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Tribunal Internacional de opinión sobre Colombia1o. Comunicado de PrensaEn Chicago sesiona Tribunal de Opinión sobre Masacre de Santo Domingo, ayuda militar de los Estados Unidos saldría fuertemente cuestionada.Los sobrevivientes de la masacre de Santo Domingo que serán testigos del Tribunal de Derechos Humanos llegaron a Chicago. El Juez Seymour Simon, Dawn Clark Netsch, Rita Fry y otros juzgarán el caso de la masacre en Colombia. Las pruebas muestran que un helicóptero militar donado por los Estados Unidos estaba involucrado en esta masacre. Tribunal de Opinión: 22 y 23 de septiembre. Septiembre 22: de las 10:30 a.m. a las 6:30 p.m. Septiembre 23: de las 9:00 a.m. a las 6:00 p.m.. Lugar: Northwestern University Law School, 357 E. Chicago Ave. , Chicago, IL. Nuevamente la justicia en Colombia es cuestionada al constituirse un Tribunal de Opinión formado por 11 reconocidas personalidades del Estado de Illinois y de otros Estados de los Estados Unidos que juzgaran al Estado colombiano por su responsabilidad en el crimen y por la impunidad en la que se encuentra. El Tribunal ha sido organizado por un grupo de ONGs de derechos humanos con base en la ciudad de Chicago entre las cuales se encuentran el Centro internacional de Derechos Humanos de la Universidad de North Western, una de las universidades más prestigiosas de los estados Unidos, Amnistía Internacional USA, y otras organizaciones de carácter religioso que desarrollan un trabajo con el Congreso de los Estados Unidos y organizaciones sociales. El tribunal responde a la petición que han hecho mas de 100 organizaciones colombianas que señalan a las autoridades militares como responsables del crimen y al sistema de justicia en Colombia como un eslabón mas de la cadena de impunidad que acompañan este tipo de crímenes. Los representantes jurídicos de las víctimas dicen que La Unidad Militar de Combate Aéreo # 2 bombardeó la población de Santo Domingo y equipos provenientes de la ayuda militar de los Estados Unidos fueron utilizados en esta operación. Los militares colombianos -- que inicialmente cerraron su investigación en 1999 -- han negado sistemáticamente esta acusación y afirmaron que la masacre se produjo por la explosión de un carro bomba que habría sido activado por la guerrilla en Santo Domingo. Sin embargo el Tribunal contara con Pruebas forenses de los análisis realizados por el FBI que evidencian que los fragmentos de las bombas utilizadas en el ataque corresponderían a las municiones utilizadas por uno de los helicópteros que voló en la escena del combate. El saldo de muertos en la masacre fue de aproximadamente 19 personas incluyendo a 7 niños y también fueron heridas otras 25 personas. Los jueces del Tribunal de Opinión serán personas muy prestantes entre las cuales están incluidas el Ex-juez Seymour Simon de la Corte Suprema de Justicia de Illinois, la Defensora Publica del Condado de Cook Rita Fry, el Venerable Rabino Arnold J. Wolf, Dawn Clark Netsch, el obispo de la diócesis de Detroit y otras personalidades ampliamente conocidas. El tribunal está diseñado de una manera en donde se le dará la oportunidad de defenderse al gobierno colombiano. Muchos defensores de Derechos Humanos han dicho que la masacre de Santo Domingo corresponde perfectamente al tipo de violaciones de Derechos Humanos realizadas por los militares colombianos en muchos otros casos y señalan que todo esto dejara hondas preocupaciones en la opinión publica de los Estados Unidos y sobre la ayuda militar de los Estados Unidos a Colombia que podría abrir la posibilidad de hacer efectivos los condicionamientos de la entrega a sectores del ejercito y de la policía vinculados con violaciones de derechos humanos. Personas a contactar: Prof. Douglass Cassel: 312-503-2224; mobile 312-446-4939 cassel@law.northwestern.edu
Atacada la lucha contra la impunidad del bombardeo a la comunidad de Santo Domingo, AraucaEn la legítimidad de nuestras actividades como defensores de derechos humanos, casi sobre la ocurrencia de los hechos criminales cometidos contra la comunidad inerme de Santo Domingo en Tame, Arauca, el 13 de diciembre de 1998, junto con las organizaciones sociales de la región, Central Unitaria de Trabajadores, Asociación Departamental Campesina, Asociación de Juntas, Asociación de Jóvenes y Estudiantes de la Región -Asojer-, el Comité Regional de Derechos Humanos "Joel Sierra", la Asociación Minga, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, nos comprometimos a emprender la que sabíamos era una dura lucha contra la impunidad que veíamos recaer sobre este crimen de lesa humanidad. Horrorizados por el absurdo e irracional ataque contra la población civil, pero especialmente indignados porque el crimen recayera sobre siete niños de tan tiernas edades, emprendimos diversas actividades para tratar de golpear la sólida cadena de impunidad que se empezó a construir desde las propias autoridades civiles y militares que se ocuparon prontamente de encubrir la responsabilidad de los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana. Dentro de las actividades desarrolladas se encuentran las de sensibilización con los niños con quienes realizamos talleres en los que tuvieron la oportunidad de expresar su sentir y pensar sobre el cruel ataque del que fueron víctimas y lo plasmaron en pinturas, producto de estas actividades se diseñó un afiche en el que se plasma la visión de los niños sobre los hechos, estas pinturas son para nosotros el testimonio mas contundente de lo sucedido en Santo Domingo el 13 de diciembre de 1998 y es ese testimonio el que hemos difundido a través del afiche, valga decir que esta expresión es para nosotros una verdad irrefutable, no solo por nuestra opción ética en favor de las víctimas sino por la contundencia y fuerza probatoria que hemos encontrado en su versión y que hemos constatado en año y medio de estudio y seguimiento del caso. Esa verdad ha sido denunciada por nosotros –víctimas, organizaciones sociales de la región y ongs de derechos humanos- ante la Comisión Interinstitucional para la superación de la impunidad en la violación de derechos humanos en Arauca en la que tienen asiento el Vicepresidente de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, el Ministro del Interior, organizaciones sociales de Arauca y ongs de derechos humanos, la única pretensión que nos ha movido es la de que este atroz hecho no quede en la impunidad. El pasado 27 de junio, el General HECTOR FABIO VELASCO CHAVES Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, nos envió una comunicación en la que reprocha el contenido del afiche antes señalado, calificándolo de falaz e irresponsable, así mismo señala que en este se hace "injustas e in fundadas acusaciones que solo logran despertar confusión y favorecer las organizaciones de delincuencia común organizadas también llamadas FARC, ELN, EPL, etc." . Al respecto debemos señalar, en primer lugar que de ninguna forma lo que allí se consigna es falaz, irresponsable injusto o infundado. Lo expresado, es producto -como el mismo afiche señala- de lo vivido y sufrido por los niños y niñas de Santo Domingo en los cruentos hechos de los que junto a su comunidad fueron víctimas y en los que vieron morir cruelmente asesinados a niños como ellos. Principalmente nos preocupó seriamente que el señor Velasco señalara que con ello se favorecía a las organizaciones guerrilleras, pues todos conocemos las implicaciones que conllevan para nuestra seguridad, pues afirmaciones de este talante legitiman e incluso dan patente de corzo al accionar de quienes permanentemente se empeñan en obstruir la defensa de los derechos humanos incluso por la vía del asesinato, por ello creemos que las manifestaciones del señor Velasco pueden desencadenar una amenaza contra nuestras vidas. Esta preocupación fue expresada por nosotros desde el 8 de julio a las autoridades de control colombianas que hasta la fecha no han desarrollado ninguna acción dirigida a atender nuestra preocupación, excepto por una comunicación del Director Nacional de Atención y trámite de Quejas de la Defensoría del Pueblo que se dirigió al Vicepresidente en su condición de responsable nacional de derechos humanos solicitándole su intervención, esta solicitud a la fecha ha sido desatendida. En el pasado mes de Junio el General Velasco instauró denuncia penal ante el Fiscal General de la Nación, contra HUMANIDAD VIGENTE CORPORACION JURIDICA y el COMITÉ REGIONAL DE DERECHCOS HUMANOS "JOEL SIERRA" acusándolas de incurrir en el delito de calumnia con los mismos argumentos expuestos en su carta. En la legislación penal colombiana el delito de calumnia consiste en acusar falsamente a otro de la comisión de un delito, la pena para este delito es la de prisión de uno a cuatro años y la imposición de una multa. Dentro de las actuaciones del fiscal encargado se ha efectuado una diligencia de inspección judicial a las instalaciones de Humanidad Vigente Corporación Jurídica y se le recibido indagatoria a la representante legal ONEIDA GIRALDO. Entendemos las acciones del Comandante HECTOR FABIO VELASCO CHAVES como un ataque frontal a nuestra legítima labor de defensa de derechos humanos y como un eslabón mas en la férrea cadena de impunidad que autoridades civiles y militares han venido consolidando y que ha merecido la celebración de un Tribunal Internacional de Opinión para sancionar moralmente la conducta de los agentes de la Fuerza Aérea Colombiana y en general la responsabilidad estatal colombiana. Por esta razón denunciamos este actitud del Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana y solicitamos mantenerse atentos al desarrollo de esta acción y de otras similares que sufren otras organizaciones que adelantan actividades de defensa de derechos humanos y que registramos como parte de la sistemática acción de atacar la defensa de derechos humanos y con ello favorecer la impunidad. CORPORACION JURIDICA HUMANIDAD VIGENTE COMITE REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA Enviar comunicaciones a: ANDRES PASTRANA ARANGO
2o. Comunicado de prensaConfirman ayuda norteamericana en la masacreCarta del embajador de los Estados Unidos en Colombia al Senador Leahy, confirma el uso de ayuda militar estadounidense en la masacre de Santo Domingo por parte de la Unidad militar colombiana. Chicago, Illinois Septiembre 22 y 23 Tribunal de Opinión: Escuela de
Derecho de la Universidad de Northwestern
Tribunal de Opinión en Estados Unidos, presidido por ex juez de la Corte Suprema de Illinois, Seymour Simon, va a examinar informacion suplementaria en las proximas semanas y emitira su fallo en Diciembre. Chicago, IL, EEUU 22 de septiembre de 2000-- Pruebas presentadas hoy ante un Tribunal de Opinion convocado por la escuela de derecho de la Universidad Northwestern corroboran el testimonio de los habitantes de Santo Domingo en el que se afirma que las fuerzas armadas colombianas perpetraron la masacre el 13 de diciembre de 1998 en Santo domingo, acusación que estos organismos han negado rotundamente desde el primer momento. El Tribunal de Opinión que sesiona este fin de semana, ha sido organizado por por el Centro para los Derechos Humanos Internacionales de la Universidad Northwestern, Amnistia Internacional y otro grupo de organizaciones con base en la ciudad de Chicago y se regirá por normas establecidas en el derecho internacional. Fue convocado a solicitud de más de cien organizaciones Colombianos que no solo acusan al gobierno colombiano por el bombardeo efectuado contra la población civil, sino que también lo responsabilizan por la ausencia total de justicia frente a este hecho. Hoy dia, los organizadores del Tribunal difundieron documentacion que incluye una carta del Embajador de Estados Unidos a Colombia al Senador estadounidense Patrick Leahy en la cual se evidencia que que la Unidad militar acusada de llevar este hecho atroz recibió ayuda y equipo militar por parte de Estados Unidos. Esta documentacion junto con un análisis forense efectuado por el FBI establece que existe una relación entre los fragmentos de una de las bombas utilizadas en esta operación y las municiones que portaban las aeronaves que estaban en la escena de la masacre. Estas pruebas evidencian claramente que las Fuerzas Armadas de Colombia
han violado directamente al menos cinco tratados internacionales de derechos
humanos y pone en duda las continuas declaraciones del gobierno de Colombia
en las que señala que la ayuda economica y militar de Estados Unidos no
han sido utilizado en casos de violacion de derechos humanos por Los Juristas que toman parte en el Tribunal que sesiona este fin de semana
estan recibiendo testimonios de Defensores de Derechos Humanos, testigos
expertos y testigos de la maracre del 13 de diciembre de 1998 en el pueblo
de Santo Domingo, en el cual una docena de adultos y seis ninos fueron
asesinados y otros 25 quedaron heridos. Los testigos oculares han informado Los juristas del tribunal seguirán recogiendo pruebas en las semanas que siguen relacionadas con el caso incluyendo pruebas de que la masacre contó con la aprobación de altos mandos militares y no fue una acción realizada por oficiales y soldados por su propia cuenta. La documentación y los testimonios presentados al tribunal contradicen rotundamente la versión de los militares colombianos. Los juristas del tribunal emitirán el fallo final en el mes de diciembre. "Uno de los principales problemas identificado por los grupos de
derechos humanos en Colombia es la impunidad, o sea, la negativa de los
militares, de la Justicia ordinaria y del gobierno en asumir la responsabilidad
y sancionar a los culpables de los Crimenes de lesa humanidad." Dice
el padre Javier Giraldo, sacerdote jesuita que durante diez años fue el
director ejecutivo de la Comisión intercongregacional de Justicia y Paz
con sede en Bogotá. El padre Giraldo va a presentar su testimonio sobre
los patrones y prácticas sistemáticas de las violaciones de derechos humanos
en el tribunal de este fin de semana. "Santo Domingo es solo una
de las miles de violaciones graves de derechos humanos que ocurren en
Colombia, y este tribunal, aunque sea una sanción moral, sirve para proveer
algo de justicia en este caso y para mostrar a la comunidad internacional
la naturaleza de las atrocidades que se comenten en nuestro pais." Defensores de derechos humanos plantean que unido a esto existe un patron permanente de impunidad que ha minado cualquier respuesta efectiva que busque resolver este problema. En el mes de abril de 1999 la Comisión Interamericana de DDHH identificó la impunidad como uno de los problemas más graves en Colombia. La Comisión citó fuentes oficiales del Gobierno colombiano que muestran que el nivel de impunidad en el país es del 98% y en caso de violaciones a los derechos humanos la cifra es de casi el 100%. "Este Tribunal hace parte de una serie de investigaciones adelantadas internacionalmente para enfrentar casos de violaciones de derechos humanos en Colombia en los cuales la impunidad esta claramente manifiesta y sirve para motivar a la opinión internacional y para enfrentar la grave situación de ddhh en mi pais," dice el padre Giraldo quien ha sido blanco de repetidas amenazas de muerte por sus actividades en ddhh. "Frente a la ineficiencia del poder judicial colombiano, incluyendo su falta de voluntad para enjuiciar CLH cometidos por las FFMM y sus aliados Paramilitares, es importante que se enjuicie este caso en un escenario internacional. Activistas de ddh han planteado que la masacre de Santo Domingo se ubica dentro de un patrón sistemático de violación ddhh por parte de las FFAA y sus instancias paramilitares que crea profunda preocupación acerca de la ayuda militar estadounidense al gobierno colombiano. Un número importante de paises europeos han expresado reservas en apoyar Plan Colombia que busca proveer a Colombia con 3.5 millones de dolares. Este mes la ministra de gobierno británica MO Mowlam informó a los oficiales colombianos que el gobierno necesita mejorar la situación de ddhh para poder recibir el apoyo económico de Gran Bretaña en el Plan Colombia. Hace dos meses el gobierno estadounidense comprometió 1.3. millones para apoyar el Plan Colombia y la mayor parte de este apoyo va dirigido a equipar de aviones y municiones a los militares colombianos. Entre los jueces del tribunal se cuentan: el exjuez de la Corte Suprema de Illinois Seymour Simon, quien actua como presidente; el abogado Peter V. Baugher, miembro del Comité asesor del Centro internacional de DDHH ; Bernadine Dorn, directora del Centro para la justicia de los niños y la familia de la escuela de derecho de la universidad de Northwestern; Cook County Public Defender Rita Fry defensaora pública del Condado de Cook, un miembro del Comité Asesor del Centro Internacional de Derechos Humanos; Maricela Garcia, directora ejecutiva de la Cohalisión de Illinois para los derechos de los inmigrantesy refugiados; El exdenador del estado de Illinois y miembro del consejo de la Biudad de Chicago Jesus Garcia, Director de la Corporación para el Desarrollo "Olittle Village"; El Arzobispo católico de Detroit Thomas Gumbleton; el reverendo Timothy Keating, director de la Conferencia de Superiores Mayores Religiosos de la Iglesia Católica;El exsenador del Estado de Illinois Dawn Clark Netsch, Profesor emérito de derecho de la Facultad de leyes de la universidad de Northwestern; Exjuez de la Corte de Apelaciones Dom Rizzi; y el Rabino Arnold J. Wolf. David Stahl, del bufete de abogados "Eimer Stahl Klevorn and Solberg" y a la vez miembro del Comité asesor del centro internacional de derechos humanos , actuará en defensa de las víctimas. El gobierno de Colombia que rehuso a asumir su propia defensa contará con la representación de los abogados defensores de oficio John Lee experto en derecho internacional y John Slater con extensa experiencia como penalista. El nivel de asesinatos políticos y atrocidades cometidos por los militares colombianos y sus instancias paramilitares superan los índices de crímenes cometidos durante las mas duras dictaduras del último siglo incluyendo la chilena y argentina, dice el prof. Douglas Cassel, director del centro Internacional de DDHH de la Escuela de Derecho de la Universidad de Northwester. "Este tribunal pretende avanzar en la lucha por la justicia para las víctimas del pueblo de Santo Domingo, pero más alla de este caso, evidenciará la impunidad - y la posible vinculación del gobierno de los EEUU con los violadores de ddhh en las fuerzas militares- Esperamos esclarecer un problema mucho más grande que le cuesta la vida a más de 3000 hombres mujeres y niños en Colombia cada año. Escuela de Derecho de la universidad de Northwestern Campaña en Chicago por la justicia en ColombiaUltima Hora, Tribunal de Santo Domingo, Arauca Septiembre 20, 2000 Sobrevivientes de la masacre llegan a Chicago en vísperas del Tribunal. El abogado de las víctimas afirma que se presentará evidencia incontrovertible de que la Unidad Aérea de Combate número 2, de la Fuerza Aérea Colombiana (Base Aérea de Apiay) estuvo involucrada en el bombardeo y utilizó equipos y ayuda militar proveniente de los Estados Unidos en esta operación. El ejército Colombiano ha negado esta afirmación en repetidas oportunidades. La defensa presentará la tesis que por miedo a la guerrilla los pobladores no dirán la verdad y cuestionarán las evidencias presentadas por los testigos. Posiblemente objetarán la presentación ante el Tribunal la evidencia de la vinculación del ejército de los Estados Unidos en esta operación. Los activistas de derechos humanos argumentan que la masacre de Santo Domingo corresponde a un patrón generalizado de violaciones a los derechos humanos por el ejército Colombiano y sus paramilitares, lo que genera graves preocupaciones acerca de la ayuda militar que los Estados Unidos está dando al gobierno Colombiano. El panel de Jueces que juzgarán el caso incluye al Ex-magistrado de la
Corte Suprema de Justicia del Estado de Illinoi Seymour Simon junto con
otros distinguidos juristas, clérigos, y líderes comunitarios entre los
cuales está el profesor de leyes y Ex-Senador Dawn Clark Netsch, el Obispo
Thomas Gumbleton de Detroit, y el antiguo Juez de la Corte de Apelación
Dom Rizzi. David Stahl, abogado del bufete Eimer Stahl, Klevorn y Solberg
de Chicago será el representante de las víctimas. Los abogados John Lee
y John Slater harán la defensa de oficio del Estado Colombiano al haberse
este negado a asumir su propia defensa. El Profesor Douglass Cassel, Dentro de la documentación que recibirán los jueces, está una carta del
Senador Leahy dirigida al Departamento de Estado de los Estados Unidos
en la que solicita que se le niegue la ayuda militar a la unidad militar
implicada en este crimen. |
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