LA LEY DE REDUCCIÓN de la semana laboral, aprobada por el Parlamento francés, ha sido seguida con gran interés en el Estado español.  

De hecho, muchos sindicalistas al reivindicar la reducción de jornada por ley suelen añadir: "como en Francia". La reducción de la semana laboral a 35 horas, sin reducción de salarios, fue la principal bandera electoral de Jospin y sus aliados en el Gobierno, el Partido Comunista y los Verdes. Sin embargo, la ley aprobada no cumple las expectativas que suscitó esta vieja reivindicación del movimiento obrero. 

El pasado 10 de febrero, la Asamblea Nacional francesa aprobó la ley "de orientación e incitación a la reducción del tiempo de trabajo", por 316 votos contra 254. A favor votaron los diputados del PSF, del PCF y del grupo parlamentario RCV, que reúne a Verdes, el MDC y el PRG. Los diputados de la UDF y del RPR votaron en contra. 

Como su propio nombre indica, la ley no establece la semana de 35 horas. Se trata, tan sólo, de una "ley de invitación e incitación" a los sindicatos y a la patronal para llegar a acuerdos de reducción del tiempo de trabajo. Las modalidades efectivas de la semana laboral serán establecidas por otra ley, a dictarse en 1999. Para despejar las dudas, el propio Jospin ha dejado claro que no impondrá la ley "contra la voluntad de las empresas". 

El conjunto de disposiciones que contiene esta ley pretende dar un nuevo impulso a las negociaciones empresa por empresa -lo que perjudica a los trabajadores-, con el objetivo de organizar la flexibilidad y la anualización del tiempo de trabajo, reduciendo los salarios y liquidando las conquistas obreras cristalizadas en el código del trabajo -una especie de Estatuto de los Trabajadores francés- y los convenios colectivos. 

Gilles de Robien, diputado de la UDF, comentado el texto definitivo de la ley, declaró que "la ley sobre las 35 horas puede que sea un poquito menos mala", y subrayó el que "incluso la izquierda se ha visto obligada a votar algunas enmiendas que rehusaba discutir pocos días antes, sobre todo, lo concerniente a una cierta anualización" (Les Échos, 9-FEB-98). 

ANUALIZACIÓN 

A este respecto, Libération indicaba: "El tránsito a las 35 horas puede organizarse, 'totalmente o en parte, en forma de días compensatorios', precisa el texto de Martine Aubry. Esto es una forma de anualización del tiempo de trabajo, y por lo tanto de flexibilidad". 

Termina Libération comentando las declaraciones del Ministro de Economía francés, participante en la reciente Cumbre de Davos: "Vistiendo el traje de socialista 'pro-business', se dedicó a demostrar que la ley sobre las 35 horas permitiría abrir la negociación, 'demasiado tiempo bloqueada en Francia', para llegar a un plus de flexibilidad o a una moderación salarial. Al final se felicitó por haber congelado el gasto público. Todo ello hasta el punto de que un periodista americano preguntó a otro periodista '¿es de centro-derecha?'...». Sin comentarios. 

Además, la ley aprobada permite que alrededor de la mitad de los trabajadores franceses estén excluidos de las negociaciones por las 35 horas: los contratados temporales y los trabajadores a tiempo parcial (el 20% de la fuerza laboral) y los que trabajan en empresas de menos de 20 empleados, -donde se concentra un tercio del total de los trabajadores-, que tendrán que esperar al 2002 para disfrutar de las 35 horas. 

Es cierto que los diputados de la UDF y del RPR no han conseguido hacer valer la exigencia de la patronal de eliminar las disposiciones que establecen "el principio de reducción de la duración legal del trabajo a 35 horas desde el 1 de enero del 2.000 para las empresas de más de 20 trabajadores y del 2002 para las más pequeñas" (Le Monde 9-FEB-98). 

Sin embargo, el proyecto no obliga a los patrones a nada. No prohibe los despidos ni impide, tampoco, que sigan imponiendo, en los hechos, la jornada de 39 horas. Ahora, aunque la semana legal es de 39 horas, el promedio de horas trabajadas es de 41; la diferencia se explica por las horas extras, que en Francia se pagan al 125% del coste medio de una hora normal. La ley, en lugar de aumentar el costo de las horas extras para impedir que la patronal alargue la jornada más allá del término legal, establece que el costo de las mismas "podrá ser reducido si la situación lo requiere" (Le Monde). 

La propia ley sostiene que las 35 horas podrán calcularse sobre una base anualizada, lo que permitiría extender la jornada sin tener que pagar horas extras. La ley establece, también, múltiples ayudas económicas a fondo perdido para las empresas y el Gobierno se ha comprometido a no subir los costes laborales, moderando el crecimiento del SMI. 

RESERVAS SINDICALES 

Los sindicatos franceses mostraron su decepción sobre una ley que esperaban más acorde con los intereses obreros. El Comité Confederal Nacional de Fuerza Obrera aprobó una resolución que estipulaba: "El proyecto de ley sobre las 35 horas presentado por el gobierno levanta muchas reservas por parte de la CGT y de FO, sobre todo frente a una voluntad restrictiva". 

Formalmente, los dirigentes de FO se desmarcaron del Gobierno reivindicando el tránsito a las 35 horas sin pérdida ni congelación de los salarios y el mantenimiento de la referencia semanal de la duración del trabajo. Pero en el fondo no han hecho más que emitir sus muchas reservas dejando las manos libres al gobierno y deplorando no haber sido asociados a una concertación sobre la cuestión del SMI. 

Lo mismo sucede con los dirigentes de la CGT. Tras haber orquestado una campaña de apoyo al proyecto del gobierno mediante el "movimiento de los parados", también expresaron sus "reservas". Louis Vianet, secretario general de la central "comunista" CGT, declaró a Le Monde que "el proyecto de ley tiene graves carencias". 

Pero más tarde añadió: "Sin embargo nosotros no deseamos un proyecto de ley que ate todo. Desde el principio hemos dicho que nosotros estábamos de acuerdo en que este proyecto sirviera de base a las negociaciones". Además declaró que si la patronal acepta discutir las 35 horas, la CGT está dispuesta a discutir la flexibilización de la jornada. Los sindicatos han firmado ya contratos que establecen la ‘anualización’ a nivel de empresas. 

La testimonial oposición sindical contrasta con la férrea actitud patronal que finalmente ha conseguido notables concesiones por parte del Gobierno. La patronal ha afirmado en el colmo del cinismo que será "legalista", es decir, respetará la ley en aquellos aspectos más negativos para los trabajadores. Así, nada más aprobarse la ley, algunos sectores de la patronal empezaron a denunciar convenios colectivos, por ejemplo en la banca, e invitando a los dirigentes sindicales a emprender negociaciones empresa por empresa. 

Aunque no haya obtenido todo lo que esperaba, no cabe duda alguna de que la patronal utilizará esta ley para emprender, con el doble de intensidad, una ofensiva contra los trabajadores, con el fin de generalizar la flexibilidad y el recorte de los salarios. 

Habrá que esperar a la decisiva ley del próximo año para ver como evoluciona el proceso. No obstante, se puede considerar que las 35 horas a la francesa no sólo son manifiestamente mejorables sino que abre la puerta a una peligrosa confrontación empresa por empresa donde los trabajadores llevamos las de perder.