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Magia del Centro de la derechaEstados Unidos: burros pateando elefantes!Comentario de Nieves y Miró Fuenzalida. A propósito del movimiento bolivarianoLa ilegalidad de la "oposición legal" en ColombiaDesde el Movimiento Bolivariano Colombia se precia de ser uno de los países del continente que cuenta con una mayor estabilidad democrática, en el presente siglo. Esta afirmación se sustenta en la existencia de una larga tradición de gobiernos civiles elegidos por vía del sufragio y solamente interrumpida por el golpe militar del General Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) y la instauración de una Junta Militar de Gobierno (1957/58). Proceso que contó, en sus inicios, con el respaldo popular y la aquiescencia de la élites políticas y económicas del país; revistiendo rasgos autoritarios, muy diferentes a los vividos años después, por los países sometidos a las dictaduras militares en el Cono sur. No obstante esta imagen "democrática", en la práctica, la oposición política en Colombia ha contado con márgenes muy estrechos para su acción legal, siendo empujada permanentemente hacia formas de acción no institucionales. El uso sistemático de la represión, el fraude electoral y los mecanismos de excepción, han sido utilizados recurrentemente por las élites políticas bipartidistas -liberal-conservadoras- para hacer frente a los movimientos políticos que se han colocado por fuera de sus fronteras ideológicas. En la memoria popular están presentes las figuras de Rafael Uribe Uribe, Jorge Eliécer Gaitán, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Manuel Cepeda y muchos otros líderes que han sido asesinados impunemente, por defender en las tribunas públicas, sus convicciones democráticas. Hoy, cuando en los ámbitos intelectuales del mundo se plantea que vivimos un período del "fin de las ideologías", en Colombia la persecución contra las organizaciones populares no cesa, la protesta popular sigue siendo criminalizada y la oposición política legal no deja de ser blanco de las balas oficialistas. Como trataremos de mostrar en este breve recorrido, no se trata de un fenómeno nuevo sino de una situación que, bajo contextos históricos muy diferentes, ha estado presente a lo largo de la vida política del país. La persecución contra el gaitanismoUno de los experimentos populares quizás más significativo por sus alcances y proyecciones en la historia política nacional, es sin lugar a dudas, el gaitanismo. Su líder, el abogado liberal Jorge Eliécer Gaitán, funda en 1933, la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR), que constituye un importante esfuerzo para aglutinar sectores obreros y campesinos, y que adquiere, muy pronto, gran fuerza en las zonas de Cundinamarca, Tolima y otras áreas del país sacudidas por los conflictos agrarios. Bajo las banderas
de la UNIR el campesinado realizó importantes acciones reivindicativas
como la toma y reparto de la hacienda "El Chocho", así como invasiones
en diferentes partes del país, bajo el lema de: "la tierra es
para quien la trabaja". A esta primera agresión, habrían de seguir nuevas masacres como la ocurrida seis meses después en la hacienda "Tolima" que dejó un centenar de heridos y cobró la vida de una docena de campesinos. Muy pronto Gaitán comprenderá las dificultades del trabajo político, por fuera de las colectividades tradicionales (Liberal y conservador) y optará por disolver la UNIR, desplazando la confrontación clasista a las filas mismas del partido liberal. Su discurso antioligárquico, y su prédica suprapartidista harán de Gaitán un verdadero tribuno popular. En las elecciones presidenciales de 1946, contando con el único apoyo de sus bases, competirá con el representante oficial de su partido, obteniendo el 44% de los votos liberales. Para las elecciones presidenciales siguientes, su llegada a la primera magistratura parece inminente. Pero la oligarquía colombiana, temerosa del empuje popular que toma su candidatura, le corta el camino, segando su vida el 9 de abril de 1948. Después del asesinato del caudillo liberal, la violencia oficial se generaliza en todo el país: las organizaciones obreras y populares son prácticamente aniquiladas y las masacres en las poblaciones de influencia liberal y comunista se multiplican, lo que dará origen a un nuevo capítulo de la resistencia armada campesina. En todo este período y en las décadas siguientes el Partido Comunista, surgido en los años treintas, desarrollará una importante labor de movilización de masas, campesinas y obreras. Sus militantes, permanente acosados por la violencia bipartidista, serán lanzados a la actividad política clandestina, o cuando más a una "legalidad" que se encargará de recortar sus derechos políticos. La oposición al Frente NacionalCon la puesta en marcha del Frente Nacional (1958-1974) se instaura en el país una modalidad de la llamada "Democracia Restringida" , donde se combinan elementos de una democracia formal con mecanismos propios de regímenes autoritarios, con el fin de ejercer un estricto control sobre las organizaciones de oposición y los movimientos populares. El pacto frentenacionalista consagra constitucionalmente el monopolio político del bipartidismo, negando la participación de otras fuerzas políticas, ubicadas fuera de él. Este manejo excluyente del poder se complementa con el recorte de las libertades democráticas, a través de la aplicación permanente del estado de sitio, como mecanismo para la contención de las luchas sociales. Simultáneamente con estos procesos, se reorienta el rol de las fuerzas militares, que ahora pasan a cumplir funciones represivas contra los movimientos políticos de oposición. Bajo esta orientación, conocida como "Doctrina de la Seguridad Nacional", las fuerzas militares asumen, paulatinamente, una mayor participación en los conflictos sociales, desarrollando acciones punitivas contra las zonas de autodefensa campesina y las manifestaciones reivindicativas de obreros y estudiantes. En el marco de este modelo de dominación, surgen diferentes corrientes de oposición, algunas de las cuales adoptan la forma de disidencias partidistas, como en el caso del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), que aglutina en su interior importantes fuerzas populares, obteniendo mas del 35% de la votación total en las elecciones presidenciales de 1962. En su breve existencia, el MRL, enfrenta una constante persecución contra sus bases y dirigentes, que habría de costar la vida de numerosos militantes del campo y la ciudad, así como algunos de sus representantes en las corporaciones públicas. En estos mismos años surge el Frente Unido, movimiento pluralista, que logra conjuntar en sus filas diferentes sectores de la sociedad y de la más diversa procedencia política. Su máximo líder el Sacerdote Camilo Torres, optará por incorporarse a la lucha armada. Por su parte, el Movimiento Alianza Nacional Popular (ANAPO), que para los comicios presidenciales del 19 de abril de 1970 canaliza gran parte de la inconformidad a las políticas del Frente Nacional, denuncia el "robo de las elecciones" en favor del candidato oficial. Ante esta situación varios de sus dirigentes, optaron por la vía armada, dando impulso a una nueva organización guerrillera, el Movimiento 19 de abril (M-19) que, en los lustros siguientes, habrá de jugar un papel importante en la vida política nacional. A finales de los ochentas, el M-19 transitará de la lucha armada a la lucha política legal, sin que ello constituya un impedimento para que su máximo dirigente, y candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19 (AD-M19), Carlos Pizarro, sea asesinado poco tiempo después de su condena a la vía armada, como opción política. El genocidio de la Unión PatrióticaSin embargo uno de los movimientos de oposición más afectados por las políticas terroristas del estado colombiano, en toda su historia, ha sido la Unión Patriótica, UP, surgida de los Acuerdos de Cese al Fuego, Tregua y Paz, ("Los acuerdos de la Uribe"), firmados por nuestra organización y el gobierno, el 28 de marzo de 1984, bajo la administración del presidente Belisario Betancur (1982-1986). Desde sus orígenes la UP, busca el poder con y para el pueblo uniendo las acciones del campo y la ciudad y tejiendo puentes entre las distintas y fundamentales formas de lucha de nuestro pueblo. Las marchas campesinas y la protesta cívica encuentran en la UP un intérprete de sus necesidades y aspiraciones, contribuyendo con su lucha, a la apertura de espacios políticos y logrando con sus denuncias una presencia significativa en los medios de comunicación. El ascenso de la Unión Patriótica es
arrollador, inunda plazas y calles en las ciudades y su mensaje de paz
llega a casi todos los rincones de la geografía nacional. Las
elecciones de marzo y mayo de 1986, las primeras en que participa el
nuevo movimiento político, demuestran la enorme acogida que reciben
sus programas y sus hombres en casi todas las regiones del país.
En dichas elecciones la Unión Patriótica elige 14 congresistas
para Senado y Cámara (entre ellos Iván Márquez,
actualmente miembro del Secretariado del Estado Mayor de nuestra organización),
18 diputados en 11 asambleas departamentales y 335 concejales en 187
concejos, triplicando la votación que tradicionalmente había
obtenido la izquierda. Ante estos significativos avances de la Unión Patriótica, la oligarquía respondió con la más cruenta "guerra sucia", que se haya desatado contra movimiento alguno. Más de trescientos muertos riegan con su sangre heroica su naciente y breve historia. Durante la campaña electoral de 1986, el clima de terror se incrementa con la activación de los grupos paramilitares y la generalización de atentados contra militantes de izquierda, tratando de ahogar en la cuna el proceso de paz y su principal experimento, la UP. Según datos extraídos de los informes de prensa y los boletines de Derechos Humanos, al finalizar ese año la lista de asesinatos contra militantes de la UP era la siguiente: 3 miembros del Congreso de la República, 1 diputado a la Asamblea Departamental del Meta y 11 concejales. En ese mismo período fueron asesinados 1 magistrado en Santander, 2 candidatos a corporaciones públicas, 61 dirigentes y activistas de juntas patrióticas, 69 militantes de bases, 24 guerrilleros en tregua y 34 simpatizantes de la Unión Patriótica. Posteriormente, y ante las perspectivas de las elecciones de 1988, en la que se elegirían por primera vez alcaldes, los sectores reaccionarios vieron con temor la perspectiva de triunfos de la UP en amplias regiones del país. Entre 1986 y hasta las elecciones de 1988 el militarismo concentró su ataque en los líderes de la UP, y cerca del 30% de sus candidatos fueron asesinados antes de las fechas de elecciones. En octubre de 1987 el candidato presidencial de la UP, Jaime Pardo leal es asesinado. Después su sucesor, Bernardo Jaramillo Ossa, corre la misma suerte, en marzo de 1990. Más recientemente, al iniciarse el gobierno de Ernesto Samper (1994), el único senador de esta agrupación Manuel Cepeda Vargas es asesinado y, un año y medio después su máxima dirigente nacional, Aida Abella, tiene que salir del país, después de un atentado contra su vida. Entre tanto el genocidio continua en diferentes regiones del país. Los crímenes a los militantes de la UP, como los de muchos otros colombianos que han luchado en las filas de la oposición, se han mantenido, en su mayor parte impunes y las manos ensangrentadas de sus autores siguen siendo estrechadas por los mandatarios de turno. La lección que nos dejan estas experiencias históricas, en lo que va corrido del presente siglo, es la necesidad de un gran movimiento, que recoja las banderas de la luchas populares y que actúe clandestinamente en todo el país, hasta cuando nuevas condiciones políticas lo permitan, para participar en igualdad de condiciones y garantías con los partidos tradicionales en las plazas publicas, para elegir en asambleas populares, en ciudades y campos, los auténticos representantes del pueblo a las Alcaldías, Consejos Municipales, Parlamento y Presidencia de la Republica. Este es el sentido del movimiento Bolivariano que, bajo la dirección de las FARC-EP, aglutinará a colombianos y colombianas que busquen el fin del terrorismo de Estado y de la indignidad ante el imperio estadounidense por las vías de la acción política. EL FRENTE PASTRANA-SERPAPor Alvaro Vásquez E-mail: vozcaloz@unete.com El principal tema político de estos días es la propuesta de un frente común entre el Gobierno y los sectores liberales que encabeza Horacio Serpa "contra la violencia y por la paz". Todo comenzó con la larga carta que el Jefe liberal envió al Presidente, tocando el tema del estancamiento de los procesos de negociación entre el Gobierno y la guerrilla. La respuesta inmediata y positiva de Pastrana y el posterior encuentro de los dos dirigentes del sistema ha abierto un torrente de comentarios, opiniones y sobre todo, elogios, a estos "gestos patrióticos" de los personeros de la oficialidad. El ministro Ramírez Ocampo ha hablado de crear una comisión especial para concretar este pacto virtual, parecida a la de relaciones exteriores, con talla constitucional. No es la primera iniciativa del mismo corte que se conoce en los últimos tiempos. Pero sí es la más clara y decidida, por lo menos de parte de los liberales. Cada vez que hay una situación crítica, alguien echa mano de la vieja y desgastada idea del "frente" que debe organizar el Establecimiento, para defender los intereses comunes y generales de la clase dirigente. El orígen de esta última promoción de la alianza por lo alto, según los comentaristas, puede tener por lo menos dos interpretaciones. Una de ellas es la gravedad de la crisis política que enreda a la administración y le exige encontrar una salida, por dentro del mismo aparato dirigente y a espaldas del pueblo. Es un momento en que el Gobierno tropieza con obstáculos serios tanto en el frente económico, para hacer aprobar los proyectos que le exige cumplir el Fondo Monetario Internacional, como en el tema de la flamante "reforma política" que anda manga por hombro. Otra lectura de la alianza propuesta es la ofensiva de la ultraderecha y el militarismo de las últimas semanas, incluyendo los autosecuestros de parlamentarios y la posición de la mayoría del Congreso para exigir el reconocimiento político de los "paras", que culminó con la vergonzosa entrevista de Mininterior con el Jefe de las Auc, al tiempo que los mandos militares presionan hacia la, liquidación de los diálogos, como lo mostró la salida del Comandante de la Tercera Brigada, culpando a las debilidades del Gobierno el incidente de Los Farallones de Cali. Es posible que ambas explicaciones se hayan combinado para volver una vez más al cuento del "frente" de la oligarquía. Detrás de esta nueva maniobra en la cumbre están desde luego, los intereses principales de los grandes monopolios tanto internos como transnacionales. Esos intereses están repartidos. Hay sectores preocupados por las dificultades que encuentra la llamada reactivación, así como por los tropiezos que encuentra el plan de ajuste del FMI en que está comprometido el poder . Estas corrientes suponen que un alivio en la confrontación armada y la suspensión, sobre todo, de una serie de elementos de la acción guerrillera, podría crear un ambiente favorable a los negocios. El otro sector, ligado a los terratenientes, los ganaderos y los militaristas, presiona cambios hacia atrás en el proceso de paz e invitan al Gobierno a echar por la calle del medio y hacer tabla rasa de toda negociación con la insurgencia, para comprometerse en una guerra "integral", sin cortapisas jurídicas y que le deje manos libres a las fuerzas represivas para proceder a la degollina. En el cruce de estas contracorrientes, el sistema es consciente de su debilidad en un momento en que necesita sentarse con fuerza renovada en la mesa del diálogo. Esto lo destacó De la Calle al señalar que deben taponarse los huecos que hay en las relaciones al interior del bloque de poder para que la guerrilla no se aproveche de "las contradicciones internas de quienes estamos por la paz". Serpa no hace otra cosa que responder a estas señales abriendo la etapa de una posible versión parcial del "Frente Nacional", de infausta memoria. Como ya lo hizo cuando viajó a Estados Unidos para recibir el encargo de apoyar el Plan Colombia. Estos episodios develan el alcance real de los choques entre sectores de la clase gobernante, que en mucho son superficiales y desde luego, no tienen nada de antagónicos. Por eso, lo más corriente no es el enfrentamiento sino el acuerdo entre ellos. Es así como ahora estamos en el umbral de un nuevo acuerdo para imponer la reforma tributaria, a cambio de aumento en el impuesto bancario, en el procentaje al IVA y en nuevos tributos para el sector intermedio de la población. Se ha hecho común la interpretación de la política por el sistema de los escenarios. Cada escenario es un apartado distinto de la vida política, tiene independencia uno de otro y sus problemas se resuelven en diferente forma y con "actores" distintos. Esta es una manera cómoda de aislar y negociar por aparte cada problema. Lo que pasa en uno de estos escenarios ni siquiera se conoce en el otro. Es así como mientras el Gobierno separa el tema de la paz en el escenario del diálogo, por otro lado monta las mesas de concertación para dar una apariencia de negociar con los trabajadores el plan de ajuste, flexibilización, congelación de salarios y sistema de pensiones. En realidad, si se acepta el cuento de los escenarios, hay que decir que no hay sino uno sólo, donde se debate la confrontación de los intereses de la clase dirigente y los del pueblo colombiano. Los "actores" son los mismos, los temas similares y las soluciones están en el mismo plano. Pastrana en el discurso sobre su acuerdo con Serpa, habló del frente común para impedir el secuestro, exigir la libertad de los soldados retenidos por la guerrilla, acabar con los ataques de ésta,etcétera. O sea, para acabar con la acción de la insurgencia de una. Pero no dice nada sobre las exigencias de ésta: empleo, reforma agraria, cambios políticos de fondo, autonomía nacional, supresión de los compromisos con el FMI y del Plan Colombia, etcétera. Eso no está en la agenda de la nueva alianza Pastrana—Serpa. Si éste es el sentido de la propuesta en discusión, estará condenada desde ahora al fracaso, porque de un lado la componenda siempre ha existido, y del otro, se niega la necesidad de solucionar los grandes problemas del pueblo y del país y pretende proteger los privilegios exclusivistas de una clase dirigente en crisis. |
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