Edit. #83, Palomas tirándole a escopetas

Hanlet Hermann, Periódico Hoy República Dominicana 12/18/08

PALOMA PRIMERA: Un caso prácticamente olvidado tuvo lugar el año pasado cuando el Sub Secretario Técnico de la Presidencia y miembro de la Comisión de Ética del Poder Ejecutivo, licenciado Gustavo Montalvo, denunció un fraude que se gestaba en OPTIC, un organismo dependiente de la Presidencia de la República. Allí se había contratado a un precio excesivamente alto los servicios de una empresa privada a la que el Director estaba vinculado. El licenciado Montalvo llevó el irregular caso hasta su superior jerárquico así como al Departamento de  Ética para que se impidiera la ilegal transacción. Pero nadie le hizo caso. La Presidencia de la República ni siquiera se inmutó.

El irregular contrato siguió inalterado su camino sin que se discutiera de manera transparente por qué se contrataban esos servicios cuando otras compañías habían hecho ofertas por un monto mucho más bajo. El licenciado Montalvo tuvo entonces que elegir entre la decencia y la complicidad. Por su formación boschista, no le quedó otro camino que renunciar al importante cargo que ostentaba en el Palacio Nacional. La sordera de los más altos niveles del gobierno había sido más que evidente. Se castigaba al denunciante del potencial delito mientras se garantizaba la impunidad a los señalados violadores de las normas de contratación.

PALOMA SEGUNDA: Un descomunal contrabando fue descubierto en el puerto multi modal de Caucedo. El Inspector Residente de la Dirección General de Aduanas, Ramón Florentino, denunció ante sus superiores el tremendo caso. El escándalo público no se hizo esperar. Mientras, se informaba a la prensa que la investigación se había iniciado para señalar y castigar a los culpables. Pocos días después, el Inspector Residente fue emboscado y ametrallado a mansalva en uno de los lugares más transitados de República Dominicana. Que se sepa, la investigación sobre el contrabando descomunal descubierto por Florentino no ha arrojado datos sobre los presuntos contrabandistas ni en torno a los criminales que segaron la vida del funcionario de la Dirección de Aduanas. Pero Ramón Florentino ya está enterrado en Ranchito, La Vega, su lugar natal debido a que no recibió el apoyo ni la protección que merecía luego de su valiente denuncia.

PALOMA TERCERA: El pleno de la Junta Central Electoral canceló de su cargo al secretario general de ese organismo, doctor Antonio Lockward Artiles. Para castigar al funcionario, el alegato fundamental de los magistrados fue que, con su actitud, el funcionario rompía la armonía que debía reinar allí. Su actitud, considerada inaceptable por el pleno, había sido la de denunciar un fraude que, aseguraba, se había cometido al contratar a una empresa privada para trabajos de la JCE. La cancelación tuvo lugar sin escuchar las razones del doctor Lockward. Asombrosamente, el pleno de la flamante Junta Electoral olvidaba que está formada por jueces. Habría que hacer hincapié en que los jueces deben juzgar sin prejuicios y de manera imparcial en un juicio público, oral y contradictorio. Ignorando su deber fundamental, sancionaban a quien denunciaba un delito mientras posponían para siempre la investigación del supuesto fraude en el que se implicaba al único magistrado reelecto en esas funciones. Por cumplir con su deber legal de denunciar cuanta irregularidad perciba, el Secretario General fue sancionado y los supuestos violadores de la ley fueron cubiertos con el manto protector del silencio. Grave error de la recién estrenada JCE que debió haber comenzado sus actuaciones proyectando transparencia y confianza en sus actuaciones.

Estos son tres casos en los que el delito parece haber triunfado. Situaciones en las que se han invertido los papeles y aquellos interesados en hacer prevalecer la ley terminan siendo los castigados por el aparato gubernamental. ¿Qué podría esperar ahora cualquier empleado de bajo, mediano o alto nivel si descubriera alguna malversación de fondos o violación a las normas éticas en su lugar de trabajo dentro del gobierno? Evidentemente que preferirá callar. La experiencia viene demostrando que los culpables de desfalcos y crímenes son de alguna manera protegidos mientras los denunciantes reciben el castigo con la pérdida de sus puestos de trabajo o con la vida misma. Peor aún, cuando se presentan pruebas de las violaciones, los principales dirigentes toman decisiones sin escuchar a la parte denunciante por lo que los delincuentes pueden zafarse de las presiones sin mucho trabajo llegando hasta a borrar las huellas que pudieran haber dejado en sus dolosos menesteres.

Evidentemente, vivimos los tiempos en que las palomas son las que disparan contra las escopetas.