de aumentar la capacidad represiva de un Estado que se presupone es "limitado" para brindarla, como lo plantea la Iniciativa USA-UK, cuando los hechos, demuestran, que no lo es?

Los grupos económicos nacionales y extranjeros, los organismos multilaterales de la economía, los gobiernos extranjeros y el nacional, deben ser respetuosos de esas voces que desde los sectores sociales y las ONGs colombianas se vienen gestando en pos de una paz duradera con justicia social. Voces que ganan, cada vez más, reconocimiento en el plano internacional, y que, iniciativas como el Manifiesto por la Paz en Colombia, suscrito por un gran número de organizaciones de Europa y las Américas y, por personalidades, le otorga a las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y víctimas, un rol fundamental en la construcción del proceso.

Sobre el contenido del Manifiesto, merece destacarse que:

• Saluda el interés de la Comunidad Internacional "en la solución política negociada" al conflicto colombiano y propugna por un "replanteamiento" de la política antidroga que "viene afectando a pequeños cultivadores de coca, amapola y marihuana" mientras deja intacta la estructura internacional de un negocio donde no es "exagerado afirmar que la ganancia del narcotráfico alimenta a gran escala el sistema financiero del norte". Por ello insta a "desnarcotizar" las relaciones con Colombia.
• Hace especial mención a la IMPUNIDAD como el "obstáculo más grande para alcanzar la paz".
• Les exige a las instituciones financieras internacionales como FMI, BM y BID y a los gobiernos de los países desarrollados reflexionar "sobre sus DECISIONES POLITICAS que muchas veces han aportado a la violencia" y a la pobreza en Colombia.
• Solicita en cuanto a ayuda militar "CANCELAR LA EXPORTACION DE ARMAS" y "suspender toda cooperación en materia de formación militar" dado que "la vinculación de altos mandos militares en graves violaciones a los derechos humanos y conformación de grupos paramilitares exige tomar en cuenta que cualquier cooperación en este sentido puede ser utilizada para la violación de los derechos humanos o como contribución a su impunidad".
• Exhorta a los gobiernos de los países desarrollados a "exigir a las empresas multinacionales presentes en Colombia el no propiciar la conformación de ejércitos privados para seguridad de sus intereses, ni enviar expertos extranjeros de dudosa reputación sobre la materia".

*Cesar Carrillo y Freddy Pulecio

Comisión Internacional de la Unión Sindical Obrera USO Europa.