El ministro de salud, Ginés González García, se
reunió el martes con los Senadores para "apurar" la ley de
esterilizaciones (ligaduras de trompas y vasectomías) que la
Cámara de Diputados le diera recientemente media sanción. La
urgencia tiene causa en la presión que ejerce el Banco Mundial
que para agosto tiene comprometido un crédito por 350 millones
de dólares para el área de GGG. Estos fondos, que siguen
aumentando la deuda externa argentina, van a ser aplicados a
planes "materno infantiles" y de "salud", lo que en el
lenguaje tramposo del organismo de crédito internacional
significa control de la natalidad mediante abortivos y
esterilizaciones en los países emergentes.
Todo en el área de salud se
ha revelado como una gran mentira. Durante el gobierno de Duhalde,
siendo también ministro de salud GGG, se argumentaba que era
imprescindible sancionar la ley de salud sexual y procreación
responsable (salud reproductiva) porque de tal modo se iban a
evitar los embarazos adolescentes, los abortos y el crecimiento
del SIDA. Para desarmar posibles oposiciones de prelados tibios se
aducía que los métodos a emplearse tenían que ser no abortivos,
reversibles y que ello quedaría limitado a los hospitales públicos
y no a los centros de salud confesionales o privados. Hasta
Antonio Cafiero prometió públicamente que iba a presentar otro
proyecto de ley, porque si bien votaba el que pedían Duhalde y GGG,
no estaba convencido. Lo estamos esperando todavía.
La realidad demuestra que
nada de ello se ha cumplido ni se va a cumplir. El propio
gobierno revela que han aumentado no sólo los embarazos
adolescentes sino que ha disminuído la edad en que ello sucede.
También se habrían incrementado el número de abortos -según el
gobierno- y la Organización Mundial de la Salud ubica a la
Argentina en el segundo lugar en latinoamérica en número de
infectados de SIDA.
Los métodos que se utilizan son en muchos
casos abortivos, como ciertos anticonceptivos con altas dósis de
levornogestrel, o como la anticoncepción de emergencia,
resultando por lo tanto irreversibles. La ley que empuja el
intocable ministro de Duhalde se piensa aplicar en los centros
de salud confesionales y privados y se espera completar con
"educación sexual" obligatoria con contenidos impuestos
verticalmente por los funcionarios del Estado. Vamos hacia una
única forma de actuar y pensar con una policía sanitaria y
judicial que velará que ello suceda y nadie pueda disentir.
De allí al "certificado de responsabilidad
social" -constancia de esterilización- que se exigía en el Perú
de Fujimori para obtener asistencia social o trabajo queda a un
paso y no muy lejano. Hermosa oportunidad para que el
progresismo fabrique otro organismo dedicado a ello. Ya no sería
la Defensoría del Pueblo, de la Nación, del Niño, de la Mujer,
de la Tercera Edad, el INADI, o los Derechos Humanos; podría
ser, porqué no, una "Secretaría de Responsabilidad Social" lugar
adónde los esterilizados gestionan sus subsidios o se anotarán
en eventuales planes de viviendas, pequeñas claro, porque serán
familias acotadas.
Lo curioso es que sigue ocultándosele a la
población, con la complicidad de la delincuencia política
genuflexa, que la ley de esterilizaciones no tiene previsto
ningún mecanismo para revertir estas operaciones mutilantes,
siendo por otra parte dificilísimas las microcirugías para
hacerlo, resultando en el 90% de los casos de imposible
reversión.
Ello juega con el interés de evitar el
desarrollo poblacional de nuestro país que Kirchner alienta para
que Argentina sea una reserva ecológica del Nuevo Orden. Prueba
de ello es que los fármacos anticonceptivos el ministerio de
salud los regala y los remedios para combatir la esterilidad no
tienen ningún tipo de reintegro o promoción.
Ahora se intenta presentar como un "derecho"
una mutilación, especialmente a los pobres a quienes se quiere
convencer que de tal modo son "libres" y "responsables".
Mientras tanto, siguen en la indigencia y se les oculta la alta
tasa de incidencia en el cáncer de útero o de próstata que se
verifica en las poblaciones sometidas a este procedimiento
veterinario.
Mientras avanza el laboratorio de GGG en
el parque industrial de Garín, se le paga al FMI, se mantienen
los fondos de Santa Cruz en Suiza, crece la desigualdad social y
se promete pagarle al Club de París, el gobierno colonial,
regente del Nuevo Orden, nos quiere convencer que se preocupa
por los pobres. Lo paradójico es que, algo que es "tan bueno y
saludable" no haya sido practicado por nadie de los que lo
promueven.
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