Leahy, Kennedy, Jackson Jr. y otros congresistas de E.U. indagan sobre la masacre de Mapiripán

Los peligros de la ayuda militar

IGNACIO GÓMEZ G.
Washington - Bogotá

Esta semana la discusión del Plan Colombia llega al comité de Apropiaciones del Senado de los Estados Unidos. De Éste hace parte el senador Patrick Leahy, promotor de la norma que les prohibe a los militares de E.U. entrenar a violadores de los derechos humanos. Junto con el senador Edward Kennedy, Leahy pidió que se haga un riguroso escrutinio de los entrenables para que el Pentágono no termine ayudando a los autores de crímenes de lesa humanidad, como ya ocurrió en Colombia con la masacre de Mapiripán, el 20 de julio de 1997, según las conclusiones de este trabajo del equipo de Periodismo Investigativo de El Espectador, PIE.

Tal escrutinio es posible en el marco de tres acuerdos que obligan al Gobierno a mantener un registro de derechos humanos sobre los militares "entrenables", y que al mismo tiempo permiten al Departamento de Estado vetar a las unidades que cuenten entre sus filas con un sólo sospechoso.

El primer acuerdo se concretó en julio de 1997, cuando las relaciones entre los dos países pasaban por su peor momento.

El entonces embajador Juan Carlos Esguerra y la subsecretaria de Estado Bárbara Larkin concretaron el texto final en Washington el 20 de julio de 1997, mientras en Bogotá Ernesto Samper presidía el desfile militar del Día de la Independencia sin la compañía de ningún comandante de fuerza militar en su palco y sin visa en su pasaporte para viajar a Estados Unidos.

El comandante general Harold Bedoya Pizarro, un opositor al escrutinio civil de derechos humanos a los militares, no asistió al desfile; el 22 de julio se declaró en rebeldía y el 25 fue sustituido por Manuel José Bonett. El inspector general de las Fuerzas Militares y otros miembros del alto mando militar, habían celebrado la Independencia Nacional en la Escuela de Fuerzas Especiales del Ejército que construyeron las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en la isla Barrancón, sobre el río Guaviare.

Dos horas río arriba, Mapiripán estaba desierta. Tras la masacre de 49 de sus mil habitantes, ocurrida dos semanas atrás, sus habitantes seguían desplazados el 1 de agosto, cuando se anunció que oficialmente se descongelaba la ayuda militar de E.U. para el Ejército Nacional.

Los boinas verdes tenían al menos tres años de experiencia en Barrancón, y durante dos meses, hasta del anuncio del acuerdo firmado en Washington, habían estado en la isla haciendo ejercicios de "planeación militar" con la tropa del coronel Lino Sánchez, hoy acusado por la Fiscalía de planear con Carlos Castaño la masacre de Mapiripán.

Con el apoyo de la oficina del senador Patrick Leahy, que solicitó y obtuvo información acerca de este caso, y del Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo (ICIJ) de Washington, el equipo de Periodismo Investigativo de El Espectador, PIE, compiló y analizó más de 4.500 páginas de documentos oficiales en inglés y español sobre los eventos diplomáticos, militares y humanitarios de la conmemoración de ese Día de la Independiencia en San José del Guaviare, Mapiripán, Bogotá y Washington.

Con base en ellos se puede concluir que el 7^o Grupo de Operaciones Especiales del ejército de los Estados Unidos (boinas verdes) realizó un entrenamiento en "planeación militar" con la tropa del coronel Lino Sánchez, mientras Éste planeaba la decapitación masiva de civiles en Mapiripán. El objetivo era erradicar a las Farc y permitir que las Autodefensas Unidas de Colombia tomaran en el control de la economía ilegal del sur del departamento de Guaviare que, según el Departamento de Estado producía el 30% hoja de coca en el mundo.

Sin control

Las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos, bajo el mando del subsecretario de Defensa para las Operaciones Especiales y los Conflictos de Baja Intensidad (abreviado Solic, por su nombre en inglés), entrenaban en Colombia mucho antes de que se pensara en examinar sus operaciones a la luz de los derechos humanos. Carlos Salinas, un experto en el tema que trabaja para Amnistía Internacional en Washington, asegura que lo hacían desde 1962.
En 1996, cuando entró en vigencia la Enmienda Leahy (que prohibe dar asistencia a unidades militares implicadas en violaciones a los derechos humanos), el Departamento de Estado consideró que el registro de abusos del personal del ejército Colombiano hacía que la mayoría de sus unidades fueran "inelegibles" para recibir ayuda.

El Solic continuó enviando entrenandores porque, según su interpretación legal, los "intercambios de entrenamiento conjunto combinado" (abreviados JCET) deben ser tenidos en cuenta como entrenamiento de las fuerzas de E.U., y no como asistencia para el país en donde se realizan.

Tales "intercambios" (o JCET), que tienen lugar cada año en más de 123 países, comenzaron a llamar la atención de la prensa y el Congreso de E.U. en 1997, cuando se ordenó a la Oficina General de Contabilidad (GAO) que auditara sus cuentas y aclarara si se trataba o no de ayuda militar. A mediados del año pasado, la GAO publicó su reporte dándole la razón al Solic y citando un reporte de la embajada (de Curtis Kamman) según el cual "los pocos JCET que han ocurrido han sido consistentes con los objetivos de la política exterior en el país (combatir las drogas) pero como sólo uno o dos se hacen cada año, ellos no tienen mayor impacto en el logro de la metas".

El reporte oficial de 1997, entregado al Congreso de E.U. en abril de 1998, incluyó en su lista seis despliegues de fuerzas especiales en Colombia. No obstante, el pasado 22 de diciembre, en carta dirigida al senador Patrick Leahy, el Solic admitió que sólo entre junio y agosto de ese año se hicieron nueves despliegues en el país, de los cuales sólo uno coincide con los antes reportados. En suma, habrían sido más de catorce despliegues durante el año, o sea el 24% del total de los reportados por el Comando Sur en su área de responsabilidad.

Excepto dos, todas las visitas fueron del mismo equipo de entrenadores: el 7^o Grupo de Operaciones Especiales del ejército, que tiene sede permanente en el Fuerte Bragg, en Carolina del Norte. Los miembros de esta unidad hablan castellano sin acento y han sido entrenados para el combate en el Amazonas en una amplia gama de especialidades, con apoyo tecnológico o sin Él, que van desde la organización de campañas de opinión pública hasta el combate nocturno en la selva. Su entrenamiento más reciente fue para el primer Batallón Antinarcóticos y los próximos serán para los demás batallones que contiene el Plan Colombia.

Dos planes

A partir de mayo de 1997 y durante ocho meses los boinas verdes tuvieron como epicentro la Escuela de Fuerzas Especiales del ejército, a cinco minutos de navegación o carretera de la Base Antinarcóticos de San José del Guaviare, "cuartel general" de los programas del Departamento de Estado en la erradicación de plantaciones de coca. El lugar se llama Barrancón, es una isla que se formó alrededor de una piedra en el lecho del Guaviare, desde cuyas alturas se divisan el río y las Sabanas de la Fuga, un "santuario" histórico de las Farc.

Cuando el senador Leahy pidió información sobre esas actividades, el director del Solic, Brian Sheridan, explicó que el curso que se inició el 14 de mayo en Barrancón era sobre "planeamiento de la misión y toma de la decisión militar" y otras materias específicas de la "infantería liviana".

Los informes colombianos dan a entender que la unidad entrenada era comandada por el coronel Lino Sánchez. La Dirección de Inteligencia de la Policía Antinarcóticos entregó al Departamento de Estado y a la Fiscalía un informe según el cual, en esos días, Sánchez promovió en San José un plan para introducir paramilitares en las áreas fumigadas, en el marco de los programas de E.U. y anunció que le había llegado una ayuda con la que iba a "darle una lección a la guerrilla".

La Fiscalía descubrió que el 12 de julio de 1997 un grupo de quince hombres seleccionado personalmente por Carlos Castaño Gil, viajó en dos aviones desde Urabá hasta el aeropuerto de San José del Guaviare, que comparten la Policía Antinarcóticos y la guarnición en la que Sánchez tenía su oficina. En la carretera a Barrancón, el grupo de Castaño se unió a paramilitares de Casanare y Meta, y desde allí se fueron en camión hasta Charras, en la otra orilla del Guaviare, frente a Mapiripán.

Las lanchas en las que todos cruzaron el río pasaron sin inconvenientes por el puesto de la Infantería de Marina en Barrancón, construido por los norteamericanos y en el que hacían sus entrenamientos de "combate riverino". Los paramilitares, más de cien, permanecieron en Mapiripán desde el 15 hasta el 20 de julio, sin que ninguna autoridad civil o militar los confrontara.

Tales fechas coinciden con las de tres despliegues de Fuerzas Especiales mencionadas en el reporte al Congreso de E.U., pero ninguno de los enumerados por Sheridan sucedió durante los días de la masacre. Sin embargo la Fiscalía y funcionarios de otras instancias oficiales aseguran haberse cruzado en San José con militares de E.U. cuando viajaban a Mapiripán para atender a los sobrevivientes de la masacre e iniciar la investigación.

En el expediente judicial reposan informes de cinco mandos militares, incluyendo al general Bonett, mencionando las maniobras que tuvieron lugar en esas fechas en Barrancón para celebrar la clausura de un "curso de fuerzas especiales".

Pero sólo reconocen haber tenido como invitado especial a la ceremonia al comandante de las Fuerzas Militares Argentinas, general José María Balza.

El equipo PIE de El Espectador le pidió al comando del Ejército de Colombia información al respecto el 2 de diciembre pasado. Hasta el momento Éste mantiene silencio.

Punto estratégico

Cinco años antes de la masacre, el actual escenario de la guerra en el Guaviare apenas comenzaba a dibujarse. Al inicio de la década de los 90, Mapiripán se había convertido en una de las principales "ciudades" de la coca por su fácil acceso desde Villavicencio por carretera destapada, por su aeropuerto, por caminos de herradura y por la vertiente sur del río, hacia la selva que ya se consideraba el principal productor mundial de hoja de coca, en Miraflores y Calamar (Guaviare).

En mayo de 1992, el 5¡ Frente de las Farc atacó Mapiripán y quemó la estación de Policía, que no fue reconstruida. El comandante Alex entró a dirimir los conflictos entre raspachines (cultivadores de hoja de coca), chichipatos (compradores de pasta básica de cocaína), prostitutas, comerciantes y transportadores, entre otros. A cambio de seguridad, Éstos pagarían el 10% sobre la base o pasta que circulara en el pueblo, calculado según la gasolina que se vendiera para procesarla.

Antonio María Barrera Calle -el compadre Cotumare, uno de los fundadores del pueblo cuatro décadas atrás-, Sinaí Blanco y otros vendedores de gasolina se vieron forzados a convertirse en cobradores de impuestos de la guerrilla.

Dos horas río arriba la base de la Policía Antinarcóticos de San José del Guaviare ya se había convertido en la principal sede de los programas del Departamento de Estado contra la coca. Primero las fumigaciones y luego los patrullajes de la Infantería de Marina disuadieron a los campesinos de cultivar cerca al río. Las chagras se fueron desplazando selva adentro. "A veces iba la tropa (a Mapiripán), pero como no aparecía la guerrilla, se aburrían y se devolvían", explicó a la Fiscalía el coronel Eduardo Ávila, que estuvo asignado a la zona.

A su turno el campo de entrenamiento de Barrancón estaba en plena actividad. "De acuerdo con la oficina anexa del Departamento de Defensa en la embajada de Colombia, la Escuela de Entrenamiento de Fuerzas Especiales del Ejército fue construida en 1996...(y) también hay un pequeño destacamento de la (Infantería de) Marina colombiana en la base... aparentemente construido por los Navy Seabees (abejas de mar de la Armada de E.U.) en 1994, como parte de un ejercicio de entrenamiento", explicó Sheridan a Leahy. En Bogotá, no obstante, Planeación Nacional sólo conoció la existencia de la escuela a mediados de 1999, cuando por primera vez necesitó dinero de la Nación.

Meses antes de la masacre, el director de la Unidad Municipal de Asesoría en Técnicas Agrícolas, Umata, Anselmo Trigos, había iniciado la recolección de información sobre los campesinos para ejecutar un presupuesto de $800 millones que el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo, Plante, le había asignado al municipio. Trigos fue víctima de amenazas y conminado a salir luego de que los frentes 5^o y 44 de las Farc lo sometieran a un "juicio popular" el 18 de mayo de 1997.

Durante junio el grupo paramilitar que lideraba René en Aguabonita (entre San José y Barrancón) había empezado a operar, asesinando a siete chichipatos por pagarles "impuestos" a las Farc.

Fuerzas combinadas

El 14 de mayo, según Sheridan, los boinas verdes iniciaron un JCET con Énfasis en "planificación de misiones y elaboración de la decisión militar" con "el personal asignado a la Escuela de Fuerzas Especiales de Barrancón".

El coronel Sánchez aseguró ante la Fiscalía que "a finales de mayo o principios de junio se recibió la orden de concentrar a la Brigada Móvil N¡2 en el área de Barrancón (...y que) por esa Época el Comando de la División determinó suspender los permisos y licencias y todo el esfuerzo estaba orientado al reentrenamiento en Barrancón".

El militar (hoy pendiente de juicio como autor intelectual de la masacre) asegura que pasaba su tiempo entre Barrancón y su oficina en el Batallón París, en el extremo sur del aeropuerto.

Según reportes de inteligencia, ratificados en declaración judicial por el mayor Juan Carlos López y el coronel Arturo Beltrán (de la base Antinarcóticos, en el extremo norte del aeropuerto) representantes de la DEA, la Infantería de Marina y Antinarcóticos, visitaron al comandante de la Brigada Móvil (Sánchez) para pedirle su colaboración en la Operación Zafiro 2. Sánchez no accedió a colaborar porque tenía otros planes.

En la noche del 21 de junio, el mismo coronel visitó a los policías, se disculpó por su ausencia y preguntó por resultados. Enseguida les expuso su plan: "Manifestó -dice el reporte- que de todas maneras los paramilitares luchaban contra un enemigo muy fuerte en la región, y que en ese momento tenía un apoyo para darle una lección a la guerrilla, incluso que la intención era aprovechar la operación que había desarrollado Antinarcóticos para introducir autodefensas en el área, pero que a última hora se habían presentado algunos inconvenientes". Los policías se negaron a participar en el plan y más tarde le informaron sobre Éste a la Fiscalía y al Departamento de Estado.

Dos días después, el 23 de junio, de acuerdo con la información de Sheridan, terminó el entrenamiento con la tropa de Sánchez. El 24 de julio (cuatro días después de la masacre) regresó el grupo de entrenadores norteamericanos y en el mes de agosto se le unieron otras dos unidades de fuerzas especiales de la Marina de E.U., el Grupo 4 de los Navy Seal y la 8» Unidad Naval de Guerra Especial, para un entrenamiento antidrogas con la tropa de Sánchez, policías e infantes de Marina.

El plan B

El sábado 12 de julio, a las 3:05 y a las 3:20 de la tarde, aterrizaron en San José un Antonov y un DC-3 provenientes de Necoclí y Los Cedros (Apartadó) respectivamente. Según la investigación de la Fiscalía, en el Antonov llegaron los quince escogidos por Castaño, al mando de alias El Percherón, Mochacabezas o El Diablo. Su único armamento eran machetes y cuchillos. Del DC-3 desembarcaron varias toneladas de provisiones y la primera edición de la revista Colombia Libre con un inserto titulado "Al Pueblo del Guaviare". El firmante de este último era el recién creado Frente Guaviare de las Autodefensas Unidas de Colombia, que amenazaba de muerte a todo aquel que pagara "impuestos" a las Farc.

Según el reporte que la subsecretaria de Estado Bárbara Larkin le envió al senador Leahy, "el personal norteamericano envuelto en los programas antinarcóticos en San josé recuerda haber visto un número inusual de personal del Ejército en el aeropuerto el día en cuestión". Un desertor paramilitar asegura que la coordinación de los vuelos y el desembarco estuvo a cargo de Sánchez.

Seis meses después de la masacre, René Cárdenas fue capturado en la estación de gasolina de Aguabonita, donde según los testigos que lo incriminan recibió a los pasajeros del avión y a otros paramilitares y los envió por carretera a Charras.

Desde allí debían cruzar el río para dirigirse a Mapiripán. Entonces René reclutó a dos lancheros, pero uno de ellos no tenía cédula y, como debían pasar por el retén de la Armada en Barrancón (sede de otros entrenamientos de E.U.) René conversó con los guardias y arregló su tránsito.

Al caer la tarde del 14, un grupo de forasteros irrumpió en Charras y sacó a todos los habitantes de sus casas, los reunió en la plaza principal y les repartió la revista y el panfleto. En los días previos, el alcalde de Mapiripán y su familia partieron hacia Villavicencio. Lo mismo hicieron, casi sin ser advertidos, el director de la Umata, la Registradora, el personero y la familia del comandante Alex de las Farc, quien había comenzado a "trabajar" para el Frente Guaviare de las AUC.

El sitio

Al amanecer del 15 de julio, más de 100 paramilitares rodearon a Mapiripán. La única autoridad en el municipio era el juez Leonardo Iván Cortés Novoa. El juez se dirigió a su despacho para reportar por teléfono lo que ocurría. Los paramilitares no lo dejaron entrar.

El juez, tomando las precauciones del caso, siguió buscando un teléfono. Hacia las 2:30 de la tarde encontró en el Hotel Moserrate un aparato en servicio, que usó para reportarle al comandante del Batallón Joaquín París, coronel Hernán Orozco, la situación del pueblo y la posible presencia de Carlos Castaño en Mapiripán.

El coronel Orozco recibió el informe y redactó un memorando de "información urgente" para el general Jaime Humberto Uscátegui, comandante de la 7» Brigada en Villavicencio. Le recomendaba que "con los medios humanos y materiales de la Brigada Móvil N¡2 (tres batallones en Barrancón y 3 helicópteros) se adelante una operación rápida y sorpresiva sobre Mapiripán". Uscátegui, también sindicado en el proceso, asegura que no recibió tal informe.

Según el juez, en la mañana del 15 fueron capturadas 27 personas. A todas las llevaron frente al Mochabezas, quien se había instalado en el patio de sacrificios del matadero municipal. Entre los primeros estuvo Cotumare. Durante todo el día fue torturado y sus gritos congelaron el aire de la selva durante toda la primera noche. "No me dejen morir de esta manera tan miserable", recuerdan los testigos que se lamentaba.

Eran las primeras víctimas del total de 49 (el 4.9% de la población estimada del Mapiripán) que Carlos Castaño reconoció haber asesinado en la operación.

El sitio paramilitar se prolongó hasta el 20 de julio, cuando el comité Internacional de la Cruz Roja, también alertado por el juez, envió un avión a Mapiripán para rescatar al funcionario y a sus vecinos. El paso de quienes corrían apresurados hacia el aeropuerto fue interrumpido brevemente cuando Mochabezas arrojó contra la multitud, a manera de despedida, el cadáver del perro de la profesora, al que había ahorcado con sus propias manos.

Tensión cívico-militar

La noticia llegó a la Presidencia de la República el 22 de julio. Poco antes, Harold Bedoya se había declarado en rebeldía y convocado a las Fuerzas Militares a unírsele. En esta tensa situación, el asesor presidencial de derechos humanos, Luis Manuel Lasso, organizó un viaje de Bogotá a Mapiripán con la Fiscalía. En un avión de la Policía irían a San José y desde allí un helicóptero militar los debía transportar al lugar de los hechos.

El tramo hasta San José se cumplió pero el helicóptero militar no llegó. "Los dos helicópteros disponibles se encontraban comprometidos en las actividades que se desarrollaban en Barrancón, con motivo de la clausura del curso de Fuerzas Especiales y la visita del jefe de Estado Mayor del Ejército Argentino", explicó el general Bonett el 24 de julio, el mismo día que asumió en reemplazo de Bedoya.

Aunque la carta de Sheridan no menciona ninguna presencia militar de E.U. en Barrancón durante los días de la masacre, al jefe de la misión investigadora de la Fiscalía le pareció lo contrario. Según el informe del fiscal que dirigió la comisión, los militares dijeron que los helicópteros estaban ocupados "en una reunión social con personal militar de la embajada de Estados Unidos". El incidente pasó a mayores cuando ante la exigencia del consejero presidencial, se presentó el comandante de la IV División del Ejército, general Agustín Ardila Duarte, y "puso en rídiculo al delegado presidencial y les dio más importancia a los visitantes norteamericanos que a la misión investigadora".

Durante toda la semana, según el reporte de vuelos militares en el aeropuerto de San José, estuvieron llegando a Barrancón visitas del Comando y la Inspección del Ejército y los comandantes de Brigada y División "con sus comitivas".

Según los reportes de JCET al Congreso de E.U., tres cursos de fuerzas especiales se clausuraron entre el 20 y el 28 de julio en Colombia, pero el Solic no admite que alguno de ellos haya ocurrido durante aquella conmemoración del Día de la Independencia Nacional.

Nuestra investigación muestra los peligros de que los oficiales entrenados por los norteamericanos, radicalizados por la situación de combate en que se encuentran, incurran en violaciones a los derechos humanos.

El riesgo de que así vuelva a ocurrir se incrementa en la medida en que exista un mayor secreto sobre la información de la nueva ayuda militar; es decir, sin una verdadera fiscalización de las autoridades y de la opinión pública, para que no vuelvan a ocurrir mapiripanes.