La forma de Estado diseñada por la Constitución supuso el poner fin al Estado unitario centralizado, que ha sido predominante en la historia de España con la única excepción de la Segunda República. Dicha configuración tiene su base en el artículo segundo de la Constitución que define a la nación española como una unidad indivisible y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que lo integran. En cualquier caso, no debe confundirse autonomía con soberanía, pues ésta supone un poder absoluto e ilimitado del pueblo a través de sus representantes para, incluso, cambiar la Constitución, aunque ajustándose al proceso que se detalla en el Título X de la misma.

La autonomía es reconocida como derecho, no como obligación. Al mismo tiempo, la Constitución garantiza la solidaridad como principio, para lo cual crea el Fondo de Compensación Interterritorial.

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El asunto de las competencias es, sin duda, el eje de todo el edificio autonómico: no basta con proclamar el derecho a la autonomía política, sino que es preciso que esté dotado de un haz de poderes y facultades distintos e independientes de los que corresponden al Estado y que, en todo caso, habrán de alcanzar el poder legislativo.

Sin embargo, enfrentados a este problema, los constituyentes españoles adoptaron un sistema de distribución de competencias deliberadamente ambiguo: se trataba en realidad de ganar en elasticidad, flexibilidad y adaptación a las diferentes circunstancias, lo que se perdía en rigor y tecnicismo jurídico. Así, las competencias quedan establecidas de la siguiente forma:

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Otro posible equívoco es el que se refiere al carácter y nivel de las competencias estatutarias que las Comunidades Autónomas pueden adquirir en virtud el artículo 148.1: no acota el campo reservado a las nacionalidades y regiones, sino que se limita a enumerar obras, bienes y servicios en relación con las cuales pueden desarrollar aquellas sus facultades de autogobierno. Ello no significa, sin embargo, que sean competencias con carácter exclusivo, sino que establece un sistema mixto, según el cual algunas de las materias pueden ser asumidas exclusivamente por las comunidades autónomas mientras que otras quedan abiertas a la concurrencia normativa o de gestión de los órganos estatales. A ello se deben añadir las competencias no exclusivas, sino participadas o compartidas por ambos poderes.

Finalmente, cabe la interrogante de saber si la Constitución autoriza a las comunidades autónomas para asumir facultades legislativas, a lo cual no se da en el texto normativo una respuesta rotundamente positiva. Pero si la Constitución no contiene ninguna declaración que reconozca expresamente la facultad de dictar normas, tampoco aparece en ella ninguna prohibición expresa.

Así pues, la distribución de competencias queda de la siguiente forma:

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Otra forma de ampliación de competencias al margen de los Estatutos de Autonomía son las Leyes Marco -facultad de las Cortes de reconocer a las distintas autonomías poder para legislar en el marco de una ley estatal-, y las leyes de Transferencia -capacidad del Estado para delegar en las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materia de titularidad estatal.

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Son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Además son leyes orgánicas según el artículo 81.

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Las Comunidades Autónomas se estructuran orgánicamente de la siguiente manera:

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El artículo 103.1 de la Constitución establece: "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho"

La Constitución parte de la idea de que sólo la coordinación entre las distintas Administraciones públicas puede hacer posible el servicio con objetividad y eficacia que encomienda realizar a aquellas. La coordinación supone la actuación al unísono para la consecución de unos fines comunes.

Para lograr estos objetivos se dispone que un Delegado nombrado por el Gobierno, además de dirigir la Administración del Estado en cada comunidad autónoma, la coordine, cuando proceda, con la administración propia de cada comunidad. Con respecto a la Administración Local, el Estado creó, para lograr esta coordinación la Comisión Nacional y las Comisiones Provinciales de colaboración del Estado con las corporaciones locales (Municipios y Provincias)

En relación con la Administración Institucional dependiente del Estado, dada su comunidad de fines e intereses con éste y la adscripción de la misma a la tutela de los distintos Ministerios, es fácil comprender la necesidad de una coordinación entre ambas esferas.

También existe coordinación entre el Estado y las comunidades Autónomas en materia de planificación de la actividad económica: el Gobierno elaborará los proyectos de planificación de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas. Para este fin existe, además, la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.

Finalmente, es competente en materia de coordinación territorial la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales dependiente del Ministerio para las Administraciones Públicas,

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