En la mañana del miércoles 28, todos los presidentes de curso del Instituto Nacional, desde Séptimo Básico hasta Cuarto Medio, se reunían a puertas cerradas para discutir qué posición tomarían ante el anuncio del ministro Sergio Gaete, el 26, en el sentido de que antes del Primero de agosto debían ser traspasados a las municipalidades los 838 colegios que aún permanecen en manos del físco; entre ellos, liceos de trayectoria, como el Internado Nacional Barros Arana, el Liceo No. 1 de Niñas, el Miguel Luis Amunátegui, el de Aplicación y, claro, el Instituto Nacional, decano de la enseñanza fiscal en Chile.
"Se nos ha engañado, se nos ha manipulado. A principios de año la dirección del colegio y el subsecretario de Educación, René Salamé, nos aseguraron que nuestro colegio no sería municipalizado. No podemos soportar esta situación de incertidumbre, no vamos a tolerarla", grita, ya afónico, Alvaro Tapia, de 17 años, presidente del centro de alumnos. En el hall central, cientos de estudiantes demandan indignados "fuera Gaete". La prensa quiere ingresar al recinto, y el inspector, que está en la puerta, se niega. Un alumno, de no más de 17 años, intercede. "Donde manda capitán no manda marinero, hijo", argumenta el inspector. "Señor", contesta el muchacho, "aquí la única que manda es la masa".
La efervescencia es generalizada. En la tarde del martes 27 es detenido por horas el presidente del Colegio de Profesores, Osvaldo Verdugo, cuando concurre al Ministerio de Educación, acompañado de otros profesores, a entregar una carta al ministro Gaete en la que el Colegio expresa su rechazo al proceso de municipalización. La detención se produce cuando Verdugo entona la canción nacional, que el Teniente de Carabineros a cargo considera una "mofa al himno patrio".
En la tarde del miércoles, un centenar de alumnas del Liceo No. 1 desfilan por las calles céntricas. En el Amunátegui, los estudiantes arrojan pupitres a la calle en señal de protesta por el cerco policial que los circunda. El ministro Gaete recibe a Verdugo y le dice que los profesores están mal informados, que no han asimilado "las bondades del progreso". Además, le deja en claro que "el gobierno no tiene por qué estar consultando a los afectados sobre las políticas que va a imponer". Verdugo contraargumenta que el ministro faltó al compromiso asumido con el Colegio de Profesores en abril, en el sentido de que el traspaso de los colegios fiscales estaba "en estudio" y que cualquier medida al respecto sería consultada previamente con el Colegio de Profesores. No se llega a ningún acuerdo.
Esa noche, delegados de la mayor parte de los colegios afectados se reúnen en la Casa del Maestro, convocados por el Consejo de Defensa de la Educación Fiscal, en el que participan tanto representantes del Colegio de Profesores como de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH). El anuncio del ministro de Educación ha coincidido con la iniciativa del Colegio de Profesores de realizar un plebiscito, en todos los establecimientos afectados, para que los docentes se manifiesten a favor o en contra de la municipalización de la enseñanza. Los delegados dan cuenta del proceso. En algunos colegios los directores, atemorizados, impiden la realización del referendum. En el Liceo Comercial A-61, de Ñuñoa, los maestros tienen que votar a la salida del establecimiento, en una caseta telefónica. En el D-482 lo hacen en casa de una colega. A pesar de las dificultades, los resultados (todavía parciales, al cierre de esta edición) son abrumadores: votan 16,000 de los 20,000 maestros afectados. El 98 por ciento dice "no" a la municipalización.
La negativa es dejada en claro, también, el jueves 29, cuando salen a la calle a protestar. Una columna de docentes del Liceo Amunátegui, que acude a entregar el escrutinio de su plebiscito a la Casa del Maestro, es disuelta con bombas lacrimógenas. Los profesores del Liceo de Aplicación son cercados antes de que inicien su marcha; los del Barros Arana llegan jadeando al recinto de votación al grito de "Barros Arana, presente". En la tarde, las manifestaciones callejeras se multiplican, 27 profesores y 50 alumnos son detenidos.
El viernes, los alumnos del Liceo Amunátegui se niegan a entrar a clases. Protestan en el interior del recinto y son, nuevamente, cercados por carabineros. Deben salir en grupos de a diez, acompañados de profesores, para evitar lo que una profesora describió como "una batalla campal". Hay detenciones en varios colegios, entre ellos en el Liceo de Aplicación y en el Liceo 4 de Niñas. Carros lanzaaguas disuelven a los manifestantes en el centro de Santiago y, en San Miguel, tal tarea la asume personal militar que, movilizados en camionetas C-10, dispara sus armas al aire para disolver a estudiantes del Liceo A-101, cuando éstos realizan una manifestación en las puertas de su establecimiento.
Es, sin duda, el momento de mayor movilización que ha vivido el magisterio en los últimos trece años.
El proceso de municipalización se inició en 1980, en el marco de las llamadas "modernizaciones" del régimen. Los argumentos que esgrimió el gobierno para justificar esta reforma educacional fueron, en síntesis, los siguientes: a través de la municipalización se lograría una mayor descentralización administrativa, habría mayor participación de la comunidad en la gestión educativa, la administración sería más eficiente al estar sujeta a la competencia de la educación.
En 1982, luego de efectuado el traspaso del 85 por ciento de los establecimientos educacionales del país, se decidió congelar el proceso en vista de que se detectó una serie de irregularidades. Entre ellas: despidos arbitrarios de profesores, falta de criterio educacional en las decisiones de algunos administradores municipales, uso inadecuado de los fondos de educación entregados por el Estado. A la vez, los organismos gremiales del magisterio denunciaron las desventajas del sistema. Primero lo hizo la AGECH, y luego, una vez democratizado, el Colegio de Profesores. En una cartilla, editada este año, el Colegio acusa que el proceso de municipalización ha llevado al "agravamiento de la distribución desigual de la educación", ya que las comunas más ricas pueden compensar con recursos propios (generados a través de la venta de patentes, instalación de parquímetros, etc.) las magras subvenciones estatales en materia de educación. Las comunas de escasos recursos, en cambio, no tienen más remedio que atenerse a ese escaso financiamiento.
Otro problema serio atañe directamente a las remuneraciones docentes; con el traspaso a las municipalidades, los profesores pierden la carrera docente, de la que gozan en la administración fiscal, y pasan a regirse por el Decreto Ley 2.200, que rige para los empleados privados. En suma, pierden los bienios, la asignación por antiguedad, y la estabilidad funcionaria; si en la administración fiscal no se les puede despedir sin sumario previo, en el área municipal basta un aviso con treinta días de anticipación para echar de su puesto a un profesor.
Profesores y alumnos no pueden entender por qué se continuará con el proceso de municipalización si el miniterio ha reconocido muchas de las irregularidades muncionadas. Tampoco se comprende que se insista en llevar adelante este proceso sin realizar una evaluación pública de los resultados hasta ahora obtenidos. Muchos temen que la clave de respuesta esté en que, detrás de la municipalización, se esconda la intención real del gobierno: privatizar.
De hecho, en todos los documentos oficiales del Ministerio de Educación se ha tendido a hablar de la etapa de municipalización como de una etapa "transitoria". Los temores no parecen infundados. En marzo, la AGECH alertó sobre una pronta municipalización de los colegios. Junto con hacer la denuncia, dió a conocer un documento privado del Ministerio de Educación. El informe lleva por título "Evaluación del traspaso de establecimiento educacionales al sector privado, con opción preferente a los profesores" y, según se indica en él, es respuesta a las instrucciones contenidas en el oficio SEGPRES No. 15.000/8 del 15 de enero de 1986, en el cual el presidente Pinochet se manifiesta dispuesto a continuar el traspaso.
El documento en cuestión señala textualmente: "Dado que el traspaso al sector privado es un proceso que requiere un periodo superior al dispuesto en una primera instancia se traspasarían los establecimientos a las municipalidades respectivas". Luego añade que cuando llegue el momento de privatizar, se dará una opción de compra a los profesores, quienes, para ello, deben constituirse en organizaciones jurídicas formadas. Dice el informe: "Esto último no obedece sólo a razones técnicas, sino que es también una consideración de carácter político, para que la medida sea favorablemente acogida", aunque alerta que "esta opción preferente conlleva ciertos riesgos. En primer lugar, debido a que no se realiza una precalificación de los profesores, pudiendo optar a la compra de establecimientos cualquiera de ellos, incluso aquellos que no comparten los principios básicos del gobierno".
¿Y por qué querría tan urgentemente el gobierno privatizar? Muy simple: la iniciativa le significaría al Estado un ahorro mensual de 240 millones de pesos. Buen recurso para acercarse a la reducción del gasto fiscal que le exige el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.