Guatemala, 2 de abril. Miles de indígenas guatemaltecos realizaron
este lunes una protesta
frente a la casa de gobierno para reclamar la conversión en
ley del Acuerdo de Identidad y
Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrito el 31 de marzo de
1995 por la ex guerrilla de la
Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el gobierno
como parte de los
acuerdos de pacificación que pusieron fin al conflicto armado
de 36 años.
La iniciativa pretende el reconocimiento de los derechos
de los pueblos mayas, el desarrollo de sus
culturas y el carácter multiétnico, pluricultural
y multilingüe del país, donde 60 por ciento de
sus 11
millones de habitantes son indígenas.
Los manifestantes, agrupados en la Coordinadora de
Organizaciones Nacionales Indígenas y Campesinas
(CONIC), marcharon por las principales calles de la capital
y pararon frente a la sede de la Presidencia, al tiempo que
otros grupos realizaban bloqueos en la carretera Interamericana
y en otra que conduce a la costa pacífica.
Así, paralelamente a la masiva marcha en la capital, unos 5 mil
campesinos, de acuerdo con los organizadores, y unos 2 mil, según
la policía, bloquearon, como medida de presión, ambas rutas,
dos de las más importantes del país.
Los indígenas, que portaban carteles y gritaban arengas a favor
de su derecho a la tierra, advirtieron que intensificarán las protestas
y tomas de carreteras si no se obtiene pronto una respuesta del gobierno
del presidente Alfonso Portillo.
"El acceso a la tierra es la demanda más sentida entre los indígenas
pero hay desfase en el gobierno en la aplicación de los acuerdos
de paz porque los tienen en el olvido", comentó uno de los dirigentes
de la protesta, Juan Tinay.
El dirigente reiteró que la obstrucción de carreteras
continuará si no son atendidas sus demandas, además de que
generalizarán en todo el país sus exigencias por la tierra.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
ha señalado que menos de 1 por ciento de los productores concentra
casi 75 por ciento de las mejores tierras del país, mientras que
96 por ciento posee únicamente 20.
Afirma también que más de medio millón de familias
campesinas se encuentran en un nivel de vida inferior a lo necesario para
subsistir en gran parte por la carencia de tierra para el cultivo.
Entre tanto, la ex guerrilla de la URNG, convertida ahora en partido
político, pidió al gobierno
que sea desarticulado el Estado Mayor Presidencial (EMP), como lo establecen
los
acuerdos de paz.
El EMP, creado a finales de los años 70, se convirtió
más tarde en un pequeño ejército de
espías y personas que cumplían los deseos del presidente
sin apartarse de su propia
agenda y gozan de total impunidad, de acuerdo con denuncias de políticos,
opositores y
organismos de derechos humanos. |
