¿PORQUE SE DEBE AUDITAR EL FOBAPROA?
Las autoridades financieras mexicanas reconocen que el rescate de la banca generó empresarios y banqueros millonarios con empresas y bancos en quiebra. El problema de esa situación, argumenta Guillermo Ortíz, gobernador del Banco de México, es "el frágil marco jurídico que impide castigar los delitos de cuello blanco".
Con base a ese argumento, y enarbolando la bandera del secreto bancario, el gobierno federal ha obstaculizado la pretensión de los diputados del Congreso de la Unión que buscan auditar las grandes deudas en poder del Fondo Bancario del Protección al Ahorro (FOBAPROA).
Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), rechazan aprobar la iniciativa del Presidente Ernesto Zedillo para convertir en deuda pública directa el total de los pasivos del FOBAPROA, que suman aproximadamente 65 mil millones de dólares, sin antes conocer a quién benefició el rescate bancario.
Los diputados han recibido denuncias de diversas fuentes, entre ellas del ex banquero Jorge Lankenau Rocha, sobre cómo el FOBAPROA fue utilizado por empresarios, banqueros y funcionarios en operaciones financieras fraudulentas.
El ex presidente del Grupo Financiero Abaco-Confía ha señalado que los funcionarios de sector financiero manejaron los bancos de manera discrecional; por ejemplo, señala Lankenau Rocha, cuando el ex secretario de Hacienda Pedro Aspe y el de Agricultura Carlos Hank González exigieron a varios bancos otorgarle créditos a Carlos Cabal Peniche para la compra de la empresa transnacional Del Monte.
Ahora, también se ha documentado que entre los pasivos del FOBAPROA se encuentran créditos que Cabal Peniche utilizó para financiar las campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tabasco.
Lankenau Rocha también ha documentado algunas de irregularidades que cometieron los bancos al vender la cartera vencida al FOBAPROA: se entregó la cartera vencida que carece de garantías para cobrarse; aceptaron bienes sobrevaluados como garantía; se realizaron operaciones de autopréstamos entre accionistas y de créditos cruzados entre banqueros.
Al rechazar entregar a los diputados toda la información sobre el FOBAPROA, el Gobierno Federal se convierte en cómplice de los fraudes que se realizaron con el rescate bancario. Y al exigir que se convierta en deuda pública los pasivos en poder del FOBAPROA, el Ejecutivo está concentrando aún más la riqueza del país, y cancelando la esperanza de un mejor bienestar para millones de familias mexicanas, al desviar recursos públicos que deberían ser utilizados para construir escuelas, hospitales e infraestructura para la población más necesitada.
Además, es insostenible el argumento de que el "rescate bancario" fue para proteger a los pequeños ahorradores que iban a perder su capital si el gobierno no intervenía, debido a que la mayoría de los ahorradores, aproximadamente siete millones, tienen únicamente el 0.23 por ciento del total del capital ahorrado en el sistema bancario.
En cambio, el 68 por ciento del ahorro nacional está concentrado en sólo el 0.25 por ciento de las cuentas, es decir el total de ahorros en la banca pertenecen a las empresas y millonarios que ahora se están beneficiando también con el FOBAPROA.
Así que al gobierno le hubiese salido más barato dejar quebrar algunos bancos y entregar el 100% del capital de los pequeños ahorradores y evitar la quiebra de los bancos que concentran los grandes capitales.
Otras cifras: el FOBAPROA administra 440 mil créditos, de los cuales únicamente 330 créditos son mayores de 50 millones de pesos. La composición de la cartera total es: 83.7 por ciento de créditos comerciales e industriales; 15.6 por ciento de créditos hipotecarios y solamente 0.7 por ciento por créditos al consumo y tarjetas de crédito. Es prudente recordar que de la cartera total del rescate bancario, sólo el 31.8 por ciento se deriva de créditos que pudieron ser adquiridos con criterios admisibles de garantías, y que el 68.2 por ciento corresponden a operaciones de saneamiento financiero por intervenciones o apoyos derivados de las deficientes y dolosa intervenciones de los banqueros.
Los anteriores datos son solamente algunas cifras que se han hecho públicas, la información a fondo no la conocen ni los diputados federales, y el Gobierno Federal no da muestras de querer proporcionarla, mucho menos dar a conocer los nombres de los principales beneficiados con el dinero del pueblo. Por lo tanto es acertada (y se debe apoyar), la posición de iniciar a fondo las auditorías correspondientes a efecto de conocer con toda claridad a los implicados en el rescate bancario, y en caso de que hubiesen realizado operaciones fraudulentas se les pueda fincar la responsabilidad penal correspondiente.