ANTECEDENTES DEL RESCATE FINANCIERO
Las autoridades financieras quebraron a la banca mexicana cuando aplicaron el programa de austeridad diseñado por Lawrence Summer, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el que se pagó la deuda de los tesobonos.
Ahora, las autoridades de la Secretaría de Hacienda, del Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, argumentan que gracias a sus políticas, el rescate de la banca sólo le ha costado al país aproximadamente 65 mil millones de dólares, y que de no haber actuado como lo hicieron ahora apenas estaríamos "saliendo de los escombros del sistema financiero".
Sin embargo, esos mismos funcionarios advierten que si el Congreso de la Unión no aprueba el total de la deuda del rescate bancario, el país caerá de nuevo en una crisis similar a o peor a la vivida en 1995.
En el año de 1993, el país se preparaba para el inicio del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá. A pesar del déficit en la cuenta corriente por 30 mil millones de dólares y una deuda interna de casi 40 mil millones de dólares de corto plazo indexada al dólar (tesobonos), el gobierno de Carlos Salinas de Gortari presentaba las expectativas económicas como sumamente alentadoras.
Como parte de la competencia para el TLC, la mayoría de los empresarios y numerosas familias se endeudaron con la banca, a tal grado que la expansión del crédito alcanzó 41 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en ese año.
Este aumento en los préstamos se debió también a la competencia entre los bancos, que recién privatizados, relajaron los criterios para la valuación de créditos, además tuvieron una insuficiente supervisión para controlar el rápido deterioro de los activos bancarios.
El "error de diciembre" de 1994 desencadenó la devaluación del peso, y por lo tanto la imposibilidad de pagar la deuda en dólares denominada tesobonos en poder de inversionistas de Estados Unidos.
Para que el gobierno de México cumpliera con sus compromisos, la Administración Clinton y el FMI organizaron el paquete de rescate por 50 mil millones de dólares a cambio de un extremadamente severo programa de austeridad que se aplicó a la economía mexicana durante todo 1995.
Ese programa provocó, entre otras cosas, que las tasas de interés internas se disparan. Así, la tasa media anual pasó del 20 por ciento a finales de ese año, al 109 por ciento para marzo de 1995.
La crisis iniciada a finales del 94 generó además que el salario sufriera su peor deterioro y el mayor desempleo de los últimos años por la quiebra de más de siete mil empresas. Esta programa de austeridad provocó que el México contemporáneo viviera su peor época.
La profunda descomposición de las principales variables económicas se expresa en toda su magnitud en la incapacidad de los deudores para cumplir sus compromisos con la banca. Por ejemplo, en 1990 la cartera vencida apenas alcanzaba el 20 por ciento del capital total de los bancos, sin embargo, para 1995 alcanzó 93.8 por ciento.
Para resolver el deterioro de la banca mexicana, el gobierno federal abrió, en enero de 1995, una ventanilla del fideicomiso Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), en donde las autoridades financieras compraban la cartera vencida a cambio de un pagaré a diez años, por el que los bancos reciben un interés mensual similar al de los CETES a 91 días para que los banqueros pudieran responder a sus ahorradores.
Como parte del rescate, las autoridades financieras intervinieron, capitalizaron y revendieron ocho bancos al capital extranjero.
Ahora el Fondo Bancario de Protección al Ahorro se ha convertido en el problema central de la economía mexicana, debido a que los recursos invertidos por el gobierno, 65 mil millones de dólares que representan 14.2% del Producto Interno Bruto, duplicarán la deuda interna.
Actualmente esa deuda tiene la categoría de "contingente", y paga intereses cercanos a los 7 mil millones de dólares mensuales. Para poder reducir los intereses y ampliar los plazos, el Ejecutivo Federal envió varias iniciativas financieras al Congreso de la Unión en donde proponen que la deuda del rescate bancario se convierta en deuda pública directa.
Con estas iniciativas el gobierno también busca vender los activos en poder del FOBAPROA. Sin embargo, las estimaciones oficiales señalan que al vender eso activos se podrá recuperar, como máximo, el 30 por ciento de los 65 mil millones de dólares.
Debido a lo anterior, y a que varios de los grandes créditos en poder del FOBAPROA están asociados con operaciones fraudulentas y de corrupción, los diputados de oposición en el Congreso de la Unión, rechazan convertir en deuda pública los pasivos del rescate sin antes auditar 604 créditos mayores de 50 millones de pesos que representan cerca del 80 por ciento de la deuda total del FOBAPROA.
La solución final del FOBAPROA se decidirá en el Congreso, y obviamente determinará el futuro de México tanto en lo económico como en lo político. Ante ello, los diversos partidos tienen que evaluar los costos de su definición ante este caso, sobre todo frente a las elecciones del año 2000.